CONTRARRELATO
* “Ahora veo cómo los administradores nos obligan a hacer las cosas a la fuerza y todo se basa en el dinero. En aquel momento no lo veía porque sólo tratábamos de cuidar a la gente”
* La idea era “podría ser más seguro para el personal si seguimos adelante y los ponemos en ventiladores. Algunos pacientes fueron puestos en ventiladores cuando todavía estaban al 96 por ciento de oxígeno. Con ventilador o sin él, las enfermeras seguían agarrándose COVID“
Por Carl Mayberry
Durante meses, los estadounidenses vivieron con el temor de contraer el COVID-19, escuchando historias sobre pacientes infectados que acababan en respiradores en los hospitales, mientras se les decía constantemente que vacunarse evitaría esa situación y la contracción de la propia enfermedad.
La pandemia impregnó nuestras vidas, desde los cierres obligatorios y los estudiantes obligados a afrontar los retos de la escuela virtual, hasta el cierre de empresas y las controvertidas obligaciones de vacunación.
Ahora, cuando el polvo se ha asentado, más médicos y enfermeras han salido a la luz para hablar de los protocolos de tratamiento poco éticos y erróneos que se produjeron -y se siguen produciendo- dentro de los hospitales.
A pesar de las diferentes experiencias y funciones, todos estos profesionales de la salud tienen básicamente la misma historia: que los administradores de los hospitales aplicaron a sabiendas los protocolos de COVID-19 establecidos por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Estos protocolos incluían el tratamiento de los pacientes con el medicamento remdesivir, que perjudicaba y a veces provocaba la muerte del paciente, así como la colocación de pacientes en respiradores, ambos con fuertes reembolsos, mientras que otros tratamientos más eficaces estaban prohibidos.
Los proveedores de los hospitales implementaron las reglas dictadas por el CDC/NIH
Los protocolos de los CDC y los NIH se entregaban a la administración superior del hospital, que los transmitía a los médicos. Si las enfermeras o los médicos se salían de los protocolos, dejaban de estar protegidos por la Ley de Preparación para Emergencias (PREP). La Ley PREP es una controvertida ley que originalmente pretendía proteger a los fabricantes de vacunas del riesgo financiero en caso de una emergencia de salud pública declarada. Luego se enmendó para cubrir a los trabajadores sanitarios durante una emergencia de salud pública si se atenían a los protocolos de mandato del gobierno.
La gran mayoría de los hospitales utilizan un sistema en el que el personal sanitario examina al paciente y consulta su expediente a través de un ordenador en el que se establecen planes de tratamiento preestablecidos en la historia clínica electrónica.
A veces, ese plan viene con casillas premarcadas de ciertos medicamentos que deben utilizarse, con lo que se envía a esa enfermera por un camino de tratamiento. En el caso de los pacientes de COVID, se premarcaba el remdesivir o un tipo de esteroide, por ejemplo, pero nunca la hidroxicloroquina y la ivermectina, medicamentos que algunos clínicos consideran eficaces. Las normas tampoco permitían a las farmacias aprobar medicamentos de tratamiento fuera del protocolo.
“Fue como si algo viniera de lo alto que sólo nos permitía hacer los protocolos prescritos“, dijo Staci Kay, ahora enfermera practicante de Médicos por la Libertad de Carolina del Norte, una red sin fines de lucro de médicos, líderes sanitarios y proveedores de servicios médicos que existe para apoyar la libertad médica. “Ahora veo cómo los administradores nos obligan a hacer las cosas a la fuerza y todo se basa en el dinero. En aquel momento no lo veía porque sólo tratábamos de cuidar a la gente“.
“No se quieren considerar opciones fuera de lo común: medicamentos baratos con los que nadie gana mucho dinero“, añadió Kay. “Mucha gente murió, y creo que no se los trató como se debería haber hecho: utilizando tratamientos que no tenían cabida en el tratamiento de la disfunción pulmonar y utilizando tratamientos equivocados en el momento equivocado, como el remdesivir, que supuestamente debía administrarse muy pronto y lo estábamos dando en el CTI“.
Por eso Kay dejó el sistema hospitalario para iniciar su propia práctica privada de tratamiento temprano, independiente del control corporativo, federal y estatal. Su empresa ofrece servicios de telemedicina, terapias intravenosas móviles y asesoramiento sobre la prevención de la COVID-19, el tratamiento precoz y la forma de tratar las lesiones prolongadas de la COVID y la vacuna.
Otra enfermera que todavía trabaja en un hospital de Carolina del Norte y que pidió no ser nombrada por miedo a perder su trabajo o la reputación de su carrera, dijo que el protocolo de remdesivir fue una señal de alarma inmediata, debido a su experiencia anterior trabajando con pacientes de Ébola que después de recibir remdesivir experimentaron insuficiencia hepática y renal.
El remdesivir es un medicamento antiviral desarrollado por la empresa biofarmacéutica Gilead Sciences.
“Tuvo el mismo efecto en el COVID que en el Ébola: inundar los sistemas de las personas con remdesivir sin poder excretarlo“, dijo. Señaló que el fármaco puede provocar insuficiencia renal. El remdesivir y sus metabolitos activos se excretan principalmente por los riñones a través de la orina para que el fármaco no se acumule en el cuerpo de los pacientes. “Durante todo el tiempo que trabajé en el hospital me costaba entender que nadie cambiara el protocolo“.
Y es que ella y otros colegas siempre se encontraron con la resistencia de los altos cargos, empeñados en seguir los protocolos establecidos por los CDC y los NIH.
Mientras tanto, ella comenzó a trabajar fuera del sistema hospitalario con Kay para proporcionar esteroides de mejor calidad que los que proporcionaban los hospitales, junto con tratamientos que incluían altas dosis de vitamina C, D y zinc.
“Entre septiembre y diciembre de 2021, supe que había estado trabajando con ellos y vi que había tratado a miles de personas y no había enviado a nadie al hospital; y al mismo tiempo estaba dentro, viendo cómo morían múltiples personas a diario“, dijo. “No podíamos embolsarlos lo suficientemente rápido y llevarlos a la morgue“.
“Llegué finalmente a pensar ‘estoy trabajando en el exterior y nadie va al hospital’“, añadió.
“A finales de 2021 sabíamos definitivamente que nada de esto estaba funcionando. Había médicos dispuestos a levantarse y decir ‘Un momento, estamos haciendo lo mismo y nada está cambiando’“, dijo. Sus propias preguntas sobre por qué no se podían utilizar alternativas de forma sistemática cayeron en saco roto.
“Son cosas que nunca habíamos hecho”
También contó historias de pacientes a los que se les ponía un respirador cuando se les podía mantener con oxígeno. En parte, explicó, fue por miedo a que si los pacientes estaban con oxígeno, las enfermeras tuvieran más probabilidades de contraer COVID porque el sistema CPAP/BIPAP se considera un sistema “abierto”, a diferencia del ventilador, que es “cerrado”.
La idea era “podría ser más seguro para el personal si seguimos adelante y los ponemos en ventiladores“. De modo que “algunos pacientes fueron puestos en ventiladores cuando todavía estaban al 96 por ciento de oxígeno. Con ventilador o sin él, las enfermeras seguían agarrándose COVID“
Las circunstancias llegaron a ser tan graves que, dentro de un centro, una de las políticas era paralizar a los pacientes con problemas pulmonares graves utilizando medicamentos paralizantes como propofol, midazolam (marca Versed) y fentanilo. Una vez que el paciente estaba paralizado, se iniciaba el remdesivir para cada paciente, pero poco después los pacientes entraban en insuficiencia renal, lo que creaba una sobrecarga de volumen de líquidos en la que el cuerpo era incapaz de excretar los residuos.
“Empezamos con los paralizantes y luego utilizamos la máquina para verificar que habían funcionado. La idea era ‘paralicemos el cuerpo para que no trabaje en exceso’, pero lo que descubrimos fue que el cuerpo del paciente no excretaba todo el remdesivir“, dijo. “En cambio, los pacientes que estaban paralizados morían más rápido“.
Aunque se suponía que esta política era para los pacientes con más problemas pulmonares, dijo que nunca hubo un criterio estricto de por qué la utilizaban.
“Hay que recordar que el COVID también era nuevo para nosotros. Son cosas que nunca habíamos hecho antes“, añadió. “Tampoco les dábamos tubos de comida a estos pacientes, lo que contribuía a que estuvieran desnutridos“.
Al mismo tiempo, fue testigo del dolor experimentado por los familiares a los que no se les permitía entrar en los hospitales para estar junto a la cama de sus seres queridos o abogar por ellos. Así fue como ella también descubrió los incentivos que había detrás de los protocolos hospitalarios de COVID establecidos por los CDC y los NIH, protocolos que también se estaban siguiendo en otros hospitales del país.
Aumentar las emociones de esta enfermera fue el hecho de que en julio de 2021, justo después de haber dado a luz a su tercer hijo, perdió a su primera paciente embarazada. Fue entonces cuando dijo que toda la situación le “golpeó”.
“Ella [la madre] tuvo COVID y después el bebé fue a la UCIN mientras que a la madre se le convenció de que se pusiera un ventilador. El Remdesivir le intoxicó el cuerpo. Dos semanas después, el bebé salió de la UCIN“, recordó. “Esa fue la cereza del pastel para mí: empecé a denunciar, creé una protesta con una amiga contra los mandatos de vacunación y colaboré con Staci. Sabíamos que para que se produjera un cambio tenía que venir del nivel de los proveedores, es decir, los médicos tenían que estar dispuestos a hablar“, dijo, señalando que así es como se formó North Carolina Physicians for Freedom.
Beneficios de los hospitales a través de la facturación y los reembolsos
Otra enfermera que tampoco quiso ser identificada por miedo a las represalias de su empleador o empleadores, pero que ha trabajado en múltiples aspectos de la industria de la salud (incluida la atención urgente y pulmonar, como gestora de casos en el ámbito hospitalario y como administradora de terceros) también habló de estos protocolos.
Ella también explicó que, al principio, los pacientes recibían remdesivir antes de pasar a utilizar los fármacos inmunosupresores tocilizumab y baricitinib, un inhibidor de la Janus quinasa (JAK). Fue la forma en que los proveedores (hospitales y, por tanto, los médicos que administran los fármacos) facturaban a los planes de seguros corporativos de los pacientes lo que se convirtió en el principal motor del uso de remdesivir.
Mientras que un centro hospitalario puede haber probado algunos tratamientos diferentes -por ejemplo, utilizando paralizantes-, el estándar en general tenía muy poca desviación entre los hospitales. Para la mayoría de los pacientes, el protocolo consistía en utilizar remdesivir y luego un ventilador, lo cual fue verificado por una enfermera que se puso en contacto con antiguos colegas de varios estados.
En cuanto a los incentivos económicos, por cada ventilador o administración de remdesivir, había una cantidad x de dólares en concepto de reembolso, que oscilaba entre 7.500 y 15.000 dólares por el remdesivir y entre 30.000 y 40.000 dólares por la colocación de un ventilador, dependiendo del tiempo que el paciente estuviera en él. Estas eran cifras estimadas para aquellos pacientes con planes de seguros corporativos de pago privado.
“En todos los planes corporativos, el principal motor son los medicamentos y los planes corporativos estaban pagando entre 7.500 y 15.000 dólares por el remdesivir“, dijo. “Sé que estaban ganando mucho dinero si se facturaba bajo un plan corporativo“.
Eso mientras que señaló que medicamentos como la hidroxicloroquina y la ivermectina, que según ella se han utilizado eficazmente para tratar el virus, tenían meras tasas de reembolso de 4 y 1 dólares, por lo que no había ningún incentivo financiero para utilizarlos.
En cuanto al tocilizumab, que describió como una gran opción para los pacientes con COVID en la fase moderada de la enfermedad, los NIH cambiaron la directriz para administrarlo en la fase tardía de la COVID.
Además, dijo que innumerables pacientes fueron diagnosticados erróneamente y que muchos murieron realmente de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) debido a la sepsis, mientras que la causa de la muerte fue incorrectamente atribuida a la COVID.
“El asunto es que por eso es tan crítico conseguir laboratorios. Puedes tener un paciente que piense que fue COVID y que en realidad tenía una infección bacteriana“, dijo. “Se sentaban allí y dejaban que [los pacientes] se agravasen mucho“.
Al mismo tiempo, vio cómo las enfermeras y los médicos que intentaban tratar a los pacientes fuera del hospital sufrían las consecuencias de sus esfuerzos.
“Los médicos y enfermeras valientes, una vez que desafiaban el hecho de que no se les diese competencia en la elección del tratamiento, eran amenazados o despedidos“, dijo. “Una vez que estos profesionales se iban y comenzaban sus propias prácticas usando ivermectina o hidroxicloroquina, lo pasaban por el plan y esto corre a través de Blue Cross, United Healthcare… Entonces ellos [las juntas médicas de los estados] empezaron a pedir a las farmacias que les impriman cualquier receta que hayan procesado de hidroxicloroquina e ivermectina, incluyendo el nombre del médico prescriptor, para que ese médico sea reportado y luego pueda ser investigado. Así de oscuro es el asunto“, añadió.
La imposición de la inyección a los trabajadores sanitarios entró en juego
Mientras tanto, los trabajadores sanitarios que no querían la vacuna o que no estaban de acuerdo con los protocolos de tratamiento estaban sintiendo una mayor presión.
Sandy Craig era una de ellas. Como médica de urgencias y directora de residencia de un programa de formación de tres años para médicos de urgencias, ha pasado toda su carrera trabajando en el mismo centro médico.
Fue en agosto de 2021, cuando la red de hospitales anunció un mandato de vacunación que incluía a personas que ya habían tenido el virus, cuando supo que algo no iba bien. A Craig le pareció interesante que tres sistemas sanitarios diferentes llegaran a la misma conclusión y la anunciaran simultáneamente el mismo día.
“‘No vamos a poder vacunar para salir de esto’“, pensó, basándose en sus conocimientos de inmunología y en el hecho de que sabía que tenía anticuerpos contra el COVID y que una vacuna bajo la Autorización de Uso de Emergencia no debería ser impuesta por los empleadores.
“¿No van a hacer excepciones con las embarazadas o con las personas que tenían la enfermedad?“. “Esto no se ajustaba en absoluto a la ciencia. Yo sabía que si tenías COVID-19, que es lo que tienen muchos trabajadores de la salud, no había necesidad de una vacuna“, dijo.
A pesar de que se le concedió una exención religiosa para no tener que vacunarse, tras luchar contra los protocolos de tratamiento, Craig decidió que su mejor opción era retirarse.
“Me sentía cada vez más como una extraña con respecto a cómo tratábamos a nuestros pacientes con COVID, en una comunidad de personas con las que pasé 34 años y a las que les encantaba hacer el trabajo que hacíamos“, dijo.
Mientras tanto, fuera del hospital, Craig trataba a cada vez más pacientes con ivermectina cuando sus propios médicos no lo hacían, y veía buenos resultados.
“Me preguntaba por qué, cuando vemos docenas de personas cada día que tienen COVID, les decimos que se vayan a casa y se aíslen, y que vuelvan si les falta el aire, y no iniciamos un tratamiento temprano. ¿Por qué estamos aconsejando a los pacientes esta vacuna experimental sin tener en cuenta la infección previa, la edad o el perfil de bajo riesgo?“, dijo Craig. “No sólo no estamos tratando a la gente con un medicamento que parece ser seguro y eficaz, sino que estamos reteniendo el tratamiento temprano, y en muchos casos los pacientes vuelven al servicio de urgencias habiendo enfermado tanto que requieren tratamiento en el CTI“.
Los protocolos de los CDC/NIH se llevan a cabo en todo el país
Lejos de Carolina del Norte, se celebró una conferencia de prensa a principios de este mes en Fresno, California. Allí, los abogados Dan Watkins, de Watkins & Letofsky, y Michael Hamilton, de Hamilton & Associates, se refirieron a tres denuncias presentadas en nombre de 14 familias de la zona de Fresno que habían perdido a sus seres queridos a manos de proveedores de atención sanitaria que utilizaron remdesivir. Los cargos incluyen “engaño médico” y “atención médica no consentida” con las cuatro causas de acción que incluyen ocultación fraudulenta, abuso de ancianos, negligencia médica y agresión.
En ella señalaban cómo los NIH, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Servicios de Salud y Humanos (HHS) y los CDC habían fallado al pueblo estadounidense.
“Nunca fue el virus, la mayoría [de las muertes en los hospitales] se debieron al protocolo de medicamentos con remdesivir“, dijo Watkins durante la conferencia de prensa celebrada en la iglesia Adventure de Fresno.
“La extralimitación de los administradores de los hospitales y de las agencias federales de salud para dictar lo que los médicos harán o no harán, para amenazarlos con sus licencias, con sus derechos a ejercer realmente en ese hospital. Negar el derecho de las familias a estar al lado de sus seres queridos. En definitiva, es repugnante. Hay algo muy corrupto y malvado en todo esto“, dijo a la multitud llena de familiares y médicos implicados.
Los NIH y los CDC no respondieron cuando se les pidió que comentaran los protocolos de tratamiento del COVID-19.
Ahora, cuando lo peor del COVID parece haber pasado, las personas que están en primera línea del hospital y que hablaron, dicen que nunca volverán a ser las mismas después de lo que vivieron. “Cuando perdí a esa madre embarazada, me sacudió el alma“, dijo la primera fuente no identificada. “Nunca podré olvidar lo que hemos permitido que ocurra en los últimos dos años. Ya no me fío de la gente sólo porque tengan “Dr” o “Nurse” delante de su nombre”.
Publicada originalmente aquí