JOSÉ W. LEGASPI / Hay presidentes cuya fortaleza radica en el poder de sus ideas. Otros construyen su liderazgo sobre la capacidad de conducir grandes mayorías. Algunos se sostienen en el respaldo de un partido disciplinado o en una economía favorable. Yamandú Orsi llegó a la Presidencia por un camino diferente: la confianza, que cada día se debilita más. Su gobierno expresa una tensión mucho más profunda: la crisis del progresismo latinoamericano como proyecto histórico.
POLÍTICA
No es un gran tribuno como fue José Batlle y Ordóñez, ni un líder carismático como José Mujica, ni un dirigente con la autoridad técnica que proyectaba Tabaré Vázquez. Su principal activo político era mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más difícil de construir: la percepción de ser un hombre común, moderado, prudente y coherente.
Durante años esa fue su mayor fortaleza. No despertaba pasiones desbordadas, pero tampoco grandes rechazos. Su figura transmitía cercanía, equilibrio y una forma de ejercer la política alejada de la estridencia. En tiempos de polarización, esa imagen terminó siendo un valor electoral decisivo.
Sin embargo, la historia política enseña que el mismo atributo que impulsa a un dirigente hasta el gobierno puede convertirse en su principal vulnerabilidad. Quién construye su liderazgo sobre la confianza queda inevitablemente expuesto a que cualquier contradicción sea percibida como una ruptura del pacto simbólico con la ciudadanía.
Y eso es, precisamente, lo que empieza a ocurrir con Yamandú Orsi.
Su principal debilidad no reside en la oposición, ni en la coyuntura económica, ni siquiera en las dificultades propias de gobernar un país pequeño en un mundo cada vez más incierto. La verdadera debilidad del presidente comienza a ser el progresivo desgaste de la credibilidad que hizo posible su triunfo electoral.
No se trata de un problema de comunicación. Tampoco de una mala racha política. Se trata de algo más profundo: la distancia creciente entre la imagen que construyó durante años y las percepciones que empiezan a consolidarse desde el ejercicio del poder.
La política no vive solamente de decisiones. Vive también de símbolos.
Y los símbolos tienen una fuerza extraordinaria porque condensan, en un solo episodio, procesos mucho más complejos. Un gobierno puede aprobar decenas de leyes acertadas y, sin embargo, quedar marcado por una imagen que sintetiza un cambio de época. La historia está llena de ejemplos. Los pueblos recuerdan menos los decretos que los gestos; menos las estadísticas que las escenas capaces de alterar la percepción colectiva.
En el caso de Orsi, varias controversias públicas —independientemente de las explicaciones que hayan merecido— han tenido precisamente ese efecto. No porque definan por sí mismas un gobierno, sino porque alimentan una sensación de incoherencia entre el relato y la práctica.
La ciudadanía no exige gobernantes perfectos. Exige gobernantes previsibles. Espera que exista una correspondencia razonable entre aquello que se promete y aquello que finalmente se hace. Cuando esa correspondencia comienza a resquebrajarse, la confianza se erosiona con una velocidad sorprendente.
Quizá por eso resulte insuficiente reducir el debate a una simple enumeración de contradicciones. Las contradicciones existen en todos los gobiernos. La cuestión relevante consiste en preguntarse por qué, en determinados momentos, dejan de percibirse como inevitables adaptaciones de la realidad para transformarse en síntomas de un problema político más profundo.
Creo que la respuesta se encuentra en la naturaleza misma del liderazgo que Orsi construyó antes de llegar a la Presidencia.
Su identidad política nunca estuvo basada en una gran elaboración doctrinaria. Tampoco en un proyecto ideológico rupturista. Su legitimidad provenía, sobre todo, de la autenticidad.
Era el intendente que seguía viviendo donde siempre había vivido. El dirigente que parecía escapar de los privilegios asociados al poder. El político que hablaba como cualquier vecino y cuya sencillez aparecía como garantía de honestidad.
Cuando un liderazgo se construye sobre esas bases, cada episodio que afecta la percepción de ejemplaridad tiene un costo político mucho mayor que el que tendría para otros dirigentes. No porque cambien necesariamente los hechos, sino porque cambia el significado que la sociedad les atribuye.
La política democrática descansa sobre un principio elemental: la autoridad no se sostiene únicamente por el poder legal que otorgan las urnas. También depende de una forma de autoridad moral que se renueva todos los días.
Max Weber distinguía entre la legalidad y la legitimidad. La primera deriva de las normas; la segunda, del reconocimiento social. Un presidente puede conservar intacta la legalidad de su mandato y, sin embargo, comenzar a perder la legitimidad simbólica que convierte la obediencia institucional en confianza política.
Ese proceso suele ser silencioso. No comienza con una crisis espectacular ni con una derrota electoral. Empieza cuando la ciudadanía deja de conceder espontáneamente el beneficio de la duda. Y esa parece ser la etapa que atraviesa hoy el gobierno.
A ello se suma una segunda dimensión, todavía más relevante: la transformación del discurso político.
Durante la campaña electoral, Orsi encarnó una continuidad afectiva con la tradición del Frente Amplio. El lenguaje de la cercanía, la apelación a la justicia social, la reivindicación de un Estado protector y la referencia constante a los sectores populares permitieron reconstruir una identidad progresista después de cinco años de gobierno de la Coalición Republicana.
Sin embargo, una vez instalado en el gobierno, el eje discursivo comenzó a desplazarse. La prioridad pasó a ser la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y la construcción de confianza en los mercados.
Nadie puede desconocer la importancia de esos objetivos. Uruguay necesita inversión, crecimiento y empleo. El problema no reside allí. La cuestión es otra. ¿Dónde queda el proyecto histórico de la izquierda cuando la estabilidad termina ocupando el lugar de la transformación?
Rodney Arismendi insistía en que la izquierda no podía limitarse a administrar mejor el orden existente. Su razón de ser consistía en democratizar el poder económico, ampliar la participación popular y construir una democracia de contenido social cada vez más profundo. No concebía el Estado como un simple administrador eficiente del capitalismo, sino como un instrumento de transformación histórica.
Esa perspectiva no implicaba desconocer las restricciones de la realidad. Implicaba, precisamente, gobernar sin perder de vista el horizonte estratégico.
Hoy ese horizonte parece desdibujarse. Las referencias permanentes al crecimiento, la competitividad y la necesidad de generar confianza entre los inversores ocupan un espacio cada vez mayor en el discurso oficial, mientras las transformaciones estructurales aparecen relegadas a un segundo plano.
No es casual que sectores históricos del propio Frente Amplio hayan comenzado a expresar incomodidad. Las críticas internas no responden únicamente a diferencias tácticas. Reflejan una inquietud más profunda: la sensación de que el progresismo corre el riesgo de convertirse en una fuerza política cuya principal aspiración sea administrar con eficiencia un modelo económico que antes aspiraba a transformar.
Antonio Gramsci advertía que la hegemonía nunca se sostiene exclusivamente por la fuerza del Estado. Requiere también una dirección moral e intelectual capaz de ofrecer sentido colectivo. Cuando un proyecto político deja de proponer un horizonte diferente, comienza a gobernar con categorías elaboradas por sus propios adversarios.
Ese es el riesgo que enfrenta hoy buena parte de la izquierda latinoamericana. En nombre del realismo, termina aceptando como inevitables las mismas reglas que durante décadas se propuso discutir.
La estabilidad sustituye al cambio. La gobernabilidad reemplaza al conflicto democrático. La administración desplaza a la imaginación política. Y poco a poco la diferencia entre izquierda y centro comienza a percibirse más como un asunto de sensibilidad que de proyecto histórico.
No sostengo que el gobierno de Orsi haya renunciado deliberadamente a sus principios. Sería una afirmación injusta.
Lo que observo es un proceso de moderación cuyo efecto político resulta evidente: cuanto más se aproxima el discurso oficial a las categorías tradicionales de la gestión tecnocrática, más difícil resulta explicar por qué ese proyecto representa una alternativa sustancialmente distinta.
La paradoja consiste en que esa moderación tampoco garantiza estabilidad política. Por el contrario. Puede generar una doble decepción. Quienes nunca votaron al Frente Amplio seguirán desconfiando de un gobierno de izquierda. Pero quienes sí lo votaron esperando una agenda transformadora comienzan a preguntarse cuál es la diferencia sustancial respecto de administraciones anteriores. Esa tensión atraviesa hoy buena parte del debate político uruguayo.
No estamos ante una crisis ideológica comparable con la que vivieron otras experiencias progresistas de la región. Pero sí frente a un proceso de desgaste silencioso. Un desgaste que no nace de grandes escándalos ni de derrotas parlamentarias. Nace de una sucesión de pequeños episodios, decisiones y señales que, acumulados, modifican la percepción del liderazgo presidencial.
La política rara vez se derrumba de un día para otro. Las hegemonías comienzan a erosionarse cuando dejan de resultar verosímiles. Y la verosimilitud depende, antes que nada, de la coherencia. Quizá esa sea la palabra decisiva. Coherencia. No como una virtud moral abstracta, sino como la condición indispensable para que una sociedad crea en quienes la gobiernan.
Porque los ciudadanos aceptan que un presidente cambie de opinión. Aceptan que negocie. Aceptan incluso que rectifique. Lo que cuesta aceptar es la impresión de que el rumbo cambia sin una explicación política capaz de darle sentido. Cuando eso ocurre, la autoridad presidencial empieza a apoyarse exclusivamente en la investidura institucional. Y todos sabemos que la investidura, por sí sola, nunca alcanza para construir liderazgo.
La historia democrática demuestra que los presidentes no se debilitan únicamente cuando fracasan. También se debilitan cuando dejan de representar aquello que la sociedad creyó estar eligiendo. Esa es, a mi juicio, la verdadera debilidad de Yamandú Orsi. No la fuerza de sus adversarios. Ni la complejidad del contexto internacional, o las inevitables restricciones económicas.
Su principal debilidad consiste en el riesgo de perder aquello que ninguna mayoría parlamentaria puede devolverle una vez extraviado: la confianza.
La crisis del progresismo: cuando gobernar sustituye a transformar
La situación de Yamandú Orsi no puede comprenderse únicamente a partir de sus decisiones personales. Sería un error reducir el análisis a la figura del presidente. Lo que expresa su gobierno es una tensión mucho más profunda: la crisis del progresismo latinoamericano como proyecto histórico.
Durante décadas, la izquierda se definió por una idea sencilla pero poderosa: la sociedad podía organizarse de otra manera. El mercado era un instrumento, no un fin. El crecimiento económico tenía sentido si modificaba la distribución del poder y de la riqueza. El Estado no era simplemente un administrador eficiente, sino el principal vehículo de democratización económica y social.
Esa fue la izquierda que inspiró a varias generaciones de militantes uruguayos. La izquierda de Rodney Arismendi, por ejemplo, nunca confundió el ejercicio del gobierno con el ejercicio del poder. Esa distinción resulta hoy más vigente que nunca. Gobernar significa administrar el Estado. Ejercer el poder significa modificar las relaciones sociales, económicas y culturales que estructuran una sociedad. Son dos cosas profundamente distintas.
Arismendi insistía en que la democracia avanzada no era una simple alternancia electoral. Era un proceso histórico destinado a ampliar la participación popular, democratizar la economía y construir nuevas formas de hegemonía social. Su preocupación nunca fue únicamente ganar elecciones. Era preguntarse qué hacía la izquierda con el gobierno una vez conquistado.
Esa pregunta permanece abierta.
Antonio Gramsci había advertido décadas antes que ninguna transformación profunda podía sostenerse exclusivamente desde el aparato estatal. El verdadero poder reside en la capacidad de construir consenso, producir cultura y disputar el sentido común dominante. En otras palabras, un proyecto político deja de ser transformador cuando empieza a pensar el mundo con las categorías intelectuales de sus adversarios.
Y eso es exactamente lo que parece haber ocurrido con buena parte del progresismo latinoamericano. Conceptos como competitividad, confianza de los mercados, seguridad jurídica, clima de negocios, disciplina fiscal o calificación de riesgo pasaron de ser variables condicionantes a convertirse en los objetivos mismos de la acción gubernamental.
No se trata de negar la importancia de esos factores. Sería absurdo hacerlo. Toda economía moderna necesita estabilidad, inversión y reglas claras. La pregunta es otra.
¿En qué momento esos instrumentos dejaron de ser medios para convertirse en el horizonte estratégico del propio progresismo?
Cuando eso sucede, la política deja de disputar el rumbo de la sociedad y comienza simplemente a administrar el movimiento del mercado.
Nicos Poulantzas describía al Estado capitalista como una condensación material de relaciones de fuerza entre clases sociales. Esa definición conserva enorme actualidad. El Estado no es un árbitro neutral. Tampoco una maquinaria completamente autónoma. Expresa, en cada momento histórico, el equilibrio existente entre intereses sociales contrapuestos.
Si la izquierda llega al gobierno sin alterar ese equilibrio, termina administrando instituciones diseñadas para reproducir el mismo orden que pretendía transformar. Allí aparece la paradoja.
Se gobierna desde la izquierda, pero bajo una racionalidad que continúa siendo esencialmente liberal. No porque exista una conspiración del capital. Simplemente porque el margen de autonomía política comienza a reducirse hasta que las prioridades terminan siendo dictadas por las exigencias de los mercados financieros, los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo o la necesidad permanente de transmitir confianza a los inversores.
Es un desplazamiento casi imperceptible. Nadie anuncia que renuncia a transformar la sociedad. Simplemente se comienza a hablar otro lenguaje. Las palabras cambian antes que las políticas. Y cuando cambian las palabras, también cambia el horizonte.
La redistribución se convierte en inclusión. La igualdad se transforma en oportunidades. La planificación estratégica cede lugar a la competitividad. La justicia social pasa a depender del crecimiento económico. El Estado deja de ser el protagonista del desarrollo para convertirse en facilitador del mercado. Todo parece razonable, parece moderado, parece responsable.
Hasta que un día se descubre que la discusión ya no consiste en qué sociedad construir, sino únicamente en cómo administrar mejor la existente.
Zygmunt Bauman observó que la modernidad líquida había transformado incluso la política. Los proyectos colectivos comenzaron a disolverse frente al predominio de soluciones inmediatas, pragmáticas y fragmentarias. La política dejó de ofrecer futuro. Comenzó simplemente a gestionar el presente. Quizá ninguna frase describa mejor la situación del progresismo contemporáneo.
La izquierda nació imaginando el futuro. Hoy corre el riesgo de limitarse a administrar el presente con mayor sensibilidad social que la derecha. Existe una diferencia importante. Pero probablemente ya no alcance para sostener una identidad histórica.
Herbert Marcuse advertía que las sociedades industriales avanzadas poseen una extraordinaria capacidad para integrar incluso a sus propios críticos. No destruyen las ideas alternativas. Las absorben y las vuelven compatibles con el funcionamiento del sistema. Algo semejante parece haber ocurrido con buena parte de la socialdemocracia europea y, décadas después, con numerosos gobiernos progresistas latinoamericanos. La rebeldía terminó institucionalizada. La crítica se volvió gestión. La transformación se convirtió en administración.
Ese proceso no debe interpretarse como una traición. Sería demasiado simple. Se trata, más bien, de una adaptación progresiva a relaciones de poder extremadamente complejas. Pero reconocer esa complejidad no obliga a renunciar al debate estratégico. Al contrario. Lo vuelve más urgente.
Porque cuando una fuerza política deja de discutir hacia dónde quiere conducir a la sociedad, inevitablemente termina aceptando el rumbo impuesto por otros. Y ese es, precisamente, el gran desafío que enfrenta hoy el Frente Amplio. No se trata solamente de gobernar mejor. Se trata de volver a responder una pregunta mucho más incómoda.
¿Para qué quiere gobernar la izquierda en el siglo XXI?
Si la respuesta consiste únicamente en administrar con mayor eficiencia el capitalismo uruguayo, entonces la diferencia con otras opciones políticas tenderá a reducirse con el paso del tiempo.
Si, en cambio, la respuesta vuelve a colocar en el centro la democratización de la riqueza, la innovación productiva, el conocimiento, la transformación del Estado y una nueva estrategia nacional de desarrollo, entonces el progresismo recuperará aquello que alguna vez constituyó su principal patrimonio: la capacidad de imaginar un país diferente.
Ese debate trasciende largamente la figura de Yamandú Orsi. Pero también explica por qué la debilidad del presidente no puede analizarse únicamente como un problema de liderazgo. Los liderazgos siempre terminan expresando las fortalezas y las limitaciones del proyecto político que representan. Cuando un presidente pierde capacidad para entusiasmar, muchas veces no es porque haya perdido carisma. Es porque la sociedad deja de percibir con claridad cuál es el horizonte histórico que ese liderazgo propone. Y ninguna estrategia de comunicación puede sustituir la ausencia de un proyecto.