JOSÉ W. LEGASPI / La palabra “privacidad” parece, hoy, un rezago romántico, una reliquia del siglo XX. Las redes sociales nos enseñaron a pensarla como un capricho, un lujo, una excentricidad de paranoicos. Se nos repite que quien no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer. Pero detrás de esa consigna se esconde la operación política más peligrosa de nuestro tiempo: la idea de que la privacidad no es un derecho, sino una sospecha.
POLÍTICA
En realidad, el problema es otro: sin privacidad, no existe libertad. Y sin libertad, el Estado —cualquier Estado, incluso uno progresista en apariencia— se transforma en aparato de vigilancia, administración y control de la vida. Lo que antes se llamaba autoritarismo ahora se camufla de eficiencia, seguridad y conectividad.
Vivimos en un tiempo donde la vigilancia dejó de ser excepcional: es la regla. Un tiempo donde lo público y lo íntimo se mezclan, pero no de forma liberadora; se mezclan para facilitar que instituciones, empresas y aparatos estatales se arroguen el derecho a monitorear, perfilar, clasificar y anticipar nuestros comportamientos. La libertad se estrecha, no por decretos, sino por dispositivos. No por censura explícita, sino por consentimiento forzado y permanente.
La transparencia obligatoria como forma moderna de dominación
Nos acostumbraron a pensar que la transparencia es virtud, pero cuando se transforma en obligación, deja de ser un principio democrático y pasa a ser una herramienta disciplinaria.
En redes sociales, la transparencia se vuelve norma: debemos mostrar de quién somos amigos, qué opinamos, dónde estamos, qué consumimos.
Pero esta transparencia, presentada como “autenticidad”, funciona como materia prima para sistemas de control. Las plataformas privadas recolectan datos; el Estado los reclama, los cruza, los archiva. No lo hace para mejorar nuestra calidad de vida: lo hace para vigilar y gestionar poblaciones, para construir un mapa minucioso de nuestras decisiones, gustos, afinidades políticas, consumos y recorridos.
La vigilancia ya no es la cámara del policía ni el espionaje clandestino. La vigilancia hoy es el hábito. Es la práctica cotidiana aceptada sin resistencia. Es el ciudadano que, creyéndose libre, exhibe cada aspecto de su vida ante instituciones que jamás le explicarían qué hacen con esa información.
Ese es el verdadero triunfo del control contemporáneo: convierte la pérdida de privacidad en acto voluntario.
El Estado: del garante de derechos al administrador de datos
Los Estados asumieron, sin debate democrático real, que tienen derecho a almacenar, comparar e interpretar todo lo que hacemos en línea:
- con quién hablamos,
- qué pensamos,
- qué buscamos,
- qué leemos,
- qué creemos.
Lo justifican en nombre de la seguridad, la lucha contra el delito, la innovación o “la modernización del Estado”. Pero modernizar sin democratizar es solo sofisticar mecanismos de dominación.
Cuando el Estado recolecta datos sin un límite claro, no fortalece derechos: los erosiona.
Cuando centraliza información de salud, trabajo, educación, policía, redes sociales y movilidad, no brinda servicios: construye dispositivos de control social.
Se instala así una lógica peligrosa: si todo ciudadano es potencialmente sospechoso, entonces todo Estado se autoriza a vigilar sin pedir permiso.
La libertad se convierte en concesión, no en derecho.
Las redes: el panóptico voluntario
Las redes sociales cumplen la función que Foucault veía en las cárceles modernas: convierten a los sujetos en autovigilantes. Somos vigías de nosotros mismos. Revisamos nuestras propias fotos, publicaciones, vínculos, expresiones. Aprendemos a no decir, a no mostrar, a no cuestionar.
El pánico al escrache, al castigo social, al archivo eterno, crea un disciplinamiento más eficaz que cualquier ley mordaza. La gente se autocensura sin necesidad de represión directa.
Mientras tanto, las plataformas venden lo que extraen y el Estado vigila lo que observa. La libertad deja de ser ejercicio para transformarse en simulacro.
Este panóptico moderno tiene una diferencia con el imaginado por los teóricos: ya no se vigila para castigar, sino para predeterminar. No se vigila lo que hicimos, sino lo que podríamos hacer. Ese es el salto autoritario más profundo del siglo XXI.
La privacidad como acto político
Defender la privacidad no es un capricho liberal ni un derecho individual aislado: es resistir al totalitarismo suave del siglo digital. Es luchar contra la idea de que el Estado puede saberlo todo, registrarlo todo, interpretarlo todo.
La privacidad es condición de posibilidad de la rebeldía, de la organización política, de la crítica, del sindicato, del movimiento social, del periodismo libre.
Sin privacidad, solo existe obediencia.
Sin privacidad, solo existe ciudadanía administrada.
Sin privacidad, la democracia se vuelve un trámite y la disidencia una anomalía vigilada.
Por eso es un error pensar que la tecnología neutraliza la política. La informática es hoy la frontera más intensa de la lucha por la libertad. La verdadera disputa no es por el contenido de las redes: es por quién controla la infraestructura que permite ver, clasificar y vigilar.
Recuperar la libertad: volver sospechosa a la vigilancia estatal
Si queremos reconstruir la libertad en este siglo, debemos cambiar la pregunta.
No debemos justificar por qué queremos privacidad.
Debe justificarse todo Estado que pretenda invadirla.
El Estado debe ser transparente.
El ciudadano no.
La radicalidad democrática del presente está en recordar lo que la propaganda digital quiere borrar:
que la intimidad es política.
Que la privacidad es resistencia.
Y que en tiempos de vigilancia permanente, protegerla no es un acto individual: es un acto de insumisión colectiva.
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