JACQUES FAUQUEX / Fernando Vega me invitó a su streaming del domingo (https://www.youtube.com/watch?v=3jEXTu-PTiM), que le fue restituido por Youtube luego de varios meses de censura por no respetar alguna regla de la «Comunidad». Restituido bajo el concepto que, de hecho, no había violado ninguna regla. Volvió la libre expresión, usémosla. 


POLÍTICA

El tema fue una idea de Claudia Bengoa, quien participó el domingo anterior, y es referente de la Asociación Civil «Ciudadanos Orientales». Esta asociación pidió a la Corte Electoral en repetidas ocasiones el derecho de juntar firmas  electrónicas, en lugar de manuscritas, en apoyo de tal o cual iniciativa/referéndum popular. Esta idea modernizadora sencilla dio lugar a una conversación en línea, y, dado que el tema estaba lejos de laudado, abrió la puerta para un ciclo de conversaciones los domingos, con quienes sea que pueda aportar un punto de vista sobre el tema.

Me tocó, y con gusto, porque nací en el Uruguay de Europa, y algo de experiencia tengo, como ciudadano suizo, de la democracia directa con sus iniciativas y referéndums. 

El politólogo Rafael Piñeiro, profesor de Ciencia Política en la Universidad Católica del Uruguay, ya resaltaba el paralelismo entre ambas democracias en un programa de swissinfo (https://www.swissinfo.ch/spa/politica-suiza/democracia-internacional_uruguay-una-democracia-directa-inspirada-en-suiza/43987806) donde presentó al Uruguay como «democracia directa». En el Uruguay, parece que se prefiere el calificativo de «plena» en lugar de «directa». Pero ambos conceptos incluyen la iniciativa popular para votar un proyecto de reforma constitucional que se introdujo en la Constitución en 1934 y el referéndum contra una ley aprobada por el Parlamento, introducido en 1967. Rafael Piñero sugiere que, más que un paralelismo, se puede observar una contaminación ideológica por medio de José Batlle y Ordóñez. Él «viajó en varias ocasiones a Suiza y quedó profundamente impresionado con el sistema helvético. Regresó con esas ideas a Uruguay y desencadenó un debate constitucional del que luego resultó la democracia directa.»

Por memoria recordemos los últimos usos de la democracia directa en el Uruguay:

  • 1994: contra recorte de pensiones a jubilados (aceptado), en favor del 27% destinado a la educación (rechazado)
  • 2003: contra la privatización de ANCAP (aprobado)
  • 2004: plebiscito para estatizar todos los servicios de agua potable (aprobado)
  • 2009: plebiscito contra la ley de impunidad de los responsables de la represión política durante la dictadura (rechazada)
  • 2014: bajar la mayoría de edad penal a 16 años (rechazada)
  • 2022: referéndum contra la LUC (rechazado)
  • 2024:  plebiscito en favor de los allanamientos nocturnos (rechazado), plebiscito en favor de una reforma jubilatoria (rechazado)

En comparación a Suiza, son mucho menos los objetos tratados por democracia directa. A primera vista habría una relación de 20 a 1. Es que lograr la democracia directa en el Uruguay es exigente. El mecanismo de la recolección de firmas manuscritas es  costoso (se habla de 200’000 dólares para llevar a cabo una iniciativa y complejo. Como ejemplo de la complejidad, observamos que de la misma forma que las recetas médicas y firmas de médicos son ilegibles, los datos personales y firma del suscriptor son difíciles de leer también, y lleva necesariamente a descarte de firmas reales y válidas, por error de pluma en un número, o diferencia de caligrafía. Yo por ejemplo, tengo problemas para firmar exactamente de la misma manera siempre, porque ya es un ejercicio que se practica con frecuencia muy escasa.

Suiza y Uruguay tienen otra característica en común. Ambas naciones reconocen la firma digital ciudadana. En Uruguay la firma digital asociada a la cédula fue presentada por Agesic hace años. Recuerdo los pequeños aparatos USB que se distribuían a la ocasión del lanzamiento. Lo conectas  a la computadora, mandas un documento en formato pdf a un servicio de certificación electrónica, introduces tu cédula en el equipo y se te devuelve el mismo documento firmado digitalmente por ti, en función de tu identidad digital.

En caso que exista un registro digital de las credenciales cívicas uruguayas y que sea posible cruzar la información con la de las cédulas de identidad, técnicamente no sería muy complejo para la Corte Electoral crear un servidor web que brinde el servicio de firma de iniciativa/referéndum. Ofrecería los servicios de:

  • registro de un iniciativa/referéndum
  • firma de un iniciativa/referéndum registrada
  • evolución del conteo de firmas en el tiempo y por repartición geográfica de un iniciativa/referéndum 
  • verificación que una firma fue registrada para tal o cual iniciativa/referéndum
  • listado de firmas obtenidas en favor de un iniciativa/referéndum

En particular, el servicio de firma estaría compuesto de un pedido y su respuesta. El pedido incluiría referencia a iniciativa/referéndum, nombre y cédula del firmante, fecha, y acceso a la información de clave incluida en la cédula para luego componerla con los elementos de clave privada de la corte electoral y finalmente crear el código criptográfico irrepetible que firma electrónicamente la petición. Este último código se devolvería en respuesta al pedido de firma de tal forma que los promotores de la iniciativa puedan registrarlo y luego cotejar, si así lo desean, los pedidos realizados con los registros de la corte electoral. 

El contexto de este pedido/respuesta sería una conexión web segura vía un API (Application Programming Interface) de tecnología REST u otra, que pueda incorporarse en sitios que usan Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram, Tiktok etc. Así los promotores usarían sus redes para difundir su iniciativa/referéndum y facilitarían al militante la firma con trámite rápido y sencillo, desde donde esté, con su celular, pero a su vez 100% seguro y certificado.

Tal servicio sería un lindo argumento en favor de la «identidad digital» del ciudadano. Si se logró el pasaporte COVID, porque no rejuvenecer a la democracia. La IA de Google nos dice además que estaría en sintonía con la Agenda 2030: «La identidad digital está intrínsecamente ligada a la Agenda 2030 a través de la cooperación digital, ya que es una herramienta clave para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible. Funciona tanto como medio (por ejemplo, para la inclusión digital, la seguridad y los derechos humanos en línea) como un objetivo en sí mismo, promoviendo una economía digital más inclusiva y equitativa, según la Hoja de Ruta del Secretario General de la ONU para la Cooperación Digital. Un sistema de identidad digital, como el que se promueve en la Agenda Digital de la ONU, puede usarse para servicios gubernamentales, compartir datos de forma segura y garantizar derechos» Como por ejemplo los derechos populares de iniciativa/referéndum, agrego yo.

Vale observar que juntar las firmas es la primera etapa. Luego va el voto definitivo tradicional papel que no se toca y sigue garantía última de la consulta al pueblo con todas la formas tradicionales que hicieron la reputación democrática del Uruguay. 

Conjugar la viralidad de las redes sociales con la esencia de la democracia directa, plena, podría sacudir a un aparato que perdió autonomía para cumplir con exigencias internacionales. El nuevo mecanismo tendría fuerza suficiente, porque una iniciativa constitucional, que venga del constituyente, o sea el pueblo, es más radical y autoritaria que cualquier ley o contrato de cualquier gobierno que represente al pueblo. Sería entonces una puerta para que nuestros hijos puedan decidir cómo será el Uruguay en el cual van a vivir. ¿Les debemos eso, no? ¿O alguien sigue pensando que la «institucionalidad» que cultivamos está en adecuación con la juventud que es el futuro de la nación? La Argentina de Milei pretende que se convierta en el país más libre del mundo. ¿No le vamos a disputar el título?

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