INFORME ESPECIAL
*Cómo funciona la censura en redes sociales hoy al más amplio nivel mundial
* Quiénes dentro de los poderes norteamericanos trabajan para manipular y crear el mundo falso en el que usted cree vivir
* Del presente informe se percibe la instalación de toda una neolengua indirecta y eufemística, cuya principal función es permitirle al gobierno censurar todo lo que decida, sin que parezca censura
* Las redes sociales como Facebook o YouTube están fuertemente presionadas y acosadas por el gobierno norteamericano para que censuren en su nombre. De ese modo el gobierno queda aparentemente libre de culpa. Luego difunden el argumento -que mucha gente desprevenida repite- de que “son empresas privadas y no tienen por qué cumplir con la constitución en ese punto”
* Documentos filtrados muestran los planes respecto de la Desinformación que tiene el Departamento de Seguridad Interior (DHS – Department of Homeland Security)
* Vea al final el esquema de instituciones que intervienen en la censura de la libre expresión según el Dr. Shiva Ayyadurai (MIT). Ayyadurai agrega que esta nota de The Intercept que compartimos, si bien es esencialmente veradera en sus revelaciones, es también lo que se llama “Limited Hangout” ( “exposición limitada”) en la jerga de inteligencia. Esto es, una revelación cierta, pero parcial, de modo de proteger una parte de lo que está en riesgo, entregando otra. Pierre Omidyar, acusado por el Dr. Ayyadurai de ser uno de los cerebros detrás del esquema que permite al poder censurar el libre discurso sin pagar la cuenta, es uno de los fundadores de The Intercept.
Por Ken Klippenstein y Lee Fan
EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR está ampliando silenciosamente sus esfuerzos para frenar el discurso que considera peligroso. Años de memorandos, correos electrónicos y documentos internos del DHS -obtenidos a través de filtraciones y de un juicio en curso, así como de documentos públicos- ilustran un esfuerzo expansivo de la agencia para influir en las plataformas tecnológicas.
El trabajo, que en gran parte sigue siendo desconocido para el público, salió a la luz a principios de este año cuando el DHS anunció un nuevo “Consejo de Gobernanza de la Desinformación” -sobre el que eXtramuros oportunamente informase-: un panel diseñado para vigilar la desinformación (información falsa difundida involuntariamente), la información engañosa (información falsa difundida intencionadamente) y la mala información (información correcta compartida, normalmente fuera de contexto, con intención dañina) que supuestamente amenaza los intereses de Estados Unidos. Aunque la junta fue ampliamente ridiculizada, inmediatamente reducida y luego cerrada en unos pocos meses, hay otras iniciativas en marcha mientras el DHS pivota hacia la supervisión de las redes sociales ahora que su mandato original -la guerra contra el terrorismo- ha terminado. (El DHS fue creado en 2002 como consecuencia directa de los supuestos “ataques terroristas” de setiembre de 2001, reuniendo 22 agencias que existían anteriormente en distintas divisiones del gobierno norteamericano bajo un mando y coordinación común).
A puerta cerrada, y a través de la presión sobre las plataformas privadas, el gobierno de EE.UU. ha utilizado su poder para tratar de dar forma a las narrativas en línea. Según las actas de las reuniones y otros documentos adjuntos a la demanda presentada por el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, un republicano que también se presenta como candidato al Senado, los debates han abarcado desde la escala y el alcance de la intervención del gobierno en el discurso en línea, hasta la mecánica para agilizar la retirada de información falsa o intencionadamente engañosa.
“Las plataformas tienen que sentirse cómodas con el gobierno. Es realmente interesante lo indecisas que siguen estando“, dijo en febrero el ejecutivo de Microsoft Matt Masterson, antiguo funcionario del DHS, a Jen Easterly, directora del DHS.
En una reunión celebrada en marzo, Laura Dehmlow, funcionaria del FBI, advirtió que la amenaza de información subversiva en las redes sociales podría socavar el apoyo al gobierno de Estados Unidos. Dehmlow, según las notas de la discusión a la que asistieron altos ejecutivos de Twitter y JPMorgan Chase, subrayó que “necesitamos una infraestructura de medios que rinda cuentas“.
“No nos coordinamos con otras entidades a la hora de tomar decisiones de moderación de contenidos, y evaluamos de forma independiente los contenidos de acuerdo con las normas de Twitter“, escribió un portavoz de Twitter.
También existe un proceso formalizado para que los funcionarios del gobierno marquen directamente el contenido en Facebook o Instagram y soliciten que sea estrangulado o suprimido a través de un portal especial de Facebook que requiere un correo electrónico del gobierno o de las fuerzas del orden para utilizarlo. En el momento de redactar este artículo, el “sistema de solicitud de contenidos” en facebook.com/xtakedowns/login sigue activo. El DHS y Meta, la empresa matriz de Facebook, no respondieron a una solicitud de comentarios. El FBI declinó hacer comentarios.
La misión del DHS de luchar contra la desinformación, derivada de las preocupaciones en torno a la supuesta influencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, comenzó a tomar forma durante las elecciones de 2020, y en torno a los esfuerzos para dar forma a los debates en torno a la política de vacunas durante la pandemia de coronavirus. Los documentos recopilados de una variedad de fuentes, incluidos los funcionarios actuales y los informes disponibles públicamente, revelan la evolución de las medidas más activas del DHS.
Según una copia del borrador del Quadrennial Homeland Security Review del DHS, el informe principal del DHS que describe la estrategia y las prioridades del departamento en los próximos años, el departamento planea atacar la “información inexacta” en una amplia gama de temas, incluyendo “los orígenes de la pandemia de COVID-19 y la eficacia de las vacunas de COVID-19, la justicia racial, la retirada de Estados Unidos de Afganistán y la naturaleza del apoyo de Estados Unidos a Ucrania“.
“El reto es especialmente grave en las comunidades marginadas“, afirma el informe, “que a menudo son objeto de información falsa o engañosa, como la información falsa sobre los procedimientos de votación dirigida a las personas de color“.
La inclusión de la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021 es especialmente llamativa, dado que los republicanos de la Cámara de Representantes, en caso de hacerse con la mayoría en las elecciones de medio término, han prometido investigarlo. “Esto hace que Bengasi parezca un asunto mucho más pequeño“, dijo el representante republicano por Louisiana Mike Johnson, miembro del Comité de Servicios Armados, quien añadió que encontrar respuestas “será una prioridad absoluta“.
La definición de desinformación por parte del gobierno no ha sido claramente articulada, y la naturaleza inherentemente subjetiva de lo que constituye la desinformación proporciona una amplia apertura para que los funcionarios del DHS tomen decisiones políticamente motivadas sobre lo que constituye un discurso peligroso.
El DHS justifica estos objetivos -que se han ampliado mucho más allá de su ámbito original sobre las amenazas extranjeras, para abarcar la desinformación originada en el país- alegando que las amenazas terroristas pueden ser “exacerbadas por la desinformación y la desinformación difundidas en línea“. Pero el loable objetivo de proteger a los estadounidenses del peligro se ha utilizado a menudo para ocultar maniobras políticas. En 2004, por ejemplo, los funcionarios del DHS se vieron presionados por la administración de George W. Bush para aumentar el nivel de amenaza nacional de terrorismo, en un intento de influir en los votantes antes de las elecciones, según el ex secretario del DHS Tom Ridge. Los funcionarios estadounidenses han mentido habitualmente sobre toda una serie de cuestiones, desde las causas de sus guerras en Vietnam e Irak hasta su más reciente ocultamiento en torno al papel de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en la financiación de la investigación del coronavirus del Instituto de Virología de Wuhan.
Este historial no ha impedido que el gobierno estadounidense intente convertirse en árbitro de lo que constituye información falsa o peligrosa sobre temas inherentemente políticos. A principios de este año, el gobernador republicano Ron DeSantis firmó una ley conocida por sus partidarios como la “Ley Stop WOKE”, que prohíbe a los empleadores privados impartir formación en el lugar de trabajo en la que se afirme que el carácter moral de un individuo es privilegiado u oprimido por su raza, color, sexo u origen nacional. La ley, según los críticos, equivale a una amplia supresión de la expresión considerada ofensiva. La Fundación para los Derechos y la Expresión Individual, o FIRE, ha presentado desde entonces una demanda contra DeSantis, alegando “censura inconstitucional”. Un juez federal bloqueó temporalmente partes de la Ley Stop WOKE, dictaminando que la ley había violado los derechos de la Primera Enmienda de los trabajadores.
“Los legisladores de Florida bien pueden encontrar el discurso de los demandantes ‘repugnante’. Pero según nuestro esquema constitucional, el ‘remedio’ para el discurso repugnante es más discurso, no el silencio forzado“, escribió el juez Mark Walker, en una colorida opinión que castigaba la ley.
No está claro hasta qué punto las iniciativas del DHS afectan a las redes sociales de los estadounidenses. Durante las elecciones de 2020, el gobierno marcó numerosas publicaciones como sospechosas, muchas de las cuales fueron retiradas, según revelan los documentos citados en la demanda del fiscal general de Missouri. Y un informe de 2021 de la Election Integrity Partnership de la Universidad de Stanford descubrió que de casi 4.800 artículos marcados, las plataformas tecnológicas tomaron medidas en el 35%, ya sea eliminando, etiquetando, o bloqueando suavemente el discurso -lo que significa que los usuarios sólo podían ver el contenido después de pasar por una pantalla de advertencia. La investigación se realizó “en consulta con CISA”, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras.
Antes de las elecciones de 2020, empresas tecnológicas como Twitter, Facebook, Reddit, Discord, Wikipedia, Microsoft, LinkedIn y Verizon Media se reunieron mensualmente con el FBI, la CISA y otros representantes del gobierno. Según NBC News, las reuniones formaban parte de una iniciativa, aún en curso, entre el sector privado y el gobierno para discutir cómo las empresas manejarían la desinformación durante las elecciones.
La intensificación de los esfuerzos de lucha contra la desinformación comenzó en 2018 tras los incidentes de piratería informática de alto perfil de empresas estadounidenses, cuando el Congreso aprobó y el presidente Donald Trump firmó la Ley de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, formando una nueva ala del DHS dedicada a la protección de las infraestructuras nacionales críticas. Un informe de agosto de 2022 de la Oficina del Inspector General del DHS esboza el movimiento rápidamente acelerado hacia la vigilancia de la desinformación.
Desde el principio, la CISA se jactó de llevar a cabo una “misión evolucionada” para supervisar las discusiones en los medios sociales mientras “encauzaba los problemas de desinformación” en las plataformas del sector privado.
En 2018, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, creó el Grupo de Trabajo para Contrarrestar la Influencia Extranjera para responder a la desinformación electoral. El grupo de trabajo, que incluía miembros de CISA, así como su Oficina de Inteligencia y Análisis, generó “inteligencia de amenazas” sobre las elecciones y notificó a las plataformas de medios sociales y a las fuerzas del orden. Al mismo tiempo, el DHS comenzó a notificar a las empresas de medios sociales sobre la desinformación relacionada con la votación que aparecía en las plataformas sociales.
En 2019, el DHS creó una entidad separada llamada Subdivisión de Influencia e Interferencia Extranjera para generar una inteligencia más detallada sobre la desinformación, muestra el informe del inspector general. Ese año, su personal creció hasta incluir 15 empleados a tiempo completo y parcial dedicados al análisis de la desinformación. En 2020, el enfoque de la desinformación se amplió para incluir el Covid-19, según una Evaluación de la Amenaza Nacional publicada por el Secretario en funciones Chad Wolf.
Este aparato tuvo un simulacro durante las elecciones de 2020, cuando la CISA comenzó a trabajar con otros miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. El personal de la Oficina de Inteligencia y Análisis asistió a “teleconferencias semanales para coordinar las actividades de la Comunidad de Inteligencia para contrarrestar la desinformación relacionada con las elecciones.” Según el informe del IG, desde de las elecciones, las reuniones han seguido celebrándose cada dos semanas.
Los correos electrónicos entre los funcionarios del DHS, Twitter y el Centro para la Seguridad en Internet esbozan el proceso de estas solicitudes de retirada durante el período previo a noviembre de 2020. Las notas de la reunión muestran que las plataformas tecnológicas serían llamadas a “procesar los informes y proporcionar respuestas oportunas, para incluir la eliminación de la desinformación reportada de la plataforma cuando sea posible.” En la práctica, esto significaba que los funcionarios electorales de los estados enviaban ejemplos de posibles formas de desinformación a la CISA, que a su vez los transmitía a las empresas de medios sociales para que respondieran.
Bajo el mandato del presidente Joe Biden, la atención a la desinformación ha continuado. En enero de 2021, la CISA sustituyó el grupo de trabajo de lucha contra la influencia extranjera por el equipo de “desinformación, desinformación y malinformación“, que se creó “para promover una mayor flexibilidad para centrarse en la MDM general”. Para entonces, el alcance del esfuerzo se había ampliado más allá de la desinformación producida por gobiernos extranjeros para incluir las versiones nacionales. El equipo de MDM, según un funcionario de la CISA citado en el informe de IG, “contrarresta todo tipo de desinformación, para responder a los acontecimientos actuales“.
Jen Easterly, la directora de la CISA nombrada por Biden, no tardó en dejar claro que seguiría destinando recursos de la agencia a combatir la difusión de formas peligrosas de información en las redes sociales. “Se podría argumentar que estamos en el negocio de las infraestructuras críticas, y la infraestructura más crítica es nuestra infraestructura cognitiva, por lo que construir esa resistencia a la malinformación y la desinformación, creo, es increíblemente importante“, dijo Easterly, hablando en una conferencia en noviembre de 2021.
El ámbito de la CISA se ha ido ampliando paulatinamente para abarcar más temas que, en su opinión, constituyen infraestructuras críticas. El año pasado, el medio The Intercept informó sobre la existencia de una serie de informes de inteligencia de campo del DHS que advierten de ataques a las torres de telefonía móvil, informes que vinculó a los ‘teóricos de la conspiración’ que creen que las torres 5G propagan Covid-19. Un informe de inteligencia señalaba que estas teorías conspirativas “están incitando ataques contra la infraestructura de comunicaciones.”
La CISA ha defendido sus crecientes autoridades de vigilancia de las redes sociales, afirmando que “una vez que la CISA notificaba a una plataforma de medios sociales la existencia de desinformación, la plataforma de medios sociales podía decidir independientemente si eliminaba o modificaba la publicación.” Pero, como muestran los documentos revelados por la demanda de Missouri, el objetivo de CISA es hacer que las plataformas respondan mejor a sus sugerencias.
A finales de febrero, Easterly envió un mensaje de texto a Matthew Masterson, un representante de Microsoft que anteriormente trabajaba en CISA, en el que le decía que estaba “tratando de ponernos en un lugar en el que el gobierno federal pueda trabajar con las plataformas para entender mejor las tendencias de los errores/desórdenes, de modo que las agencias pertinentes puedan tratar de precomprobar/descomprobar lo que sea útil“.
Los registros de las reuniones del Comité Asesor de Ciberseguridad de la CISA, el principal subcomité que se ocupa de la política de desinformación en la CISA, muestran un esfuerzo constante por ampliar el alcance de las herramientas de la agencia para frustrar la desinformación.
En junio, el mismo comité asesor del DHS de la CISA -que incluye al jefe de política legal, confianza y seguridad de Twitter, Vijaya Gadde, y a la profesora de la Universidad de Washington, Kate Starbird- redactó un informe para el director de la CISA en el que se pedía un papel más amplio para la agencia en la configuración del “ecosistema de la información”. El informe pedía a la agencia que vigilara de cerca “las plataformas de medios sociales de todos los tamaños, los medios de comunicación convencionales, las noticias por cable, los medios de comunicación hiperpartidistas, la radio, y otros recursos en línea“. Argumentaban que la agencia debía tomar medidas para detener la “difusión de información falsa y engañosa“, centrándose en la información que socava “instituciones democráticas clave, como los tribunales, o por otros sectores como el sistema financiero, o las medidas de salud pública“.
Para lograr estos amplios objetivos, según el informe, la CISA debería invertir en investigaciones externas para evaluar la “eficacia de las intervenciones”, concretamente con investigaciones que analicen cómo se puede contrarrestar la supuesta desinformación y la rapidez con la que se difunden los mensajes. Geoff Hale, director de la Iniciativa de Seguridad Electoral de la CISA, recomendó el uso de organizaciones no lucrativas de intercambio de información de terceros como “centro de intercambio de información para evitar la apariencia de propaganda gubernamental“.
El jueves pasado, inmediatamente después de que el multimillonario Elon Musk completara la adquisición de Twitter, Gadde fue despedido de la empresa.
Sin embargo, el gobierno de Biden intentó hacer pública parte de esta infraestructura en abril de 2022, con el anuncio de la Junta de Gobernanza de la Desinformación. Nunca se aclararon las funciones exactas de la junta, ni cómo cumpliría su objetivo de definir y combatir el MDM.
La junta se enfrentó inmediatamente a reacciones de todo el espectro político. “¿Quién de nosotros cree que el gobierno debe añadir a su lista de trabajo la tarea de determinar qué es verdad y qué es desinformación? ¿Y quién cree que el gobierno es capaz de decir la verdad?“, escribió el crítico de medios de comunicación de Político, Jack Shafer. “Nuestro gobierno produce mentiras y desinformación a escala industrial, y siempre lo ha hecho. Sobreclasifica información vital para impedir que sus propios ciudadanos se enteren. Paga a miles de ayudantes de prensa para que jueguen al juego de la mosqueta con los hechos“.
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, aludió al amplio alcance del esfuerzo de desinformación de la agencia cuando declaró ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado que el papel de la junta -que en ese momento había sido rebajada a “grupo de trabajo”- es “desarrollar realmente directrices, normas, barandillas para garantizar que el trabajo que ha estado en marcha durante casi 10 años no infrinja los derechos de libertad de expresión, los derechos de privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles de las personas.”
“Ha sido bastante desconcertante, francamente“, añadió, “que el trabajo de desinformación que estaba en marcha desde hace muchos años a través de diferentes administraciones independientes no estuviera guiado por líneas de acción y límites claros“.
El Departamento de Seguridad Nacional acabó suprimiendo la Junta de Gobernanza de la Desinformación en agosto. Aunque los defensores de la libertad de expresión celebraron la disolución de la junta, otros esfuerzos del gobierno para erradicar la desinformación no sólo han continuado, sino que se han ampliado para abarcar otras subagencias del DHS como Aduanas y Protección de Fronteras, que “determina si la información sobre el componente difundida a través de plataformas de medios sociales como Facebook y Twitter es exacta”. Otras agencias como el Servicio de Inmigración y Aduanas, la Dirección de Ciencia y Tecnología (cuyas responsabilidades incluyen “determinar si las cuentas de los medios sociales son bots o humanos, y cómo el caos causado por los bots afecta al comportamiento“) y el Servicio Secreto, también han ampliado su ámbito de actuación para incluir la desinformación, según el informe del inspector general.
El borrador de la Revisión Cuatrienal de Seguridad Nacional 2022 del DHS también confirma que el DHS considera que la cuestión de la lucha contra la desinformación y la malinformación es una parte cada vez más importante de sus funciones principales. Aunque “la lucha contra el terrorismo sigue siendo la primera y más importante misión del Departamento“, señala, el “trabajo de la agencia en estas misiones está evolucionando y es dinámico” y ahora debe adaptarse a las amenazas terroristas “exacerbadas por la desinformación y la desinformación difundidas en línea“, incluso por “extremistas violentos domésticos“.
Para lograrlo, el borrador de la revisión cuatrienal pide al DHS que “aproveche la tecnología avanzada de análisis de datos y contrate y forme a especialistas cualificados para comprender mejor cómo los actores de las amenazas utilizan las plataformas en línea para introducir y difundir narrativas tóxicas, destinadas a inspirar o incitar a la violencia, así como para trabajar con las ONG y otras partes de la sociedad civil con el fin de crear resiliencia ante los impactos de la información falsa“.
La amplia definición de “actores de la amenaza” que suponen riesgos para infraestructuras críticas vagamente definidas -un área tan amplia como la confianza en el gobierno, la salud pública, las elecciones y los mercados financieros- ha preocupado a los libertarios civiles. “Independientemente de las lealtades políticas, todos tenemos buenas razones para preocuparnos por los esfuerzos del gobierno para presionar a las plataformas privadas de medios sociales para que adopten las decisiones preferidas por el gobierno sobre el contenido que podemos ver en línea“, dijo Adam Goldstein, vicepresidente de investigación de FIRE.
“Cualquier petición gubernamental a las plataformas de medios sociales para que revisen o eliminen ciertos contenidos“, añadió, “debe hacerse con extrema transparencia“.
La expansión del HS hacia la desinformación, la información engañosa y la malinformación representa un importante reajuste estratégico para la agencia, que fue fundada en 2002 en respuesta a los atentados del 11-S como un baluarte para coordinar las operaciones de inteligencia y seguridad en todo el gobierno. Al mismo tiempo, el FBI desplegó miles de agentes para centrarse en los esfuerzos antiterroristas, mediante la creación de redes de informantes y operaciones de inteligencia diseñadas para prevenir ataques similares.
Pero las formas tradicionales de terrorismo, planteadas por grupos como Al Qaeda, evolucionaron con el auge de las redes sociales, con grupos como el Estado Islámico utilizando plataformas como Facebook para reclutar y radicalizar a nuevos miembros. Tras las reticencias iniciales, los gigantes de las redes sociales han colaborado estrechamente con el FBI y el DHS para ayudar a vigilar y eliminar las cuentas afiliadas al ISIS.
El director del FBI, James Comey, declaró ante el Comité de Inteligencia del Senado que las fuerzas del orden debían “adaptarse y afrontar rápidamente los retos” que plantean las redes terroristas, que han demostrado ser expertas en aprovechar las redes sociales. Las agencias de inteligencia respaldaron nuevas empresas diseñadas para supervisar el vasto flujo de información a través de las redes sociales para comprender mejor las narrativas y los riesgos emergentes.
“El Departamento no ha sido completamente reautorizado desde su creación hace más de quince años“, advirtió el Comité de Seguridad Nacional del Senado en 2018. “A medida que el panorama de las amenazas sigue evolucionando, el Departamento ajustó su organización y actividades para hacer frente a las amenazas emergentes y proteger el territorio nacional de Estados Unidos. Esta evolución de los deberes y la organización del Departamento, incluida la estructura y las operaciones de la sede del DHS, nunca se ha codificado en el estatuto.”
La posterior derrota militar de las fuerzas del ISIS en Siria e Irak, junto con la retirada de Afganistán, dejó al aparato de seguridad nacional sin objetivo. Mientras tanto, una nueva amenaza entró en el discurso. La acusación de que agentes rusos habían sembrado desinformación en Facebook que inclinó las elecciones de 2016 hacia Donald Trump hizo que el FBI formara el Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera, un equipo dedicado a prevenir la intromisión extranjera en las elecciones estadounidenses.
Según las actas de la reunión del DHS de marzo, el Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera del FBI incluye este año a 80 personas centradas en frenar “losdatos subversivos utilizadosparaabrir una brecha entre la población y el gobierno.”
“El Departamento encabezará iniciativas para aumentar la conciencia de las campañas de desinformación dirigidas a las comunidades en los Estados Unidos, proporcionando a los ciudadanos las herramientas necesarias para identificar y detener la propagación de las operaciones de información destinadas a promover la radicalización hacia el extremismo violento o la movilización hacia la violencia“, dijo el secretario interino del DHS, Kevin McAleenan, en un marco estratégico de septiembre de 2019.
El DHS también comenzó a ampliar su vigilancia para incluir una amplia gama de actores nacionales considerados como fuentes potenciales de radicalización y agitación. Un funcionario del FBI describió cómo, en el verano de 2020, en medio de las protestas de George Floyd, fue reasignado, de su trabajo normal de lucha contra los servicios de inteligencia extranjeros, a la vigilancia de las cuentas de los medios sociales estadounidenses. (El funcionario, no autorizado a hablar públicamente, describió la reasignación bajo condición de anonimato).
Y un memorando de junio de 2020 con el asunto “Acciones para hacer frente a la amenaza que suponen los terroristas domésticos y otros extremistas domésticos” preparado por la sede del DHS para Wolf, secretario en funciones del DHS de Trump, delinea los planes para “ampliar el intercambio de información con el sector tecnológico” con el fin de “identificar las campañas de desinformación utilizadas por los actores del DT [terrorismo doméstico] para incitar a la violencia contra la infraestructura, los grupos étnicos, raciales o religiosos, o los individuos.” El memorándum describe los planes para trabajar con socios del sector tecnológico privado para compartir inteligencia no clasificada del DHS sobre “actores del DT y sus tácticas” para que las plataformas puedan “utilizar eficazmente sus propias herramientas para hacer cumplir los acuerdos de usuario/términos de servicio y eliminar el contenido del DT“.
Biden también dio prioridad a estos esfuerzos. El año pasado, el gobierno de Biden publicó la primera Estrategia Nacional para Contrarrestar el Terrorismo Doméstico. La estrategia identificó una “prioridad más amplia: mejorar la fe en el gobierno y hacer frente a la polarización extrema, alimentada por una crisis de desinformación y malinformación a menudo canalizada a través de las plataformas de medios sociales, que puede separar entre sí a los estadounidenses y llevar a algunos a la violencia.”
“Estamos trabajando con gobiernos afines, la sociedad civil y el sector tecnológico para hacer frente al contenido terrorista y extremista violento en línea, incluso a través de colaboraciones de investigación innovadoras“, continuaba el documento de estrategia, añadiendo que la administración estaba “abordando la crisis de la desinformación y la malinformación, a menudo canalizada a través de las plataformas de medios sociales y de otro tipo, que puede alimentar la polarización extrema y llevar a algunos individuos a la violencia.”
El año pasado, una alta funcionaria del FBI dedicada a la lucha contra el terrorismo fue objeto de críticas cuando negó falsamente ante el Congreso que el FBI vigilara las redes sociales de los estadounidenses y que, por tanto, hubiera pasado por alto las amenazas que precedieron al atentado contra el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. De hecho, el FBI ha gastado millones de dólares en software de seguimiento de redes sociales como Babel X y Dataminr. Según las directrices oficiales de la oficina, las actividades autorizadas incluyen “la navegación proactiva por Internet para encontrar sitios web y servicios de acceso público a través de los cuales se lleva a cabo abiertamente el reclutamiento por parte de organizaciones terroristas, y la promoción de delitos terroristas.”
Otro funcionario del FBI, un oficial de la fuerza de trabajo conjunta contra el terrorismo, describió haber sido reasignado este año de la división de terrorismo internacional de la oficina, donde habían trabajado principalmente en casos relacionados con Al Qaeda y el grupo Estado Islámico, a la división de terrorismo doméstico para investigar a los estadounidenses, incluyendo a los individuos antigubernamentales como los extremistas violentos por motivos raciales, los ciudadanos soberanos, las milicias y los anarquistas. Trabajan de forma encubierta en línea para penetrar en las salas de chat de las redes sociales, los foros en línea y los blogs para detectar, entrar, desmantelar y desbaratar las organizaciones terroristas existentes y emergentes a través de los foros en línea, las salas de chat, los anuncios, los blogs, los sitios web y las redes sociales, dijo el funcionario del FBI, que no tenía permiso para hablar en público.
La Ley de Privacidad de 1974, promulgada tras el escándalo del Watergate, restringe la recopilación de datos por parte del gobierno de los estadounidenses que ejercen sus derechos de la Primera Enmienda, una salvaguarda que los grupos de defensa de las libertades civiles han argumentado que limita la capacidad del DHS y del FBI para ejercer la vigilancia del discurso político estadounidense expresado en las redes sociales. El estatuto, sin embargo, mantiene exenciones para la información recopilada a efectos de una investigación penal o policial.
“No hay restricciones legales específicas para el uso de las redes sociales por parte del FBI“, dijo Faiza Patel, directora del programa de libertad y seguridad nacional del Centro Brennan para la Justicia. “Las directrices del fiscal general permiten a los agentes examinar las redes sociales antes de que haya una investigación. Eso es una variante del salvaje oeste“.
El primer funcionario del FBI, al que The Intercept entrevistó en 2020 en medio de los disturbios de George Floyd, lamentó la deriva hacia la vigilancia sin orden judicial de los estadounidenses diciendo: “Hombre, ya ni siquiera sé lo que es legal.”
En retrospectiva, el informe del New York Post sobre el contenido del portátil de Hunter Biden antes de las elecciones de 2020 proporciona un estudio de caso elocuente de cómo funciona esto en un entorno cada vez más partidista.
Gran parte del público ignoró la información sobre Hunter Biden, con directo impacto electoral sobre su padre Joe Biden, o asumió que era falsa, ya que más de 50 ex funcionarios de inteligencia denunciaron que la historia del portátil era una creación de una campaña de “desinformación rusa”. Los principales medios de comunicación se cebaron con las acusaciones de injerencia en las elecciones de 2016 y, sin duda, Trump intentó utilizar el portátil para perturbar la campaña de Biden. Twitter acabó prohibiendo los enlaces al informe del New York Post sobre el contenido del portátil durante las semanas cruciales que precedieron a las elecciones. Facebook también redujo la capacidad de los usuarios para ver la historia.
En los últimos meses, ha surgido una imagen más clara de la influencia del gobierno.
En una aparición en el podcast de Joe Rogan en agosto, el director general de Meta, Mark Zuckerberg, reveló que Facebook había limitado el uso compartido de la información del New York Post tras una conversación con el FBI. “El trasfondo aquí es que el FBI vino a nosotros -algunas personas de nuestro equipo- y fue como, ‘Oye, para que sepas, deberías estar en alerta máxima de que hubo mucha propaganda rusa en las elecciones de 2016’“, dijo Zuckerberg a Rogan. El FBI les dijo, cuenta Zuckerberg, que “‘Lo tenemos sobre aviso de que básicamente está a punto de haber algún tipo de aparente revelación’“. Cuando la historia del Post salió a la luz en octubre de 2020, Facebook pensó que “encajaba con ese patrón” que el FBI les había dicho que buscaran.
Zuckerberg dijo que se arrepentía de la decisión, al igual que Jack Dorsey, el CEO de Twitter en ese momento. A pesar de las afirmaciones de que el contenido del portátil era falso, después de que ya había ganado Biden el Washington Post confirmó que al menos algunos de los correos electrónicos del portátil eran auténticos. El New York Times autentificó los correos electrónicos del portátil -muchos de los cuales fueron citados en el reportaje original del New York Post de octubre de 2020- que los fiscales han examinado como parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre si el hijo del presidente violó la ley en una serie de asuntos, incluyendo el lavado de dinero, los delitos relacionados con los impuestos y el registro de lobbies extranjeros.
Los documentos presentados en un tribunal federal como parte de una demanda de los fiscales generales de Missouri y Luisiana añaden una capa de nuevos detalles a la anécdota de Zuckerberg, revelando que los funcionarios que lideran el impulso para ampliar el alcance del gobierno en la desinformación también jugaron un papel silencioso en la configuración de las decisiones de los gigantes de las redes sociales en torno a la historia del New York Post.
Según los registros presentados en un tribunal federal, dos agentes del FBI no identificados anteriormente – Elvis Chan, agente especial del FBI en la oficina de campo de San Francisco, y Dehmlow, jefe de sección del Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera del FBI – estuvieron involucrados en las comunicaciones de alto nivel que supuestamente “condujeron a la supresión por parte de Facebook” del reportaje del Post.
La historia del portátil de Hunter Biden fue sólo el ejemplo más destacado de las agencias policiales que presionan a las empresas tecnológicas. En muchos casos, las cuentas de Facebook y Twitter señaladas por el DHS o sus socios como formas peligrosas de desinformación o posible influencia extranjera eran claramente cuentas paródicas o sin apenas seguidores o influencia.
En mayo, el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, se puso a la cabeza de la presentación de una demanda para luchar contra lo que él considera un esfuerzo generalizado del gobierno de Biden por presionar a las empresas de redes sociales para que moderen ciertos contenidos que aparecen en sus plataformas.
La demanda demuestra los esfuerzos de todo el gobierno para censurar ciertas historias, especialmente las relacionadas con la pandemia. También nombra a múltiples agencias del gobierno que han participado en los esfuerzos para controlar la expresión y la “colusión abierta” entre la administración y las empresas de redes sociales. Identifica, por ejemplo, correos electrónicos entre funcionarios de los Institutos Nacionales de la Salud, incluido el Dr. Anthony Fauci, y Zuckerberg al principio de la pandemia –sobre las que oportunamente eXtramuros informó-, y revela conversaciones en curso entre altos funcionarios de la administración Biden con ejecutivos de Meta sobre el desarrollo de políticas de moderación de contenidos en una serie de temas, incluidos los relacionados con las elecciones y las vacunas.
Los abogados del gobierno de Biden han respondido en los tribunales alegando que los demandantes carecen de legitimación y que las empresas de medios sociales aplicaron políticas de moderación de contenidos por su propia voluntad, sin ninguna influencia “coercitiva” del gobierno. El 21 de octubre, el juez que preside el caso concedió a los fiscales generales permiso para interrogar a Fauci, a funcionarios de la CISA y a especialistas en comunicación de la Casa Blanca.
Si bien la demanda tiene un claro sesgo partidista, señalando con el dedo a la administración Biden por supuestamente tratar de controlar la expresión privada, muchas de las citaciones solicitan información que se extiende hasta la era Trump y proporciona una ventana a lo absurdo del esfuerzo en curso.
“Cada vez hay más pruebas de que los funcionarios del poder legislativo y ejecutivo están utilizando a las empresas de medios sociales para ejercer la censura por sustitución“, dijo Jonathan Turley, profesor de derecho en la Universidad George Washington, que ha escrito sobre la demanda. “Es axiomático que el gobierno no puede hacer indirectamente lo que tiene prohibido hacer directamente. Si los funcionarios del gobierno están dirigiendo o facilitando esa censura, plantea serias cuestiones de la Primera Enmienda.”
Durante las elecciones de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional, en un correo electrónico dirigido a un funcionario de Twitter, remitió información sobre una posible amenaza a la infraestructura crítica de Estados Unidos, citando las advertencias del FBI, en este caso sobre una cuenta que podría poner en peligro la integridad del sistema electoral.
El usuario de Twitter en cuestión tenía 56 seguidores, junto con una biografía que decía “dm us your weed store locations (hoes be mad, but this is a parody account)”, bajo una imagen de Blucifer, la escultura de un caballo demoníaco de 32 pies de altura que aparece en la entrada del Aeropuerto Internacional de Denver.
“No estamos seguros de si se puede tomar alguna medida, pero queríamos marcarlos para que se consideren“, escribió un funcionario del estado en el hilo de correo electrónico, remitiendo otros ejemplos de cuentas que podrían confundirse con entidades oficiales del gobierno. El representante de Twitter respondió: “Lo haremos. Gracias“.
Cada uno de los correos electrónicos de la cadena llevaba una advertencia de que la agencia “no tiene ni busca la capacidad de eliminar o editar la información que se pone a disposición en las plataformas de medios sociales“.
Esa frase, sin embargo, preocupa a los defensores de la libertad de expresión, que señalan que la agencia está tratando de hacer una carrera de fondo alrededor de la Primera Enmienda al ejercer una presión continua sobre las empresas de medios sociales del sector privado. “Cuando el gobierno sugiere cosas, no es muy difícil sacar el guante de terciopelo, y uno ve el puño en el correo“, dijo Adam Candeub, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Michigan. “Y yo consideraría tales acciones, especialmente cuando se burocratizan, como una acción esencialmente estatal, y una colusión del gobierno con las plataformas“.
“Si un gobierno autoritario extranjero enviara estos mensajes“, señaló Nadine Strossen, ex presidenta de la Unión Americana de Libertades Civiles, “no hay duda de que lo llamaríamos censura“.
Publicado originalmente aquí
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ADDENDA: El esquema revelado por el Dr. Shiva Ayyadurai en 2020 como fundamento de la operativa de censura -e intervención en las elecciones. Más información sobre esto aquí
