FOLLETÍN > ENTREGA 23

Tragedy & Hope. A History of the World in Our Time. 1966. The MacMillan Company, New York; Collier MacMillan Limited, London. [Traducción de A. Mazzucchelli].

Carroll Quigley

EL RESURGIMIENTO DEL JAPÓN HASTA 1918

La historia de Japón en el siglo XX es muy distinta a la de los demás pueblos asiáticos. En estos últimos, el impacto de Occidente provocó la ruptura de la estructura social y económica, el abandono de las ideologías tradicionales y la revelación de la debilidad de los sistemas políticos y militares autóctonos. En Japón estos acontecimientos no se produjeron o se produjeron de forma muy diferente. Hasta 1945, los sistemas político y militar de Japón se vieron reforzados por las influencias occidentales; la antigua ideología japonesa se conservó, relativamente intacta, incluso por aquellos que copiaron con mayor energía las costumbres occidentales; y los cambios en la antigua estructura social y económica se mantuvieron dentro de unos límites manejables y se dirigieron en una dirección progresiva. La verdadera razón de estas diferencias radica probablemente en el factor ideológico: los japoneses, incluso los vigorosos occidentalizadores, conservaron el antiguo punto de vista japonés y, en consecuencia, se aliaron con la antigua estructura política, económica y social japonesa en lugar de oponerse a ella (como, por ejemplo, hicieron los occidentalizadores en la India, en China o en Turquía). La capacidad de los japoneses de occidentalizarse sin oponerse al núcleo básico del antiguo sistema dio un grado de disciplina y un sentido de dirección incuestionable a sus vidas que permitió a Japón lograr una fenomenal cantidad de occidentalización sin debilitar la antigua estructura o sin perturbarla. En cierto sentido, hasta aproximadamente 1950, Japón tomó de la cultura occidental sólo detalles superficiales y materiales de forma imitativa y amalgamó estos elementos recién adquiridos en torno a la estructura ideológica, política, militar y social más antigua para hacerla más poderosa y eficaz. El elemento esencial que los japoneses conservaron de su sociedad tradicional y no adoptaron de la civilización occidental fue la ideología. Con el tiempo, como veremos, esto fue muy peligroso para ambas sociedades, para Japón y para Occidente.
Originalmente, Japón entró en contacto con la civilización occidental en el siglo XVI, casi tan pronto como cualquier otro pueblo asiático, pero, en cien años, Japón fue capaz de expulsar a Occidente, de exterminar a la mayoría de sus conversos cristianos y de cerrar sus puertas a la entrada de cualquier influencia occidental. Se permitió una cantidad muy limitada de comercio de forma restringida, pero sólo con los holandeses y sólo a través del único puerto de Nagasaki.
Japón, así aislado del mundo, estaba dominado por la dictadura militar (o shogunato) de la familia Tokugawa. La familia imperial se había retirado a una reclusión en gran parte religiosa, desde donde reinaba pero no gobernaba. Por debajo del shogun, el país se organizaba en una jerarquía hereditaria, encabezada por los señores feudales locales. Por debajo de estos señores se encontraban, en orden descendente, los criados armados (samuráis), los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Todo el sistema era, al menos en teoría, rígido e inmutable, ya que se basaba en la doble justificación de la sangre y la religión. Esto contrastaba de forma evidente y aguda con la organización social de China, que se basaba, en teoría, en la virtud y en la formación educativa. En Japón se consideraba que la virtud y la capacidad eran características hereditarias y no adquiridas y, en consecuencia, cada clase social tenía diferencias innatas que debían mantenerse mediante restricciones a los matrimonios mixtos. El emperador era el nivel más alto, ya que descendía de la diosa suprema del sol, mientras que los señores menores descendían de dioses menores más o menos alejados de la diosa del sol. Este punto de vista desalentaba toda revolución o cambio social y toda «circulación de las élites», con el resultado de que la multiplicidad de dinastías y el auge y caída de familias de China se correspondía en Japón con una única dinastía cuyos orígenes se remontaban a un pasado remoto, mientras que los individuos dominantes de la vida pública japonesa en el siglo XX eran miembros de las mismas familias y clanes que dominaban la vida japonesa siglos atrás.
De esta idea básica surgieron una serie de creencias que siguieron siendo aceptadas por la mayoría de los japoneses casi hasta el presente. La más fundamental era la creencia de que todos los japoneses eran miembros de una única raza formada por muchas ramas o clanes diferentes de estatus superior o inferior, dependiendo de su grado de relación con la familia imperial. El individuo no tenía ninguna importancia, mientras que la de las familias y de la raza era mayor, ya que los individuos vivían brevemente y poseían poco más allá de lo que recibían de sus antepasados para transmitirlo a sus descendientes. De este modo, todos los japoneses aceptaban que la sociedad era más importante que cualquier individuo y que podía exigirle cualquier sacrificio, que los hombres eran por naturaleza desiguales y debían estar preparados para servir lealmente en el estatus particular en el que cada uno había nacido, que la sociedad no es más que un gran sistema patriarcal, que en este sistema la autoridad se basa en la superioridad personal del hombre sobre el hombre y no en ninguna norma de derecho, que, en consecuencia, toda ley es poco más que una orden temporal de algún ser superior, y que todos los no japoneses, al carecer de ascendencia divina, son básicamente seres inferiores, que existen sólo un corte por encima del nivel de los animales y, en consecuencia, no tienen ninguna base para reclamar ninguna consideración, lealtad o coherencia de trato a manos de los japoneses.
Esta ideología japonesa era tan antitética a la perspectiva del Occidente cristiano como cualquiera de las que Occidente encontró en sus contactos con otras civilizaciones. También era una ideología que estaba especialmente preparada para resistir la intrusión de las ideas occidentales. En consecuencia, Japón pudo aceptar e incorporar a su modo de vida todo tipo de técnicas y cultura material occidentales sin desorganizar su propia perspectiva ni su estructura social básica.
El shogunato Tokugawa ya había pasado por su mejor momento cuando, en 1853, los «barcos negros» del comodoro Matthew Perry entraron en la bahía de Tokio. El hecho de que estos barcos pudieran moverse contra el viento y llevaran armas más potentes que las que los japoneses habían imaginado nunca, supuso una gran conmoción para los nativos de Nippon. Los señores feudales, que se habían mostrado intranquilos bajo el gobierno de Tokugawa, utilizaron este acontecimiento como excusa para acabar con ese gobierno. Estos señores, especialmente los representantes de cuatro clanes occidentales, exigieron que la emergencia se resolviera con la abolición del shogunato y el restablecimiento de toda la autoridad en manos del emperador. Durante más de una década, la decisión de abrir Japón a Occidente o intentar continuar con la política de exclusión pendió de un hilo. En 1863-1866, una serie de demostraciones navales y bombardeos de puertos japoneses por parte de las potencias occidentales forzaron la apertura de Japón e impusieron al país un acuerdo arancelario que restringía los derechos de importación al 5% hasta 1899. Un nuevo y vigoroso emperador llegó al trono y aceptó la dimisión del último shogun (1867). Japón se embarcó de inmediato en una política de rápida occidentalización.
El periodo de la historia japonesa que va desde la llamada Restauración Meiji de 1867 hasta la concesión de una constitución en 1889 es de vital importancia. En teoría, lo que ocurrió fue una restauración del gobierno de Japón de manos del shogun a manos del emperador. En realidad, lo que ocurrió fue un cambio de poder del shogun a los líderes de cuatro clanes japoneses occidentales que procedieron a gobernar Japón en nombre del emperador y a la sombra de éste. Estos cuatro clanes de Satsuma, Choshu, Hizen y Tosa se ganaron el apoyo de algunos nobles de la corte imperial (como Saionji y Konoe) y de las familias mercantiles más ricas (como Mitsui) y fueron capaces de derrocar al shogun, aplastar a sus partidarios (en la batalla de Uemo de 1868) y hacerse con el control del gobierno y del propio emperador. El emperador no asumió el control del gobierno, sino que permaneció en una reclusión semirreligiosa, demasiado exaltado como para preocuparse por el funcionamiento del sistema gubernamental salvo en casos de emergencia crítica. En tales emergencias, el emperador generalmente se limitaba a emitir una declaración u orden («rescripto imperial») que había sido elaborada por los líderes de la Restauración.
Estos líderes, organizados en un grupo en la sombra conocido como la oligarquía Meiji, habían obtenido el dominio completo de Japón en 1889. Para cubrir este hecho con un camuflaje, desencadenaron una vigorosa propaganda de sintoísmo revivido y de sumisión abyecta al emperador que culminó en el culto extremo al emperador de 1941-1945. Para proporcionar una base administrativa a su gobierno, la oligarquía creó una extensa burocracia gubernamental reclutada entre sus partidarios y miembros inferiores. Para proporcionar una base económica a su gobierno, esta oligarquía utilizó su influencia política para pagarse a sí misma extensas pensiones y subvenciones (presumiblemente como compensación por el fin de sus rentas feudales) y para entablar relaciones comerciales corruptas con sus aliados de las clases comerciales (como Mitsui o Mitsubishi). Para proporcionar una base militar a su gobierno, la oligarquía creó un nuevo ejército y una nueva marina imperial y penetró en los rangos superiores de éstos, de modo que pudo dominar estas fuerzas al igual que dominaba la burocracia civil. Para dotar de una base social a su dominio, la oligarquía creó una nobleza completamente nueva de cinco rangos reclutados entre sus propios miembros y partidarios.
Una vez asegurada su posición dominante en la vida administrativa, económica, militar y social de Japón, la oligarquía redactó en 1889 una constitución que aseguraría, y a la vez ocultaría, su dominio político del país. Esta constitución no pretendía ser un producto del pueblo japonés o de la nación japonesa; la soberanía popular y la democracia no tenían cabida en ella. En cambio, esta constitución pretendía ser una emisión del emperador, estableciendo un sistema en el que todo el gobierno estaría en su nombre, y todos los funcionarios serían personalmente responsables ante él. Establecía una Dieta bicameral como poder legislativo. La Cámara de los Pares estaba formada por la nueva nobleza que se había creado en 1884, mientras que la Cámara de Representantes debía ser elegida «según la ley». Toda la legislación debía ser aprobada por cada cámara por mayoría y ser firmada por un ministro de Estado.
Estos ministros, creados como Consejo de Estado en 1885, eran responsables ante el emperador y no ante la Dieta. Sus tareas se realizaban a través de la burocracia ya establecida. Todos los créditos monetarios, al igual que las demás leyes, debían obtener el visto bueno de la Dieta, pero, si el presupuesto no era aceptado por este órgano, se repetía automáticamente el del año anterior para el siguiente. El emperador disponía de amplios poderes para dictar ordenanzas que tenían fuerza de ley y requerían la firma de un ministro, al igual que las demás leyes.
Esta constitución de 1889 se basaba en la constitución de la Alemania Imperial y fue impuesta a Japón por la oligarquía Meiji para eludir y anticiparse a cualquier agitación futura en favor de una constitución más liberal basada en los modelos británico, estadounidense o francés. En el fondo, la forma y el funcionamiento de la constitución tenían poca importancia, ya que el país seguía siendo dirigido por la oligarquía Meiji a través de su dominio del ejército y la marina, la burocracia, la vida económica y social, y los organismos formadores de opinión como la educación y la religión. En la vida política, esta oligarquía era capaz de controlar al emperador, el Consejo Privado, la Cámara de los Pares, el poder judicial y la burocracia.
Esto dejaba sólo un órgano de gobierno posible, la Dieta, a través del cual la oligarquía podía ser desafiada. Además, la Dieta sólo disponía de un medio (su derecho a aprobar el presupuesto anual) para contraatacar a la oligarquía. Este derecho tenía poca importancia mientras la oligarquía no quisiera aumentar el presupuesto, ya que el presupuesto del año anterior se repetiría si la Dieta rechazaba el del año siguiente. Sin embargo, la oligarquía no podía darse por satisfecha con la repetición de un presupuesto anterior, ya que el principal objetivo de la oligarquía, después de haber asegurado su propia riqueza y poder, era occidentalizar Japón lo suficientemente rápido como para poder defenderlo contra la presión de las Grandes Potencias de Occidente.
Todo esto requería un presupuesto en constante crecimiento, y por tanto otorgaba a la Dieta un papel más importante del que hubiera tenido en otras circunstancias. Este papel, sin embargo, era más una molestia que una seria restricción al poder de la oligarquía Meiji, porque el poder de la Dieta podía ser superado de varias maneras. En un principio, la oligarquía planeó dotar a la Casa Imperial de un patrimonio tan grande que sus ingresos fueran suficientes para mantener el ejército y la armada al margen del presupuesto nacional. Este plan fue abandonado por considerarlo poco práctico, aunque la Casa Imperial y todas sus reglas quedaron fuera del ámbito de la Constitución. En consecuencia, se adoptó un plan alternativo: controlar las elecciones a la Dieta para que sus miembros fueran dóciles a los deseos de la oligarquía Meiji. Como veremos, controlar las elecciones a la Dieta era posible, pero asegurar su docilidad era una cuestión muy diferente.
Las elecciones a la Dieta podían ser controladas de tres maneras: por un sufragio restringido, por las contribuciones a la campaña y por la manipulación burocrática de las elecciones y los resultados. El sufragio se restringió durante muchos años en función de la propiedad, de modo que, en 1900, sólo una de cada cien personas tenía derecho a votar. La estrecha alianza entre la oligarquía Meiji y los miembros más ricos del sistema económico en expansión hizo que fuera perfectamente fácil controlar el flujo de las contribuciones a la campaña. Y si estos dos métodos fallaban, la oligarquía Meiji controlaba tanto la policía como la burocracia de la prefectura que supervisaba las elecciones y contaba los resultados. En caso de necesidad, no dudaron en utilizar estos instrumentos, censurando los periódicos de la oposición, prohibiendo las reuniones de la oposición, utilizando la violencia, si era necesario, para impedir el voto de la oposición, y denunciando, a través de los prefectos, como elegidos a los candidatos que claramente no habían obtenido el mayor número de votos.
Estos métodos se utilizaron desde el principio. En la primera Dieta de 1889, unos gánsteres empleados por la oligarquía impidieron a los miembros de la oposición entrar en la cámara de la Dieta, y al menos otros veintiocho miembros fueron sobornados para que cambiaran sus votos. En las elecciones de 1892 se recurrió a la violencia, sobre todo en los distritos opuestos al gobierno, de modo que 25 personas murieron y 388 resultaron heridas. El gobierno perdió esas elecciones, pero siguió controlando el Gabinete. Incluso destituyó a once gobernadores de prefectura que habían estado robando votos, tanto por no haber robado suficientes como por su acción de robar alguno. Cuando la Dieta resultante se volvió a reunir para apropiarse de una marina ampliada, fue enviada a casa durante dieciocho días, y luego se volvió a reunir para recibir un rescripto imperial que otorgaba 1,8 millones de yenes a lo largo de un periodo de seis años de la Casa Imperial para el proyecto y continuaba ordenando a todos los funcionarios públicos que contribuyeran con una décima parte de sus salarios cada año mientras durara el programa de construcción naval que la Dieta se había negado a financiar. De este modo, el control de la Dieta sobre el aumento de las asignaciones fue eludido por el control de la oligarquía Meiji sobre el emperador.
En vista de la posición dominante de la oligarquía Meiji en la vida japonesa desde 1867 hasta después de 1922, sería un error interpretar tales acontecimientos como las dietas revueltas, el crecimiento de los partidos políticos o incluso el establecimiento del sufragio masculino adulto (en 1925) como se interpretarían en la historia europea. En Occidente estamos acostumbrados a las narraciones sobre las luchas heroicas por los derechos civiles y las libertades individuales, o sobre los esfuerzos de los capitalistas comerciales e industriales por arrebatar al menos una parte del poder político y social de manos de la aristocracia terrateniente, la nobleza feudal o la Iglesia. Conocemos los movimientos de las masas por la democracia política y las agitaciones de los campesinos y los trabajadores por las ventajas económicas. Todos estos movimientos, que llenan las páginas de los libros de historia europeos, están ausentes o tienen un significado totalmente diferente en la historia japonesa.
En Japón la historia presenta una solidaridad básica de perspectiva y de propósito, salpicada de breves estallidos conflictivos que parecen contradictorios e inexplicables. La explicación de esto se encuentra en el hecho de que, efectivamente, había una solidaridad de perspectivas, pero que esta solidaridad era considerablemente menos sólida de lo que parecía, ya que, por debajo de ella, la sociedad japonesa estaba llena de fisuras y descontentos. La solidaridad de perspectivas se basaba en la ideología que hemos mencionado. Esta ideología, a veces llamada sintoísmo, fue propagada por las clases altas, especialmente por la oligarquía Meiji, pero fue abrazada más sinceramente por las clases bajas, especialmente por las masas rurales, que por la oligarquía que la propagaba. Esta ideología aceptaba una sociedad autoritaria, jerárquica y patriarcal, basada en las familias, los clanes y la nación, que culminaba con el respeto y la subordinación al emperador. En este sistema no había lugar para el individualismo, el interés propio, las libertades humanas o los derechos civiles.
En general, este sistema fue aceptado por la masa del pueblo japonés. Como consecuencia, estas masas permitieron la oligarquía para llevar a cabo políticas de autoengrandecimiento egoísta, de explotación despiadada y de cambio económico y social revolucionario con poca resistencia. Los campesinos estaban oprimidos por el servicio militar universal, por los altos impuestos y los elevados tipos de interés, por los bajos precios agrícolas y los altos precios industriales, y por la destrucción del mercado de la artesanía campesina. Se rebelaron breve y localmente en 1884-1885, pero fueron aplastados y no volvieron a rebelarse, aunque siguieron siendo explotados. Toda la legislación anterior que pretendía proteger a los propietarios campesinos o evitar el acaparamiento de la tierra fue revocada en la década de 1870.
En la década de 1880 se produjo una drástica reducción del número de terratenientes, mediante fuertes impuestos, altos tipos de interés y bajos precios de los productos agrícolas. Al mismo tiempo, el crecimiento de la industria urbana empezó a destruir el mercado de la artesanía campesina y el sistema de fabricación rural «putting-out». En siete años, de 1883 a 1890, unos 360.000 propietarios campesinos fueron despojados de tierras por valor de 5 millones de yenes debido a que el total de impuestos atrasados era de sólo 114.178 yenes (o sea, atrasos de sólo un tercio de yen, es decir, 17 centavos de dólar, por persona). En el mismo periodo, los propietarios fueron desposeídos de unas cien veces más tierras por la ejecución de hipotecas. Este proceso continuó a diferentes ritmos, hasta que, en 1940, tres cuartas partes de los campesinos japoneses eran arrendatarios o arrendatarios parciales que pagaban rentas de al menos la mitad de su cosecha anual.
A pesar de su aceptación de la autoridad y de la ideología sintoísta, las presiones sobre los campesinos japoneses habrían alcanzado el punto explosivo si no se les hubieran proporcionado válvulas de seguridad. Entre estas presiones hay que destacar la derivada del aumento de la población, un problema derivado, como en la mayoría de los países asiáticos, de la introducción de la medicina y el saneamiento occidentales. Antes de la apertura de Japón, su población se había mantenido bastante estable, entre 28 y 30 millones, durante varios siglos. Esta estabilidad se debía a una elevada tasa de mortalidad complementada por frecuentes hambrunas y la práctica del infanticidio y el aborto. Hacia 1870 la población comenzó a crecer, pasando de 30 a 56 millones en 1920, a 73 millones en 1940 y alcanzando los 87 millones en 1955.
La válvula de seguridad en el mundo campesino japonés residía en el hecho de que se abrieron oportunidades, con creciente rapidez, en las actividades no agrícolas en el periodo 1870-1920. Estas actividades no agrícolas se hicieron disponibles a partir del hecho de que la oligarquía explotadora utilizó sus propios ingresos crecientes para crear tales actividades mediante la inversión en el transporte marítimo, los ferrocarriles, la industria y los servicios. Estas actividades permitieron desalojar a la creciente población campesina de las zonas rurales hacia las ciudades. Una ley de 1873 que establecía la primogenitura en la herencia de la propiedad campesina hizo evidente que la población rural que emigraba a las ciudades sería segundo y tercer hijo en lugar de cabeza de familia. Esto tuvo numerosos resultados sociales y psicológicos, de los cuales el principal fue que la nueva población urbana estaba formada por hombres desvinculados de la disciplina de la familia patriarcal y, por tanto, menos bajo la influencia de la psicología general autoritaria japonesa y más bajo la influencia de las fuerzas urbanas desmoralizadoras. Como consecuencia, este grupo, después de 1920, se convirtió en un desafío para la estabilidad de la sociedad japonesa.
En las ciudades, las masas trabajadoras de la sociedad japonesa siguieron siendo explotadas, pero ahora por los bajos salarios en lugar de por los altos alquileres, impuestos o tipos de interés. Estas masas urbanas, al igual que las masas rurales de las que procedían, se sometieron a dicha explotación sin oponer resistencia durante un periodo mucho más largo del que habrían hecho los europeos porque siguieron aceptando la ideología sintoísta autoritaria y sumisa. Fueron excluidos de la participación en la vida política hasta el establecimiento del sufragio masculino adulto en 1925. No fue hasta después de esta fecha cuando empezó a aparecer un debilitamiento notable de la ideología autoritaria japonesa entre las masas urbanas.

[Continuará]

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