Por una Justicia No Vidente y No Mediática: ¡disparen sobre el fiscal!

Si atendemos a los medios de comunicación masiva, surge la fuerte impresión de que hay algo peor que ser negacionista pandémico; nos venimos a enterar ahora, en la temporada otoño-invierno 2022 que lo más condenable socialmente es volverse mediático jurídico. Según las cabezas parlantes de los medios uruguayos, que se encargaron de tejer una unánime fábula moral sobre el supuesto mal ejercicio público del fiscal de delitos sexuales, lo peor de lo peor que se le puede ocurrir a ese funcionario es hacer el tour de los medios sonoros y audiovisuales. Hay algo muy extraño en esa reacción en cadena mediática. Hubo hace no mucho tiempo otra figura muy visible y elogiada en lo medios, alguien que tuvo un rol clave en la muy mediática Operación Océano. La Fiscal Darviña Viera convirtió su adusta imagen en la visión de la fiera condena previa y mediática de los maléficos componentes de una trama que se representó como una vasta red de abuso sexual. Reflexionar sobre el contraste de quien es condenado y de quien es auspiciado mediáticamente por desempeñar una performance didáctica similar aunque de sentido contrario ante micrófonos y cámaras podría servir para entender el funcionamiento de nuevas y temibles formas de control social pospandémico. 

¿Qué significa ser mediático?

Mi texto retoma un interesante ensayo de Mariela Michel en esta revista. Su texto analizó la muy potente, diría invasiva ola mediática en torno a la denuncia de violación grupal en el Cordón, que ocurrió el 22 de enero de 2022. Mi intención es continuar con la reflexión crítica sobre la supuesta existencia de una “cultura de la violación”. Quiero extender esa actitud de cautela con respecto a la actual alarma socio-mediática ocasionada porque un integrante del poder judicial adoptó una actitud que lo separa notoriamente de lo que es políticamente pre-aprobado y más-que-correcto en la opinión pública guiada por los medios de comunicación. Muchas de las duras críticas que se multiplican en los medios contra su actuación provienen o están encuadradas en la perspectiva de género, que, según sus numerosos  acusadores, estaría siendo violentada por su posición en relación a la mencionada denuncia. El fiscal de Delitos Sexuales Dr. Raúl Iglesias es estigmatizado en los medios por hacer algo a lo que se dedican todo el tiempo los medios. Por ende, es muy curiosa y paradójica la acusación lanzada desde los medios contra de este fiscal, ya que en los medios más poderosos fue recibido con unánime aprobación el pre-juzgamiento social organizado y la rotunda condena mediática de los acusados pero aún inocentes hasta que se pruebe que en efecto cometieron el delito de violación denunciado. En cambio, la aparición no masiva sino individual de este funcionario en los medios de comunicación está siendo condenada por su condición ‘mediática’. ¿Cómo ignorar la aureola de consternación amplificada al máximo por militantes feministas encargadas de organizar a raíz de esa denuncia una marcha de repudio a la violencia sexual que recibió todo el apoyo y el valioso tiempo mediático necesario para ocupar un lugar muy alto en la agenda social-informativa? Hay un proverbio en inglés que remite al hombre y a la mujer,  a sus derechos iguales, lo altero un poco y adapto a la actual circunstancia: “lo que es bueno para el incitador del castigo es bueno para el defensor de los derechos”. Esa equitativa norma obviamente no se cumplió en este caso. 

Vale la pena hacer ahora una referencia algo extensa al ensayo antes citado de Michel (2022), donde ella se ocupa del caso del Cordón y de la atronadora respuesta social, que como dije antes, contó con la hiperbólica amplificación mediática de la prensa y de la televisión:

“En nuestro medio, también fue reiteradamente cubierta la noticia de una “violación grupal”, antes de que se llegara a una decisión judicial sobre la ocurrencia o no de una violación. Los medios locales reportaron de modo exhaustivo y maximizaron la visibilidad de la situación denunciada en horario central y de las movilizaciones sociales a las que la noticia dio lugar.  El 27 de enero, la sección La Diaria Feminismos publicó la siguiente convocatoria; “Mujeres, disidencias y feministas autoconvocadas llaman a una ‘movilización nacional’ contra la violencia sexual”. Como parte de dicha movilización, se llevó a cabo el viernes 28 de enero en Montevideo una marcha “contra la cultura de la violación”. Una nota de Subrayado del mismo día constata que “(l)a convocatoria fue multitudinaria y se originó como manifestación contra la violación grupal de una mujer de 30 años en el barrio Cordón de la capital, un hecho que sucedió el pasado fin de semana y que sigue en investigación.”

Nuestra civilización contemporánea se coloca bajo el signo de la encarnación. Occidente se apoya de modo notable en la representación del cuerpo, y muy especialmente del rostro. Contemplar la figura humana que encarna en este momento, en el contexto uruguayo actual, la Justicia, es un deseo inseparable de la condición humana. No puedo afirmar aquí si las intervenciones públicas del fiscal Raúl Iglesias, su palabra, su figura, su objeción a mantener en prisión a quienes esperan su juicio, en base a normas legales que estarían, según él argumenta, por debajo de otras mayores como la Constitución o los Pactos internacionales, van a beneficiar o a perjudicar a aquellos a los que quiso otorgarles el derecho de estar en prisión domiciliaria durante su juicio. Tal asunto escapa por completo a mi ámbito de conocimiento. Sí puedo decir que hubo antes una figura de la Fiscalía que se embanderó públicamente con la doctrina de crimen y castigo, desde el inicio de otro mediático caso: la fiscal Darviña Viera. Entonces, cabe preguntarse: ¿qué sentido tendría censurar, impedir por un alentado clamor popular que circulen estos otros signos que buscan que prevalezca la justicia y no la ley del Talión? Además, sería una retribución punitiva mal aplicada, porque aún no se ha comprobado jurídicamente la culpabilidad de los denunciados en el caso de la violación colectiva del Cordón. 

Frente al movimiento de automática represalia como una lección moralizante que se emprendió no bien fue conocida esa denuncia de violación colectiva en enero de 2022, las apariciones del actual fiscal de Delitos Sexuales procuraron recuperar el equilibrio visualizado en la metafórica balanza de la Justicia. Podemos pensar en un equilibrio narrativo que se volvió necesario, porque uno de los platillos de la balanza estaba sobrecargado de castigo a quienes ya habían sido condenados sin proceso de un modo mediático por la opinión pública. Y como muestra de la animosidad contra el funcionario del poder judicial, cito dos titulares de la prensa escrita sobre el reciente desempeño del fiscal R. Iglesias: “Dirigentes oficialistas opinaron sobre el fiscal Iglesias y Lacalle pidió no convertirlo en un tema mediático” (Titular de El Observador, 26.05.22); “La impronta de Raúl Iglesias y su polémica trayectoria como fiscal” (La Diaria 27.05.2022)

Otro elemento importante en esta nutrida denuncia mediática de la condición de “mediático” de un fiscal es que sirve para observar con detención algo que el sistema de los medios no sólo no hace bajo ninguna circunstancia, sino que se rehúsa con fervor a siquiera considerar. Me refiero a la reflexión de los medios sobre su propia actividad, sobre su modo de traducir, digerir, exponer, en fin, de representar esa porción de la realidad que consumimos a través de los diversos géneros y formatos de su producción cotidiana. El volverse vehículos mediáticos de una señalización crítica sobre la actitud o comportamiento mediático de un funcionario del sistema judicial revela, sin que sea ese obviamente su propósito, de qué manera la máquina mediática ignora olímpicamente todo el tiempo cómo es su forma de proceder, y qué consecuencias ocasiona en el mundo de la vida. Promocionar la perspectiva de género, apoyar la militancia feminista que fomenta y agita el fantasma de un linchamiento mediático de los tres hombres denunciados en enero de 2022 sí estaría bien, pero exponer argumentos sobre el evidente peligro de esa sobre-exposición y prejuzgamiento por parte de un especialista en el tema, no sería correcto. Se repite aquí una variante del mecanismo usado hasta el hartazgo durante toda la pandemia, un fenómeno tan o más político-mediático que sanitario o biológico: sólo un relato tiene cabida en esa máquina narrativa. Se trata por ende de un curioso e interesante ejercicio de reflexividad involuntaria – y sin duda indeseada – del sistema comunicacional-mediático. Esta ceguera voluntaria y casi jactanciosa del sistema de medios queda expuesta a causa de su reacción de censura hacia un individuo que toma la posta de exponer la complejidad de la ley, cuya función no es sólo ni principalmente el castigo y menos aún la venganza, sino la difícil y siempre compleja dilucidación de la verdad basada en la evidencia sobre lo que realmente ocurrió en aquella ocasión. 

En resumen, es factible pensar que estamos ante dos intentos pedagógicos de la Justicia, de los signos públicos de ese sistema destinados al gran público. La voluntad didáctica  del año 2020 fue liderada por la fiscal Darviña Viera – más adelante analizo su visita al programa Séptimo Día de Canal 12 –  y en 2022, la voluntad explicativa del fiscal Raúl Iglesias lo condujo entre otros lugares a un programa radial y a uno televisivo, que analizo abajo en cierto detalle. La funcionaria al frente del servicio de Delitos Sexuales abogaba por publicitar un caso bautizado de modo poético por la policía, y luego empleado de manera grandilocuente por la fiscal Viera como “Operación Océano” (1), que denunciaba la existencia de una trama muy importante de abusadores de menores. El fiscal Iglesias tomó un camino diferente. El puso de manifiesto el respeto del principio de inocencia al pedir el cese de la prisión preventiva para los tres jóvenes acusados de lo que la violación colectiva del Cordón, del 21 de enero de 2022. 

El texto que van a leer no se pronuncia sobre la culpa o falta de ella de los tres hombres denunciados por lo que se conoce en Brasil como un “crimen hediondo”, a saber, una transgresión de extrema gravedad, que reviste particular violencia o infamia. Nunca podría hacerlo, porque no es mi oficio el llegar a emitir un veredicto sobre tales asuntos. Busco en cambio analizar esa lluvia de objeciones y de duras críticas contra el fiscal involucrado en este caso. Se lo acusa desde los medios de haber incurrido en un crimen mediático, es decir, de haber llevado a los medios de comunicación repetidamente su posición personal y profesional sobre aspectos legales relacionados a “la violación colectiva del Cordón”. Son dos usos de los medios en apariencia diferentes, no obstante, ambos poseen una finalidad similar, en cuanto intentan llevar un discurso didáctico a la sociedad. D. Viera buscaba alertar sobre lo que un grupo feminista condenó como “la cultura de la violación”; R. Iglesias pretendió favorecer un régimen jurídico que privilegia el derecho garantista, ese que preserva ante nada el principio de inocencia del denunciado, hasta que se pruebe su culpabilidad mediante una sentencia firme. 

El obsceno funcionario judicial de los medios en dos apariciones

El título de esta sección alude al epígrafe de la novela de José Donoso El obsceno pájaro de la noche (1970), que proviene de una carta de Henry James padre a sus dos hijos. Cito una parte de ella: “La herencia natural de cada uno que es capaz de vida espiritual es un bosque indómito donde aúlla el lobo y el obsceno pájaro de la noche parlotea.” El término ‘obsceno’ proviene del latín, y su uso más primitivo denota la basura, el caos que repugna por destruir el orden. Esa es la actitud imperante que observo en el manejo de las dos apariciones mediáticas del fiscal R. Iglesias. Hay una incredulidad y un notorio antagonismo de quienes lo interrogan, o mejor sería decir que lo interpelan y confrontan por sus decisiones, en particular me detendré en una de ellas, la relacionada con la denuncia de violación colectiva. Una y otra vez, el funcionario no sólo se defiende, sino que argumenta con serenidad sobre las razones jurídicas pero también personales – la reiterada mención de su “independencia técnica” – y no deja de responder con claridad a cada cuestionamiento. Él incurre, quiero destacar, en un delito muy peculiar, uno que no forma parte de la Constitución ni del Nuevo Código del Proceso penal. El fiscal atenta contra la ley no escrita de Mesocracia, el reino de la medianía, donde rige el desvanecimiento del yo tras una espesa cortina de máxima y ostentosa modestia. En lugar de adoptar la normativa “jactancia negativa” tan entrañable por la sociedad uruguaya, es decir, el acto de jactarse de no jactarse (Andacht, 1996), en sus intervenciones, Iglesias usa con calmo desenfado la primera persona del singular para afirmar de modo rotundo que esa es su manera de proceder, y que él no pide perdón a nadie por actuar como él actúa. 

a. Siempre vamos a empezar por el Cordón

Con aire casual, E. Cotelo, conductor de En Perspectiva, tras anunciar que va a conversar con “el fiscal (que) se hizo conocer por casi toda la población porque tuvo una fuerte presencia mediática”, y para dar inicio a una extensa entrevista radial (26.05.2022), como si la idea se le hubiese ocurrido en ese preciso instante dice lo siguiente dice lo siguiente: 

“Bueno, vamos a empezar por algún lado. Uno de los casos que Ud. asumió es la denuncia por violación grupal en el Cordón. Un caso que todos conocemos porque tuvo mucha difusión en los medios.”

La otra opción para esa entrevista, que recién vendrá mucho más tarde en ese espacio, era hablar de los más de 200 casos archivados por el fiscal Iglesias, a poco tiempo de asumir su cargo al frente de Delitos Sexuales. En una parte de esa introducción, se aborda el tema más delicado pero de modo indirecto: el periodista admite que lo mediático ya formaba parte de esa denuncia, antes de que el propio fiscal fuera denunciado por su comportamiento mediático. Al igual que ocurre en el programa televisivo es el anuncio de su pedido de prisión domiciliaria para los tres denunciados en dicho caso lo que más le inquieta al entrevistador: “¿Puede explicar esto, por qué está razonando de esta manera?”

El lenguaje que usa en muchas de sus respuestas Raúl Iglesias es de tipo técnico legal – “la medida cautelar de prisión preventiva se puede sustituir por otra menos gravosa” – y alterna con el siempre problemático uso de la primera persona en el mundo de la vida mesocrático uruguayo. Veamos uno de muchos ejemplos de ese día: 

“Por allí se dijo, ‘van a quedar en libertad!’ ¡No! Mi idea es que quedaran en un régimen controlados, ¿no? Y eso puede, en mi visión, en mi forma de trabajo, si se llegaba a la posibilidad de un proceso abreviado (ser) en mejores condiciones. Otros colegas opinarán distinto, dirán, tenés que tener a la persona presa para negociar. Yo opino distinto.” 

Otros signos interesantes a destacar son los corporales, ya que pude disponer del registro filmado de la entrevista radial en YouTube. A cada objeción de Cotelo, Iglesias responde con absoluta calma y una ancha sonrisa; esos signos lo distancian de alguien autoritario, despótico o caprichoso. Por el contrario, lo dicho y expresado con su cuerpo abre la posibilidad de seguir dialogando; visiblemente, él quiere explicar una y otra vez qué pensó, y cuál fue el raciocinio jurídico que él considera ampara sus polémicas decisiones. 

Hay algo de sacrificio también en su actuación, ya que Iglesias afirma saber bien que su conducta lo vuelve pasible de muchas sanciones. Pero se toca el pecho con la diestra varias veces, y afirma: “pero yo quiero estar tranquilo con mi conciencia, y con lo que corresponde mi visión a derecho, es lo más garantista, es decir, la Constitución, los pactos internacionales por encima de la ley”. Se refiere así a la Ley de Urgente Consideración (LUC), y eso provoca una reacción de gran sorpresa del entrevistador en referencia al no acatamiento a la norma legal que obligaría a mantener en prisión preventiva a quien es denunciado por un delito sexual grave: “¿Entonces Ud. considera que esa norma de la LUC no es constitucional?” Sin sobresalto, el fiscal asiente, y luego hará lo mismo ante los otros cuestionamientos que le hace Cotelo: 

“Por eso el Dr. Raúl Williman, que defiende a la víctima presentó un escrito ante el fiscal Gómez, en el que a Ud. lo cuestiona por revictimizar a la denunciante.”

“Según Williman, ‘estas apariciones públicas suyas afectan los principios fundamentales de protección e información de la víctima. Y que además no entiende por qué se estaba hablando públicamente de su caso’.”

Como parte de la reacción negativa de los medios ante la voluntad de este fiscal de acudir a los medios, el periodista usualmente neutro, actúa, Cotelo hace una performance fónico-expresiva para imitar la impaciencia y la fuerte desaprobación del abogado de la denunciante, hasta que llega a su pregunta: “¿Qué responde?” De muchas maneras, pero siempre con seriedad y calma, el fiscal Iglesias intenta no sólo justificar, sino explicar la naturaleza jurídica e ideológica de su pedido, el cual, dice, no iría en desmedro de la protección de la víctima. En un momento, él anuncia algo insólito, que vuelve a sacudir a su interlocutor radial: “Cuando yo doy mi teléfono de trabajo al aire, he recibido muchas solicitudes de acceso a… ¿en qué está mi caso?” 

La avidez con que el periodista continua con el tópico de la presunta violación colectiva del Cordón y la decisión del fiscal al respecto no permite albergar duda alguna sobre la naturaleza mediática de ese caso. Antes de pasar a conversar sobre su decisión de archivar cientos de casos por motivos también detalladamente explicados, Iglesias es interpelado sobre otra declaración suya: 

“Ud. deslizó la posibilidad de que la víctima sea imputada, por el hecho de que uno de los participantes de la relación sexual de aquella noche es un joven menor de 17 años. ¡Es un menor de edad!” 

Se mezcla así la acusación de una conducta mediática con la sospecha de una posición ideológica reñida o antagónica incluso a la perspectiva de género por parte de este fiscal. Lejos de evitar dar una respuesta, Iglesias contesta de modo razonable sobre todo lo que puede cambiar y seguramente cambiará en un proceso que está muy lejos de terminar, y que podría, incluso ir en una dirección diferente a la descrita por Cotelo:

“A medida que avance la investigación hay manera de entender que (los tres denunciados) cometieron otros delitos más graves, u otros delitos además de los que están imputados, y yo estoy convencido de que eso es así, tengo las evidencias, yo voy a pedir una ampliación de la formalización.”  

Sin mencionar nunca algo que sí será comentado negativamente en el programa de televisión que ahora abordo, Cotelo dice con un matiz de indignación o incomprensión en el tono de su voz: 

“El debate viene porque estamos hablando de un caso muy particular, no? una presunta violación grupal, y Ud. con varios de estos comentarios se estaba refiriendo a la víctima, a quien denuncia haber pasado por una situación como esa.”

De lo que evita hablar este periodista es del programa radial de Ignacio Álvarez en el que éste difundió audios registrados durante el encuentro sexual de los tres jóvenes con la mujer denunciante. Al muy curioso tratamiento de ese polémico episodio en otro espacio de En Perspectiva le dediqué un análisis detallado en esta revista. Para dejar aún más en claro el gesto de

condena al fiscal por su postura mediática y por lo que es presentado como su enemistad con la perspectiva de género, entra en acción otra periodista del programa, Romina Andreoli, quien no escatima municiones en su pregunta sobre el pedido de retiro de prisión domiciliaria de los imputados en el caso de violación grupal: 

“Un aspecto que quedó planteado es el hecho de que Ud. hiciera pública su decisión antes de efectivamente retirar la prisión preventiva y pedir la prisión domiciliaria. ¿No estimó que este escándalo público y mediático podía pasar, porque me pregunto, ahora Ud. mantiene esa decisión?”

Nada consigue conmover la tesitura de serena convicción en el interpelado, quien insiste una vez más en que no es suya la decisión (que ya fue tomada por una jueza, cuando escribo estas líneas, a favor de lo que había solicitado R. Iglesias). El fiscal no parece darse cuenta de la carga explosiva que su línea de pensamiento produce en los oídos de quienes conducen ese espacio radial, y previsiblemente del público al que se dirigen sus entrevistadores, cuando él responde así: 

“Sí, por supuesto que la mantengo. Insisto en un punto: voy a pedir algo, y el juez lo va a decidir escuchando a todas las partes Yo no retrocedo en esto porque estoy convencido, me entiende, estoy convencido de que la mejor solución, en este momento para los imputados es pasar a otro régimen menos gravoso.”

b. No dejarlos sueltos ni hablar con seudo-periodistas: parroquianos en el ring

Algunos días antes de ese extenso diálogo radial, el fiscal Iglesias se vistió de parroquiano de un bar de mentira que emite Canal 10, y allí deberá soportar varios aguerridos y muy contundentes asaltos. En el programa Polémica en el Bar (22.05. 2022), se suceden los ataques verbales y gestuales, que buscan poner en escena lo intragable u obsceno de este funcionario judicial y mediático. Claro, si él no estuviera dispuesto a aguantar la andanada de acusaciones y de críticas, estos parroquianos estables de la televisión no hubiesen tenido esa oportunidad única de tenerlo sentado allí, al alcance de sus enconados signos, en ese estudio, para atacarlo más y mejor. Voy a extraer algunas de esas interpelaciones y acusaciones contra el fiscal encargado de delitos sexuales. 

Hay una invitada especial en el bar de utilería que fue convocada para que se encargue de cuestionar con la mayor dureza posible el comportamiento de público conocimiento del fiscal Iglesias. Por eso, en el inicio del programa, lo interpela la visitante Teresa Herrera. Su cuestionamiento termina con su índice levantado, con el inconfundible gesto severo de reprender a alguien por haber faltado al deber. Cito también la respuesta que le da sin pestañear quien fue confrontado de ese modo:

T. Herrera: “Y en este momento, estamos en una situación que a mí por lo menos, me gustaría tener alguna explicación eh…  Hay un seudo-periodista, lo digo yo que fui docente durante más de 20 años de periodistas, que en este momento tiene medidas cautelares, que no puede acercarse a esa víctima ni a sus familiares. Esa víctima que Ud. debe proteger, sin embargo Ud. le dio una entrevista a ese periodista. El fiscal no puede hablar con una persona que tiene medidas cautelares ratificadas por tribunal de apelaciones.” 

R. Iglesias: “¡Yo hablo con todo el mundo! ¡Yo voy hablar con cualquier persona, porque tengo independencia técnica para hacerlo! ¡Y a la víctima la voy a proteger, es mi obligación! Pero también tengo que respetar el principio de inocencia. Es ese balance. La perspectiva de género, cuando la víctima declara, tengo que creerle, lo que está diciendo, salvo que luego se demuestre lo contrario, pero al imputado tengo que entender que tiene el estado de inocencia, que no es culpable, hasta que una sentencia firme condenatoria lo diga. En ese transitar tengo que balancear, no puedo flechar, éste o éste.

Con esa dureza comienza el feroz combate entre las Erinias, las temibles furias del mundo subterráneo de la mitología griega, deidades que se encargan de perseguir implacables al transgresor para ejecutar una venganza, por un lado, y Themis, la diosa de la justicia, representada con su balanza como la imagen del justo equilibrio que produce la sabiduría, por el otro. Porque la invitada ha llegado como un refuerzo para una parroquiana estable de ese programa que no será menos feroz en sus embates contra el fiscal que es allí juzgado. Pero antes de ir al próximo ataque, quiero destacar que la actitud del fiscal no podría ser más apacible; su sonrisa no es irónica, parece estar en el mejor de los mundos posibles, como si quisiera encarnar a Themis en una versión uruguaya siglo 21. Los signos de admiración que utilizo para transcribir sus intervenciones deben ser interpretados como un suave énfasis, que afirmar algo sin sombra de dudas. Sólo en un momento, Iglesias responde con severidad, ante lo que él afirma ha sido una manifestación de total ignorancia de la ley. Estas Erinias rioplatenses y televisuales no se cansan de arrojarle la acusación de que él quiere “dejar en libertad” a los hombres denunciados por la violación colectiva del Cordón. Sin perder la calma, con tono didáctico, el fiscal explicará repetidamente que no es eso lo que él solicitó, tal como lo hizo en el programa de  radio. De esta manera, enfrenta a Raúl Iglesias (RI) la parroquiana fija Patricia Madrid (PM) con un tono que oscila entre la enfática incredulidad y la total desilusión:

PM.: “La justicia determinó la prisión preventiva por 180 días, y ha trascendido que Ud. tiene la intención de habiendo ya pasado 3 meses de esa prisión preventiva, los tres meses restantes queden en libertad.” 

RI.: “¡Jamás dije en libertad! Sustitución de la medida cautelar.”

PM: “¿Y cuál sería la medida cautelar?”

RI: “Y tengo que ver cuál sería la medida cautelar. El que decide es el juez, además.”

PM: ¡Pero sería sacarlos de prisión! 

Siempre sonriente, la encarnación local de Themis emprende una larga e inútil explicación – si nos atenemos al resultado negativo, en ese ámbito al menos – sobre la motivación jurídica  – el cese o disminución del “riesgo procesal” –  que lo llevó a pedir la prisión domiciliaria. Me interesa destacar el regreso de la primer Erinia, quien se refiere con amargura a la presión mediática, en alusión nuevamente al programa radial del “seudo-periodista” Ignacio Álvarez, y a su difusión del audio de videos grabados en ocasión del acto sexual denunciado. Curiosamente, T. Herrera no menciona nunca la masiva y palpable presión mediática de las militantes feministas, que contó con el pleno y unánime apoyo de los medios masivos, cuando organizaron una marcha en apoyo  de esa denuncia de violación grupal en el Cordón. Su furia evidentemente es muy selectiva a la hora de definir lo que significa ‘mediático’ en cuanto una innegable y poderosa presión social. Ella describe la dramática situación de la víctima, cuando “estén sueltas las personas que están acusadas”, y agrega con consternación en su voz: “cuando pueden haber presiones de todo tipo.” Se refiere evidentemente a la amenaza para la denunciante de estos hombres “sueltos”, como afirma nuevamente, ignorando lo que ya explicó varias veces el fiscal. Pero ella nada dice sobre la presión ejercida por los medios para amplificar al máximo esa denuncia y para convertir la acusación en la certeza de culpabilidad, lo que conduce a la opinión pública a exigir el inmediato y más duro castigo de los involucrados.  

De nada vale que el fiscal, escéptico pero no agotado ante el escaso o nulo efecto de sus palabras, recurra incluso a hacer el gesto de los platillos de la balanza, que él dice busca equilibrar, para que finalmente prevalezca la justicia. Sin pausa, responde con energía a la condena radical de lo que le repiten habría sido un golpe mortal contra la seguridad de las mujeres, según lo increpa P. Madrid. Pero, en uno de sus asaltos, la parroquiana de Polémica en el Bar comete un craso error jurídico, cuando ella asegura con total convicción que la medida de la prisión preventiva era algo que “ya estaba laudado”, y que por ende no podía ni debía ser alterado por el fiscal Iglesias. Acto seguido, P. Madrid es corregida, en uno de los pocos momentos de vehemencia pedagógica del fiscal: 

“No, discúlpeme, pero no estaba laudado. ¡Eso que está diciendo es un desconocimiento total y absoluto del sistema! No está laudado. ¿Sabe por qué? ¡Porque son medidas cautelares que se pueden sustituir, modificar, o cesar en cualquier momento!”

Sin exhibir el menor desánimo, la Erinia estable del bar vuelve al ataque, esta vez con un proyectil sustentado en la perspectiva de género, para conseguir la derrota definitiva del impertérrito y mediático funcionario de la Justicia uruguaya: 

“¡El mensaje que se está trasladando es de una absoluta impunidad! ¡No se lo digo como periodista, se lo digo como mujer!” 

Por fin, el funcionario habla de lo obvio, quizás crea que ese es su último recurso para poner en evidencia el brutal contraste entre la sed de venganza manifestada por las Erinias, y el deseo de que se haga justicia, que encarna Themis, la diosa de la decisión ponderada y prudente al juzgar los conflictos humanos:

RI: “No nos olvidemos de una cosa, son personas sin antecedentes, personas que tienen 18 años, que tienen una familia que los contiene. ¿Por qué tienen que estar en prisión preventiva con todos los riesgos que eso conlleva para la persona? Y Ud. sabe muy bien que las personas que están acusadas de estos delitos, muchas veces en prisión son víctimas de delitos, también. Y eso hay que balancearlo, y tenerlo en cuenta, porque son seres humanos también, aunque estén acusados de crímenes aberrantes.”

Realmente, llama mucho la atención que ese notorio elemento del caso – la condición de primarios y el hecho de que uno de los tres denunciados era menor de edad – no fuera siquiera mencionado antes por ninguno de los parroquianos televisivos de Polémica en el Bar. Este programa fue una continuación por otros medios de la estrategia desplegada por feministas y medios de comunicación en enero de 2022, para marcar a fuego la culpabilidad antes del juicio de los tres hombres acusados de la violación colectiva del Cordón. 

c. Hubo una vez una fiscal portadora de una lección oceánica para el mundo

Para terminar este breve recorrido sobre los peligros que acechan a quien se vuelve mediático, propongo hacer un corto viaje jurídico-televisual al pasado reciente. Ese desplazamiento nos ubica en un programa de televisión de neto corte periodístico, sin los signos de un bar de mentira, con seis periodistas en acción interrogadora, cinco sentados detrás de un escritorio, y uno de pie, encargado de conducir el programa Séptimo Día (Canal 12, 23 de agosto de 2020). Su objetivo es discutir las novedades en torno al caso bautizado por la policía como “Operación Océano”. El resultado de ese encuentro fueron casi 18 minutos de unánime apología de la labor de la fiscal de delitos sexuales Darviña Viera (2). Este encuadre mediático es clave para que la lección que lleva la fiscal a la televisión sea recibida como una valiosa lección cívica para ilustrar a la sociedad, y no como una obscena irrupción mediática que debe ser atacada tenazmente, tal como le sucedió al fiscal R. Iglesias en los dos programas analizados. Los periodistas la nombran alternativamente “Darviña” o “Viera”, con la confianza que otorga el saberse expertos en el uso del micrófono y las cámaras. No obstante, para cualquier espectador, desde el principio de la entrevista, queda muy claro quien maneja la situación. 

Un clímax del conformismo reinante y de la admirada adhesión a la cara visible de este caso mediático llega con la intervención solidaria de L. Haberkorn. Tras la pregunta de otro periodista sobre la situación de las adolescentes que “no se reconocen como víctimas”, aquel le pregunta a Viera “¿Qué denota esa situación?” Esa interrogante podría haber dado paso a la delicada cuestión de que la muy mentada red de explotación sexual por parte de adultos que habrían pagado por sexo estaría basada en actos voluntarios de las menores que colocaron avisos en internet para solicitar esa clase de intercambio. Ni corto ni perezoso, Haberkorn aporta la respuesta correcta a su propia pregunta: “es una situación que está  normalizado (sic) en el Uruguay”. La fiscal asiente complacida.

Pero no todas son rosas, y apoyado en el más básico sentido común, el conductor, Nelson Fernández, hace un razonamiento que termina con una pregunta incómoda. Tras describir la típica situación de explotación sexual de quien vive de la prostitución de mujeres, del proxeneta, el periodista la contrasta con el modus operandi de las adolescentes de este singular caso: “¿No es que no se reconocen como víctimas porque en definitiva era algo que habían hecho voluntariamente?” Viera no tiene más remedio que admitir que era un acto voluntario de las jóvenes. Pero, cuando llega una nueva pregunta sobre el uso frecuente de “cédulas adulteradas” que, en opinión de la fiscal, es del todo irrelevante, porque insiste en demasía sobre algo trivial,  D. Viera endurece el tono de sus respuestas.  Como si le hablase a alumnos con dificultades de comprensión, le responde con tono sarcástico a uno de los insistentes que la rodean, y cierra su comentario con una risa despectiva: “¡Cómo les preocupa el caso de la cédula!” Gradualmente, todos los  periodistas van entrando en un ciclo de dócil obediencia. Tras hacer una pregunta un poco molesta, de inmediato, ellos se muestran completamente satisfechos con cada respuesta que se digna a darles la fiscal Darviña Viera.

Ante otro esfuerzo por entender la complejidad del caso – se cuestiona el papel de los padres, su posible conocimiento del dinero que recibían sus hijas – otra intervención cortante y definitiva de Darviña Viera cierra esa avenida de preguntas indeseables: “Estamos llevando la culpabilidad para el lado de la víctima. ¡No!”, exclama con tono seco y terminante. A modo de remate final, que sirve para cerrar esa charla educativa que la fiscal de delitos sexuales fue a impartir en ese programa, con el mayor beneplácito de sus anfitriones televisivos, la fiscal Viera aporta un dato destinado a aplastar todo intento de raciocinio legal periodístico sobre la naturaleza de la transacción comercial y publicitaria en la base de este mediático caso. Luego de un tímido intento final del conductor por indagar sobre la existencia de diversos grados de responsabilidad o delito, según que la adolescente haya habido o no una retribución monetaria o de regalos, llega esta respuesta de la fiscal: “Yo comentaba el otro día que la retribución (por sexo) fue un yogurt”. Obviamente, Darviña Viera lo debe haber dicho en otro medio, porque esta funcionaria al frente del seguimiento de delitos sexuales tenía una presencia mediática comparable aunque diferente a la del actual fiscal Raúl Iglesias. 

Y de nuevo, L. Haberkorn le lanza caballeroso una pieza clave para la finalidad buscada por la fiscal D. Viera: él describe la característica mediática del caso Operación Océano como un elemento virtuoso, conseguido para que este caso se convierta en una valiosa lección para toda la sociedad: 

“Este caso es especial por la publicidad que tiene, no es habitual en otros, que pasan desapercibidos. ¿Cree que esto puede cambiar algo en el Uruguay, que tenga un antes y un después?” 

Ni un encargado de relaciones públicas de la Fiscalía podría haberlo hecho mejor. Y así lo entiende Darviña Viera: 

“Eso es lo que espera la Fiscalía. La Fiscalía le ha dado tanta difusión a este caso, justamente, para que la sociedad pueda ver el delito, nos parece que hay una parte de la sociedad que no lo reconoce al delito como tal, ¿no?”

Ese fue un ejemplo del pasaje exitoso y auspiciado plenamente por los medios de comunicación de una fiscal resuelta a darle la mayor cobertura mediática posible a un caso de enorme complejidad que, si nos atenemos a sus escuetas y poco informativas respuestas, debía ser usado didácticamente, pero sin ahondar en nada de lo que pudiese perturbar esa fundamental lección moral. Otro tanto podría decirse sobre la comunicación pandémica, que ocupaba el mayor horario informativo por esa misma fecha: nada de debate ni polémica, sólo se debía ininterrumpidamente fortalecer una posición oficial gracias a la unánime postura de medios, política y la Ciencia. 

Epílogo: el ambivalente efecto de ser mediático y fiscal

Nada más apetecible para los medios de comunicación y para los colectivos que abogan por asentar la idea de que vivimos en una “cultura de la violación” (Michel, 2022) que un caso de “violación en manada”, como fue llamada la violación grupal de una mujer en la Fiesta de San Fermín, en Pamplona, España, en 2016. La acción defensora de los derechos del denunciado – que es inocente hasta que se compruebe su culpabilidad con una sentencia firme – es la que lleva adelante el actual fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias. No hay lugar más visible y con mejor resonancia en toda la sociedad contemporánea que los medios de comunicación hegemónicos, la televisión, la radio, la prensa escrita, los portales de internet. Prueba de ello es que las organizaciones sociales que planearon y llevaron adelante la marcha en apoyo a la denuncia de violación grupal del Cordón acudieron y obtuvieron el esencial apoyo de esas empresas mediáticas para asegurar el éxito de su estrategia publicitaria. 

Acusar de ‘mediático’ a quien pone de manifiesto en sus presentaciones públicas la necesidad de obrar del modo en que lo exige la justicia, de manera equilibrada y basada en la mejor evidencia disponible, dentro de un proceso legal es a las claras injusto. Hablar de la presión mediática en contra de la víctima  – la revictimización a raíz de la difusión de audios en un programa radial – supone una visión incompleta, sesgada. Se ignora así la otra presión mediática, el fuerte auspicio de todos los medios a la protesta de colectivos que no puede no tener el efecto de prejuzgar sin más la culpabilidad de los hombres denunciados en ese mediático caso. 

Nadie está en peor situación que los medios de comunicación para lanzar la primera piedra contra un funcionario del sistema jurídico que se vale de su evidente e inmenso poder para dar una lección sobre el principio de inocencia y sobre la necesidad de mantener a la Justicia por encima de causas ideológicas. Esa paradoja parece haber escapado a los periodistas de los ejemplos aquí analizados.