POLÍTICA
Por Diego Andrés Díaz
El próximo domingo 27 de marzo se realizará en nuestro país el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración, donde se someterá a consulta popular la abrogación de 135 artículos de la ley 19 889. En estos días, se va cerrando la campaña de los defensores de la ley (representados por el color celeste y el “NO”) así como los de los que expresan su intención de derogarla (representados por el color rosado y el “SI”). En este proceso que culminará este domingo, mucho se ha referido al respecto de las características políticas de la contienda electoral: desde observarla como una simple derogación de un conjunto de leyes, hasta una especie de “elección de medio término” donde se intenta quitar fuerza y legitimidad al gobierno de la Coalición Republicana, parece bastante evidente que el resultado tendrá más consecuencias en la puja política que en sus consecuencias en la vida de los ciudadanos.
Es que la “LUC” no representa ningún programa ambicioso de reformas de un gobierno nuevo, y navega con claridad en la singladura de la moderación que esta sociedad amortiguadora manifiesta con respecto a una serie de características institucionales, culturales y económicas que abrevan de un batllismo sociológico a prueba balas. Más allá de acalorados debates -en general descritos como de nivel rastrero y pobre-, apocalipsis advertidos con la victoria del adversario y la movilización de parte de la ciudadanía para convencer, este referéndum puede servirnos de excusa para repasar parte de lo que fueron los debates parlamentarios con respecto a la promulgación de la ley Nº 16.211, conocida como Ley de Empresas del Estado, que fue aprobada en Uruguay durante la administración de Luis Alberto Lacalle a principios de la década de 1990, donde parte de su contenido fue derogado por un Referéndum.
Aquella oportunidad representó quizás el más ambicioso paquete de medidas reformistas con respecto a la estructura de las empresas públicas, y evidentemente inauguraba una apuesta a transformar buena parte de la estructura institucional del Estado uruguayo en clave liberal.
La corriente “Liberal” en Uruguay.
De todas las manifestaciones del liberalismo en Uruguay, el batllismo logró consolidar la idea que su arquitectura institucional y su impronta internacionalista construyeron un imaginario social y político donde su obra y su inspiración acapararan el arco del llamado “liberalismo progresista”, logrando así soslayar sus manifestaciones socializantes, jacobinas y colectivistas. Siempre ha tenido -fruto de su predominio político centenario, su hegemonía como manifestación de la idiosincrasia nacional, y los perfiles auto celebratorios y estatolátricos que le imprimió a la educación pública por décadas- mucha mejor reputación nacional el liberalismo político de tintes estatistas del coloradismo batllista, que cualquier otra manifestación de liberalismo cultural o económico, siempre presentado como una especie de “bestia negra” dentro de la filosóficamente pampa igualitarista que es la sociedad uruguaya. Luego del gobierno de Julio María Sanguinetti a la salida de la dictadura, las realidades nacionales y los sucesos internacionales parecía que le reservaban al liberalismo clásico una oportunidad política de transformaciones. Así, esta ley constituyó para varios sectores -no solo del gobierno de Luis Alberto Lacalle- uno de los pilares centrales para un cambio histórico en lo que respecta al rol del estado en la economía del país.
Luego de un siglo de crecimiento sostenido del intervencionismo del estado -teniendo momentos especialmente fuertes a principio de siglo y tomando nuevos impulsos en la década de 1930 y en el neobatllismo– la posibilidad de un proceso de cambio en esa ecuación jamás se había manifestado con tanta nitidez. Ni siquiera en el momento de crisis del modelo neobatllista existió una coyuntura nacional y global de este nivel, que legitimara algún tipo de proceso de liberalización de la economía en Uruguay como a principios de 1990. El sistema de partidos políticos en Uruguay advirtió que el histórico modelo económico-estatal del país se cuestionaba poderosamente, y se pretendía reformar. Señala Ramón Díaz que “…Lacalle se mostró dispuesto a molestar a una de las vacas sagradas de mayor abolengo en el Uruguay, la de los entes autónomos, o del patrimonio industrial y comercial del Estado. Este tema absorbió la mayor parte de la atención y tiempo del jefe de Estado durante la primera etapa de su labor (…) era la primera vez que se desandaba el camino abierto por Batlle y Ordóñez…”. Como bien señala el mismo autor, estas intenciones naufragarían un 13 de diciembre (71,6% por rechazar la ley, 27,2% por mantenerla).
La coyuntura internacional parecía empujar aún más el escenario para legitimar las reformas propuestas: la debacle del llamado socialismo real y una marcada convergencia en el espíritu general sobre la necesidad de cambios estructurales en el modelo económico, precipitó que los discursos y las propuestas liberales tuvieron un nivel de exposición política relevante. Estos debates, a más de veinte años de realizados, son sumamente interesantes ya que nos permiten analizar el ambiente intelectual, político e ideológico de aquella época, las implicancias ideológicas que se manifestaron, y representan un espejo donde observarse como sociedad, encontrando continuidades y rupturas en aquellas polémicas parlamentarias en la Cámara de Senadores hasta su sanción el 25 de junio de 1991.
Si se analiza desde la restauración democrática en adelante, las propuestas sobre la necesidad de reforma en el Estado uruguayo son constantes, y atraviesan todo el espectro político nacional. Rubén Correa Freitas señalaba a fines de la década de 1980, en su obra La reforma del Estado en Uruguay que “el tema del que nos vamos a ocupar: <<Cómo reformar el estado>> se ha convertido –acompañando los aires nuevos democráticos- en un tema central del debate político en América Latina (…) Este tema que hasta hace pocos años de <<propiedad>> de los especialistas (…) se ha convertido en un tema fundamental de la agenda política de América Latina que hoy discute la opinión la opinión pública y las principales fuerzas organizadas…”.
Adolfo Pérez Piera en Reforma del Estado: otra vuelta de tuerca, señala también en un trabajo publicado en los Cuadernos del Claeh que existía cierto consenso bastante generalizado de la necesidad de una reforma estatal. Sobre la naturaleza de esta reforma, las propuestas evidentemente son variadísimas, donde el denominador común es la necesidad de atacar el problema de la “eficacia” y “eficiencia” del edificio estatal nacional, sea con reformas “modernizadoras”, “profundizadoras” para encabezar y convertirse en un actor fundamental en una reestructuración productiva, o las que tomarán fuerza en la década de 1990, en clave de desmontar la presencia intervencionista y distorsiva del Estado uruguayo.
Las “empresas de los uruguayos”
La relación especifica de la sociedad uruguaya con las empresas de servicios públicos no es históricamente lineal, pero con respecto a la relación de la sociedad con las empresas estatales que brindan diferentes servicios parece que una idea sobrevuela todos los debates: los uruguayos están convencidos -o fueron convencidos- que tienen efectivamente la propiedad de las mismas, y en general la movilización política por mantener las estructuras empresariales, los mercados monopólicos y las plantillas laborales siempre han girado en torno al peligro de vender las “joyas de la abuela”. En este sentido, el talante social nacional es sumamente receptivo de los relatos igualitaristas -apelando al supuesto carácter democrático, justiciero e igualador de los servicios que prestan las empresas públicas-, jacobino -refiriendo siempre a las posibles empresas privadas como piratas oligárquicos que nos robarán nuestra riqueza- y nacionalista -por la supuesta pérdida de soberanía nacional que significaría la desaparición de las empresas, o de sus monopolios, o de sus privilegios como operadores en sus respectivos mercados.
En nuestro país los servicios públicos fueron concedidos a empresas particulares: telégrafos, bancos, ferrocarriles, electricidad, agua y servicios portuarios fueron actividades que ocuparon la iniciativa privada por décadas, salvo el correo estatal que se fundó en 1829. Es a partir de la década de 1870 que el Estado uruguayo comienza lentamente a tener un rol cada vez más protagónico, acelerándose el proceso con la llegada del Batllismo al poder a principios del siglo XX. Señala Magdalena Bertino que “durante el impulso modernizador e intensamente reformista que caracterizó a los gobiernos batllistas de las tres primeras décadas del siglo XX, se crearon las bases del estatismo y se forjó la concepción tendiente a identificar servicio público con Estado…” El Terrismo y el Neobatllismo consolidaron la tendencia hacia el empresismo estatal, ampliando el margen de acción y actividad de las empresas existentes se fundaron nuevas como OSE y AFE (1952).
La coyuntura de los años 90´s parecía no solo acompañar el inconstante y leve freno al estatismo de las dos décadas anteriores, sino que llevarlo varios pasos más adelante. Su emblema lo constituyó la Ley de empresas púbicas n°16.211 sancionada por el parlamento el 25 de junio de 1991 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 1 de octubre de 1991. A grandes rasgos, la ley establecía en su artículo 1º que el Poder Ejecutivo estaba facultado a otorgar permisos o concesiones para la ejecución de los servicios públicos, favoreciendo la libertad de concurrencia y tratando de evitar los monopolios. En su articulado indicaba también que ANTEL podría contratar con terceros la prestación de los servicios de telecomunicaciones o asociarse con capitales privados formando sociedades anónimas en las que su participación no podría ser menor del 40%. También se autorizaba la venta de PLUNA y la liquidación y venta del ILPE. La ley fue impugnada a través de un referéndum convocado por varios grupos sociales y políticos (PIT CNT y sindicatos, la FEUU, el Frente Amplio entre otros) y fue sometida a varios cambios que terminaron por despojarla de su espíritu original. El referéndum se realizó el 13 de diciembre de 1992 y, como señala Bertino, “derogó los artículos 1, 2, 3, que establecían con carácter general la posibilidad de las privatizaciones y los 10 y 12 referidos específicamente a ANTEL, quedando vigentes el resto de los artículos. En el marco de esta ley se liquidó ILPE, se privatizó PLUNA, la Compañía del Gas, se realizaron concesiones de servicio de agua y saneamiento en Maldonado, el sistema de telefonía móvil comenzó a funcionar en libre competencia, se desmonopolizó la compañía de Seguros y se aprobó la ley de reforma del puerto…”
Aquellos debates parlamentarios
Cuando uno repasa los largos debates con respecto a la ley de empresas públicas, se pueden advertir fácilmente tres ejes de discusión: la coyuntura política nacional, el fundamento ideológico, y los aspectos constitucionales y legales. En cada uno de estos ejes de debate, existen mas de dos posiciones, manifestando un parlamento ideológicamente diversificado.
En el caso del debate ideológico, el colapso de la U.R.S.S. y el fracaso que significó la caída del llamado “socialismo real” marcan notoriamente las valoraciones con respecto al rol del Estado. Buena parte de la izquierda nacional sentía en aquellos momentos el impacto del derrumbe de uno de sus más importantes referentes históricos internacionales. Esta debacle tenía además consecuencias visibles en la brecha económica entre el mundo capitalista y los ex países socialistas. Ignacio de Posadas sostenía en la sesión del 28 de mayo de 1991, que se comprobaba el “…fracaso estrepitoso (…) de los esquemas de economías centralmente planificadas de otras naciones. Más notorio aún en el caso de los llamados países del socialismo real (…) buena parte del mundo tuvo la experiencia de estas teorías en diferentes grados hasta el mencionado socialismo real (…) la planificación centralizada y el intervencionismo presuponen que quienes los resuelven y manejan tienen, a la vez, toda la información, son más capaces que el resto de los mortales, son los únicos con pureza de intenciones garantizada, tienen el poder de adaptar la realidad y, más aún, de adaptar a los hombres a sus planes de intervención. ¡Menudas suposiciones! (…) La creencia de que en un régimen de mercado prevalece el egoísmo -según se dice de unos pocos- mientras que sólo el Estado es capaz de percibir y de perseguir el bien común, es una falacia que la práctica se ha encargado de demostrar. El Estado se convierte en instrumento de quienes lo pueden usar o presionar para obtener sus fines …”.
Dice de Posadas en la sesión del senado del 28 de mayo de 1991: “…A continuación, me voy a permitir hacer una cita de la última Encíclica Papal, que creo va a arrojar luz sobre este punto. Dice el Santo Padre, en un pasaje de la misa: “De hecho, donde el interés individual es suprimido violentamente, queda sustituido por un oneroso y opresivo sistema de control burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad. Cuando los hombres se creen en posesión del secreto de una organización social perfecta que haga imposible el mal, piensan también que pueden usar todos los medios, incluso la violencia o la mentira para realizarlo. La política se convierte, entonces, en una religión secular que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo” (…) De lo vivido en el mundo también se aprende que el intervencionismo jamás es neutro y que junto con la finalidad que cada medida puede perseguir, siempre se producen otros efectos, tales como diversas restricciones a la libertad o al accionar del ser humano (…) ¿Es quizás éste el modelo que es necesario proponer
a los países del Tercer Mundo que buscan la vía del verdadero progreso económico y civil?”. Según el Papa, “La respuesta es sumamente compleja. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada, de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva. Aunque quizá sería más apropiado hablar de economía de empresas, de economía de mercado o, simplemente, de economía libre…”
Un elemento interesante es la apelación constante de Ignacio de Posadas a una argumentación de inspiración cristiana, más que liberal, ya que suele citar textualmente al entonces papa Juan Pablo II, para referirse al con al rol del Estado y del mercado en la economía. Como una manifestación de verdadera continuidad ideológica, los argumentos liberales son más bien rehuidos, ya que repite constantemente que la ley no está creada sobre bases ideológicas y tiene “mucho de sentido común”, un clásico del liberalismo culposo de Uruguay. Los sucesos del bloque socialista y su fracaso serán gran parte de la argumentación ideológica, además de considerar como infundados o “trasnochados” los cuestionamientos relacionados con la “pérdida de soberanía”.
Serán los sea representantes del denominado “Batllismo Unido” del sector de la lista 15, quien tenía en Jorge Batlle a su máximo exponente político, los que manifiesten mayores argumentos ideológicos para defender la ley. El senador Francisco Bouza señala en la sesión del 28 de mayo que su sector reivindica “…un pensamiento liberal, que estuvo vigente hasta la muerte de Batlle y Ordóñez, ya que hoy seguimos bregando por él con la misma orientación de un Estado que no someta al individuo y una sociedad basada en el respeto de los derechos individuales y no en un Estado sobredimensionado, manejado por burócratas que creen que pueden resolver el destino de la gente. En un pasaje, cita textual la postura preelectoral de su sector al referirse a una declaración nacional de la lista 15 que plantea argumentos evidentemente liberales, señalando lo que entendían como consecuencias económicas, políticas, sociales e incluso culturales del intervencionismo estatal: “…Entendemos que el Estado debe devolverle a la Nación la libertad que le ha expropiado. De todos los males que se derivan del crecimiento canceroso del Estado, el peor es que él ha sido causa principal de que los uruguayos hayamos perdido nuestra capacidad de decidir. Se ha instalado entre nosotros un automatismo tal, que nos lleva a esperar del Estado todas las soluciones, todas las respuestas. A contemplarlo como a un Dios todopoderoso, del cual debemos recibir riqueza y bienestar. Nos hemos transformado, por ello, en buena medida, en una sociedad que, sin advertirlo, pone un empeño especial en vivir dentro de una burbuja, aislada de la realidad, rechazándola …”. En el mismo sentido se manifiesta el senador por el herrerismo, Cadenas Boix: “…En un país de hombres que pretendemos ser libres, el camino es el de la libertad, y éste discurre inexorablemente por lo que es su principal fundamento: la propiedad privada de los bienes de uso y de los medios de producción…”
Los planteos contrarios son de variada naturaleza: el senador socialista Reinaldo Gargano sostendrá que en la ley existe “…mucho de ideología capitalista…”, “…de los partidarios del predominio del capital privado…” dentro de una ley promovida por sectores “…comprometidos con una propuesta regresiva, conservadora, antiliberal y creo en lo económico, social y político, medularmente antidemocrática, por las consecuencias que tendrá sobre el sistema social. Según Emilio Frugoni, la democracia no sólo incluye aspectos políticos, sino también económicos y sociales…” Acompañando este perfil argumental señala el senador Olazábal: “… Adam Smith, era un cadáver ideológico y económico y hoy se le pretende desenterrar. En este sentido, debe quedar claro que siempre hubo liberales y fundamentalistas del liberalismo. Pero como ideología, el liberalismo estuvo enterrado prácticamente desde su nacimiento (…) Debemos tener en cuenta que en Uruguay el modelo neoliberal finalizó, aproximadamente, en el año 1870. La reforma vareliana de la enseñanza constituyó una violenta ruptura de dicho modelo…”
Existieron también posturas intermedias entre estas. El espectro político nacional de aquellos años parece que evidenciaba mayores niveles de matices y posturas que el que hoy se manifiesta en el parlamento nacional -donde predominan las posiciones centristas y centro izquierdistas, sobre estas temáticas- colocándose a diferentes niveles de distancia entre el liberalismo y el dirigismo estatal. En esta posición se enmarcan los discursos de Mariano Arana (Vertiente artiguista. FA), Hugo Batalla (PGP. Nuevo Espacio), Alberto Zumarán (PN), Américo Ricaldoni (Foro Batllista, PC) o Carlos Julio Pereyra (MNR. Partido Nacional). Este último manifiesta en la sesión de la Cámara de Senadores del 18 de junio no estar “…afiliados a la tesis perimida del Estado gendarme, o a aquella, franca y abiertamente dirigista, que llega a ser de carácter totalitario en algunos regímenes ni tampoco al “laissez faire, laissez passer”. Sintetizando, nuestra posición no está determinada por esquemas ideológicos rígidos ni por dogmas económicos, como lo hemos señalado…”.
Es también notorio que surgen dentro del Partido Colorado de aquel entonces la tensión interna fruto de la incidencia de las ideas batllistas en su dirigencia y electorado. El senador Pablo Millor (sector “cruzada 94”) reivindicará la tradición batllista de las empresas públicas y la necesidad -según manifiesta el día de 18 de junio de 1991- de no bajar los brazos en reformar las empresas del estado para lograr la eficacia y eficiencia necesaria, sin asociaciones con privados o privatizaciones: “…Si una vez -y acá sí hablo como Colorado y como Batllista- fuimos capaces de crear un Estado que, aún con defectos, era más eficiente que éste, ¿por qué, como Batllistas y Colorados, esta resignación, este bajar los brazos y este ni siquiera intentar -precisamente ahora que existe el consenso de que algo no está funcionando lograr retrovertir la situación con las estructuras que tenernos, con nuestra gente…”. Danilo Astori, senador por aquellos años, apoyará esta postura manifestando que el problema central de las empresas públicas es su falta de inversión y gente idónea en los puestos de gerenciamiento. Una sensación al leer las actas parlamentarias de aquella época es advertir la existencia de argumentaciones de carácter netamente liberal, realizadas con convicción y profundidad, e increíblemente, aggiornadas, aunque siempre en clave más política que ideológicas. (Hay constantes referencias a los gobiernos de M. Thatcher en el Reino Unido, y J. Chirac en Francia, y sus planes de privatizaciones de tipo “popular”, así como a las ideas expuestas por Juan Pablo II).
En el eje de la constitucionalidad y legalidad de la ley, llama la atención el singular planteo del senador Korzeniak (Partido Socialista, FA) donde sostiene que la ley es contraria a la Constitución de la República, es decir, inconstitucional: “…la Constitución tiene establecido en su texto un modelo económico (…) este modelo económico, aunque haya recibido diversos nombres, no es otro que un modelo de Estado de derecho, de democracia social, de Estado benefactor o intervencionista en materia económica…”. Según el legislador socialista, la Constitución uruguaya consagra un modelo económico el cual, para su transformación, es necesario un cambio en la constitución por los mecanismos correspondientes y no a través de una ley de mayoría simple. Este espíritu y principio constitucional estaría vigente en Uruguay “…a partir de 1934, como es sabido por todos. Hubo grandes influencias de la Constitución alemana de Weimar de 1919, la republicana española de 1931. la austríaca de 1920 y muchas más…”. El planteo por el cual está consagrado en el cuerpo constitucional un sistema económico especifico es, por lo menos, polémico. Debo confesar queJosé Korzeniak -histórico dirigente socialista y una eminencia nacional en estos asuntos- siempre me pareció uno de esos “constitucionalistas” que logran afianzar mi desconfianza ante los abogados y la gente de la ley. Cuando leo su argumentación, me imagino que lo llamaron y le dijeron algo así: “José, tenés que salir y sostener que está expresado constitucionalmente que el cielo es verde, y que decir que se ve celeste es un error de interpretación”, y allí va el hombre, a explicar la cuadratura del círculo sin que se le caiga una arruga.
Más allá de esto, el contrapunto es más que interesante: el senador colorado Bouzas le señala el contexto histórico de la Constitución del 34, y le recrimina al senador Korzeniak que este se orienta “… a señalar que nuestra Constitución tiene un espíritu intervencionista en el que predomina la actividad económica del Estado. Según expresiones del señor senador Korzeniak, esto comienza a partir de la reforma constitucional de 1934. Considero que para hacer un análisis completo debemos ubicamos en los antecedentes históricos y en las diferentes épocas. En 1934 el Uruguay tenía un sistema político no democrático (…) No olvidemos que en esos tiempos estaban proliferando, en importantes regiones del mundo, pensamientos de este tipo como el falangismo en España y el fascismo en Italia, que proponían un agudo intervencionismo y una fuerte predominancia del Estado sobre la sociedad. Estos pensamientos fueron los que influyeron en los constituyentes de 1934. Para ser lógicos con el razonamiento del señor senador Korzeniak, me pregunto si hoy, sesenta años después de la sanción de esa Constitución, los uruguayos tendremos que reivindicar el pensamiento corporativista en la organización del Estado uruguayo cuando ya nadie en el mundo -afortunadamente- cree en esas ideas…”. Korzeniak le responde señalando que las posteriores constituciones (“1934, 1942, 1952 y la de 1967”) mantienen y acentúan la intervención del Estado. A su vez, de Posadas (Herrerismo. PN) plantea que Korzeniak expuso “…algunos principios con gran potencial de peligro. De admitir la existencia de una suerte de espíritu rector, a consagrar luego, brujos o iniciados como los únicos custodios que pueden desentrañarlo, hay un paso; y de ahí a que esa sociedad sea gobernada por ellos como únicos iluminados que digan qué es lo que está espiritualmente bien o mal, hay otro paso todavía más corto. Pienso que en el mundo abundan los ejemplos del este tipo…”.
El senador Korzeniak no abandonará su tesis sobre la inconstitucionalidad de la ley, volviendo a este planteo en la sesión de la Cámara del Senado del día 11 de junio de 1991, reafirmando su idea de que la Constitución nacional consagra un modelo económico, por lo que “…cuando alguien entienda que el mismo no es correcto deberá modificarla y no intentar establecer otro modelo por la vía de la ley ordinaria…” Gonzalo Aguirre (PN) -por aquel entonces vicepresidente de la República- el que se dedique su exposición en extenso a contestar la tesis de Korzeniak: “…de modo categórico, que la misma falla por su base, por su primera premisa, que señala que la Constitución establece un modelo intervencionista o estatista en materia económica, más precisamente en materia de roles del Estado y de sus empresas públicas…”, argumentando que el principio básico constitucional sobre el tema es el de “libertad”, consagrado en el artículo 36 de la Constitución, entre otros.
La coyuntura política también es clave para entender el proceso especifico: votada afirmativamente el 25 de junio de 1991 en general por 21 votos afirmativos sobre 31, los apoyos políticos van cambiando cuando se realiza el análisis particular. Los votos afirmativos de algunos representantes que si habían acompañado la votación general cambiarán, sobre todo en lo que involucra a los artículos 1 y 2 de la misma. El Frente Amplio, desde el principio y en forma monolítica manifestó su desacuerdo con la ley, así como el senador del Nuevo Espacio, Hugo Batalla. Es en los partidos tradicionales donde se da en mayor medida las discusiones sobre los apoyos políticos a la misma. Es notorio el malestar que manifiesta el entonces senador de Posadas frente a lo que cree una actitud contradictoria y vacilante del Foro Batllista (PC). El senador Ricaldoni (Foro Batllista. PC), explicará que el apoyo estará condicionado por el “componente social”, y si este componente falta, “…la reforma del Estado se quedará sin su sustento básico que no es otro que la opinión pública del país…”. Otros sectores que plantean objeciones prematuramente fueron el Movimiento Nacional de Rocha (PN), la Cruzada 94 (PC), y los legisladores wilsonistas. Varios legisladores plantearan que acompañarían la ley en general y rechazarían algunos artículos. Posteriormente, será clave en la derogación de parte de ley la fragmentación que el gobierno blanco de Lacalle Herrera sufrirá en los apoyos parlamentarios originales. Hasta hoy resuenan algunos malestares por aquellos cambios de postura.
La ley naufragaría, y significará un evidente freno en los anhelos de reformas del gobierno del padre del actual presidente. La coyuntura actual es evidentemente diferente, y la ley en cuestión -la “LUC”- no representa un programa de reformismo muy ambicioso, sino más bien una batería de cambios leves luego de los quince años del “exclusivismo frenteamplista”, dentro de una coalición heterogénea. En aquellos años, los intentos de reformismo liberal sucumbieron frente a la larga duración de una idiosincrasia estatista con raíces culturales sólidas nacidas de principios del siglo XX.
Lo actual es mucho más moderado, menos ambicioso, más llano y de menor impacto histórico, donde la puja parece representar un nuevo capítulo de la lucha electoral inter-partidaria por manejar los resortes -y la caja, y el prestigio, y los puestos y empleos derivados -de un poder estatal que parece inconmovible, anclado a una resistente mentalidad nacional devenida en idiosincrasia mesocrática, urbanita, igualitarista y estatolátrica.