PORTADA
“Se dice que hay varias maneras de mentir; pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene.”.
Juan C. Onetti, El pozo, 1939.
Ha quedado el general Manini Ríos atrapado entre su palabra y las paredes de la política de partido. Una serie de argumentos, muy atendibles todos, militan para que no se exponga judicialmente, al tiempo que otros propugnan por su comparecencia y se topan con el vallado de los fueros; incluido el propio senador involucrado, de estar a sus manifestaciones públicas. Las opiniones sobre qué hacer o no, sobre la conveniencia, oportunidad o mérito de su presentación ante los tribunales civiles se desmadejan de un lado y del otro, pero no resuelven el conflicto. Muestran, más bien, que el conflicto no se destraba en el senado ni lo destraba ningún juez tampoco.
Por Ramón Paravís
I.- Ni me callo, ni me voy
1.
Hay todo un trasfondo de transparencias que rodean la situación hasta neblinizarla: la chicana política para dilatar un eventual reintegro, la dilación senatorial en tratar el asunto, la voluntad contrariada del interesado, el uso que tirios y troyanos -en un espiral de enojos y acusaciones recíprocas- hacen del asunto, sacando agua para antagonistas molinos. Los juristas discuten, como si importara, y los partidos van mudando sus posturas iniciales para quedar, más o menos, como era predecible hace meses.
Aunque de modo más discreto que otros grupos corporativos, los jueces -en tanto asociación- tienen hoy terremoto propio, ya que los llamados a la unidad alimentaron la fractura. Resuena, a la vez, el caso Amodio, el procesamiento revocado un año más tarde, las serias inexactitudes técnicas en que se precipitó la juez de primera instancia. Lacalle lo defiende a Manini en la Expo Prado y Vázquez, desde una pantalla, busca de nuevo que no lo chamusque su propia negligencia y le pega. Las actas sí, las actas no, el privilegio y la carga de los fueros, la gobernabilidad, el honor encorsetado en medio de un fuego cruzado de declaraciones, réplicas, exigencias al otro, aclaraciones cargadas de reproches, declamaciones sobrecargadas de propaganda: aturdimiento republicano que se vacía progresivamente de contenidos, de confianza, de sustento; democracia llena de goteras, recitativa y declamatoria, que nos tiene ya un poco fastidiados por su pereza en ser republicana.
No confrontamos opiniones para esclarecer, pulir y descartar, sino para engordar la tomada de antemano. No es fácil conversar así. Confiar en la honestidad del otro es difícil y más difícil parece privarse de atribuirle al que piensa distinto intenciones del demonio; suelen asistirle pleitesías satánicas al que no comparte conclusiones, ni qué hablar del que no acompaña las premisas, o las controvierte. Precisa la república un desempalabramiento urgente que reivindique la palabra y su condición de acto, su consistencia, las puertas que abre y cierra lo que dice uno; uno, un ciudadano cualquiera o el general Manini, disfrutando de la igualdad que el artículo constitucional octavo nos asegura -todavía- ante la ley. No es este un asunto para poetas, que piden contradecirse, callarse e irse. Tampoco es materia de militares, porque el honor militar no está en juego, sino el civil. Lo medular, es y no es es un asunto de jueces. Porque no se lauda el diferendo con el pronunciamiento del magistrado, sino con la presentación o la abstinencia del imputado, lo que politiza toda la escena. Es un inciso parlamentario, militar, judicial, todo a la vez. Eso entorpece su solución.
Los fueros, esa molestia, pueden esquivarse todavía. Queda una baraja sin dar vuelta, queda una bala. Queda la posibilidad de un gesto épico, uno de esos que los héroes concretan y los poetas cantan.
2.
Un poeta, dijo Baudelaire, tiene el derecho a contradecirse y a irse. Eso le replicó, muy educadamente, Octavio Paz -Montevideo, 86- a un jovencito no del todo desprovisto de talento y un tantín impertinente, que le indicaba -le reprochaba, más bien- sus contradicciones entre el discurso de ese momento y lo que había escrito, libro a libro; y, como negó el maestro haber dicho alguna de esas cosas, su interlocutor los fue sacando de un portafolios interminable, llenos de papelitos y subrayados, poniendo de manifiesto la textualidad de lo escrito. La conferencia de prensa terminó enseguida, después de su respuesta casi, pero la jornada no. Cuando el chevette azul oscuro de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer se detuvo frente a la Biblioteca Nacional unas horas más tarde, ya caído el sol, era esperado -entre otros, que eran pocos- por el sindicato recién constituido de la institución. Universindo Rodríguez (sí, el tupamaro que secuestraron en Brasil, murió hace unos días) hizo la seña al ver bajar al maestro. Los funcionarios cerraron el local desde afuera, dejando encerrado al director que ignoraba lo que ocurría en la vereda, y desplegaron pancartas. El poeta, que al percibir aquello lo confundió con un comité de bienvenida, soportó estoicamente la lectura y entrega de una plataforma reivindicativa y, resignado, se dio media vuelta y se metió en el auto. El director Enrique Fierro negoció con semejante desventaja la solución inmediata del conflicto: una victoria sindical fulminante. Reabrieron la biblioteca al rato, lo convencieron de que regresara, y mucho más tarde de lo previsto, comenzó el acto; al que importaba menos era al homenajeado.
Un poeta puede, y a veces debe, hacer eso. No trata de convencer; la manzana que cae de la nada no oculta su secreto, ni lo explica. Puede prescindir de tribuna y de megáfono por eso: no espera nada y nadie espera nada de él; ni precisa ni lo requieren. Escribir poesía es un don que fue dispensado a unos pocos y, en verdad, unas pocas, poquísimas veces en su vida; leer poesía, en cambio, es un placer concedido a muchos menos. Es el profeta de un dios que desconoce y en el que cree con reparos, cuyos mandatos no entiende cabalmente y que lo envía a predicar en el desierto. La idea de un “poeta exitoso” se roza, casi, con la injuria. Irse o contradecirse, es un modo de predicar. Incluso callarse y hacerlo por tiempo largo, o escribir otras cosas que no son poesía; en ambos casos, para decir más. En política ocurre exactamente lo contrario. Ahora, el general Manini es político; lo fue cuando se hizo arrestar y cuando se hizo destituir también lo fue.
3.
El que predica en el desierto no es un político, sino un extraviado. El objetivo de quien gobierna, o al gobierno aspira, no es otro que ordenar eso -la realidad, que poco le importa el nombre que le pongan- y, para tal fin, debe apropiarse de ese espacio y mantenerlo. Para ser oído, para influir sobre las determinaciones colectivas hay que estar en el ágora, para tener el poder que se pueda tener y aumentarlo. La invisibilidad o silencio son síntomas de defunción segura en este caso. Por este motivo, y otros, cuando sin más argumento que la prepotencia de ser mayoría ocasional alguien pretendió (iluso al cuadrado) que el Dr. Luis Alberto de Herrera se fuera o se callara porque estaba en minoría, el caudillo blanco -político de raza, si los hay- le contestó que ni se callaba ni se iba. Es más, su apoyo al colegiado había sido precisamente para meterse en el gallinero de los colorados y robarles algunas gallinas, según él mismo decía. Hace no tantos años, un señor diputado emepepista, haciendo galanura de sus maneras habituales, pretendió descalificar y sacar del ruedo a otro político de raza llamándolo imberbe, guacho atrevido y oligarca puto. (Ya no había ley de duelos; ya no la hay, y debería). Por lo demás, la consistencia argumental del señor mayor revelaba la profundidad de su pensamiento y de los procedimientos que estaba dispuesto a emplear para imponer su criterio. Hijo y nieto de nadie, más él y por ello más todos sus ancestros a la vez, retobado y perseverante, fue tan atrevido el guacho que hoy es presidente.
No participar -lo sabe el general Manini y lo sopesa- es renunciar a incidir, es quedar fuera de lo posible reclamando lo imposible. No tiene que buscar, encontrar ni decir la verdad: busca el voto. No siempre le importa razonar con sus adherentes el fundamento, objetivo o procedimientos para llevar a cabo lo que piensa llevar a cabo. Debe convencer y para convencer puede apelarse a un abanico infinito de variantes: a la razón argumental, a la sinrazón, al amor, al odio, a la venganza, al futuro, a las heridas sin cerrar, a la construcción de algo, a la destrucción de algo, a la esperanza y/o al miedo, al premio y al castigo, y todo esto junto. Y el político -que no pretende educar, aunque sería lindo- apelará al procedimiento más eficaz. Lo más redituable, seguro, es prometer lo que se sabe que el electorado quiere que se le prometa, no anunciar lo que no será aplaudido y -funciona siempre- generar encendidos sentimientos de pertenencia y rivalidad. La meta es llegar al gobierno (esa parte pequeña del poder) y, luego, obtenido ese precioso instrumento, comenzará a ejecutarse un proyecto. Esta clase de perspectiva ha empobrecido la tarea y ha, casi, exiliado a la dignidad republicana. No es tarea del político, me dicen, la búsqueda de que los medios dignifiquen el fin; el fin es es el poder, que recién luego de obtenido será instrumento; es la meta, mientras tanto, el objetivo; lo otro, vendrá después, si es que hay después. Hasta entonces, todo es antes.
El militar, en cambio, se entrena y perfecciona todos los días para un evento que espera que nunca suceda. La única manera de conservar la paz es prepararse para la guerra. Es esa una experiencia extrema, que no consiste en un choque frontal, sino que el conocimiento de sí, del enemigo, la disciplina, el cálculo y la estrategia, además de la suerte, pueden determinar la muerte de muchos de aquellos a quienes el militar protege. Proteger -si alguien lo sabe, consta en actos, es el general Manini- es la función del militar y, por eso, puede y debe retirarse si esto es lo requerido para ese fin superior: la protección de los civiles. Puede y debe incluso suicidarse si su vida hace peligrar el éxito de los suyos o aumenta sus posibilidades de derrota. Está dispuesto al sacrificio, si es preciso. Solamente si es preciso. Un soldado muerto no protege a nadie -al menos, no como se espera-, pero tampoco lo hace un soldado que se desentiende del campo de batalla o abandona terreno.
Razones políticas hay en la acusación fiscal, pero la fiscalía solo tiene la primera palabra. Si el fiscal no abre el juego, no se verifica la partida (controla a los fiscales y controlarás la acusación penal), pero es el magistrado el que lo habilita o lo cierra. Amodio Pérez lo sabe, le sobró el tiempo, tuvo un año para entenderlo.
II.- Hacete amigo del juez
1.
La tarde del 14 de setiembre fue muy grata, hizo honores a la inminente primavera. Y fue a la altura del Portones Shopping, en un semáforo, que escuchamos la noticia del procesamiento con prisión de Héctor Amodio Pérez (2015). Nos miramos, incrédulos: escritor y docente universitario él, pero sin formación jurídica, me había pedido que lo ayudara a comprender el trasfondo jurídico del asunto que involucraba a Amodio Pérez y me atreví a pronosticar, luego de una bastante breve argumentación, que ese era un escenario que, de cumplirse la ley, era imposible: allí estaba ahora, golpeándonos el hocico desde el informativo radial. El profesor parecía extremadamente preocupado, como alguien que está viendo una catástrofe allá lejos; a mí me preocupaba mucho también, él conducía. A la media cuadra, arrimó la camioneta al cordón, estacionó y empezó a consultar el iPad mientras murmuraba algo. Dijo, de golpe, acá lo tengo. Cerró el aparato y anunció que ya mismo nos íbamos a la casa de un amigo suyo; deslizó, un minuto antes de llegar, que su amigo era juez. Alegué sin éxito mi condición de abogado -aunque retirado, ya casi-, las eventuales indelicadezas de mi aparición, mi desconocimiento del sujeto.
Armó un mate, desplegó tres sillas en el fondo y, cebando el primero, pidió leer el auto de procesamiento. No recuerdo quién se hizo cargo de seguir cebando para que él leyera. El individuo se detenía en ciertas líneas, salteaba páginas enteras, contaba no sé qué cosas con los dedos, volvía para atrás. El tribunal de apelaciones lo revoca, va a tardar un poco, pero lo revoca, dijo sin énfasis ninguno; reclamó el termo y siguió tomando mate, lo más campante. Mi amigo hizo un gesto afirmativo con la cabeza y movió una mano, como quien sugiere que algo malo no va pasar o ha terminado. Con tono vacilante, interrogativo casi: ha terminado. Imprescindible poder afirmarlo.
2.
Fines del 88 tiene que haber sido. Tuve el gusto de compartir, unos mates también, con el secretario de Erro, en su casa, en una cooperativa de viviendas de Fucvam. Ricardo era un hombre menudito, un tupamaro que estuvo preso muchos años, a quien dejaron de torturar en la primer sesión porque le falló el corazón y luego, contaba, lo cuidaron como a una niña, temiendo se les muriera y no lo volvieron a tocar. Por vez primera escuché defender, sin pudores que no son, sin eufemismos, no solo la validez de la tortura como procedimiento informativo, sino incluso su necesidad. Las guerras se ganan o se pierden por la información o su ausencia, me enseñaba. Lo explicaba con esa pasión que ponen los convencidos cuando el otro no entiende y ya no encuentran el modo para hacerse entender. Hasta que me hizo imaginar un escenario que fue narrando con detalle, cerrando todos los escapes, todas taponadas las salidas; era un ámbito de confrontación a muerte, naturalmente, y de mí dependía la suerte de los míos, mi madre, mi mujer y los suyos, mi hermano y los suyos, incluido aquel sobrino Juan que nació tan pequeñito. Comprendí, sin consentir. Le pregunté por Amodio. No contaré de la conversación más que el final de esta parte, porque cambiamos enseguida de tema. Si yo me encuentro con Amodio, dijo, le doy un abrazo y le agradezco que pudiendo haberme entregado, no me entregó. Yo caí por otra cosa y él pudo hacérmela más complicada y no lo hizo; se portó bárbaro conmigo. Después, le meto una bala en la frente. Eso exactamente. Le agradezco y lo mando p’arriba, dijo
Un viernes, también de setiembre, el 9, pero del 2016, la jueza penal de 16 turno, Dra. Julia Staricco, y la fiscal Dra. Estela Llorente confirmaron a un matutino que el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno había revocado el procesamiento con prisión dictado en primera instancia y ordenaba la libertad del imputado. Pero, como razonan los cabildantes, el auto de procesamiento y prisión hace que la privación de libertad se ejecute de inmediato: la policía se lleva al imputado del juzgado, esposado, lo ficha y lo traslada a la cárcel, a la casa, al hospital psiquiátrico, a donde lo disponga el juez penal.
Sacando cuentas con los dedos, ya tengo, aunque no los necesito, cuatro jueces que me dicen lo que el sentido común me indicó siempre con respecto a Amodio: la traición, la delación, ser Judas Iscariote en cinemascope, en fin, es despreciable, y es despreciable en HD también, pero no es delito. En solitario, hizo falta que una juez la mande y la sujeción fue inmediata, es así como ocurre siempre; para su libertad, fueron necesarios doce meses y un tribunal pluripersonal.
El mandato constitucional para el magistrado penal es que ante la duda, ante un escenario donde sus valoraciones y argumentos se empatan o ninguno logra imponerse con firmeza y seguridad, debe decidir por la libertad. Y debe decidir por la libertad ante la duda menor. No alcanza con la mayor sospecha sobre la conducta del general Manini para condenarlo; aunque la casi certeza alcanza para su formalización. Enseñaban nuestros mayores, con el sistema inquisitivo del viejo código de procedimiento penal, y la máxima pasaba de una generación a otra de operarios jurídicos como un alerta prudente: para procesar siempre hay tiempo. Querían significar que esa decisión no puede ser fruto del apuro o la emoción, del griterío de la tribuna, de la urgencia de las víctimas, ni tampoco de las propias convicciones morales violentadas o círculos de pertenencia. Ahora ya no se tiene ese tiempo, porque la pretensión punitiva la ejerce monopólicamente el aparato fiscal (y ese es el mandato constitucional, por otra parte, aunque a mí no me guste del todo). La celeridad y las garantías no transitan por la misma senda. El sistema de administración de justicia no muestra su cara peor cuando cae en el error de liberar a un presunto culpable, sino cuando yerra en su ansiedad y quita su libertad y su buen nombre a un inocente y a la familia de éste. Allí ponen raíz los argumentos para que el general Manini no corra semejante riesgo, pudiendo, como puede, no correrlo.
Lo único que se necesita para que cualquiera que carezca de fueros parlamentarios sea formalmente imputado y preso es la voluntad coincidente de un fiscal (él ya tiene su Rodrigo Morosoli) y el juez del caso. ¿Un juez y un rato en el juzgado para el oprobio y su salida de la función pública; tres jueces y un año para reconocer que fue una equivocación? Eso suponiendo que no haya chicanas, como las que ya se encargó de anunciar Mujica y negar Charles, para su reintegro. Es improbable que un político decida correr ese riesgo: no es un poeta, no puede irse, ni callarse, ni hacer sonar su silencio; precisa una tribuna, un micrófono, un lugar en el debate y la toma de las grandes decisiones. Aunque luego se revoque, el daño que provoca a cualquier ciudadano una formalización judicial es irreparable. Los que piden que se encarcele al grito de la turba aplaudidora y por las dudas, siempre piensan que esas cosas les pasan a los otros y a ellos nunca, pero además ignoran cuántos millones pagó y paga la ciudadanía por prisiones indebidas y todos los que se ahorró por fallos impopulares. El procesamiento de Amodio, aplaudido a rabiar por quienes tienen en poca estima el derecho y lo que el parejo respeto de la ley supone, le costará a la república unos cuantos millones de pesos.
3.
Uno de los defensores de particular confianza del general Manini es Juan Carlos Fernández Lecchini. Fue juez desde muy temprano, su padre también lo fue. El comentario cuando apareció como magistrado letrado de todas las materias en Paso de Los Toros refería, precisamente, a su extrema juventud. (“Nos mandaron un gurí”, decían mis familiares). Unos años después, fue ascendido a la titularidad de un complicado juzgado penal en Melo. Lo conocí enyesado y de muletas, porque se daba a cada rato una vuelta por la oficina, aunque tenía licencia médica: se había roto el tendón de Aquiles en un partido de fútbol cinco entre abogados; allí también jugaba el fiscal Luis Pacheco Carve -trabajaban juntos-, hoy en crimen organizado. Por razones tristes, debió solicitar su traslado urgente a Montevideo en cualquier puesto y se lo designó prosecretario letrado de la suprema corte, un cargo de alto perfil administrativo. Era este un juez al que le gustaba ser juez y seguramente se le hicieron largos el par de años que estuvo allí, hasta que se lo designó titular de un juzgado penal de Montevideo. De nuevo en lo suyo, se destacó especialmente por su intervención en algunos casos muy sonados y vinculados a violaciones de los derechos humanos en dictadura y a la búsqueda de desaparecidos. Un tiempito atrás, disgustado al sentirse postergado en el ascenso a los tribunales de apelación (demoras que alejaban cada vez la casi certeza de llegar algún día a la suprema corte) renunció a la magistratura y se incorporó a un estudio privado. El foro ganó un agente experiente como pocos, conocedor de venenos y antídotos, que aprendió a lidiar con los más ilustres, ilustrados y lustrosos penalistas; la magistratura penal salió perdiendo.
Son Fernández, Durand y Lust (docente universitario de derecho constitucional) los defensores del Guido Manini Ríos, tres hombres que conocen perfectamente el funcionamiento del sistema por adentro, de las sedes penales particularmente, sus pasillos, sus armarios, sobre todo, la necesidad imperiosa de una imparcialidad que no puede asegurárseles de modo terminante.
Los abogados, y los clientes, le toleramos a un juez casi todo -desde que no sea tan experto en lo jurídico como debiera hasta que se aparte, en ocasiones mucho, de la corrección deseable en el trato-, pero no se puede aceptar no ser escuchado, objeto de ninguneo o parcialidad evidente. La animosidad de la fiscalía rompe los ojos, la postura judicial hasta el momento no merece crítica. Recién podremos criticarla o aplaudirla, cuando se pronuncie; si es que se habilita la instancia para que la autoridad judicial se pronuncie.
Debe el magistrado ser y parecer imparcial, eso es lo único que el foro no disimula y el ciudadano no disculpa si falta en un proceso. La imparcialidad se domicilia en el desinterés personal del decisor con respecto al resultado de lo sometido a su evaluación. ¿Es posible ese desinterés cuando su trabajo actual, la posibilidad de ascensos o su negación, de traslados indeseados, o queridos, incluso el presupuesto del poder del estado en el cual ejerce está ligada a la suerte del juicio? Lo de Amodio, ¿ha sido mala suerte, entonces? Decía Onetti que la clave para un narrador amable y patriótico es, tiene que ser, la incomprensión ajena e incomprensible; la mala suerte, también ajena, igualmente incomprensible. Pues, Mujica dice que Manini es un hombre con suerte; eso dice Mujica.
Lo cierto es que la progresía, en su incapacidad de brindar soluciones políticas, lo judicializó casi todo, al tiempo que politizó irremediablemente el sistema de administración de justicia. El enorme perjuicio que esto supone para la república es no mensurable todavía, pero es un marronazo en la columna vertebral del principio de separación de poderes.
Los jueces, como dios y sus ángeles, eran famosos porque se los veía poco, nunca hablaban y cerraban filas. Ahora aparecen dando entrevistas, aunque menos que los fiscales (ocupadas estrellas de TV). Hasta hace década y media, y desde tiempos inmemoriales, la sugerencia era eludir la prensa, dar las explicaciones en la sentencia y no en la pantalla, trabajar calladamente, perfil bajo. En el caso peor, dirigirse a la oficina de prensa de la suprema corte. Hoy, el centro de estudios judiciales -la escuela de jueces, digamos- ya da cursos a todos los magistrados del país sobre cómo manejarse adecuada y convenientemente con la prensa. Entre las instrucciones figura, por ejemplo -amén de nunca optar por el silencio- que ante una pregunta disparatada, se deberá responder algo así como esto: excelente su pregunta, fulano -nombre de pila, preferentemente-, porque gracias a usted puedo aclarar que no es tan exactamente así, sino un poco todo lo contrario.
Como los dioses que empiezan a matear con los mortales (siempre estuvieron allí, pero no se sabía en qué trabajaban), empiezan los jueces a hacerse notar. Y no me refiero a la TV: el gremio judicial está partido en dos y nunca disfrutó de menos concordia interna; el club de los 400, como se les llamaba cuando su número era ese, hace un cuarto de siglo, pretendiendo dar la idea de cohesión impenetrable, ya no es tal. Eso es inédito. Eso nadie lo tenía tan claro, tampoco los asesores del general Manini. Paso a contar.
Más o menos, la cosa se sostuvo hasta las elecciones de hace unos días. Para el período 2018-2020 la lista 1 -oficialista- había obtenido 210 votos y la opositora lista 2 recogió 99. Pero una a asamblea a fines de agosto se cerró con un llamado a la unidad y fue casi la fractura; enseguida se verá. Las diferencias entre los grupos no son, sustancialmente, fundadas en simpatías partidarias -atienden más bien a los viciados modos de ingresos, traslados, ascensos, becas, cursos en el exterior, licencias especiales-, pero no es difícil colegir que también hay mucho de eso. Obsérvese si no, que en la cismática asamblea vía Zoom, sin estar anotado para el uso de la palabra, hizo una intervención de cierre el presidente Alberto Reyes (lista 1) y dijo a la disidencia: “Sabemos quiénes son, quiénes están detrás de esto. No sean chiquilines, giles, canallas, hipócritas. Qué me vienen a hablar a mí de tristeza!”. (La mecánica ya es muy sobada: primero amenazo, luego insulto y después me indigno tanto que mi superioridad moral me impide argumentar y no argumento, me victimizo). Hubo elecciones y ganó el oficialismo con 162 votos, pero la novísima 1994 tuvo 149 adhesiones, mientras que la 2 pudo conquistar 78 votos y una quincena de votos en blanco.
La judicialización de lo político lleva -a qué otro sitio va a llevar- a la frustración de las aspiraciones satisfactivas del ciudadano. La politización de la justicia pone en la tumba las garantías fundamentales; entre ellas, la más preciada: la imparcialidad del tribunal. Y sin embargo, no pregunto; afirmo: quedan jueces en Berlín.
III.- Entre la palabra y la pared
Por razones especularmente opuestas a las de José Mujica, me hubiera gustado que el desafuero prosperara. Él dice que no precisa un fallo judicial para saber la verdad, él ya la sabe: “El hombre se llovió”. Como todas las cosas que el pepismo sabe (desconoce muy poco), no puede tal aspecto ser cuestionado, revisado, criticado, ni hablar de modificarlo. Si uno tiene la verdad, piensa él, para qué miércoles la va a andar buscando; ganas de embromar, no más. ¿Qué significa, con exactitud, que Guido Manini “se llovió”? (¿Se distrajo, no se dio cuenta, una desgracia recayó -por inadvertencia-sobre él?). No lo sé. Consulté conocedores de lunfardo rioplatense y no pudieron ayudarme. Pasado en limpio: es que no entiendo qué dice Mujica y es que Mujica, metódicamente, usa un lenguaje indeterminado que le permiten sus consabidos cambios de dirección, ya sea porque son irónicos los términos utilizados, ambiguos o inventados; cae parado siempre y jamás sostiene lo que todos entendimos, porque -es verdad- no le entendemos con precisión. Conversar, así, es muy difícil.
Tampoco conocemos la versión del senador cabildante con minucia, ya que siempre evitó detalle, reservándolos para una instancia judicial. Y esto, más que el fallo, es lo que importa: aún no hemos escuchado al supuesto responsable del delito; nada menos.
El pronunciamiento judicial no nos mostrará la verdad, ni la decidirá separándola de la mentira. Simplemente -no es poco, pero no es todo- dirá si existen en el expediente elementos que habiliten razonablemente la acusación. La verdad estará menos lejos cuando tengamos acceso a las defensas del general y al expediente entero, cuando en nuestras manos esté todo lo que estuvo en el escritorio del juez a la hora de decidir. Y no antes.
En el mundo policial, en el militar y en otros organizados verticalmente, rígidamente jerarquizados, la inmensa mayoría de las órdenes son verbales. No hay tiempo para papeleo, eso se hará después. Esa informalidad (que no es tal) se fundamenta en la urgencia, desde luego y en la convicción de que la demora haría fracasar un procedimiento que depende de su celeridad en la ejecución. Lo verbal es la regla, lo escrito es solo lo importante; es importante lo que el superior estima tal y el subordinado no discute ese criterio, no corresponde. Es falsa esa idea de que esos papeles son una reproducción exacta de la realidad. Por eso la confianza del subordinado en su jerarca es clave: si algún problema se plantea, si algo no sale como fue planificado, si todo es un desastre, ¿asumirá quien dio la orden la responsabilidad de haberla dado? Esa duda late un tiempo en la cabeza de cada policía, de cada soldado, de cada funcionario judicial (lo más parecido a una milicia civil), hasta que conoce a su jefe y, para mal o para bien, la duda se despeja: da la cara o se esconde y uno ya sabe a qué atenerse.
En base a lo conocido, y de estar al afecto que le tienen la mayoría de los uniformados, el general Manini no es de los que dice no haber dado una orden que dio, ni de los que afirman que se les dio una disposición que no recibieron. También en base a lo conocido, los inquilinos salientes de la Torre Ejecutiva se han hecho acreedores a la sospecha; ya es certeza, luego de descubierta una situación igual con las actas del tribunal de honor de Gilberto Vázquez, 2006 y, particularmente, después del mensaje que difundió el ex-presidente Vazquez: su defensa más sólida fue que nadie leyó las actas porque no estaban y el firmó sin que nadie leyera ni reclamara nada: una confesión pública, en fin, de negligencia grave en la función). No sé si Manini hizo una comunicación formal (escrita) a sus superiores (ministerio de defensa), lo dudo mucho. Pero me costaría creer -porque está en su sangre militar, en su construcción de la mirada, en sus hábitos mentales- que no dio cuenta alguna. (El presidente Lacalle lo dijo, con cautela de gobernante, el miércoles pasado, al salir de la exposición rural del Prado 2020: “La información salió del ámbito de las fuerzas armadas, la información salió del ámbito del ministerio de defensa, la información estaba donde tenía que estar.”; agregó que no puede homologarse un fallo de un tribunal de honor sin haber leído el expediente, todo, máxime cuando uno ha hecho causa con esas cosas. Por mi parte, todavía no me acostumbro a que el presidente, el sentido común y la responsabilidad no anden peleados entre los tres; la fuerza de la costumbre, la falta de fuerza, la vacuidad de los símbolos, la falta de hechos, y dichos sostenidos con hechos, el enjambre discursivo en que se perdió esa ecuación).
La única hipótesis en la cual puede reprocharse penalmente al general cabildante y excluir a todos los funcionarios jerárquicamente superiores, incluido el mismo presidente de la época (tal la postura del fiscal Morosoli que, por motivos que no son razones legales, apuntó directo a la frente del comandante destituido y deslindó a los demás), sería que se hubiera sentado arriba del expediente y no se hubiera movido de allí hasta la nota periodística que hizo explotar el asunto. Y no fue así, es sabido por todos. La muy conocida carta del destituido ministro Menéndez a Vazquez es altamente ilustrativa al respecto.
Además, es discutible, y se discute con fundamento, si es constitucional desinvestir de los fueros a un legislador por presuntos delitos que el electorado ya juzgó, desde que fueron previos a su elección; Bottinelli sostiene esto y admito que es tentador, pero creo casi lo opuesto: los fueros no protegen de acusaciones anteriores al quehacer legislativo, sino de las que surgieren en su desempeño. Recuérdese: es un privilegio y los privilegios son de interpretación estricta, salvo para el populismo si está en mayoría. Hay, en todo caso, y no es menor el temita, algo que tiene que ver con la razonabilidad de la pretensión punitiva y es lo relativo a la lesividad de la conducta reprochada, el daño que produce y a quién. ¿En qué cambiaba y qué cosa y cuánto con la denuncia penal de la confesión de Gavazzo? Nada y en ningún sentido, salvo la brecha que alimenta la lucha política. Es baladí que el torturador reconozca que hubo desaparecidos para que efectivamente nos convenzamos de que los hubo. Gavazzo, que por su lado jugaba su propia partida de naipes, con barajas que ignoro, en la interna militar, sería absuelto, muy posiblemente, porque su confesión de que lo hizo solo, según dice, no parece verosímil, y un detalle no menor: ya había sido procesado y absuelto como coautor de ese delito; además de que sus actuales facultades mentales ofrecen dudas -según dijo ya no me acuerdo cuál de los comandantes en jefe, pero fue uno de esos de ese momento en que se los sustituía como un infante manipula sus soldaditos de plomo. Acaso así lo evaluó también el ministro al recibir la noticia del comandante en jefe y comunicarla a la secretaría de presidencia. No creí que fuera tan difícil de entender este periplo, pero todo el senado progresista parece no asimilarlo, porque lo que tiene en verdad que asimilar y asumir -con toda la responsabilidad implícita- es que en sus seno conviven posturas antagónicas respecto al tema de qué hacer con el asunto de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. (No basta con que Javier Miranda se enoje, lo niegue, se enoje por haberlo negado y lo termina afirmando, indignado, en grado creciente de enojo con todo el que tiene una mirada diferente a la suya. Pero es el ciudadano Miranda, el presidente actual del frente amplio, la prueba más evidente del asunto: él está allí para zurcir esa, hasta ahora, irreconciliable diferencia de perspectiva respecto de los dichos y los hechos en una materia de sensibilidad más que ninguna).
No quiero interrumpir al lector con explicaciones jurídicas: lo jurídico no importa casi nada en esto; la contienda es estrictamente política. Manini lo sabe bien y sus abogados no lo ignoran. También su órgano de prensa lo refleja (el editorial del 02/09/20 o la extensa columna de Marcos Methol el mismo día en las páginas 4 y 5 de La Mañana).
Todo lo indica: ha quedado el general Manini entre su palabra y la pared de su palabra. Tiene salida.
IV. Queda una bala
Acá donde yo vivo, el delito puede ser disimulado y hasta olvidarse rápido, pero se pagan caras las faltas de respeto. Miden los hombres sus dichos, y uno de más, se sabe, puede terminar en convite de cuchillos. Hay algo de muchosidad en ello, claro; prefiero, sin embargo, la desmesura esa que su ausencia. Este país se ha vaciado de legalidad y de honor, pero antes supo quedarse vacío de respeto, respeto en el sentido más horizontal del vocablo. “No sea nabo, Néber”, le dijo una vez Mujica a un periodista y fue festejado el insuceso, por inédito; es ahora ese estilo moneda de curso con todo el que llega a conclusiones diferentes a las suyas. Las palabras, sus dobleces, sus melindres, sus filos y la pelea política -hoy al menos planteada en términos claros- por tener el poder de hacer que las palabras digan una cosa igual o distinta a la que dicen. O que digan nada y nada signifiquen, queden desperdigadas, rotas, preguntándonos ¿qué es esto?
El respeto a la empeñada -y a la palabra a secas- está ligado estrechamente al concepto del honor. Decir, por estos lados, que uno duda de la palabra de un hombre no es expresar una duda, sino lanzar un agravio; nadie anda, tampoco, haciendo gárgaras con su honorabilidad. Es algo que se tiene, se sustenta, se nutre y apuntala con actos; todo lo demás, lo declamatorio-recitativo ya no conmueve a nadie y ni siquiera da risa.
Es este caso del que escribo un hijo de la contienda política y de la insana judicialización de lo político. La comparecencia ante tribunales de justicia ya no es una garantía siempre, cierto. Cierto también que es un político y no hay caja de resonancia mayor que el senado, sin contar con lo que su presencia personal significa en la conducción de sus legisladores y en la relación con el gobierno. Pues, recuerdo -precisamente en esta línea- que antes no vaciló en hacerse sancionar, si ese era el precio para que el tema de la caja militar quedara expuesto en toda su magnitud ante la ciudadanía. Fue un sacrificio que no lamenta ni lamentará jamás, estoy seguro.
El 30/09/19, divulgó un video en el que adelantaba que el 3 de octubre iría al juzgado a enfrentar la imputación fiscal: “Iremos contra la prepotencia, contra la manipulación de la justicia, contra el uso de los medios para cambiar el foco de la discusión política y de las necesidades reales de la gente, iremos en defensa de la libertad y la justicia. Iremos con la convicción de que nunca en toda nuestra vida nos hemos apartado ni un punto de lo que marcan los reglamentos, las leyes y la Constitución de la República”. El lunes pasado dio a conocer otro fundamentando su postura actual (justificada desde su sitial de conductor de un grupo) y, al día siguiente, en la tarde, los blancos decidieron finalmente denegar el desafuero, pero que el tema sea tratado una vez pasadas las elecciones. El jueves en que esto escribo, después idas y vueltas, nadie apostaría por sorpresas en la votación senatorial cuando se de, con el senador esperando en el pasillo.
-Queda una bala, sin embargo -habrá pensado Brum.
Baltasar Brum hizo, naturalmente, lo que solo haría un poeta, un loco, un hombre que no puede más de indignación y que no quiere matar para ser oído, pero tiene que hacerse oír de algún modo, de modo tal que no permita la menor ambigüedad y las permita todas.
Queda, en el asunto del desafuero sí/desafuero no, una baraja todavía sin dar vuelta.
Hay la posibilidad de mostrar -la república está muy embarullada- que un político, un general, un hombre honorable y de respeto, ni a pedido de los suyos se desapega de lo dicho, porque, más allá de que lo dirigió a sus seguidores, lo dijo ante todos y para todos. Hay la posibilidad de mostrar un acto que exhiba que lo del honor militar (y lo del honor civil, caramba, ¡quede nombrado, al menos!) no es cuento para nada, que hay cosas más importantes que la conveniencia momentánea o los puestos formales de conducción. No ignoro las secuelas inmediatas, pero las mediatas me tientan más, porque la república está muy necesitada de actos que la bañen de dignidad. El militar metido a político no debe contagiarse de la mutabilidad extrema que domina ese ámbito. Debe, creo, por el contrario, enriquecerla con su aporte, impregnarla de todo lo virtuoso, lo bueno, lo noble, de lo mejor que le ha dado el uniforme. Igualmente, el negocio que propongo, estimo, le conviene. Los pueblos alimentan su ética -y su épica- de símbolos y gestos. Ese gesto sería un símbolo. Por eso, lo invito a que renuncie a su banca de modo indeclinable. Propugno el autodespojamiento de ese cargo, sacudiéndose así el privilegio y las ligaduras del fuero parlamentario, y que sea -el general Manini o el vecino de la izquierda- un ciudadano, igual entre sus pares civiles, ante un tribunal civil. Eso no depende, por cierto, de ningún colegiado. Tal posibilidad existió siempre y está a la sola distancia de su firma.