ENSAYO

Por Federico Leicht 

A mediados de 1932, en el marco de una profunda crisis, con más de seis millones de desocupados viviendo en la miseria y la privación más absoluta, el ascenso político de Adolf Hitler era visto como una esperanza por buena parte de los alemanes. En ese contexto, el aparato del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores (nazi) ya urdía los planes para que el presidente Paul Von Hindenburg designara a Hitler canciller de Alemania y se entronara en el poder, lo que finalmente terminó sucediendo a principios del año siguiente.

Para setiembre de ese mismo año, el partido nazi tenía prevista la organización de una concentración de masas sin precedentes. El denominado congreso de Nüremberg, que se desarrollaría bajo el lema Reichsparteitage des deutschen Volkes (congreso nacional del partido del pueblo alemán), debía demostrarle al resto del mundo que el partido y la Alemania del tercer Reich eran ahora una misma cosa.

Para dicho evento, era necesario sintetizar la expresión de los ideales de la Alemania nazi en una nueva y poderosa iconografía propagandística, algo que remitiera a la grandeza de este nuevo imperio dispuesto a resurgir de entre las cenizas. Nuevos símbolos que mediante sugestión y técnicas psicológicas alteraran y controlaran opiniones, ideas, valores y, en última instancia, cambiaran el accionar de un pueblo hastiado de la humillación, la debilidad y el sometimiento.

¿Acaso había símbolo más congruente que un águila, la más poderosa de las aves depredadoras? El águila es una figura empleada desde tiempos inmemoriales por diversas culturas e imperios. Si bien la misma tenía una larga tradición en la heráldica alemana como insignia nacional, fue para el congreso de Nüremberg que el escudo nacional resultó radicalmente modificado. Se presume que el diseño original corresponde al arquitecto Albert Speer, y está inspirado, como muchos otros símbolos nazis que remiten a la Roma imperial, en el estandarte que utilizaban las legiones del mismo.

Hitler quedó fascinado con el nuevo emblema. Tanto, que cuando en 1935 el nazismo sancionó las denominadas “Leyes de Nüremberg”, que iniciaron el comienzo de la discriminación y persecución institucional del colectivo judío en Alemania, e[n un apartado de dicho documento se aprobó el nuevo emblema nacional del III Reich: “un águila que mira a su derecha y que sujeta entre sus garras una corona de laurel con una esvástica en su interior”. Hasta este momento, los nazis habían venido utilizando los mismos emblemas de la República de Weimar, incluido el estandarte presidencial. Pero el 5 de noviembre de ese año, Adolf Hitler dictó un decreto “con el fin de garantizar que la unidad entre el Partido y el Estado sea perceptible a través de sus símbolos”. En el mismo dispuso que el Reich adoptara “como emblema de su grandeza el distintivo del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores”.

En virtud de una ley algo posterior, la bandera con la esvástica se convirtió en la bandera oficial del Estado Alemán. En aplicación de la misma, se dispuso que el águila del Reich tuviera la cabeza apuntando hacia su derecha, en tanto que el águila del partido la tuviera hacia su izquierda. El empleo de la misma correspondía a aquellas instituciones que, como la cancillería, los ministerios o la policía, eran órganos del Estado. El águila del partido, en cambio, debía ser utilizada por instituciones vinculadas al mismo, como las SS, la más grande y poderosa organización militar del gobierno.

El 9 de abril de 1936, el Ministerio de Guerra del Reich aprobó la siguiente orden: “El Señor Ministro de la Guerra ha resuelto que el diseño del águila de la Wehrmacht no sea modificado. Por ello, la cabeza del águila que simboliza a la Wehrmacht seguirá apuntando a su izquierda, salvo que motivos especiales permitan cambiar esa orientación, como, por ejemplo, los estandartes de las unidades militares, en los cuales la cabeza deberá mirar al frente»”. La del acorazado Admiral Graf Spee, en virtud de lo dispuesto por el alto comando de la marina de guerra, es fiel a estas disposiciones.

Fundida en un molde único, con la curvatura exacta para ser acoplada en la popa del acorazado, el águila de cuatrocientos kilos fue fijada al casco metálico del buque de tal forma que no existiera contacto entre el bronce de la figura y la chapa de acero del casco.  Esto, a los efectos de evitar la corrosión galvánica, un proceso que ocurre cuando dos metales diferentes se ponen en contacto entre sí en presencia del agua salada, desarrollando una corriente eléctrica que disuelve electrolíticamente el material menos noble.

En la década del treinta no existían sintéticos como los adhesivos de siliconas u otros plásticos, por lo cual debieron utilizarse alquitrán y corcho. Así, el borde al que se fijaron los 145 bulones que la sostenían fue previamente recubierto de una tela alquitranada, colocada entre el bronce y la chapa de acero a modo de burlete. El espacio hueco que conforma el cuerpo y las alas de la figura, de dos metros de alto y casi tres de longitud, fue rellenado con unos prismas de corcho equivalentes en tamaño a la mitad de un ladrillo, pegados entre sí con alquitrán.

Otros barcos de la Marina de Guerra alemana utilizaron el mismo modelo de águila, que debió ser adaptado en tamaño y curvatura a la popa de los mismos. Tal es el caso del Scharnhorst y el Gneisenau. También buques de menor porte, como cruceros livianos, destructores, torpederos y lanchas torpederas, la utilizaron en sus popas, aunque aplanadas.  

El águila del Graf Spee fue testigo de un derrotero bélico que -a partir del inicio de la guerra- duraría 118 días con sus noches. En ese lapso, la poderosa máquina de guerra alemana, que contaba con dos torres triples de cañones de artillería pesada, ocho de artillería mediana, diecisiete cañones de artillería antiaérea, dos lanzadores de torpedos y diez divisiones de 120 hombres cada una, hundió nueve mercantes británicos. Para el 13 de diciembre de 1939, el barco definido desde su construcción como el “más veloz que el más fuerte y más fuerte que el más veloz”, navegaba los mares del Atlántico Sur, cuando se dio de bruces con la poderosa Fuerza G de la marina británica que lo esperaba a la altura de Cabo Polonio.

Luego de medirse con tres cruceros a la vez, cerca del estuario del Río de la Plata, el Spee terminó severamente averiado y en jaque en el puerto de Montevideo. El resultado de lo que los historiadores consideran que fue la última batalla naval clásica (sin utilización de radares) se terminaría de zanjar en los escritorios de las embajadas y la cancillería uruguaya.

De acuerdo a la ley internacional vigente en 1939, el Graf Spee fue obligado por el gobierno uruguayo a abandonar el puerto de Montevideo tres días después de su arribo. Con el barco imposibilitado de retornar a Alemania y frente a la eventualidad de entablar un combate que terminaría con la destrucción del buque, el capitán Hans Langsdorff, optó por salvar la vida de su tripulación. Con ese objetivo, y durante el último día de estadía del buque en el puerto, la dotación entera del Spee fue trasladada a un barco mercante. Solamente quedaron cuarenta hombres a bordo, que junto a los oficiales, fueron los encargados de trasladar al buque a su destino final.

Al atardecer del 17 de diciembre, el Graf Spee levó anclas y partió con rumbo incierto. Los rumores, que se esparcían de boca en boca por Montevideo, indicaban que lo haría con destino a Buenos Aires. Eran cientos de miles los espectadores que aguardaban su partida, ubicados en distintos puntos de la costa. A ocho kilómetros del Cerro de Montevideo, fuera de aguas jurisdiccionales, el resto de la tripulación abandonó el buque y el barco fue detonado, sorprendiendo a todos quienes aguardaban la reanudación del combate.

El capitán, siguiendo la tradición de la marina imperial alemana, que establece que el comandante debe compartir la suerte de su buque, tras arribar al puerto de Buenos Aires y asegurar el destino de la tripulación, escribió una carta para el embajador alemán en Buenos Aires, otra para su familia, se envolvió en la bandera de la marina de guerra que él representaba, y se pegó un tiro en la cabeza.

El incidente causó un enorme revuelo internacional, y por cierto, al Führer no le sentó nada bien la conducta diplomática asumida por el gobierno uruguayo en dichas circunstancias. De hecho, un cartel mostrando al Graf Spee en llamas aparecería pocos días después en Alemania, encabezado con una leyenda nada amistosa: “Uruguay pagará por esto”.

Ocho décadas pasaron, y el Graf Spee ha sido elevado a la categoría de mito. No en Alemania sino en Uruguay. Una aventura que se ha seguido narrando y amplificando, hasta convertirse en propiedad histórica de un país que logró atraer la atención mundial durante setenta y dos horas que lo tuvieron como epicentro de la Segunda Guerra. Lo mismo que sucedió hace poco menos de una década, cuando la prensa del mundo puso de nuevo su atención en ese despojo de guerra, enterrado en el lodo, cinco metros bajo la superficie del río.

En los primeros días de febrero, del año 2006, desde el barroso lecho de la memoria, emergió el águila del Graf Spee. Lo hizo a instancias de una empresa privada, que se acogió a las disposiciones de una ley que establecía que todo barco hundido por más de treinta años en costas uruguayas pertenecía al Estado. De la misma ley, se desprendía que los particulares que realizaran este tipo de emprendimientos, asumían todo el riesgo y que el Estado, que para nada intervenía, se quedaba con el cincuenta por ciento de lo que se extrajera.

El equipo, integrado por media docena de buzos al mando de Héctor Bado, había ubicado la pieza poco tiempo antes, buceando al tanteo, como suele hacerse en las turbias aguas del Río de la Plata. La compleja operación de rescate, que requirió hacer un pozo bajo el agua para retirar el barro en el que el águila se encontraba enterrada y destornillar los bulones a ciegas, tuvo un costo cercano a los 200.000 dólares y se mantuvo en la más absoluta reserva hasta el día en que la misma se extrajo a la superficie.

En esas fechas, y a instancias de Mensum Bound, doctor en arqueología submarina de la Universidad de Oxford y supervisor del trabajo de los rescatistas, se supo que en 1945, antes del final de la guerra, Hitler ordenó destruir todos los símbolos de su armada, por lo que el águila en cuestión es la última de su tipo.  El diez de febrero, con la prensa del mundo apuntando sus cámaras al águila, Daniel Acosta y Lara, asesor técnico-histórico del equipo, sugirió a Bado la necesidad de apelar a una ética, una sensibilidad, y recomendó que el objeto fuese extraído con una lona que cubriera la esvástica. Un mensaje que no pasó desapercibido para ninguno de los medios de comunicación que cubrieron el hecho.

Hasta entonces, el Graf Spee no era considerado un bien patrimonial. De hecho dos años antes, el mismo equipo de buzos que trabajaban para misma empresa del mismo permisario, habían extraído un cañón y el telémetro de la nave, y la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación había dejado en claro -y por escrito, ya en 1989- su desinterés por el barco. Lo cierto es que ni bien el águila fue depositada en tierra firme, ante el alboroto de la prensa de todo el mundo, comenzaron los reclamos por parte desde la Comisión y otras dependencias estatales, instituciones, e incluso desde la propia República Federal de Alemania.

El águila que había surcado los mares y permanecido hundida, semienterrada, durante setenta años, inauguraba así su ciclo de vedette mediática, admirada y codiciada por unos, denostada y odiada por otros. El sitio que se dispuso para su presentación en sociedad fue un hotel de la ciudad de Montevideo. Allí, sobre una tarima, en posición casi vertical y bajo un potente reflector, fue visitada por miles de personas. Un guardia de seguridad fue el único encargado de su custodia. La esvástica permaneció resguardada por un grueso vidrio blindado durante todo el tiempo de su exposición, un período en el que aficionados a la historia, turistas y curiosos -mayoritariamente personas maduras, muchas con sus hijos- se amontonaron para observar la pieza en detalle.

El Comité Central Israelita del Uruguay fue el primero en emitir un comunicado -que incluye varios errores técnicos e históricos- en el que expresa que el objeto “representa la ideología de la intolerancia y la represión, de la negación de los valores que el mundo democrático ha ido transformando en normas de derecho”. Agrega luego que el águila “no es una obra de arte” sino un mero “fundido en bronce” y que “si de nosotros dependiera, y actuando en consonancia con la convicción con la que se actuó al finalizar la II Guerra Mundial, optaríamos por la destrucción de este símbolo de la muerte”. El documento finaliza convocando “a invitar a todos a la destrucción de este símbolo para que sea fundido y desaparezca definitivamente. Simplemente fundido. Esos 300 kilos de bronce apenas valen mil dólares”. Los concesionarios del Graf Spee y dueños de la mitad de todo ese bronce, sin embargo, recibían en esos días ofertas bastante más significativas, que ellos mismos situaban en el entorno de los cuatro millones de dólares. Ellos tenían claro lo delicado del asunto, las susceptibilidades y sensibilidades que el águila, como símbolo, podía herir, y también las críticas que desde la opinión pública se podrían llegar a levantar. Hasta ahí, la lógica.

 

Pero con lo que nunca contaron fue con el reclamo del Estado que les otorgó el permiso para extraerla, que desde la Comisión de Patrimonio llevó adelante una campaña en contra del grupo concesionario, arguyendo por ejemplo que la comunidad patrimonial mundial considera que esos bienes deben permanecer en el fondo del mar así como están, estabilizados e inventariados hasta que las futuras generaciones encuentren una tecnología que permita un rescate seguro y rentable. Y también bloqueando la posibilidad de una subasta internacional, amparándose en el artículo 15 de la Ley de Patrimonio, que prohíbe la salida del país de piezas raras o singulares de material arqueológico o paleontológico provenientes de los primeros pobladores; de muebles y objetos de uso decorativo que se distingan por su excepcional singularidad, antigüedad o rareza; de obras plásticas de artistas nacionales o extranjeros; de manuscritos históricos y literarios, de piezas antiguas o raras de la numismática nacional, así como de piezas antiguas o raras de la bibliografía nacional. Es decir, de nada que contemple las características del águila del Graf Spee, que como bien lo señaló el Comité Central Israelita del Uruguay, no es más que una pieza de bronce fundido. Todo para argumentar que el Graf Spee no había sido tratado como un bien cultural; “si lo fuera, habría una interpretación cultural-patrimonial que orientaría el tratamiento de la embarcación y que consideraría evitar la posibilidad de que terminara en manos de neonazis”.

 El temor de que el águila -la última de su tipo en el mundo- fuese subastada a organizaciones o coleccionistas simpatizantes del nazismo no resulta del todo convincente, teniendo en cuenta que cualquier museo del mundo querría tenerla, como actualmente sucede con el águila de bronce procedente de la cancillería del Reich, una de las piezas más populares del famoso Museo Imperial de la Guerra en Londres. Sin embargo, las voces en contra se siguieron sumando a la ya de por sí complicada situación burocrática, que en setiembre de 2006 -y a través de un decreto del Poder Ejecutivo- estableció que “los naufragios históricos son sitios arqueológicos sumergidos y como tales deben ser abordados de forma de estudiar su significado” y que “el país carece de un marco legal específico que regule la gestión de ese patrimonio cultural subacuático”. Mediante el mismo se suspendieron las solicitudes de nuevas búsquedas y las que estaban en régimen de espera, y aunque el decreto no tenía retroactividad, y por lo tanto no contemplaba la situación de los permisarios del águila del Graf Spee, establecía claramente cuál era la posición del gobierno uruguayo al respecto.  Un capítulo aparte en esta tormenta administrativa, a la que se sumó -igual que ochenta años atrás con el Graf Spee- la presión diplomática, fue la intervención del gobierno alemán en el asunto. 

Mediante una nota verbal enviada a Cancillería, la administración de la primera ministra Angela Merkel, reclamaba a la de su par, Tabaré Vázquez que de acuerdo con el Derecho Internacional los buques de guerra hundidos, independientemente del lugar de sumersión, siguen siendo propiedad del Estado que fue su propietario al momento del hundimiento. “Por lo tanto, la República Federal de Alemania es el legítimo propietario del acorazado Admiral Graf Spee y de todas sus partes, incluida el águila de popa”.

La nota no sólo ignoró el hecho de que en 1939 -mediante un testaferro uruguayo- el gobierno británico compró al gobierno del Reich los restos del mismo para extraer aquellas piezas consideradas de valioso provecho tecnológico por parte de sus investigadores, sino que cuando en Uruguay apareció el primer concesionario interesado en obtener los permisos de prospección y rescate de piezas del Graf Spee -en el año 1989- las dos Alemanias, a punto de unificarse,  ni siquiera se inmutaron ante dicha posibilidad. La nota se pasa por arriba, además, a la propia legislación uruguaya, que según el artículo 15 de la Ley 14.343 (de 1975) establece que las embarcaciones, objetos o restos de cualquier naturaleza, tanto nacionales o extranjeros, así como los cargos y enseres pertenecientes a los mismos, que se hubieren hundido, semihundido, o varado en aguas de jurisdicción nacional serán considerados automáticamente abandonados a favor del Estado. Y también un decreto del 28 de octubre de 1986 que reglamenta lo citado anteriormente y establece específicamente que el Graf Spee debe ser considerado como abandonado a favor del Estado,descartando así cualquier hipótesis, “como la transferencia al Estado uruguayo de eventuales reparaciones de guerra u otras figuras derivadas de la guerra”.

La respuesta de Uruguay -a través del Departamento Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores- se fundó justamente en eso, y sumando el poderosos argumento de que la legislación internacional (concretamente la Convención de Derecho del Mar) no contiene disposiciones respecto a los buques hundidos en las aguas interiores de las naciones.

Sin embargo, Alemania volvería a la carga con lo anterior, sosteniendo que los barcos hundidos son de propiedad de los países a los que pertenecieron al momento de hundirse y que el gobierno alemán siempre sustentó este derecho jurídico.  Aunque esta vez agregando que Alemania no formuló protestas en su debido momento, dado que había supuesto que después del rescate, el águila iba a ser expuesto al público bajo los “auspicios” del Gobierno de Uruguay, en las instalaciones de museos “adecuados”. Concluyendo así que el gobierno alemán “de ninguna manera se declaró conforme con medidas de rescate por parte de empresas privadas, sea con fines totalmente o en su mayoría comerciales”.

Entonces el eje de la cuestión cambió radicalmente. El asunto pasaba entonces por la forma en que dicho objeto debía (o no) exhibirse. No es secreto para nadie que el período del nazismo es para Alemania un estigma doloroso. Tampoco lo es el hecho de que, desde hace más de sesenta años, cuenta con leyes estrictas que penalizan la utilización de toda clase de distintivos que propendan a la propagación del fascismo hitleriano y sus derivados. Pero tampoco es secreto para el mundo que la vergüenza histórica sobre su pasado reciente -que ha cubierto el tejido social de Alemania al punto de ser considerado todavía hoy como un tema tabú- de alguna manera esconde la inocultable verdad de que prácticamente todos los niveles de la sociedad contribuyeron a crear un culto a Hitler y su partido nacionalsocialista.

También es bueno recordar que si bien el parágrafo 86 del Código Penal de la República Federal de Alemania prohíbe expresamente la utilización de estos símbolos, también establece algunas salvedades; los mismos pueden ser exhibidos o utilizados siempre y cuando expresen de manera “clara e inequívoca su oposición al nacionalsocialismo”, para promocionar “las artes y las ciencias, la investigación o la enseñanza sobre hechos históricos” u objetivos similares.

El pedido alemán -también puede denominarse sugerencia- terminó pesando demasiado sobre el Estado uruguayo, que al parecer nunca se planteó otra posibilidad que la de venderle el águila a los neonazis. Así, a fines de 2006, por los despachos del Ministerio de Defensa y de la Prefectura Nacional Naval circulaban documentos reservados que explicitaban la situación -y el destino- del objeto: “El día 27 de octubre se  realizó una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores en donde la señora subsecretaria de ese Ministerio, Prof. María Belela Herrera Sanguinetti, transmite la inquietud del Señor Embajador de Alemania con relación a la custodia del águila y que la misma no fuera expuesta al público. (…) habiendo tomado conocimiento de la presente solicitud le reiteró al suscrito (Juan A. Fernandez Maggio, comandante en jefe de la Armada) lo mencionado y que es interés de dicho Ministerio que la misma permanezca en custodia de la Armada, y no fuera exhibida, encontrándose actualmente en el Pañol de Armas del Cuerpo de Fusileros Navales”.

Ese fue el lugar elegido para depositar el águila del Graf Spee. Una caja lacrada, dentro de un antiguo arsenal de una base naval ubicada al pie del Cerro de Montevideo. Allí permanece hasta hoy, secuestrada. Y la palabra elegida para definir su situación no surge como voz victimizante, sino como un término perfectamente aplicable al objeto, en función de lo que se considera un secuestro judicial; una medida de carácter procesal, que busca sustraer del dominio de los particulares un bien mueble o inmueble que es objeto de litigio entre partes”.

Cuando el 21 de marzo de 2007 la Prefectura Nacional Naval se expidió en relación a la posibilidad de subastar el águila en territorio nacional, mediante una nota firmada por el contraalmirante Oscar Debali, expresando que ninguna norma prohibía dicha eventualidad, el Estado miró para el costado. Cuando el 26 de diciembre de ese mismo año, los permisarios presentaron un documento ante la ministra de Defensa  Nacional, Azucena Berrutti, solicitando la petición de venta en el territorio nacional del águila, e invocando el contrato vigente, que establece el beneficio para ambas partes, el Estado volvió a hacer caso omiso.

Y así, el Estado siguió jugando a las escondidas hasta llegar a 2012. El siete de noviembre de ese año la Justicia hizo lugar a un recurso del Ministerio de Defensa Nacional, que pretendía arrogarse el derecho de decidir cuál era el mejor momento para comercializar esas piezas. Y aunque los permisarios apelaron el fallo, el objetivo del Estado se siguió cumpliendo: extender los plazos en un juego repleto de vericuetos legales y argucias burocráticas.

Desde ese entonces se dieron una seguidilla de presentaciones ante la Justicia para que el Estado cumpliera la parte de su contrato y pagara lo que había acordado. En junio de 2019 la Justicia resolvió en primera instancia “disponer y realizar la enajenación onerosa y la distribución del producido de la venta del telémetro y el águila rescatados”: mitad para el Estado y mitad para Etchegaray y Héctor Bado, ya fallecido para ese entonces. El estado uruguayo, en plena pandemia, apeló el fallo. En diciembre de 2021, un fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo civil de 4º. turno confirmó la sentencia de 2019.  Así, se condenó al Estado a enajenar onerosamente el águila, es decir, rematar y compartir la ganancia con los hermanos Etchegaray.

En 2021 el ministro de Defensa, Javier García, aseguró que más allá del destino final que se le diera a la pieza, la misma no sería utilizada como objeto de exhibición. Al mismo tiempo, un multimillonario argentino de nombre Daniel Sielecky dijo que la compraría al precio que fuera subastada “para hacerla volar en mil pedazos”. Por último, la reciente decisión de Luis Lacalle Pou de fundir el bronce de la pieza para que el escultor Pablo Atchugarry la transforme en una paloma de la paz. Tras el anuncio, los vítores de instituciones vinculadas a la comunidad judía y las críticas desde el ámbito cultural a lo que se entiende una medida demagógica, con poco tino desde el punto de vista del resguardo del patrimonio histórico, incluso llegando a sugerir la preeminencia a los deseos de determinados grupos de poder. También se empezaron a recolectar firmas para impedirlo. Finalmente todo quedo en la nada, marcha atrás mediante del presidente.

Mientras el lector intenta concluir cuál es el favor que el Estado está haciendo, y a quién, es bueno que también recuerde que fueron los privados los únicos que arriesgaron -no solamente dinero- en esta empresa, y que obviamente, lo hicieron para obtener ganancias. Una ganancia que, teniendo en cuenta las millonarias ofertas que en su momento se hicieron por la pieza, dividida a la mitad le vendría más que bien a las arcas del país.

Al margen de cuál sea su destino final, lo que queda en evidencia es que más que un emblema del nazismo, el águila del Graf Spee se ha convertido en un símbolo de la desinteligencia con la que las sucesivas administraciones del gobierno, en definitiva, el Estado, suele dirimir los conflictos entre los valores culturales colectivos -patrimoniales o no- y los intereses económicos particulares en Uruguay.