PORTADA
Por Rafael Bayce
Con enorme probabilidad, desde el martes 19/7/2022 empezarán a conocerse los fallos de los Tribunales de Apelaciones de 2ª instancia que confirmarán o revertirán los decretos del Juez de 1ª instancia en las acciones de amparo que se solicitaron: a. para suspender la inoculación de menores con las vacunas contra el covid 19; b. para permitir el ingreso al país de dos personas sin los requisitos pandémicos que se exigieron antes pero que ya no se exigían a la población en general; aunque podría haber alguna dilación en los resultados si se presentara alguna cuestión de inconstitucionalidad durante el proceso de alguno o ambos recursos que pudiera llevar el expediente a la Suprema Corte de Justicia.
Los resultados judiciales y psicopolíticos de esta reconsideración en 2ª instancia de los recursos inicialmente aceptados en 1ª instancia por el Juez de Feria subrogante en lo Contencioso Administrativo, Dr. Alejandro Recarey, podrían resumirse en dos resultados-tipo y variantes intermedias de esos dos, a saber:
1. a, Confirmación judicial de una o ambas solicitudes de amparo, y b, Efecto psicopolítico de aceptación de los cuestionamientos hechos en todo el mundo y en el Uruguay por los argumentos científicos y legales contrarios a la ortodoxia covid, tanto en cuanto a la pandemia en su diagnóstico y terapias adoptadas, como en cuanto a la eficacia, seguridad y legalidad de las vacunaciones temerariamente aceptadas.
2. a, R eversión judicial en 2ª instancia de los amparos decretados en 1ª instancia, y b, Efecto psicopolítico de confirmación del imaginario impuesto en el mundo y en el Uruguay sobre la importancia de la pandemia, la bondad de su diagnóstico, de las medidas terápicas adoptadas, y de la vacunación (en especial la de mARN).
Desafortunadamente, creemos que la suspensión de la vacunación será sin duda revertida, con show de crítica al Juez de 1ª instancia y show mediático, callejero y en redes sociales, incluidos memes, bullying y sanciones al juez de 1ª instancia, asesores y simpatizantes públicos. Abrigamos la esperanza de que la admisión de retornantes sin requisitos pandémicos especiales pueda tener más probabilidades de confirmación y hasta de recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ; y que ese resultado, aun adverso a los recursos, no desate un show mediático y político que confirme la ortodoxia covid y su vacunación, y que sepulte la valiente y elaborada disidencia covid que se plasmó en estos recursos de amparo.
Por esos resultados alternativos tan esperablemente disímiles pensamos que el recurso contra la vacunación podría ser un bumerán contra la disidencia, aunque más ambicioso en su crítica; y que el recurso contra los recursos de inmigración es más realista, menos revulsivo y menos riesgoso de bumerán judicial y psicopolítico, aunque menos ambicioso contraculturalmente. Apoyo a los dos, y al Juez Recarey que los aceptó con gran argumentación de sustentación, aunque me temo que el recurso más ambicioso puede ser el más contraproducente por el efecto de flagelo excitante de reacción histérica que ya ha comenzado a aparecer, desde que se conoció el decreto de Recarey de suspensión de la vacunación; y por la galvanización de la histeria agresiva del lobby y su reflejo comunicacionalmente excitado en la gente.
Veámoslo en algún detalle.
A.UN AMPARO DESAMPARADO
En el transcurso del texto, lector, irá usted entendiendo cada vez mejor el título que acaba de leer. Porque, para empezar, actualmente, cuando se escriben estas líneas, los menores uruguayos están ‘amparados’ – mediante una acción de amparo aceptada por la jurisdicción civil en lo Contencioso Administrativo – por un ‘derecho precautorio’ de sus derechos constitucionales y legales a una vacunación con adecuado consentimiento informado sobre sus efectos, consecuencias y riesgos, sobre todo lo cual no habría habido ni experimentación científica suficiente ni transparencia contractual, que se reclaman como garantía precautoria. Pero este amparo, concedido en 1ª instancia judicial, será seguramente revertido por el fallo que en estos días tomará el Tribunal de Apelaciones que, en 2ª instancia, podría decidir de modo definitivo respecto del amparo solicitado y fugazmente concedido. Porque no tenemos casi esperanza de que se mantenga la decisión del Dr. Alejandro Recarey, juez civil, subrogante en lo Contencioso Administrativo en período de Feria Judicial Menor. Los menores uruguayos, inicialmente ‘amparados’, casi seguramente quedarán otra vez ‘desamparados’ ante el brutal lobby médico-político-mediático, que hará caer todo su peso sobre las altas instancias del Poder Judicial que generalmente, cuando las papas queman, no pueden resistir esos embates dada su dependencia respecto de los otros poderes del Estado, y de su baja eficacia comunicacional, típica de su autoimagen institucional.
Pero, para entender todo esto, hay que saber de Ciencia Política, de Estado de Derecho, de Constitución, de Leyes, de Poder judicial, de Jueces, de procesos judiciales, de recursos extraordinarios y de comunicación política. Y los científicos biosanitarios no saben normalmente nada de todo esto, pese a lo cual vociferan altivos epítetos basados en la misma ignorancia sobre esas cosas que ellos les reclaman a los operadores jurídicos sobre sus especialidades. Ni qué hablar de los periodistas, que no saben de ninguno de los conocimientos necesarios como para opinar sobre el amparo. Le voy a explicar algo de todo esto que brutal y olímpicamente ignoran, sin darle importancia, periodistas y especialistas biosanitarios.
A.1. ESTADO DE DERECHO, PODERES, CONSTITUCIÓN, LEY, JUDICIAL, AMPARO
Supuestamente, vivimos en un Estado de Derecho, regido por Constitución y Leyes, desarrolladas y actuadas por 3 Poderes, que, en teoría (pero no en la práctica cotidiana) son equivalentes y se contrapesan y equilibran sustancialmente. La especificidad del Poder Judicial, frente a la de los otros dos poderes, es la de constituir una garantía y evaluación de la constitucionalidad y la legalidad de lo que hacen y dicen los otros dos poderes, y hasta respecto de sus propios actos. Ahora bien, de los 3, por diversas razones, el Judicial no tiene el mismo poder que el Ejecutivo y el Legislativo en el mundo real, más allá de la teoría política y constitucional democrática. En el Uruguay, de entre las muchas razones de este desequilibrio real entre los teóricamente equilibrados, referiremos dos, suficientes para entenderlo.
Uno. El Judicial, tanto para su presupuesto y flujo económico-financiero como para muchas designaciones en cargos clave, depende de las voluntades del Ejecutivo y del Legislativo, lo que les quita autonomía y libertad técnicas, aunque hagan gárgaras para la galería con su independencia técnica. En decisiones importantes, como ésta del amparo en vacunación pandémica, aunque puede haber ‘bravatas’ (acepción de Erving Goffman) celebrables como ésta del Dr. Recarey, probablemente terminarán siendo goles tempranos que serán revertidos por el Tribunal de Apelaciones, que volverá las cosas a su dependiente lugar (quien ríe último ríe mejor), para beneficio de gobiernos con opacidades múltiples, de una prensa adicta al poder dominante y hegemónico (mayoría), de una sorprendente casi unanimidad partidaria, y del pluricriminal lobby mafioso de la big pharma, en especial del multisentenciado laboratorio Pfizer (lo que veremos luego); y del crecientemente mal informado, asustado y manipulado entusiasmo popular.
Dos, segunda razón para ese desequilibrio entre Poderes en desmedro del Poder Judicial: la mucho peor prensa que tiene respecto del Legislativo y del Judicial. No solo porque sus conceptos son más difíciles de comunicar y absorber por prensa y gente común neófita, sino que no tienen ‘cancha’ mediática y comunicacional comparables y enfrentables con posibilidades a miembros del Ejecutivo y del Legislativo. También contribuye a esa desventaja la autoimagen de técnicos sofisticados que no deberían contaminarse con el mundanal ruido y con las bajas pasiones cotidianas, herencia de los padres espirituales y modélicos de los jueces desde antes de la independencia colonial: los Reales Oidores de la Corona Española durante sus inspecciones coloniales.
Al interior del trabajo judicial, un lugar particular lo llevan ciertos procesos abreviados, de urgencia, que se deciden en pocas horas, en su 1a instancia y en su definitiva 2ª instancia de eventual apelación (si no se extienden inopinadamente por alguna demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia). Pero, al contrario que en estos casos breves, urgentes y de 2 instancias básicas, como el amparo, la mayoría de los procesos son extendidos en el tiempo y recorren 3 instancias; en esos casos, cuando las dos primeras divergen, la última y definitiva está a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Para el caso de esta acción de amparo, el trámite es urgente, breve, y solo se decide en 2 instancias, la definitiva de Apelación y no de Suprema Corte, salvo inconstitucionalidad deducida.
Del punto de vista de la comunicación política, la diferencia entre un proceso normal y uno urgente, como éste de amparo, está en que no hay mucho tiempo para que las argumentaciones circulen; por ende, los inicialmente condenados no precisan replicar siquiera porque pueden jugarse con buenas chances sus boletos a que la Apelación revertirá, de modo inmediato, y de modo ‘firme y como cosa juzgada’, lo decretado en 1ª instancia por el Juez, en este caso suspensión precautoria de la vacunación a menores hasta tanto se hayan satisfecho las condiciones para una campaña eficaz, segura y consentidamente informada concordante con la Constitución y las Leyes.
A.2. UN ELOGIABLE AMPARO QUIZÁS CONTRAPRODUCENTE
De acuerdo con las características más probables de esta acción, demandar una acción de amparo sobre un tema que tiene un multilobby mafioso (como veremos) detrás, es, no solo de éxito improbable, sino que ni siquiera permitirá que los argumentos antipandémicos circulen y se debatan durante el transcurso de las instancias judiciales, todas ellas de amplia cobertura mediática y en las redes sociales. Plantear un recurso de amparo, en el mejor de los casos sería una victoria a lo Pirro, porque se perdería rápidamente en 2ª instancia lo fugazmente ganado en 1ª (Juez Recarey), sin tiempo para circular argumentos y hechos, y, además, se generaría una enorme indignación histérica a cargo del complejo: 1) lobby big pharma + 2) partidos políticos (en su imparable carrera hacia la derecha, la izquierda ya es capaz de jugársela por multinacionales criminales y por opositores políticos) + 3) la mayoría médica institucional + 4) la prensa, siempre con su dedito húmedo viendo de dónde viene el viento para sumarse y no tener que esforzarse contraviento y contracorriente, tan poco lucrativo. Iniciativa que será irracional, indignada y ruidosamente adoptada por 5) la gente, cada vez más alienada, hegemonizada y manipulada. Como se ve, un amparo bastante desamparado de respaldo político, mediático, popular y probablemente hasta judicial.
Además, ¿será cierto que los chanchos no votan a Cattivelli, como dijo un día pintorescamente Pepe Mujica?; bueno, en realidad lo han votado toda la historia, de lo que dan adecuada cuenta los profundos conceptos de ‘alienación’ en Lukacs y de ’hegemonía´ en Gramsci; y si no lo votan, será entonces a Ottonello, a Centenario, a Sarubbi, a Schneck; en fin, hasta a Doña Coca votarían, casi siempre dentro del menú de sus posibles faenadores.
Por todo eso, sobre ese tema y en ese espacio-tiempo probable, una demanda de amparo judicial muy difícilmente tendrá éxito, y el gol temprano inicial hará cerrar filas, insultos e incomprensiones contra quienes amparan o apoyan el amparo, lo que más que superará ese gol inicial, engañoso éxito, con una temible goleada pública y publicitada. Lo que podía parecer un avance de varios casilleros en el juego sociopolítico, la decisión de Recarey de suspender condicionalmente la vacunación de menores, amenaza convertirse en un retroceso de muchos más. Lo que el desgaste de las medidas sanitarias, la vivencia creciente de no vacunados sanos y de vacunados enfermos, y algunas disidencias difusamente registradas, le estaban restando y erosionando al relato ortodoxo covid, recibirá una bocanada de aire fresco que lo inflará de nuevo a dimensiones que iba perdiendo. Un golazo en contra, en un país en el cual, políticamente, no gana tanto el que acierta más sino el que se hace menos goles en contra; cuidemos nuestra valla y esperemos que los demás se autogoleen, que lo iban haciendo y quizás harán; pero no nos hagamos goles en contra, como será esta demanda de amparo, pese a la euforia precautoria inicial; y ojalá me equivoque y que la Apelación confirme el decreto del Juez Recarey.
Lo que se terminará haciendo será entronizar a la multinacional multicriminal Pfizer en el más envidiable y codiciable lugar del imaginario antropológico profundo, mítico, arquetípico, de la civilización judeo-cristiana, greco-romana: el lugar de víctima-redentor, el de un aggiornamento aproximado de Cristo. Por eso puede evaluarse como un golazo en contra si sucediera.
A.3. AMPARO: GARANTÍA JURÍDICA, NO JUICIO SANITARIO SUSTANTIVO
Es una de las cosas que menos entienden periodistas y científicos biosanitarios, y es central para entender la acción de amparo y el punto de vista y decisiones del Juez. He visto frases ejemplarmente incomprensivas del asunto, tales como que el asunto implica a un juez contra la ciencia, o que no se debe permitir que un juez tome de rehén a la población, decidiendo sobre temas sobre los cuales no está especializado; todas afirmaciones de una ignorancia llamativa, porque el Juez simplemente está haciendo lo que debe hacer dada la demanda que le tocó atender, la materia sobre la que juzga, y lo que le corresponde al poder judicial dentro de la división de poderes de la organización del Estado de Derecho. Todas las áreas sustantivas de la sociedad están sometidas a requisitos normativos constitucional-legales, que deben respetar meta-técnicamente. El orden jurídico y los operadores judiciales pueden y deben regir determinados aspectos de todas las sustancias de la sociedad; en buena parte por eso es un Estado de Derecho. Quienes se escandalizan porque el Poder Judicial u otra normativa constitucional o legal influyen en la sustancia de algún área técnica de la sociedad, tienen una gran ignorancia, sobre el Estado de Derecho y sobre las disciplinas que lo abarcan, peor que aquella ignorancia técnica de la que esos ignorantes acusan a los especialistas legal-judiciales. En realidad, tienen a la población de rehén tanto como un omnibusero a sus pasajeros, una antesala clínica a sus pacientes, o un cura en misa a sus feligreses. Es de magna ignorancia decir eso que he leído de que un juez ignorante sobre salud tiene como rehén sanitario alocado a la gente; esto es mucho más ignorante, cívica y ciudadanamente, que eso de lo que se les acusa ignorantemente a los jueces judiciales: ignorancia científico-sanitaria (y se dice el pecado, que es lo que importa, no los pecadores).
Ni en éste ni en ningún caso los jueces intentan refutar ni evaluar ciencia; Recarey no abrió juicio sobre los detalles científicos respecto de los que pregunta reiteradamente y a diversos actores gubernamentales (que responden poco y siguen escondiendo mucho, sintomáticamente) y que instala como técnicamente importantes para impartir justicia, y que son los que siguen: uno, hasta qué punto están amparados los derechos constitucionales y legales de los vacunables; dos, cuál es su consentimiento informado sobre qué sería exactamente lo que sería inyectado, qué efectos y consecuencias buenas, malas y su balance son conocidos o no; tres, hasta qué punto existe indemnidad civil e inmunidad penal de los fabri-comerciantes de las vacunas respecto de eventuales impactos adversos de las vacunas; cuatro, por qué se ocultan a la opinión pública los contratos; cinco, el Juez no opinó sobre la calidad de la vacuna, sino que solicitó información sobre su seguridad, eficacia, elementos para un conocimiento informado, y legalidad de la campaña de vacunación. Sin embargo, sin meterse con la ciencia, ésta y la prensa sí que se meten con los jueces y con todas esas disciplinas que ignoran. Los neófitos en derecho y todos los demás que ignoran de ciencias sociales, ellos sí evalúan el trabajo del Juez, del cual no saben claramente nada, como no saben de ninguna de las cosas de las que he hablado hasta ahora. Pero se quejan de que los jueces se meten con la ciencia, cosa que no hacen; y diciendo que se meten en lo que no deben, lo que sin dudas ellos sí hacen y sin duda mucho más que sus acusados. En nada de esto hay la menor opinión científica expresa ni criticada; solo hay un cuidado competente con la eficacia y seguridad de las vacunas, y con la garantía sobre derechos legales y constitucionales implicados en una política pública. Acusación ignorante, fuera del tarro y que confunde, quizás interesadamente, a la gente.
Como lo hace el Poder Judicial como parte especializada en los Poderes del Estado democrático de Derecho, el Juez es vigilante y custodio de la legalidad y constitucionalidad de los actos del Estado, no necesariamente de su contenido sustantivo; de los actos del Estado, lo que le interesa aquí solamente es el posible conflicto entre la legalidad y la constitucionalidad; por su intermedio, se focalizan, más que los aspectos técnico-sanitarios, los derechos de individuos y grupos a defender de los posibles excesos de las leyes legisladas y de las acciones del Ejecutivo; por esos controles de legalidad y constitucionalidad, específicos de la especificidad del Poder Judicial en un Estado de Derecho, uno de los cuales es la acción de amparo, se “protege contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales que lesionen con ilegitimidad manifiesta sus derechos y libertades”. El Juez hace su trabajo como parte de un poder específico del Estado, en una materia civil particular, en una acción sui generis; claro que en medio de la empoderada ignorancia y mala voluntad malinformada de la mayor parte de su audiencia, en especial la periodística masiva y los ‘científicos’ biomédicos multi-ignorantes en tantas otras cosas.
Ahora bien, nobleza obliga, aunque el Juez, en esta acción de amparo, no se entrometa opinando sobre la sustancia de los asuntos científicos, de hecho, aun no queriéndolo, interviene sustantivamente en la realidad, hasta en la científica; y eso choca, más allá de las intenciones judiciales, a espectadores poco informados de lo judicial-legal, pero explicablemente interesados en lo sustantivo. Porque, si bien no opina sobre la sustancia de las vacunas suspende la vacunación, lo que es un impacto sobre la sustancia mucho más importante que una opinión sobre ello, aunque pudiera ser más provisional y reversible. Y esta es una de las cosas que le choca a la gente y hasta a periodistas. ¿Cómo que dice que no opina sobre las vacunas si las suspendió? Es como si se suspendiera un partido de fútbol porque los organizadores no garantizan que hay extinguidores anti-incendios, carteles luminosos en las escaleras ni cuidadores en los baños; la gente se le quejará porque suspendió el futbol; y él dirá que no tiene nada que ver con el fútbol, que suspende por falta de confianza en la seguridad de un recinto público, para proteger a las personas, su salud y seguridad; tiene razón, en rigor, pero la gente no lo va a entender y lo va a responsabilizar por la falta del fútbol. Recarey será culpado por todas las omisiones, errores, opacidades y medias verdades de Pfizer, del gobierno uruguayo, de la organización médico-administrativa y de la normativa de la vacunación; la gente y los periodistas no lo entienden porque ni saben, ni pueden, ni quieren entender, porque no hay peor ciego que el que no puede ver, ni sordo que el que no quiere oír. Recarey corre el riesgo de ser un chivo expiatorio, un mensajero castigado por lo que lo que informa y los intereses y convicciones que hiere, aunque éstas sean incomparablemente frágiles científicamente y tenga el derecho y deber de hacerlo, lo que se ignora.
Uno de los peores problemas para la adopción del pedido de amparo fue, justamente, que un análisis de científicos sociales y de comunicación política hubiera aconsejado no hacerlo dada la fragilidad de la justicia frente a los otros poderes, y a la ignorancia, mala voluntad y obsesividad de la manada de periodistas y gente común, en el marco de una casi unánime adversidad político-partidaria, nutrida por el lobby de la big pharma. Y admito que, para la inmensa mayoría de neófitos que ha presenciado la decisión del Juez, oír decir que no se mete con la ciencia mientras suspende la vacunación para menores, puede levantar la presión. Es una confusión que lleva tiempo disolver, y en la sociedad actual no hay esos tiempos, porque siempre hay algo que parece o es necesario, o simplemente estúpido, urgiendo. A la gente le falta información, sutileza y equilibrio para darse cuenta de que la suspensión ocurre, no por la calidad de las vacunas y de sus efectos, sino porque la legalidad y constitucionalidad de todo lo que se ha hecho desde su contratación es insuficiente o desconocida; y, si no se satisface, al poder judicial le cabe, en virtud de sus prerrogativas y deberes constitucionales y legales, actuar, por ejemplo suspendiendo algo provisoriamente; y aunque su decisión pueda ser revertida en Apelación. Sería un debate muy multidisciplinario el de explicar cómo, aun esa intervención sobre la forma y no sobre la sustancia, para poder ejercer su poder, deberá ser vinculante, y por tanto, tener efectos en la sustancia del proceso, aunque no se dirija a ello; y que eso está bien y está dentro de las complejidades de la puesta en funcionamiento del Estado de Derecho.
A.4. ¿DEFENDER Y DEJARLE LUCRO A UNA MULTINACIONAL MULTICRIMINAL?
Pero además, exigir controles de legalidad y constitucionalidad a la contratación de vacunas hechas por una multinacional que ha sido multimillonariamente multada por enormes crímenes en áreas muy influyentes en la salud de las poblaciones, sería algo que debería ser digno de elogios y no de críticas, y más por una izquierda que asombrosamente se alinea con esas multinacionales multicriminales y con los gobiernos que les extienden indiscriminadas alfombras rojas. Parece que sensibilizan más los lucros y compromisos con Pfizer que la posible insalubridad de los menores uruguayos. Quién te vio y quién te ve.
Desde hace por lo menos 25 años Pfizer ha sido afectado por condenas judiciales internacionales, en áreas estrictamente vinculadas a las de la salud de las que trata de cerciorarse el Juez mediante la garantía del amparo. Uno, fueron multimillonariamente condenados por Soborno porque manipularon datos sobre medicamentos de su laboratorio. Dos, otra multimillonaria condena por Ocultamiento de datos experimentales sobre otro producto propio. Tres, otra por Adulteración de datos de laboratorio. Cuatro, en Nigeria, cuando estaban siendo investigados por el Fiscal General, para no pagar cuando fueran condenados como ya lo habían sido antes, optaron por contratar detectives privados para buscar problemas en la vida privada del fiscal, y extorsionarlo para obligarlo a abandonar la investigación; de mafia de Hollywood, en los 25 años de ‘El Padrino’. Puede ver, lector, la ética profesional de la firma tan inocente sospechada por Recarey, que ni siquiera los desechó; solo pidió garantías para los derechos a la salud de los menores uruguayos en manos de sujetos de esa calaña. A fuer de sincero, más que criticar al juez, más correspondería que los abundantes malos antecedentes de la firma llevaran a que no se contratara más con ella y a que se desconfiara de los datos que aporta, potencialmente influyentes en la salud de los menores, que es lo que hace el juez accediendo al amparo solicitado contra Pfizer y su asociación contractual con el gobierno uruguayo, en defensa de la salud en duda de los menores uruguayos.
Pero las andanzas de la mafia criminal Pfizer se manifiestan más concretamente durante la etapa de investigación protocolarmente exigible para la autorización de las vacunas para covid (bueno, en realidad terapias genéticas rebautizadas de apuro como vacunas para poder acceder a seguros por eventualidades adversas). Cuando las terapias rebautizadas como vacunas fueron autorizadas a inocularse, de emergencia y sin poder proporcionar ni seguridad ni eficacia probadas, lo que seguidamente hizo Pfizer fue cancelar todas las investigaciones en proceso, ¿para qué seguirlas, si ya podían vender las temerarias y lucrativas vacunas? ¿qué importaba ya lo que le pasara a la gente, sin investigaciones terminadas, ni mucho menos efectos de largo plazo verificados? Pero no solo pecaron por omisión de tareas protocolarmente exigidas para vacunar; hicieron algo realmente criminal y muy sintomático de su celo sanitario: no solo discontinuaron las investigaciones en curso, sino que cancelaron especialmente la contratación de placebos, sin los cuales no se pueden verificar los efectos de la vacuna; peor aún, le dieron la vacuna a los placebos, cosa de que no hubiera modo de medir y evaluar los efectos de las vacunas por comparación de vacunados con no vacunados. Sume usted todos esos antecedentes, y no dejaría colgado su saco en una percha al alcance de sus funcionarios actuales.
Frente a tales fumadores submarinos, bien hace un juez garantista y defensor de derechos a la salud en exigir ciertos datos para no suspender la vacunación por su peligro aun no descartado. Pero como no consideró a la información requerida como suficiente, y como el secreto seguía manteniéndose, sintomáticamente, el Juez decidió la suspensión provisoria hasta que se proporcionaran los datos pedidos sobre eficacia y seguridad. Esas madres cobardes y asustadas, que aceptan arriesgar la salud inmediata y futura de sus hijos para calmar su histeria pánica por su salud y la de otros mayores contagiables por los menores, no me merecen la mínima admiración, y se merecerán los reproches y quejas de sus hijos cuando crezcan y se informen de toda la insalubridad futura que le puede haber sido inoculada con las vacunas, costos mucho más graves que los insignificantes y altamente improbables síntomas que el virus provocaría. Probablemente no habría que haber apuntado a una suspensión de la vacunación para todos los menores, porque ese objetivo se presta a ser entendido, o vociferado, como una restricción del derecho a la salud y de la patria potestad ejerciendo ese derecho. El derecho a la libre opción hubiera sido un objetivo menos objetable que el más autoritario de la prohibición. Al fin de cuentas, el derecho de los mayores a matar, incapacitar a largo plazo o enfermar a sus menores es un sagrado derecho envidiable e inalienable que no se debería haber cuestionado y mucho menos impedido.
Admiro sinceramente cómo el juez Recarey mantuvo su postura garantista; celebro lo bien que entendió los cuellos de botella que hacían sospechosa la vacuna, sobre todo por venir de quien venía. Y por lo bien que escribió, aunque para ciegos y sordos vocacionales, financiados y cooptados, que manipularían todo lo dicho y escrito. Olvidó también que Pfizer es famoso por sus incentivos monetarios, por lo cual ya ha sido internacional y penalmente condenado, lo que multiplica las sorderas y cegueras vocacionales.
Los promotores de la acción de amparo olvidaron las cosas que fueron escritas ahora en esta columna, protagonizando la historia de una muerte anunciada, melodrama que, para peor, empezaba bien, pero es esperable que termine mal para sus actores, promotores y simpatizantes, lamentablemente. Ahora, todos los disidentes de la ortodoxia covid pueden tener que volver atrás varias casillas en su lucha por una mejor comprensión pública de la pandemia. Es tentador recordar el aforismo de que ‘quien mucho abarca poco aprieta’. Y Recarey bien haría en consultar con Elon Musk por puestos de astronauta, porque la corporación no tolera un instante de flaqueza (dicho en tono de amena broma); pero reitero mi apoyo a todo lo que escribió y dijo, aunque puede ser discutido, pero con respeto y conocimientos para hacerlo, que no tienen ni han tenido los que lo han calificado y difamado. Otra vez deseando fervientemente equivocarme, me temo que los verbos ‘destituir’, ‘demitir’, ‘suspender’, ‘sancionar’, ’trasladar’, puedan ser conjugados en breve. Muy injusto, claro, pero ‘es lo que hay’. Resultado líquido: Pfizer, rutilante víctima-redentora; los chanchos electores de sus faeneros vuelven a votarlos, agresiva y masivamente. Otra vez mejor pensar con más cuidado y más interdisciplinariamente las iniciativas públicas, más aún en hábitat tan adversos, en que vientos en contra pueden aguzarse en tsunamis, y todo lo arrojable puede volver como furioso bumerán que afecte a muchos más que a los promotores de la iniciativa y a los desamparados, que lo estarán ahora más que nunca.
B.UN AMPARO MÁS AMPARADO Y ESPERANZADOR
Otra es la historia y las perspectivas con la otra acción de amparo que se presentó casi en simultáneo, esta vez por parte del Dr. Hoenir Sarthou, para amparar el derecho constitucional a que no se les exijan, a los retornantes al país, los requisitos sanitarios que ya no se les reclaman más a los residentes, generando así una desigualdad flagrante en la igualdad de tratamiento ante la Constitución y la Ley. A esta acción le vemos mucho más futuro de éxito que a la de suspensión de la vacunación de menores; su chance de que el amparo en 1ª instancia sea mantenido en la 2ª instancia de apelación la creo mucho mayor, hasta si alguna demanda de inconstitucionalidad sobre el punto fuera planteada. Le duele menos al voraz, rapaz y agresivo lobby. Es claramente menos lesivo para el lobby y sus conquistas normativas que ingresen al país dos personas sin los requisitos covídicos que Migración les pidió, y no que sea suspendida toda la vacunación de menores por razones que atacan con toda intensidad las falsedades, medias verdades, ocultamientos y falacias del primer gran fraude global, político-económico-comunicacional con coartada sanitaria, en la historia de la humanidad. Es menos ambicioso en sus objetivos que el desamparado amparo que promovía la suspensión de la vacunación de menores, pero es más realista en la evaluación de las probabilidades abiertas a ambas iniciativas dado el balance de poder vigente y el lugar de ambas reivindicaciones en el imaginario impuesto sobre la pandemia. Aprieta más aunque abarque menos.
Entonces, esperamos las inminentes resoluciones de las apelaciones de 2ª instancia sobre las decisiones favorables a los amparos a cargo del Dr. Alejandro Recarey con distintas expectativas y esperanzas. Sobre la suspensión de la vacunación, realmente prevemos que el Tribunal de Apelaciones revierta el fallo, increpe al Juez de 1ª instancia y desate un alcahueterío agresivo y exultante de prensa y público, extensiva a un cobarde como siempre bullying en las despreciables redes sociales. Mejores expectativas mantenemos respecto del proceso que sigue el amparo a los ingresantes al país con requisitos equitativos con los de los residentes. Hasta podría haber sido confirmada la resolución de 1ª instancia si no fuera porque desgraciadamente se volverá de recibo el oponerse a lo decidido por el Juez Recarey, sea cual fuere el motivo; como muy probablemente el fallo de esta Apelación saldrá después del de la vacunación, y hacer leña del árbol caído es una ancestral costumbre popular, extensiva a situaciones en las que hacerlo protege tanto más que apoyarlo; es por eso que estimo que el error táctico de solicitar el amparo a la suspensión manchará también el resultado del amparo a los ingresantes.
De todos modos, la violencia de las celebraciones por la reversión del fallo suspensivo de la vacunación superaría en cobardía y ordinariez ignorante al cierre de filas de los partidarios de la ortodoxia covid cuando se decretó la suspensión, galvanizándose así las filas ortodoxas que estaban experimentando un cierto cansancio público con la imparable y creciente inocuidad sanitaria de las vacunas como tales; de cualquier modo, la promoción de las acciones de amparo abrirá algunos ojos de gente ya dubitativa, descreyente y abierta a alguna herejía en la ortodoxia implantada.
Pero, y más allá de la opinión contraria a la oportunidad de la presentación de algo tan ambicioso contracorriente como la suspensión de la vacunación de menores, por su alta probabilidad de producir un contraproducente rebrote de totalitarismo ideológico inquisitorio (que puede sufrir especialmente el Dr. Recarey) reiteramos nuestra casi total adhesión a los argumentos y razones invocados por los accionantes, y nuestra solidaridad con el Juez Recarey y su valiente y sólida exposición de todas las insuficiencias, fragilidades, errores, falacias, ocultamientos, mentiras e hipocresías que resplandecen en la ortodoxia covid.
Recordando, para terminar, que alimentamos la esperanza de que estemos equivocados y que: uno, los Tribunales de Apelaciones de 2ª instancia confirmen los amparos concedidos por el Juez de 1ª instancia; dos, que los hechos y argumentos sostenidos por los demandantes y los jueces circulen entre políticos, prensa y opinión pública, matizando los errores, falacias y simplezas que han monopolizado el universo comunicacional desde hace dos años, anclados en una noción ignorante de lo que es ‘ciencia’; tres, que no se ofenda, ni judicial ni mediáticamente al Juez Recarey, que cumplió sus deberes legales y constitucionales con suficiencia, aun en medio de la ignorancia masiva sobre ellos; cuatro, que no se puedan materializar los histéricos gritos, bullyings y difamaciones que caracterizan hoy a la comunicación durante este estadio civilizatorio (¡¿?!).
Con esta utopía en mente, también recordemos que no se debe sub-estimar el papel que el Poder Judicial puede jugar hasta en la determinación de instancias técnicas sustantivas en las más variadas áreas, como ésta de la salud como ejemplo; pero que tampoco debe sobre-estimarse ese papel, y olvidar que el mundo se debate en una guerra, con ciertos aspectos comunes (el miedo, la ficción de que solo defienden de ataques de otros), por parte de los más depredadores lobbies del globo: el de la seguridad y el de la salud, ambos parados en la instilación de miedo a la inseguridad física y patrimonial, y a la enfermedad, el dolor y la muerte, que estimulan entusiastamente para tener que intervenir y lucrar con ello. La humorada simpática del filme ‘El pibe’ de Chaplin, la sociedad que ejecutan ambos, pero en otros volúmenes y truculencia. Lo constitucional-legal-judicial importa sustantivamente, sí, pero menos que las campañas psicosociales de dominación creciente de los corazones y las mentes mediante la manipulación de la opinión pública con técnicas desde las ciencias sociales y las neurociencias; menos también que la voracidad económica sin límites de los lobbies de la big pharma y de la industria armamentista y de implementos panópticos; menos, al fin, que los planes avanzados de billonarios y de sus empresas unificadas, titiriteros ya desenmascarados. Porque de todo esto resultaron la pandemia y las vacunas, y no de ningún murciélago cinematográfico azaroso.