Política en tiempos de incertidumbre

En días como estos no está demás recordar que ese bienestar que en circunstancias normales somos incapaces de apreciar es el resultado del esfuerzo de generaciones. Y la coordinación de esos esfuerzos hubiera sido impensable sin Estado, sin seguridad, sin leyes, sin garantías, sin médicos, sin educación pública… sin política y sin políticos. ¿Alguien duda de que en su ausencia estos días de angustia serían más miserables de lo que son? Conviene no perder esto de vista cuando estemos a punto de maldecir a los políticos y a lo público en general. Tan naturalizado tenemos este bienestar, sobre todo los más jóvenes, que da la impresión de que nos asombra que pueda estar amenazado por un virus y que las tecnologías más sofisticadas no nos saquen del apuro. Lo que ocurra con la epidemia dependerá en buena medida de lo que hagamos, de las decisiones colectivas que tomemos. 

Y aunque en apariencia el combate a esta epidemia es asunto de científicos, lo cierto es que lo es a medias. Los expertos tratan de describir lo que pasa y anticipar lo que probablemente pasará si se sigue el camino A o el B, pero la decisión de seguir uno u otro camino la deben tomar los legitimados para tomarlas, o sea los representantes de los ciudadanos. La responsabilidad por las consecuencias de la decisión recaerá sobre sus espaldas. 

El discurso buenista y moralizante muestra en circunstancias como estas todas sus limitaciones. No es que la buena disposición de las gentes no sean bienvenidas, necesarias incluso, sino que sencillamente no bastan. No basta con hacer llamados a ser “responsables” o “solidarios”. Ni la mejor disposición personal puede reemplazar las leyes, las despreciadas instituciones, las decisiones vinculantes (y eventualmente los castigos) cuando de lo que se trata es de coordinar la voluntad y la acción de millones de personas. La mano invisible no es incondicionalmente mejor. Si se inunda o incendia un edificio y prima el principio ‘sálvese quien pueda’, está garantizado el desastre. Pero también si todos decimos: ‘por favor, salga usted primero’. 

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Por eso esta epidemia es antes que, o además de, un asunto sanitario, un gran desafío político. La política es un quehacer eminentemente práctico, consiste en tomar decisiones, tomar partido –nunca mejor dicho– entre alternativas finitas, y como se ha dicho, no siempre transparentes, casi nunca entre ideales, como creen los que solo saben hablar el lenguaje de los principios (o el de la moral), que es el mejor modo de dimitir de la política.

Hay que recordar que tomar esas decisiones no es sencillo –y no solo para los nuestros, a los que solemos exculpar o justificar muy fácilmente cuando erran–. En política no todo es posible, digámoslo ya, devotos de la utopía. Si se cree que en política no hay restricciones y que todo es posible se termina recalando en el moralismo: porque si todo tiene solución, solo un malvado podría negarse a aportarla. Las restricciones son aun mayores en situaciones excepcionales, como ésta, en las que la responsabilidad de un político no pasa tanto por mejorar las cosas como por evitar que empeoren.

Por otro lado, a causa de las interdependencias recíprocas entre sociedades, organizaciones e individuos, cuyas conductas los políticos no pueden controlar y anticipar, hay que tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, esto es sin información completa y certera. La aporía de sociedades en constante modificación como las nuestras consiste en que el conocimiento del porvenir es tan necesario como imposible. Para los antiguos el futuro ya existía, era una suerte de destino y solo había que descubrirlo o adivinarlo; los modernos pensaron (pensamos) que se podía domesticar y someter a sus designios. Hoy ya no lo entendemos así, como una evolución necesaria, sino como una cadena compleja de acontecimientos que asociamos a lo posible, lo verosímil y en parte a lo deseable, a partir de nuestra enorme capacidad de condicionarlo con nuestras intervenciones sin la correspondiente capacidad de anticipar los resultados. Nuestra capacidad de actuar es más poderosa que la de anticipar sus consecuencias.

La política no siempre puede esperar a tener datos indiscutibles, porque la vida apremia y los problemas no aguardan a que se disponga de esa información completa. Este es uno de esos casos. La política no es una ciencia. Esta última nos puede ayudar a tomar decisiones mejor fundadas pero en ningún caso nos dirá lo que debemos hacer. Sin embargo, el político necesita el saber de los expertos, que no son adivinos pero ayudan a cartografiar el territorio de nuestras acciones más allá de cuyo perímetro empiezan las meras ensoñaciones. Por cierto, en estos días también he pensado si habrá aumentado la conciencia sobre las devastadoras consecuencias que puede tener el frívolo desprecio hacia la ciencia que muestran no pocos activistas sociales y políticos. Pero no es de lo que toca hablar hoy.

La política es también arbitraje entre intereses, síntesis, para que no todo se resuelva a los bifes. Los políticos enfrentan demandas y aspiraciones contradictorias de la sociedad, y raramente tienen la capacidad de satisfacerlas todas simultáneamente. La frazada siempre será corta, aunque cuando se vive en modo adolescente se corre el riesgo de creer que siempre hay, tiene que haber, de todo para todos.

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Todo esto está presente en esta crisis, acaso de un modo más dramático que el habitual. Como no hay certezas sobre el curso de la epidemia (ni siquiera los científicos están enteramente de acuerdo en el grado de amenaza y gravedad de la epidemia ni en las medidas a tomar) puede dar la sensación de que las autoridades son incoherentes, que dudan, que no terminan de tomar una decisión firme, rotunda y definitiva que tranquilice a los ciudadanos. Y sí, así es, no hay que ocultarlo. ¿O hay alguien que sabe fuera de cualquier duda lo que debe hacerse? Los gobiernos tampoco tienen certezas, aunque traten de aparentar lo contrario. Y cuanto antes lo asumamos mejor, salvo que queramos que nos traten como infantes: es posible que el gobierno (el uruguayo y no solo) incurra en marchas y contramarchas, cambie de estrategia al compás de nueva información o experiencia ajena. ¿Si el Frente Amplio estuviera en el gobierno estaría haciendo algo (muy) diferente?, ¿acaso las restricciones mencionadas no le afectarían? Las tres cosas que no deberíamos tolerarle al gobierno son la irresponsabilidad (en la que se incurre cuando se prefiere ignorar los problemas o postergarlos), el ocultamiento de información y el desvío de la legalidad. No hay justificación para ninguna de ellas. No está prohibido criticar, claro. Lo que deberíamos tener vedado es seguir haciendo política en modo campaña electoral, ustedes me entienden.

Tampoco en esta crisis el gobierno puede satisfacer todas las demandas y aspiraciones. Hacer política es jerarquizar y priorizar. Hay que optar y para eso hay que fundar las opciones en algún criterio de justicia y/o urgencia. Si todo es urgente desaparece el criterio de urgencia. Y aunque esas aspiraciones y demandas no sean en esta particularísima situación las de tal o cual colectivo, clase, gremio, minoría, el dilema se plantea en parecidos términos: basta con imaginar que los intereses enfrentados son los de dos lobbies llamados “protección de la salud” y “riesgo de colapso económico-social”. En esas aguas turbulentas deben conducir la nave. Y cuando se toman decisiones se corren riesgos, claro. La nave se puede escorar demasiado hacia un lado o hacia el otro. ¡Decidir, gobernar, es tomar riesgos! Si se tratara de seguir un curso probado y certificado por el consenso de los expertos no necesitaríamos políticos. Los tenemos ahí para que decidan cuando no es obvio lo que ha de hacerse. Lo recomendable, cuando el riesgo y la incertidumbre son altos, es que las decisiones sean de una naturaleza tal que sean corregibles, flexibles, porque no es improbable que haya que rectificar. La modestia epistémica, una virtud escasa en este país de sabios incorregibles, debería imperar. No digamos cuando de ciencia económica y epidemias se trata. Y, dado lo que está en juego, las grandes decisiones en esta crisis deberían ser discutidas y, si fuera posible, acordadas entre todos los partidos políticos.

No se pueden suprimir todos los riesgos ni se pueden satisfacer todas las demandas. Tampoco ahora, tal vez menos ahora que nunca. En estos días he recibido una plataforma de la llamada Intersocial en la que se reclama renta básica para los que se quedan sin ingreso y además reducción de impuestos y tarifas. En pocas palabras, más prestaciones sociales y menos recaudación del Estado. Ya me dirán cómo se gesta ese milagro. Entendámonos, habrá sectores que sufrirán, que ya están sufriendo, las consecuencias de esta epidemia y será de estricta justicia no dejarlos abandonados a su suerte. Pero no habrá milagros: para que el Estado pueda gastar más en esta emergencia tiene que recaudar más y lo tiene que hacer sin que una economía que se está yendo a pique, se hunda aun más. Ya sé: “que los daños los paguen los que más tienen”. Desde luego no seré yo quien discrepe con ese criterio. Pero también esto es más fácil de decir que de llevar a la práctica, en particular cuando las empresas están mandando a decenas de miles de trabajadores al seguro de paro.

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La prueba más irrefutable de que ninguna respuesta a esta crisis está al abrigo de la duda y la objeción son los muchos que en estos días nos hablan de la histeria injustificada por un virus que “mata menos gente que la gripe” o nos advierten de que “buscan aterrorizarnos (¿quiénes exactamente?) para mejor dominarnos” y sin embargo, oh ironía, guardan cuarentena de rigor… ¿en qué quedamos? Parecen ateos rezando padrenuestros.

Lo que voy a decir no caerá simpático a las grandes masas: abandonemos el cómodo expediente de maldecir a los políticos. Imagínense por un momento en el lugar de nuestros gobernantes y piensen qué decisiones tomarían ustedes, un ejercicio que tal vez les permita controlar una omnipotencia especialmente injustificada en estas circunstancias. La idea de que el bien está en la sociedad y el mal en la política, de que existe una ciudadanía pura y desinteresada en oposición a una élite que falsea y engaña, una sociedad que sabe lo que hay que hacer en oposición a unos políticos ineptos es sencillamente ridícula.

Puede que algunos se merezcan nuestra crítica, pero no porque no hagan lo que nadie sabe muy bien cómo hacer, sino por seguir alimentando irresponsable e insensatamente las expectativas del ciudadano, nunca cuestionándolas o problematizándolas, sino adorándolas porque, se sabe, en una democracia de mercado el cliente siempre tiene razón.

Eludamos la fácil tentación de condenar a los políticos y a la política, como si la respuesta a esta crisis fuera evidente y sólo los incompetentes o indecentes pudieran desconocerla. No la tienen fácil, no me gustaría estar ahora mismo en los zapatos de un gobernante.