DIEGO ANDRÉS DÍAZ / La multiplicación de actores, agencias y organizaciones, estatales o no, que aparecen realizando diagnósticos sociales y promoviendo supuestas soluciones es tan enorme como fallidas son las respuestas a esa tendencia. En general, la respuesta ante el enjambre de cazadores de rentas del Estado que intenta convencer a la sociedad de que sus planes de ingeniería social, reeducación y control son la solución a todos los males resulta más inútil que la propaganda que pretende contener, donde en general se aferra a un discurso idealizado del pasado, o se agota en la crítica personal a los singulares personajes que promueven las famosas agendas de autoritarismo cultural progresista.
ENSAYO
Las dos respuestas comparten un mismo defecto. Una discute el contenido y la otra discute al mensajero, y ambas dan por sentado lo único que estaba realmente en disputa.
Lo constaté el otro día viendo un video muy singular: un experto en masculinidades promoviendo reeducación, en el medio de comunicación que hace de correa de transmisión de las empresas ideológicas woke locales. Pero cada lector debe tener cientos de ejemplos aplicables en los últimos años.
El primer error, el pecado original de todo el proceso, es aceptar el campo de juego donde se disputa el partido. Y ese campo es funcional a tres actores a la vez: el Estado, que absorbe una instancia más de la vida bajo su jurisdicción; los sectores ideológicos que la promueven, que obtienen posición; y las empresas ideológicas, que cobran por atender una demanda creada por su propio discurso.
La discusión, entonces, no pasa por si estas propuestas son útiles o no a la sociedad. La pregunta clave es otra: si el asunto debe caer bajo la jurisdicción del Estado y si es potestad de alguna de sus innumerables agencias ocuparse de él. Es la pregunta que no aparece nunca, y cuando aparece la conversación se interrumpe.
Tampoco depende de la filiación política. Allí donde se advierte un nicho para cazar rentas del Estado, los sistemas de incentivos se alinean solos: los partidos incorporan a su interna actores que promueven figuras dispuestas a cazar, y buena parte de la fauna que emerge de la educación terciaria estatal huele sangre y se organiza para capturar.
La objeción habitual al agendismo “desde arriba” es que estas soluciones no sirven. Es una mala objeción como primera, y no porque sea falsa. Discutir si el plan funciona supone haber aceptado antes que el asunto es público, que le corresponde al Estado y que alguna agencia debe ocuparse de él; recién sobre esa base se pasa a evaluar el programa. El vendedor de soluciones -que es el cazador de rentas organizado en sus empresas ideológicas– no necesita más que eso. Puede perder la discusión sobre el programa cuantas veces haga falta, porque cada fracaso le habilita un rediseño, y el rediseño lo hace la misma oficina.
La pregunta que la lógica centralista nunca formula es anterior y va por otro camino: no si la solución es buena, sino de quién es el asunto. Ninguna eficacia demostrada confiere competencia automática e irreversible sobre la vida de nadie. Por eso conviene abandonar el terreno de la calidad, porque en toda intervención de este tipo hay siempre alguien que hasta ayer decidía algo y hoy lo recibe decidido. Identificar quién es esa persona, y qué se le sacó, es el inicio del análisis.
Detrás de cada una de estas propuestas hay una premisa que nunca se enuncia porque nunca se discute, y es si al Estado le corresponde hacernos supuestamente “mejores”, definiendo qué sería eso, qué es lo que nos prohíbe serlo y si el tiene jurisdicción de solucionar toda supuesta imperfección. Y no me refiero a mantener el orden, arbitrar conflictos, o proveer un servicio, sino mejorarnos, hacer de Estado dador de virtud existencial y de conciencia. Corregir cómo un hombre entiende su masculinidad, cómo una familia cría, cómo un vecino habla, qué come, qué mira, qué siente. Todo el catálogo de la ingeniería social contemporánea descansa ahí.
Formulada así, la pregunta es incómoda incluso para quien defiende el programa: ¿de dónde saca el Estado la potestad de decidir en qué consiste una buena conciencia y de administrarnos hacia ella? No hay respuesta disponible que no sea circular. Se responde con la utilidad —esto mejora a la gente—, que es justamente lo que estaba en discusión, o con la magnitud del problema, que es una razón para hacer algo y nunca una razón para que lo haga precisamente el Estado.
Es fundamental señalar además que la premisa es históricamente reciente y que ocupó un lugar que ya estaba ocupado. Conviene separar antes dos cosas que suelen confundirse. Una es impedir el daño: la conducta que lesiona a otro, que es coactiva o que constituye delito, y que sí suele ser materia del Estado. Otra es formar el carácter: establecer qué actitudes son las correctas, qué ideas conviene tener, cómo debe uno pensar sobre sí mismo y sobre los demás. Lo que discutimos acá es lo segundo, y es un ámbito donde no hay daño que reprimir ni conflicto que arbitrar, sino personas a las que se considera incorrectas.
Ese ámbito nunca fue del Estado. La formación de las personas era competencia de instituciones que no disponían de la fuerza pública. Ninguna de ellas podía obligar a nadie por decreto ni cobrarle un impuesto por negarse; todas dependían de convencer, de la pertenencia voluntaria o del prestigio propio, y quien no aceptaba su criterio podía irse. El Estado no agregó una función nueva, se quedó con una función ajena y le sumó exactamente lo que las otras no tenían, que es la coacción. Esa es la diferencia decisiva, y no la calidad comparada de unos y otros.
Es por esto que hoy resulta más útil disponer de un mecanismo para identificar a estos cazadores de rentas que discutir una por una sus propuestas. Cómo operan, cuáles son sus coartadas, dónde se apoya su militancia intensa, en qué momentos aparece, cómo coordinan la saturación frente a un hecho que puede promoverlos, cómo instalan un discurso cerrado y cómo persiguen y deslegitiman a quien pone reparos.
¿Cómo tomamos decisiones?
Una pregunta clave en este análisis es preguntarnos qué tipo de decisión tomamos a diario. En general, existen dos tipos de decisión: las voluntarias y las que obligan. Cuando utilizamos esta doble condición, podremos ver que ninguna de estas propuestas nace obligatoria. Nace como oferta, y esa es la razón por la que casi no encuentra resistencia al aparecer, porque quien no está interesado supone que el asunto no lo alcanza. El recorrido posterior es siempre el mismo y tiene escalones reconocibles.
Primero es un taller, curso o seminario al que a uno lo anotan. Después es un taller que la institución ofrece a todos, aunque nadie esté obligado a ir. Después se registra quién fue y quién no. Después la asistencia cuenta como mérito para un concurso o un ascenso. Después es requisito para un cargo. Después es requisito para ejercer. Y en algún punto de ese recorrido, sin que nadie haya votado nada parecido a una obligación, aparece la formación obligatoria, el protocolo de aplicación preceptiva y el cargo de referente que verifica su cumplimiento.
Lo importante es que cada escalón es individualmente defendible. Nadie puede objetar seriamente que se ofrezca un taller, ni que se lleve registro de asistencia, ni que la capacitación se valore en un concurso. Cada paso es razonable respecto del anterior y ninguno parece el momento en que algo cambió de naturaleza. Por eso la discusión llega siempre tarde: cuando el carácter obligatorio se hace visible, la estructura que lo sostiene ya está financiada, con personal designado y competencia establecida.
La razón por la que el recorrido no se detiene es económica y no ideológica. Mientras la participación es voluntaria, la demanda es incierta y el proveedor depende de convencer. Cuando se vuelve obligatoria, la demanda es fija, no requiere persuasión y no admite competencia. Un servicio optativo tiene que ser bueno; uno obligatorio no tiene que ser nada. Ese es el motivo por el cual el sector nunca se conforma con la etapa voluntaria, aunque en esa etapa nadie lo esté molestando.
De ahí el test más simple de todos, que se puede aplicar en cualquier punto de la escalera: si mañana esto fuera estrictamente optativo, ¿cuánta demanda queda en pie? Si la respuesta es poca, lo que se está discutiendo no es un servicio que alguien quiere, sino una clientela que hay que fabricar por norma.
El atajo del acontecimiento
La escalera tiene además una versión rápida, y es la que mejor explica por qué nadie recuerda haber aceptado nada. Un hecho grave ocurre, conmueve, y la actividad normal se interrumpe. No hay norma que obligue a nadie a participar de nada, simplemente se generaliza la problematica, y se retira del debate cualquier interpretación alternativa. El abordaje se reorganiza en torno al episodio, de modo que lo único disponible durante ese lapso es la intervención, estructural, dialéctica. La participación resulta total sin que se haya dictado obligación alguna, porque quien no quiere estar ahí no tiene otro lugar donde estar.
Lo que hace posible ese atajo es que en ese momento objetar es indecente. El costo de preguntar por la potestad, por el presupuesto o por la evidencia es altísimo mientras dura la conmoción, y para cuando la conmoción pasa la discusión ya no existe, porque el asunto se cerró sin haberse abierto.
Pero hay algo anterior y más importante. Un hecho grave suele tener una explicación concreta y verificable: un caso individual, una patología diagnosticada, una falla administrativa puntual, una responsabilidad identificable. Esa explicación es inservible para el sector, y no porque sea falsa sino precisamente porque es verdadera y limitada. Señala una causa, un responsable y un remedio, y con eso agota el asunto. La explicación estructural hace lo contrario: descarta lo singular, convierte el episodio en manifestación de un problema general y transforma a toda la población presente en destinataria de una intervención. El caso deja de ser un caso y pasa a ser un síntoma.
Esa sustitución es la operación central y conviene verla con claridad, porque se repite siempre. El diagnóstico que mejor explica el hecho es el que peor sirve para financiar una estructura permanente, y el que peor lo explica es el que mejor la sostiene. Cuando entre ambos se elige el segundo, no se eligió una interpretación de la realidad: se eligió un activo.
Las cinco operaciones
Debajo de la enorme variedad de propuestas, lenguajes y áreas de intervención hay siempre las mismas cinco operaciones: adquirir jurisdicción, construir un problema que requiera especialista, convertir una oferta voluntaria en obligación, hacer permanente y no falsable la intervención, y consolidar una clientela profesional y presupuestaria. Lo que sigue no es un catálogo de propuestas sino de indicios: diecinueve rasgos observables que permiten reconocer esas operaciones antes de que estén completas, agrupados en tres bloques. No es taxativo ni pretende serlo.
Qué dice el cazador de rentas estatales sobre sí mismo.
- El cazador cobra mayormente en jurisdicción, no en dinero. Lo que se lleva no es solo la renta, sino la competencia: obligatoriedad, certificación, exclusividad, protocolo, cargo permanente. La partida se discute cada año; la competencia no se discute nunca más. Hay que buscar siempre qué pasa a ser obligatorio y quién queda habilitado en exclusiva para proveerlo.
- La gradualidad es el método. Nada nace obligatorio. Cada escalón es defendible por separado y ninguno parece el momento en que algo cambió de naturaleza, de modo que la discusión llega siempre cuando la estructura ya está financiada. El test se aplica en cualquier punto del recorrido: si mañana esto fuera estrictamente optativo, ¿cuánta demanda queda en pie?
- Desplaza una competencia que ya existía. Saca una decisión de un titular concreto —una familia, un diagnostico científico, un empleador, una comunidad— y la lleva a una oficina. Hay que preguntar quién dejó de decidir. Es el único dato que no admite interpretación.
- No declara cuándo terminaría. Ningún plan de reeducación establece qué habría que observar para darlo por cumplido, porque como la base ideológica es progresista, el paraíso está en el futuro, junto a la rendición de cuentas, y siempre se mueve, como el horizonte. Hay que preguntar qué tendría que pasar para que el programa termine. Si no hay respuesta posible, no es una política, es una jurisdicción nueva.
- Vende un diagnóstico, no un servicio. La partida presupuestal nace de la descripción del problema; la ejecución viene después y es secundaria. Se nota en la asimetría, donde todo el esfuerzo intelectual está en la primera parte y casi nada en la de resultados.
- Declara incompetente al destinatario. El corregido no es elegido por nada que haya hecho: es miembro involuntario de una categoría —los varones, los docentes, los empleadores, los adultos— que alguien definió, y esa pertenencia basta para volverlo destinatario. La incompetencia no se le atribuye como circunstancia sino como condición de su posición: no es que no lo sepa todavía, es que por ser lo que es no puede verlo. Por eso no hay conducta que lo saque de la categoría ni evidencia personal que lo exima, y su propia negativa a reconocerse en el diagnóstico se lee como confirmación. Hay que buscar siempre la fórmula: el problema debe ser abstracto, colectivo, determinista, naturalizado, internalizado, inconsciente, estructural.
- Usa una plantilla dualista sin mecanismo. Conserva del marxismo vulgar el esquema opresor-oprimido y descarta la teoría que lo sostenía. Esa amputación es lo que la volvió comercializable, porque se aplica a cualquier materia sin conocerla, y por eso el mismo experto factura en áreas de las que no sabe absolutamente nada.
- Convierte toda diferencia en daño y todo daño en culpable. Una desigualdad o realidad diferencial pasa a ser una injusticia, y la injusticia pasa a tener responsable, sin un solo paso demostrativo entre una cosa y la otra. El salto está siempre, y está siempre sin argumentar.
- Monopoliza las tres funciones. Define el problema, provee el remedio y evalúa el resultado. Siempre hay que analizar quién firma el diagnóstico inicial y quién firma la evaluación final, porque suele ser el mismo nombre o la misma red.
- Se alimenta del fracaso. Un mal resultado nunca refuta el diagnóstico; prueba que faltaba profundidad, dosis o tiempo. El éxito, en cambio, lo liquidaría. Por eso los programas que más crecen no son los que mejores resultados muestran en el área que dicen atender.
- No es reversible. Hay que preguntar si puede deshacerse sin pedirle permiso a quien lo otorgó. Sin cláusula de caducidad, sin salida, sin opción de no participar, lo que hay es una posición conquistada que va a sobrevivir a su propia evaluación.
- La categoría indefinible es la renta más pura. Cuando lo que se propone castigar o corregir no admite definición —discursos de odio, violencia simbólica, manifestaciones de masculinidades tóxicas—, la indeterminación no es un problema pendiente de resolver sino la ventaja del instrumento. Una conducta bien delimitada se puede probar y se puede refutar; una categoría abierta requiere que alguien decida caso por caso qué cae adentro, y esa potestad de decidir es la renta. Hay que preguntar si el enunciado permite saber de antemano qué está prohibido. Si la respuesta depende de quién lo interprete, lo que se está creando no es una norma sino un intérprete permanente. En su versión más rudimentaria la operación ni siquiera necesita simular generalidad: el diagnóstico llega con la nómina hecha, porque quien lo formula ya sabe quiénes son los enfermos, y el remedio propuesto consiste en apartarlos del debate público. Es la idea de “perseguir” discursos del odio que realizó la senadora Blanca Rodriguez. Lo que busca es simplemente criminalizar el pensamiento disidente. Ahí la ingeniería social deja de disfrazarse de terapia colectiva y se muestra como lo que es, una herramienta para sacar competidores de la discusión política con recursos del Estado.
Reconocer la conducta: observar al sector a lo largo del tiempo, no en una sola aparición.
- Tiene calendario. La militancia no es continua, es estacional, aparece con la efeméride, el proyecto en comisión, la rendición de cuentas, el caso policial o social que se presta. Rastrear las fechas de los últimos cinco pronunciamientos del sector y ver el movimiento. La agenda no la fija el problema, la fija el ciclo institucional que lo financia.
- Satura ante el hecho. Un caso individual llega a los medios y en cuarenta y ocho horas hay declaraciones simultáneas de organizaciones distintas con el mismo encuadre y el mismo pedido. No hay que suponer coordinación oculta, alcanza con que compartan la plantilla y el destinatario. El dato observable es que el pedido siempre es más presupuesto, más obligatoriedad o más agencia, nunca menos.
- Invoca una obligación ya contraída. El programa no se presenta como propuesta sino como cumplimiento: una convención firmada hace años, una recomendación de organismo internacional, un índice comparado de forma antojadiza. Con eso la discusión doméstica queda cerrada antes de empezar, porque ya no se debate si queremos algo, se informa que estamos obligados. Hay que preguntar qué dice exactamente el texto invocado y qué agregó el intérprete local.
- Clasifica la objeción en vez de responderla. Quien discute queda ubicado dentro del diagnóstico: objeta porque se beneficia, porque le duele, porque tiene privilegios, porque es la demostración de la necesaria “ingeniería social”. Un diagnóstico que no puede ser refutado tampoco puede ser desfinanciado.
- Le pone precio al disenso. Además de clasificar, sanciona: quien objeta pierde una columna, un contrato, una invitación, un cargo. El punto anterior se responde con argumentos; este no se responde con nada. Un buen test sobre esto es preguntarte cuántas personas conocés que hayan discrepado en público con el consenso del sector y sigan trabajando dentro de él.
Analizar la renta consolidada: quién la cobra y quién la paga
- Fabrica salida laboral para credenciales sin demanda. La educación terciaria estatal produce egresados en campos que ningún empleador busca. Instalar que hacen falta especialistas en género, en diversidad o en convivencia no responde a una demanda, la crea por decreto y la vuelve obligatoria, con lo cual la sobreoferta de titulados deja de ser un problema y pasa a ser una base social. El cargo funciona como premio a la militancia previa, y eso cierra el círculo, donde la universidad estatal forma al diagnosticador, el diagnóstico crea el puesto, y el puesto financia a quien seguirá sosteniendo el diagnóstico. Ejercicio clave: analizar que el sector nunca reclama que su formación se evalúe por inserción laboral privada, porque no la tiene ni la necesita.
- La renta sale del Estado, lejos del mercado, y además, del presupuesto de otro. Dentro del Estado el presupuesto es una suma disputada, y cada agencia nueva, cada cargo, cada protocolo obligatorio se financia en ocasiones restándole a algo que ya existía. El profesor de física, de matemática, de filosofía o de lengua no está afuera de esta discusión: está adentro y del lado que pierde. Va a ver aparecer coordinaciones, referentes y capacitaciones obligatorias en su propio centro educativo mientras su salario se estanca y su materia pierde horas. Y va a perder esa puja sin darla, el docente suele concebir al Estado que lo contrata como un fondo sin límite, del que siempre puede obtenerse más si se reclama con firmeza suficiente. Bajo ese supuesto no hay reparto que disputar: cada cargo nuevo, cada coordinación, cada capacitación obligatoria es algo que se suma, nunca algo que se resta de otro lado. La reivindicación se concentra entonces en el salario y en el número de cargos, mientras el presupuesto se redistribuye por encima de esa discusión y en una dirección que nadie está mirando. Y lo que se pierde no es solo dinero: son horas de clase, autoridad sobre el contenido, criterio sobre cómo enseñarlo y, al final, importancia de la asignatura dentro de la institución. Esa depredación no aparece nunca en la mesa de negociación, porque quien la sufre no la registra como pérdida.
- No requiere que nadie sea cínico. El mecanismo funciona igual con proveedores sinceros, y funciona mejor, porque la sinceridad abarata el costo de sostener un diagnóstico que nunca será puesto a prueba.
Por qué fallan
Queda una pregunta anterior incluso a la del costo y la de la renta capturada, en general de forma permanente, y es por qué estas intervenciones tienden a funcionar tan mal. No hace falta atribuirlo a la mala fe de quienes las impulsan. Basta observar qué clase de diagnóstico tiene más posibilidades de conseguir recursos públicos y permanecer en el tiempo.
Los que mejor sobreviven suelen reunir tres características. El problema debe presentarse como estructural, para que ninguna persona o institución concreta pueda resolverlo por sí misma. Debe ser además difícil de percibir por quien supuestamente lo padece, porque si el afectado puede identificarlo y actuar sobre él, la necesidad del especialista disminuye. Y, por último, no debe existir un punto claro en el que pueda declararse resuelto, porque todo problema que admite una solución definitiva amenaza también con terminar el programa creado para combatirlo.
El resultado es una selección bastante peculiar. Los problemas concretos suelen ser limitados, reconocibles para quienes los sufren y, al menos en alguna medida, corregibles. Pero esas mismas características los vuelven poco aptos para sostener una intervención permanente. En cambio, un problema difuso, estructural, difícil de verificar y sin criterio de cierre puede justificar indefinidamente nuevas partidas, nuevas capacitaciones y nuevas competencias. No es necesario que nadie falsifique deliberadamente nada. El propio sistema selecciona los diagnósticos que peor funcionan como explicación de la realidad pero mejor funcionan como fundamento de una intervención.
Después aparece un segundo mecanismo. La intervención comienza ocupando el lugar de arreglos informales que ya resolvían el asunto, quizá de manera imperfecta, pero sin depender de ella. A medida que los desplaza, esas soluciones anteriores pierden capacidad, experiencia y autonomía. Entonces la debilidad que la propia intervención ayudó a producir empieza a utilizarse como prueba de que la intervención era indispensable desde el comienzo.
A partir de ahí el fracaso deja incluso de ser una amenaza. Si el programa obtiene buenos resultados, alguna vez habrá que preguntarse por qué debe continuar. Si no los obtiene, siempre puede afirmarse que el problema era más profundo de lo previsto, que faltaron recursos, que la intervención no fue suficientemente intensa o que encontró resistencias, e incluso que la naturaleza estructural del problema inhibe cualquier tipo de fecha de caducidad. El fracaso ya no desmiente el diagnóstico sino que lo alimenta.
Por eso existe una perversión de incentivos difícil de evitar. Un programa que resuelve el problema destruye parte de la razón de su propia existencia. Uno que lo mantiene, lo desplaza o incluso lo agrava puede reclamar más tiempo, más recursos y mayor capacidad de intervención. No hace falta que nadie decida conscientemente producir ese resultado. Basta con que el sistema premie la permanencia del problema y castigue su desaparición.
El instrumento
Estas operaciones no son necesariamente un plan organizado, o coordinado. Un sector que vive de un diagnóstico no necesita defenderlo con astucia, solo le basta con creerlo. Por eso buscar al farsante, al personaje de turno, al promotor pintoresco, es el modo más eficaz de no ver la operación, y es exactamente lo que se espera de quien objeta.
Lo que el instrumento permite es otra cosa. No refutar cada propuesta, que además cambia todos los años y siempre llega con evidencia propia y consenso técnico, sino reconocer debajo de ellas las cinco operaciones de siempre: adquirir jurisdicción, construir un problema que requiera especialista, convertir una oferta voluntaria en obligación, hacer permanente y no falsable la intervención, y consolidar una clientela profesional y presupuestaria.
Al cazador de rentas no se lo reconoce por su discurso, que puede ser cualquier cosa y de hecho cambia cada pocos años, sino por lo que queda en pie cuando el asunto ya no le interesa a nadie. El diagnóstico se olvida, la conmoción se apaga, la agenda pasa de moda. El cargo no.