Palabra de lobo

1.

Casi en los mismos días, la Corte Electoral resolvió mantener el color celeste para una de las papeletas del referéndum de este mes, el Poder Ejecutivo elevó su veto total a la ley forestal -aprobada con la voluntad conforme de senadores cabildantes y frentistas. Mecanismos variados del sistema en pleno funcionamiento, pesos, contrapesos, equilibrios, negociaciones, jerarquías. En una democracia republicana que goza de cierta salud conviven, es natural que así sea, intereses diversos y multiplicidad de visiones. Cada partido político se mueve del mejor modo posible para la concreción de sus intereses y pone los acentos es sus letras preferidas: el celeste o el rosado, la emisión de un decreto o la sanción de una ley, su promulgación o su veto. Es así que se juega ese juego.

De este modo, un grupo importante de ciudadanos y unos cuantos (muchos, muchos) funcionarios, incluidas muy altas jerarquías, con informe en mayoría e informe en minoría, estuvieron entonces ocupados en determinar los colores de las hojas de votación para el referéndum del 27 de marzo. Que el celeste sí, que el celeste no, que el rosado no me gusta y épicas por el estilo. El estado sirve para que se diriman conflictos como este de un modo pacífico y previamente consensuado.

Diferente y mayor es el riesgo cuando se trata de promover un decreto o una ley, porque siempre implican recorte de las libertades; y, ante cualquier avance estatal sobre las libertades, desconfiar preceptivamente es una virtud ciudadana. Frente a la posibilidad de una ley, nada permite descartar del todo el escenario en el cual un señor legislador, justo después de intimar con vendedores de telas, o siendo vendedor él mismo, postule la necesidad del cortinado general y obligatorio, aunque -como él es liberal- se permitirá elegir el color de las cortinas. 

El estado hace esas cosas o cosas parecidas a esa -por torpeza, por desidia, por intereses espurios, por desatención estratégica, por desatención, por apresuramiento- y las hace desde que nació y en forma inalterada: invade zonas en las cuales debió abstenerse de ingresar y, por ese mismo movimiento intruso, se convierte en parte del problema, cuando no constituye el problema mismo. Luego de afectarlo todo con su propia actividad inoperante, con su lentitud y sobrepeso, siempre reclama aumento de sus recursos humanos y financieros para poner fin a la situación, que a esa altura ya no tiende sino a agravarse. 

La intervención regulatoria se sabe a veces dónde comienza, pero dónde termina -y con qué resultados- no se sabe nunca. 

2.

“Acabamos de instruir se suspenda inmediatamente la emisión en VERA TV de la señal rusa RT, canal al servicio de la propaganda y justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania, acción condenada por nuestro país”. Eso decía el twit emitido por el presidente de Antel un minuto pasado las tres y cuarto de la tarde, el primer día de marzo. 

El mensaje citado subraya la celeridad de la medida adoptada, celeridad que ha de ser ponderada a la luz de su urgencia, urgencia que se valora en atención a las consecuencias indeseables de una dilación. Parece que la presidencia de Antel estimó que era relevante, además, publicitar sin ninguna tardanza la pronta resolución, ya que dice comunicarla apenas fueron dadas las instrucciones de suspensión, instrucciones las suyas que revelan no tolerar el menor aplazamiento. 

¿Por qué? Porque el presidente de la telefónica ha concluido que se trata de un “canal al servicio de la propaganda y justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania” y, además, se agrega que esta acción bélica ha sido condenada por nuestro país. 

¿Y si no hubiera sido condenada por nuestro país? Esa señal televisiva al servicio de causa tan monstruosa que merece ser extirpada, de no mediar reproche local,  ¿sería igualmente suspendida?

Desde luego que la invasión militar rusa fue condenada como lo fue, en varios tiempos, con traspié de canciller incluido. ¿Entonces? Es posible interrogarse al menos: ¿todas las acciones o situaciones condenadas por nuestro país, deban ser amputadas en sus servicios de propaganda y justificación? Admitido que así fuera (que sería consentir llanamente la censura como modus operandi ya instalado), ¿quién determina los criterios y las valoraciones, en base a qué pautas, con qué marco jurídico?

Hay aristas del suceso que convocan a mínimo detenimiento. Por ejemplo: el twit asimila en sus efectos la condena diplomática de Uruguay a una declaración formal de guerra y, en guerra entonces con Rusia, le cortamos la posibilidad de que haga propaganda e intente justificarse ante nuestro pueblo; es que estamos en guerra, es el enemigo. Desde luego, la falsedad de esta última premisa es lo que hace tan ridículamente patético y tan

dramáticamente cómico el cercenamiento que materializó el censor de ocasión. Es evidente que la decisión podría ser considerada en otro contexto, pero no en el real: creer que tal manifestación administrativa tiene algún significado en algún mundo imaginario, revela error de cálculo muy serio. Igualmente, muestra voluntad de silenciar a otro, por la causa que fuera; solo precisó una causa que creyó justa. La censura está agazapada ahí nomás, siempre coqueteando con los mejores propósitos. 

Hasta hace un tiempo, los censores tenían mala prensa y una neblinosa conciencia del desvío ético  de su tarea;  por eso preferían el anonimato, como los verdugos.

Desde luego que la invasión militar rusa fue condenada como lo fue, en varios tiempos, con traspié de canciller incluido. ¿Entonces? Es posible interrogarse al menos: ¿todas las acciones o situaciones condenadas por nuestro país, deban ser amputadas en sus servicios de propaganda y justificación? Admitido que así fuera (que sería consentir llanamente la censura como modus operandi ya instalado), ¿quién determina los criterios y las valoraciones, en base a qué pautas, con qué marco jurídico? 

Resulta, ahora, que esta censura no opera desde las sombras, sabedora de su disvalor y con fuerte complejo de culpa, ejercitada por personas que de algún modo se sonrojan cuando nadie los mira y prefieren que sus nombres sean olvidados, mejor: ignorados. No, de ninguna manera. La ejecutada por la presidencia de Antel fue censura orgullosa de sí y orgullosa de su premura (orgullosa al cuadrado, digamos), motivada por un celo excesivo en el cumplimiento del servicio de propaganda y justificación de las variantes más radicales de la corrección política de moda obligatoria. Bien mirado, parece que hasta se espera recompensa acorde a lo hecho, porque constituye un acto de destaque en el marco de una lucha, de una cruzada o de alguna cosa que le pareció al funcionario; fue en la defensa de lo bueno, lo bello, lo verdadero y, en consecuencia, firmó la partida de exclusión y destierro de lo malo, lo feo y lo falso.

No es el primer funcionario -ni siquiera en lo que va del año- que, impulsado por los prejuicios de lo que entiende justo y creyendo interpretar un sentir colectivo superior, se lleva puesto el vallado de libertades esenciales, intransigibles en cualquier versión del republicanismo -por descafeinado que sea.

Esta vez, líderes partidarios de primer nivel gubernamental manifestaron enseguida su opinión adversa. Eso constituye señal muy saludable. El senador Guido Manini Ríos -por el mismo medio que había utilizado el ingeniero Gabriel Gurméndez- le respondió: “No estamos de acuerdo. Ni en los peores momentos de la Guerra Fría se hizo algo igual… Nosotros creemos que la libertad de expresión debe respetarse siempre!! No importa qué se dice, quién lo dice ni a quién defiende. Importa la libertad!!”. Consultado por una radio, el presidente Luis Lacalle Pou se desmarcó cuanto le fue posible hacerlo de la resolución de Antel.  Cuando lo inquirieron sobre si apoyaba la decisión, dijo: “No. No tengo por qué respaldarla. No conceptualmente. No tengo nada que ver con la decisión que toma Antel”. Los dichos del general Manini y del doctor Lacalle fueron concluyentes. La iniciativa de Gurméndez fue suya en exclusiva; nadie quiso participar, ni mínimamente, del crédito, padrinazgo o autoría. Al menos aquí, en casa.

Pero quienes accionan de esta manera (elijo ese verbo, en lugar de actuar) son gente culta y decidida. Unos días después del apresuramiento del presidente de Antel, la Filmoteca de Andalucía canceló una película del maestro ruso Andréi Tarkovski: Solaris, 1972. (Algunos protestaron, recordaron incluso que el artista fue víctima de la censura soviética y debió exiliarse. En la tarde se procedió a retirar de las bibliotecas los libros de Tólstoi). La Orquesta Filarmónica de Cardiff retiró de sus recitales piezas de Tchaikovski -específicamente la Obertura 1812- y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se sumó a las que ya proscriben a editoriales rusas..

Así como hay defensores de la libertad, allá y aquí y aquí y allá, hay ofensores viscerales e inconscientes. Y si los primeros se hacen notar es por la acción avasalladora que pretenden los segundos. La salud republicana juega sus cartas principales en esta pulseada permanente.

Queda mucho por discutir, serenamente y con fundamento. Es seguro que vamos a disentir en algunos aspectos. Discrepemos, si se quiere, en todo lo demás, pero aunque sea convengamos en esto: si no asegura que la suerte de Caperucita no depende de la palabra del lobo, para nada sirve el estado. Aceptado que debe él emprender esa tarea con eficacia -por lo menos esa-, se pasa a debatir entonces cómo, a qué herramienta se acude, con qué intensidad se la maneja. 

Se asume que el estado esta allí, precisamente, para hacer que el lobo -él mismo, entre otros como él- cumpla su juramento.