ENSAYO

Hace algo menos de un año, cuando el mundo se introducía en uno de los períodos más singulares, caóticos y complejos del siglo XXI, empezaba a manifestarse de forma reiterada y machacona  en los medios de comunicación hegemónicos, una serie de soluciones y caminos a seguir frente a la crisis sanitaria, que giraban en torno a tres ejes bastante nítidos en su contorno: promoción de una cuarentena general, centralización política como modelos de gestión frente a la Pandemia, “Renta básica” en un contexto de gasto publico creciente presentado como “deseable”. Lo primero a señalar es que nada de esto ha cambiado sustancialmente, un año después.

Por Diego Andrés Díaz

Hace algo menos de un año, cuando el mundo se introducía en uno de los períodos más singulares, caóticos y complejos del siglo XXI, empezaba a manifestarse de forma reiterada y machacona  en los medios de comunicación hegemónicos, una serie de soluciones y caminos a seguir frente a la crisis sanitaria, que giraban en torno a tres ejes bastante nítidos en su contorno: promoción de una cuarentena general, centralización política como modelos de gestión frente a la Pandemia, “Renta básica” en un contexto de gasto publico creciente presentado como “deseable”. Lo primero a señalar es que nada de esto ha cambiado sustancialmente, un año después.

La obsesión por promover modelos políticos centralizados frente a la crisis fue parte de los planteos que señale desde los primeros números de extramuros en abril de 2020, y que los hechos se han encargado de confirmar: la existencia de diferentes estrategias de encare frente a la Pandemia ha sido el mejor mecanismo para ir ajustando los procesos y respuestas, y, en ultima instancia, ha sido la única garantía para sostener argumentalmente la defensa de los derechos individuales, las garantías constitucionales y el debate democrático, frente al “discurso único”. La superioridad de un encare poliárquico frente al centralismo, ha resultado abrumadora.

Como bien señala Hans H. Hoppe, “El peligro que emana de una epidemia nunca es el mismo en todas partes, para todos, al mismo tiempo. La situación en Francia es diferente a la de Alemania o el Congo, y las condiciones en China no son las mismas que en Japón. Y dentro de los diversos países el nivel de amenaza difiere de una región a otra, de una ciudad a otra, entre las zonas urbanas y rurales, dependiendo de la composición demográfica y cultural de la población.” Esta circunstancia espacial, territorial, que plantea como deseable el modelo poliárquico de enfoque de las crisis, se ve reforzado por la conveniencia de cotejar “toda una gama de evaluaciones y propuestas muy diferentes sobre qué hacer y qué no hacer ante este nivel de amenaza, todas ellas presentadas por «expertos científicos certificados» igualmente. Por lo tanto -concluye- cualquier medida centralizada, a nivel nacional (en casos extremos, a nivel mundial) para evitar el peligro —un modelo de «talla única»— debe parecer desde el principio absurda e inapropiada.

Por otro lado, en lo que respecta a las cuarentenas, en estos días el reclamo de medidas más agresivas, que supongan cercenar derechos individuales y mantengan a la población sin movilidad social, recobran fuerza en la medida que los datos sobre la enfermedad se muestran menos optimistas. En un artículo publicado en el diario El País el 21 de enero de 2021 titulado FA advierte: «Se imponen medidas más duras» por la «circulación descontrolada» del COVID-19, se da cuenta de una creciente insistencia por endurecer las medidas de confinamiento social. Este proceso viene acrecentándose tanto desde la oposición política como de algunos actores del gobierno nacional, en el marco de un ambiente donde la hostilidad social en la comunicación al respecto de los temas relacionados a la Pandemia, ha cobrado una fuerza inusitada. 

Esta especie de deriva dualista sobre las acciones con respecto a la Pandemia ya eran evidentes al principio de este ciclo, aunque los “buenos resultados” iniciales mitigaron la tendencia al conflicto y la exacerbación de las posiciones enfrentadas. En un artículo publicado en extramuros en los primeros meses, señalábamos esta tendencia con respecto al debate público y el peligro que encerraba: el reclamo más o menos extendido de la implementación de una cuarentena o reclusión obligatoria, coactiva e indeterminada en el tiempo (…)  impulsa a los ciudadanos a una lógica de delación, búsqueda de enemigos, chivos expiatorios y denuncia al vecino que creemos “culpable”, similar al “antipatriota” o “enemigo de la revolución” típicos del lenguaje político jacobino.”

Esta tendencia no ha dejado de crecer, impulsada por una especie de “club del miedo” -visible en las redes- que busca incansablemente a los “culpables” o “responsables” del aumento de casos de Covid 19, sin mayor relación causal que observarlos incumplir algún tipo de protocolo, o en una actividad de esparcimiento personal, o bajo cualquier circunstancia, siempre en un tono de soberbia y superioridad moral autoproclamada. Aquí, la figura del «irresponsable» parece representar un recurso de defensa mental que responde a la necesidad de depositar la responsabilidad de los contagios en algún actor social específico –“los tambores”, “los jóvenes”, “los surfistas”, “los corredores solitarios”- en un espiral tragicómico. No es extraño observar que estos censores acusan actividades “irresponsables”- a partir, por ejemplo, de una foto de “aglomeraciones en la playa”- para posteriormente compartir con sus contactos actividades que ellos mismos efectúan. 

Este bombardeo de un discurso basado en el miedo y la delación social, amplificado por las redes sociales, ha ocultado un hecho bastante evidente: la población de nuestro país -tenga la opinión que tenga sobre este fenómeno que vivimos- ha cumplido mayormente con las medidas sanitarias que las autoridades le han señalado. Los debates políticos con respecto a la “responsabilidad” sobre el empeoramiento de los resultados ha soslayado que, en última instancia, la población acompañó con respeto las medidas legales y los mensajes que las autoridades le han realizado. 

El “club del miedo” parece olvidar todo el periplo anual de la Pandemia en nuestro país, y lentamente su relato va tomando visos de “cruzada”, donde los ciudadanos delatan o acosan a la población que consideran “enemiga” de la salud pública -aunque estén realizando actividades que los mismos delatores ejercen sin el más mínimo pudor- y exigen medidas “ejemplarizantes”, hasta llegar a la condena penal.  

Este proceso brinda una factible posibilidad de agenda para los actores políticos de segundo o tercer orden, que les permite imaginar un escenario donde tengan mayor reconocimiento y visibilidad social y mediática. En este sentido, las pulsión por amedrentar a los ciudadanos que no acompañen las medidas exigidas ha llevado a la promoción de algunos proyectos de ley al respecto: ejemplo de esto es la conocida “Ley Colman”.  La idea de la “cruzada por la felicidad” se potencia en la idea de que te sientas moralmente superior. Algún legislador, funcionario, o postulante a candidato a parásito va a levantar tu enojo, hasta quizás haga una campaña moralista al respecto, movilice el ambiente de cruzada, consiga varios apoyos de distintos lobbys interesados en guillotinar por ley la libertad de los individuos -especialmente la libertad que hace que sus competidores sean preferidos a ellos- y, quien sabe, se podrá transformar en una maravillosa ley de etiquetado de alimentos, canastas justicieras, prohibición de alimentos “insanos”, censura al que disfruta una hamburguesa grasosa y lo manifiesta, sanciones para un padre que no envía a su hijo con brócoli en la vianda, o, en este contexto, un surfista solitario sin tapaboca en medio de la Pandemia.

De los tres ejes iniciales que tomaron como banderas incansables los sectores progresistas globales, el que mantiene una vigencia periódica y cíclica es la exigencia de una “renta básica”. Detengámonos brevemente en esta propuesta.

La renta básica como programa político del progresismo

Desde los inicios de la crisis sanitaria, las históricas voces que ven en la renta básica un mecanismo deseable para vehiculizar sus ideas políticas arremetieron con la exigencia sobre su implementación. Ya en marzo del 2020, la llamada “Red por la renta básica de la Udelar” exigían la implementación progresiva de una renta básica universal e incondicional. El PIT CNT volvería sobre esa idea en sus movilizaciones en junio del 2020, y posteriormente el Frente Amplio insistirá sobre el tema a fines del 2020 bajo la propuesta de una renta básica, aunque con matices en su implementación temporal.  La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, también ha insistido este año en esta medida como método de enfrentar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.

A los pedidos locales para la concreción de la genéricamente llamada “renta básica” se debe sumarle también las recomendaciones que algunos organismos regionales e internacionales han realizado al respecto: La CEPAL ha insistido en aplicar una “renta básica” de emergencia, como preparación para un ingreso universal con las características generales del mismo -universal, incondicional, definitivo- a implementarse en América Latina. Los mecanismos que sugiere como forma de financiar este proceso están alienados a la creciente demanda de mayor centralismo político y predominio del Estado: aumento de la presión fiscal, mayor control de las actividades económicas, persecución a la evasión y la elusión fiscal. Relacionado directamente a este último punto, no es extraño que las políticas financieras de los últimos años promovidas por la progresía global estén referidas a mejorar la capacidad de control de las actividades económicas de los ciudadanos a través de leyes de “inclusión financiera”. 

La tendencia al control de las actividades económicas de los ciudadanos ha entusiasmado poderosamente a las elites globalistas progresistas, con la intención de controlar mayormente los procesos económicos y acceder de forma efectiva y creciente a fondos fiscales para su manejo. La preocupación por señalar como parias mundiales los “paraísos fiscales” -relato promovido por la OCDE y todo “infierno fiscal” basado en la esclavización de los ciudadanos con respecto a los impuestos que le pagan a la casta política gobernante- , o la persecución delirante que los burócratas de los Bancos centrales hacen de las monedas electrónicas como el Bitcoin, caminan en el sentido de combatir las interacciones económicas que escapan al control -y posible uso-, por parte de los gobernantes, del dinero.

En estos días, la conocida burócrata global Christine Lagarde ha insistido en la necesidad de “regular” el uso de los Bitcoins y otros activos digitales bajo la excusa de que son un “activo altamente especulativo”. El terror de estos burócratas no radica en esa condición de herramienta especulativa -condición que ostentan numerosos activos, entre ellos el dinero que emiten los bancos centrales- sino que estos medios promueven procesos económicos que se realizan sin la posibilidad de control, intervención y saqueo por parte de las clases políticas de los estados nacionales y organismos internacionales. 

Estas recomendaciones de los organismos internacionales con respecto a la “renta básica” se dan en un contexto donde se le sugiere -y en ocasiones, exige- a los gobiernos que aumenten el gasto publico para enfrentar la crisis sanitaria. Recientemente, el FMI -organismo internacional dedicado a solventar y financiar gobiernos deficitarios y asesorar inversionistas en deuda pública– ha exigido que los gobiernos “gasten y gasten”. En un contexto de oferta monetaria en expansión inusitada y tasas de interés bajísimas, esta propuesta de endeudamiento de las futuras generaciones es justificada por la emergencia de la Pandemia.

Como vemos, la exigencia de la implementación de una renta básica ha ido alineando un coro creciente, caracterizado por la coincidencia ideológica de sus promotores. Una de las características de las políticas económicas «progresistas» que se abren paso en el mundo es la de expropiar partes cada vez mayores de la riqueza a la población -especialmente a las señaladas por tener rentas más altas- y dedicar esos fondos fiscales para financiar y subsidiar a los grupos de presión afines.

Dentro de los planes genéricos de “renta básica” que han aparecido, un primer punto por señalar es que las propuestas formuladas representan instrumental y teóricamente, cosas diferentes: en algunos casos se exige claramente una “renta básica” y en otras diferentes versiones de lo que se conoce como “renta de inserción”, aunque dejando de lado en esta última, algunas de las características que la conforman. Que todas sean formuladas bajo el paraguas genérico de “renta básica” no solo parece representar una estrategia comunicacional de simplificación, sino también un mecanismo evidente de introducir el debate en la agenda política nacional.

Una renta básica, a diferencia de los diferentes mecanismos de “rentas de inserción” o de “auxilios específicos”, tiene la particularidad de ser transferencia estatal de recursos de carácter universal, definitivo e incondicional, para todos los ciudadanos con independencia de sus circunstancias particulares. 

La diferencia radical de la renta básica con otras prestaciones que el estado provee a los ciudadanos es que no representa un acceso gratuito a un conjunto de bienes predeterminados  (por ejemplo, sanidad, educación, comida, etc.), o, como las llamadas “rentas de inserción”, suponen un mecanismo paliativo transitorio, extraordinario, en ocasiones resarcible y condicionado, destinado a superar un estado de emergencia para sostener personas en situación de vulnerabilidad extrema -mecanismo que existe en nuestro país- , sino que la llamada “renta básica” es un esquema redistributivo estructural, definitivo, incondicional y universal dirigido a desvincular producción e ingreso. Este punto es especialmente fundamental al analizar las diferentes propuestas realizadas, ya que la “renta básica” tiene, como primer impacto, la consecuencia de destruir permanentemente la cooperación social de la división del trabajo.

En este sentido, a pesar de lo brumoso de las propuestas, parece bastante evidente que las que ha formulado la oposición política a través del Frente Amplio no llegan a configurar conceptualmente una “renta básica”, sino más bien son propuestas de rentas extraordinarias y transitorias (6 meses) aunque prescindiendo de mayores condicionamientos y menos aún, promoviendo cualquier modelo que plantee su resarcimiento. La diferencia entre las “renta básica” y las diferentes “rentas de inserción” es demasiado relevante para no señalarlo: las prestaciones que los gobiernos brindan a sus ciudadanos de forma temporal y condicionada tienen en general la intención de restablecer la autonomía de la persona socorrida, y suelen estar acompañadas de una serie de condicionamientos que promueven que el beneficiario se incorpore con la mayor celeridad al sistema laboral de cooperación y competencia, y no a consolidar su heteronomía y dependencia vital con respecto al Estado y sus administradores. 

La renta básica como modelo global

No es un dato menor que no existen países que apliquen un modelo de “renta básica” completo. La renta básica se supone incondicional, es decir, es recibida por todos los miembros de una comunidad política. Los programas piloto de renta básica que se han implementado en algunos países han sido cancelados, y la valoración de sus resultados ha sido heterogénea. 

Una de las características de la división del trabajo es que nos lleva a conjugar nuestras necesidades y anhelos con los de los demás, es decir, nos obliga a ofrecer bienes y servicios que interese a los otros, para obtener nosotros los que deseamos y no producimos. La renta básica tiende a destruir la coordinación propia de la división del trabajo. Los bienes y servicios que deseamos adquirir son el motor por el cual ofrecemos bienes y servicios que otros anhelan en el mercado. Este problema era ya advertido por uno de sus más entusiastas promotores, Phillipe Van Parijs, ejemplarizada en la “paradoja de los surfistas”, ya que observaba lo inviable de la presión sobre la producción de bienes que deseamos fruto de desestimularla por la destrucción de la especialización y la división del trabajo que trae aparejada la renta básica. 

Las implementación de las rentas básicas a escala regional o global, además, diferirían en el monto de la misma entre países, generando dos problemas: la competencia por cobrar las rentas básicas de los países más ricos -un ciudadanos de un país más pobre se vería incentivado a mudarse a uno donde la sociedad es más rica y la renta básica es mayor- y el peligro de crear una “sociedad de castas” donde los “ciudadanos” reciben la renta a diferencia de los no ciudadanos, con el consiguiente incentivo a la segregación, injusticia y corrupción del sistema de acreditaciones que permiten al “ciudadano”, recibirla.  

Mas allá de los debates conceptuales al respecto de la “renta básica”, su carácter antiliberal y confiscatorio, su implementación está relacionada directamente a una propuesta política concreta. Los bienes y servicios que disfrutamos están sujetos a una amortización constante, y esa amortización es responsabilidad de cada individuo: si deseo tener garantizada la satisfacción de mis necesidades básicas y de seguridad, la carga principal para lograrlo le corresponderá a mí mismo, no a un tercero que se ve coaccionado a sostenerlo. Como bien señala Miguel Anxo Bastos, “tener derecho a la renta básica supone siempre que hay unas personas que tienen que trabajar y dar forzosamente, lo quieran o no, parte de sus ingresos a personas que no conocen”. Los argumentos relacionados a que la renta básica ayudarían a bajar la pobreza a nivel global – o regional- son inconsistentes,  extremadamente débiles y demagógicos, y no se contrastan con los datos históricos de la pobreza. Como bien sostiene Juan Ramon Rallo, en general estas propuestas se relacionan más marcadamente con los intereses de los gobiernos y las elites políticas en obtener mayores niveles de control y poder discrecional sobre los ciudadanos: “Occidente y gran parte de Oriente han abandonado la pobreza extrema sin renta básica; por tanto, la lucha contra la pobreza (financiada con la riqueza generada sin renta básica por Occidente) no parece ser un buen argumento para justificar el establecimiento de una renta básica planetaria. De hecho, puede ser un argumento en contra de la renta básica: los países que no prosperan suelen ser regímenes tomados por élites estatales extractivas especializadas en parasitar a su población. ¿En qué sentido una renta básica costeada por Occidente no serviría únicamente para incentivar, potenciar y premiar esta extracción de rentas por parte de una administración estatal que se encargaría de repartirlas clientelarmente?”

Uno de los factores de mayor riesgo radica, no en su implementación económica, sino en las implicancias que devienen de los mecanismos institucionales y culturales que se precipitarían. La dependencia creciente de los ciudadanos con respecto a los gobernantes y los estados va socavando inexorablemente las libertades individuales.  Esto ya era visible a principios de la Pandemia, y señalábamos al respecto que “La tendencia en profundizar una dependencia amplificada de los ciudadanos frente al poder del estado, se inscribe en la reacción ante el miedo, el anhelo de seguridad frente al peligro de pauperización material general. La tendencia promueve no solo aspectos materiales, sino también culturales: recibir una ración pobre y decreciente, pero igualada a todo el rebaño, aunque esto signifique la destrucción de la economía y del sistema de incentivos que impulsan el desarrollo productivo. Destruir el entramado empresarial, el empleo, la moneda, han resultado ser acciones fundamentales para dejar a los individuos inermes frente al Estado, dependientes, débiles. También, como otra consecuencia en el campo cultural y simbólico, socava la propiedad, transmitiendo la idea de que la riqueza de un país no es de los ciudadanos, sus creadores, sino del estado y que este dispone antojadizamente de la misma, esperando recibir pleitesías eternas por esta falsa solidaridad…”.

El caso uruguayo y los gobernantes

La propuesta de Renta básica en Uruguay se da en un contexto económico especialmente complejo, no relacionada esta dificultad necesariamente a la crisis económica resultado de la Pandemia.  El rechazo a la propuesta por parte del gobierno y de los adversarios ideológicos a la renta básica se ha sostenido en la inviabilidad económica tanto en la coyuntura actual (déficit fiscal alto, endeudamiento público, alta presión impositiva existente) como en un análisis de larga duración con respecto a la estructura económica nacional, además del impacto en el sistema de incentivos en la actividad y el empleo. También se ha señalado que los mecanismos existentes de auxilio social son más idóneos, e incluso se podría mejorar y extender parcialmente sus beneficios en lugar de ir a un sistema tan rígido e insolidario como la “renta básica”. En ultima instancia, los debates con respecto a la misma solapan un problema mas estructural y profundo en nuestras sociedades, relacionado a los niveles de responsabilidad -social, política, simbólica, económica, penal- que tienen los gobernantes con respecto a la toma de decisiones con respecto a la vida de los individuos.

La responsabilidad de las decisiones de los gobernantes -especialmente las que impactan directamente en la actividad económica de los ciudadanos- tienden a ser relativizadas. Los líderes políticos, en general, se han deslizado por un tobogán demagógico despreocupándose por los efectos no visibles y las consecuencias evidentes pero indirectas de sus decisiones, con la certeza que sus paternalistas y “audaces” ideas y decisiones no les representaran consecuencias tangibles, ya sea patrimoniales o penales. Esta tendencia histórica se ha exacerbado con la Pandemia, donde, debajo de la propaganda por los pequeños -pero hiper publicitados- resultados sanitarios “positivos” fruto de sus acciones de encierro general, destrucción de la economía y redistribución de capitales, se soslayan las nefastas e incuantificables consecuencias sociales y económicas de sus acciones, que se traducirán en muchísimos mas pobres, enfermos y muertos.

Este proceso es especialmente nefasto y engañoso: desde el principio, la dicotomía falsa y absurda entre “salud” y “economía” fue soliviantada para sostener un relato “épico” de los funcionarios gubernamentales, presentándolos como una especie de héroes salvadores. Cuanto más acentuado se manifestó este relato de falsa dicotomía, más impactante resultó en la larga duración la falacia de lo expuesto. Si uno compara, por dar un ejemplo, el modelo comunicacional argentino, con el que presentó el gobierno uruguayo, es evidente que en nuestro país se evitó acertadamente el espiral demagógico del dualismo “salud o economía” basado en un relato del miedo sostenido.   

En la medida que el deterioro económico fue agravándose a nivel global, y que las consecuencias de las acciones paternalistas de los gobernantes derivaron en mayor pobreza, desempleo, destrucción de la producción y las empresas, y que los resultados de esas medidas no representaban especiales soluciones a la crisis sanitaria, los gobiernos apelaron a la expansión monetaria generalizada, poniéndose nuevamente como “salvadores” de una situación que ellos propiciaron mayormente con sus decisiones. 

En la vorágine pandémica, esta tendencia a la irresponsabilidad frente a la consecuencia de decisiones a llegado a limites increíbles. En todo este proceso, la propuesta de “renta básica” es un actor más en un largo collar donde se acepta tácitamente soluciones mágicas sin medir consecuencias estructurales y secundarias, y en un tono dramáticamente demagógico y estatizante. El fracaso acumulado de los gobiernos es soslayado, además, por una red de medios de comunicación que a diario bombardean a la población con información parcial, fraudulenta y apocalíptica, todo esto en medio de la batalla comercial por las vacunas, la aparición condicional de “nuevas cepas” y un mayor e infructuoso encierro de la población.

Esta irresponsabilidad económica -con su correlato en víctimas y daño social- es otra de las consecuencias del manejo político de la Pandemia, a los que se le suman la creciente y ya referida suspensión o limitación derechos y libertades individuales y de propiedad, y una discrecional y creciente restricción de la libertad de movimiento personal, llegando incluso, al delirio de instalarla al interior de los hogares privados, todo ello bajo el paragua del “bien común”. 

Centralismo político creciente basado en agencias supranacionales de nula legitimidad democrática, cuarentena obligatoria sin estado de derecho que la regule y renta básica que exacerbe la dependencia a los gobiernos, parecen ir de la mano, en un programa político de un evidente tono liberticida y antiliberal.

Compartir