ENSAYO

El otro día una persona me asaltó en la calle a punta de pistola. En medio del atraco, le pregunté si le importaba a quién yo había votado. 
“No”, me contestó. Le pregunté al ladrón si le eran absolutamente indiferentes mis opiniones políticas. Me contestó que podía pensar lo que quisiera, que podía tener las ideas políticas que se me antoje, pero que le diera ya la plata.
¡Oh, ya entiendo esto! le dije sonriendo, “entonces usted es un liberal en lo político”.

Por Diego Andrés Díaz

Rescato esta antigua y breve historia en tono humorístico, ya que es lo primero que me surgió al leer la nota que realizó John Carlin para el diario argentino Clarín en su edición del 23 de marzo pasado. En la misma – titulada ir a Uruguay y sentir vergüenza- el comentarista se despacha con la mezcla típica de falsedades y verdades; mitos, relatos y charlatanería justa, sobre algunas características de nuestro país, que mezcladas de forma antojadiza con otras y vendidas en un mismo combo, suelen ser el deleite de lo que puede definirse como un “liberal en lo político”, un “centrista”, o lo que yo denomino la tradición “republicano- reformista” y que en occidente en general se conoce como el consenso socialdemócrata.

La estrategia es bastante conocida: vender en un gran combo la supuesta excepcionalidad uruguaya, lo que son diferentes características históricas de nuestra sociedad, algunas parciales, en general inconexas, y otras simples falsedades, en aspectos diversos y no necesariamente relacionados, atarla con una especie de recuerdo social de una “edad de oro”, y proyectar sobre esos rieles un destino político y social inquebrantable y perenne del país: el Uruguay batllista, aunque más específicamente, el Uruguay del gusto único de la tradición republicano-reformista.

Lo impactante de esta estafa que regocija a actores políticos y actores culturales asociados al status quo local -es decir, a los que reciben del estado el seductor paquete de renta, poder y casta– radica en varios puntos, pero quizás sean los más sobresalientes aquellos que proyectan una visión distorsionada sobre el pasado y una proyección tenebrosa sobre el futuro del país: por un lado, la profunda crisis que vivió nuestro país en el siglo XX -y que significó un estancamiento económico colosal y una crisis política traumática en el proceso democrático- fue el resultado mayormente del fracaso del proyecto político de esa tradición republicano-reformista, y NO de su abandono; y por otro lado, el relato ecuménico del Uruguay feliz, pacífico y socialdemócrata, lo único que busca es aumentar la ya hegemónica voz del consenso progresista sobre nuestro futuro posible, que siempre juega en clave de ser, de forma fáctica, absolutamente pro izquierdista, y que se resume en el eterno anhelo sanguinettista de un sistema político nacional bicéfalo protagonizado en exclusividad por la izquierda socialista -incluyendo en esta al chavismo local- y el centro sensato, que recogerá así de forma monopólica los laureles de toda nuestra historia , para beneplácito de esa tradición republicano-reformista imperecedera y centenaria en Uruguay. A cada pasaje de la nota, el autor pone en manifiesto -como es indispensable para la estrategia discursiva del consenso socialdemócrata- que el único y verdadero peligro para la sociedad y la vida pacífica de esta comarca hobbit toma mate, está extramuros al consenso bicéfalo que izquierdas -buena parte de ellas, autoritarias- y centros estatistas proponen como juego democrático, es decir, que la propuesta siempre intenta proscribir de facto todo lo que sean opciones “a la derecha”, sean estas conservadoras, liberales, nacionalistas, o del tenor que sean. La demonización del adversario -que busca en última instancia, su erradicación de hecho, y su criminalización como opción política- se traduce en la nota en los típicos “saludos a la bandera” del progresismo hegemónico citando uno por uno a las “bestias negras” del consenso progresista: Trump, Bolsonaro, Milei, Bukele, Orban, etc.



Esta construcción idealizada de nuestro país no es antojadiza, representa una gran fuente de financiación para sus promotores, y busca blindar a la sociedad de cualquier opción política emergente, en una especie de poesía épica de mala calidad sobre un nosotros indestructible, que garantice la alternancia en el poder, pero nunca la alternancia en las ideas al poder. El notable ensayista Carlos Real de Azúa describe con brillantez esta tradición “…responde al diagnóstico de “lo colorado” (también de “lo batllista”) en su acepción de “moderno”, según ciertos diagnósticos histórico-culturales recientes (…) esta ideología fue la democrático-liberal con algunas vetas socializantes. (…) Inscripta en creencia en las ideas de tipo iluminista, la democracia lo fue todo para esta posición y no hubo teórico ad- hoc del sistema que no lo identificase con todas las dimensiones posibles…”

En mayo de 2023, escribí al respecto este artículo en la revista Extramuros, que intenta analizar algunas de las características de esta tradición y sus implicancias:

Reflexiones sobre la tradición republicano-reformista y su predominio.

“…En lo que respecta al tema de la dictadura, creo que lo que está en disputa no representa necesariamente una interpretación histórica del pasado -que parece detentar un consenso bastante amplio si se realiza un análisis más detallado de sus bases filosóficas- sino la apropiación simbólica y política de ese pasado que parece erguirse como consenso interpretativo de la Historia nacional. Esta diferencia me resulta sustancial, ya que existe entre la interpretación histórica del pasado y la apropiación una diferencia fundamental: la primera se caracteriza por la divergencia potencial a la hora de categorizar, cronologizar y valorar los hechos del pasado, y la segunda se manifiesta en la puja política por apropiarse de cierta tradición histórica y tejerle a sus hilos pretéritos nuevos entramados que consagran las continuidades, tradiciones y rupturas necesarias en el proceso de legitimación política.

En síntesis, lo que está en juego no parece ser una mirada divergente sobre nuestra historia, sino más bien la puja por quien monopoliza simbólicamente un pasado de ribetes ecuménicos para su uso político. Como si representara un trofeo de incalculable valor, los tironeos se centran en quién se queda con el monopolio de lo que podríamos denominar la Tradición Reformista – Republicana, que evidentemente se ha transformado en la tradición histórica más apetecible para todos los partidos políticos, o casi todos. Esta puja por apropiarse de esta tradición histórica se inscribe en una etapa política donde, a pesar de que emerja algún que otro discurso rupturista o más radical, la práctica gubernamental se mantiene entre fronteras moderadas donde no hay chances de conmover ninguna estructura ni realizar transformaciones medianamente ambiciosas o rupturistas. Todos los gobiernos parecen ser Batllistas por aproximación, para bien o para mal.Así, dentro de estos esquemas, la izquierda cultural en general reafirma su convicción de ser heredera de la corriente reformista, la misma que el Batllismo en general ostentó por derecho propio y de la que varios sectores blancos, en algún sentido, reivindican. Incluso, tomando distancia de las singularidades uruguayas, el nacionalismo que encarnan Cabildo Abierto o ciertos sectores del Movimiento Tupamaro también reivindican ser parte de una tradición si se quiere, reformista, quizás menos “republicana” en sus contornos históricos, pero necesariamente enrabada en una ecuación donde el Estado -Batllista- sigue siendo el protagonista, del que no reniegan en forma, quizás sí en fondo.

En un artículo anterior, señalaba que no hay ningún indicio que la izquierda política y cultural apueste a construir una tradición demasiado rupturista, sino que en cambio la tendencia es inscribir su propia historia en esta tradición reformista, evidentemente incrustada en lo más hondo de la idiosincrasia nacional, que ha formateado los relatos sobre nosotros que dominan en la academia, en la educación oficial, y en la idea más popular de nuestro pasado. Además, ninguno de los tres gobiernos nacionales del Frente Amplio permite, como he manifestado antes, elaborar “…alguna especie de Robespierranismo local radical con proyección fidedigna y sostenible. Ni las expresiones más radicales del materialismo histórico local han escapado a tejer nexos y elaborar continuidades con el pasado para promover su proyecto político (…) ni la idea de sociedad que trasunta el Vazquismo daría pie a tal intento. Especulando, los indicios son lo suficientemente sensatos para afirmar que la historiografía local va a ponderar como un nuevo capítulo del reformismo republicano, quizás con otros acentos y matices, ya en una perspectiva de ser otro ícono del progresismo nacional…”.

Ante esta situación, lo notorio es la puja por esta tradición. Y en este sentido, la concurrencia de disputar este ámbito como propio de parte de los demás actores políticos es casi unánime. Y esto también se deja ver cuando se analiza los diferentes relatos con respecto a la Dictadura: existe un consenso abrumador sobre la condena al quiebre institucional, aunque los tonos son notoriamente divergentes: las izquierdas políticas y culturas señalan el período como la etapa más oscura de nuestra historia, haciendo hincapié en su violencia y ciclo represivo, en lo que representaría una etapa autoritaria de las fuerzas ideológicas más radicalmente adversarias, y, en última instancia, un interregno vergonzante indigno de una larga tradición republicana-reformista. Los villanos y los héroes son claros, y la traición, en última instancia, es a la tradición citada. Lo que derribará la dictadura es al Uruguay republicano y reformista, ese que nace con el siglo bajo la impronta del Batllismo. Los análisis más radicales dentro de las izquierdas con respecto a lo que la dictadura “rompió” -que podría ser, por ejemplo, como reacción y freno a un proceso revolucionario de cambios estructurales y profundos- son cada vez más escasos, y no parecen superar el campo del relato mítico que apela a movilizar emociones. La dictadura opera para las izquierdas nacionales como un paroxismo político. Pero este paroxismo es necesariamente transitorio, y cuando cesa la tempestad, los amantes de la épica sienten que solo opera como una saga propia de juglares, no como programa político real, experimentando la sensación que la vida de su tiempo ha llegado a ser relativamente blanda frente a lo vivido en aquellas épocas.

Por otro lado, si uno observa las miradas dominantes a la interna de la tradición republicana-reformista, la idea de ruptura amplifica los responsables. Julio María Sanguinetti, en La agonía de la democracia, señala que “de un lado y de otro se han instalado argumentos de oportunidad que, con frecuencia, calan en la opinión pública. En la época de la dictadura parecía aceptarse, por ciertos sectores, que el golpe de Estado, aun negativo, se explicaba por una impostergable necesidad de preservación del orden público. Hoy se viene instalando la fantasía contraria, la de una subversión en lucha contra una dictadura de la cual fue causa y no consecuencia. El movimiento guerrillero no disparó un tiro contra la dictadura: toda su violencia fue contra una democracia en la que no creía y a la que pretendía sustituir por medios revolucionarios…”. Este pasaje condensa la tesis más extendida de la tradición republicano-reformista, basada en la idea de que emergieron, fruto de coyunturas externas e internas, una serie de movimientos y actores que derrumbaron -por intereses y cosmovisión contraria al modelo- una democracia uruguaya con desafíos y problemas, pero en última instancia, ejemplar. En este caso, tanto la izquierda política enfrascada en “sustituir la falsa institucionalidad burguesa por un régimen socialista” al decir de J. M. Sanguinetti, como la acción de los militares golpistas representan los arietes que destruirán a ese Uruguay republicano y reformista, ese que nace con el siglo bajo la impronta del Batllismo.

En este esquema trazado, también es relevante referirse a las interpretaciones que ponen el acento en la acción guerrillera de la izquierda revolucionaria como el verdadero responsable de la dictadura. Cuando se observan detenidamente estos enfoques, lo que se acusa que destruyó con su violencia revolucionaria bajo la apuesta de revolución socialista del movimiento guerrillero -y el Partido Comunista, y de la izquierda en general- es al mismo Uruguay republicano y reformista, ese que nace con el siglo bajo la impronta del Batllismo. Incluso las posiciones más reivindicativas de la acción de las Fuerzas Armadas con respecto a los sucesos históricos que desembocaron en el quiebre institucional apelan a reivindicarse como últimos garantes de esa Democracia republicana y reformista frente al embate revolucionario y la debilidad del sistema político de su época. No significaron en su momento -ni tampoco hoy- una propuesta rupturista, ni refundacional, ni cáustica con esta continuidad con respecto a la mirada de lo que éramos los uruguayos, sino que se manifiestan como sus invalorados defensores.

La convergencia podría extenderse incluso a algunas otras miradas con respecto al proceso histórico, pero no deja de ser bastante extraño para cualquier observador que en todos los casos el bien a preservar es una especie de “edad dorada” previa, que necesariamente se caracteriza por el Uruguay de clases medias y Estado “protector de los débiles” que construyó el sistema político uruguayo durante las primeras seis décadas del siglo XX, y, en mayor medida, el Batllismo.
En un somero resumen, se podría señalar que existen, mayormente:

  • Una visión de la dictadura como quiebre institucional encarado por las fuerzas reaccionarias y represivas frente al avance de las fuerzas progresistas, que quebró una larga tradición republicana, reformista y democrática del país. Esta es dominante en las izquierdas políticas, donde la interpretación como fenómeno “contrarrevolucionario” de la dictadura es cada vez más escaso, marginal y no desemboca en un proyecto político revolucionario propio.
  • Una visión de la dictadura como quiebre institucional causado por la emergencia de fuerzas antidemocráticas en las izquierdas políticas como en el ejército y ciertas derechas autoritarias. Se señala que la democracia sufrió una larga agonía de la cual el sistema de partidos políticos republicanos fueron mayormente víctimas junto a la población. Caracterizada en ocasiones como la “teoría de los dos demonios”, con importantes matices a la interna en lo que se refiere al análisis de situaciones específicas, en general adhieren abrumadoramente a la idea de que el proceso quebró una larga tradición republicana, reformista y democrática del país.
  • Existe también una visión por la cual la dictadura es la consecuencia inevitable de la “agresión revolucionaria” a la democracia uruguaya. En este sentido, la acción revolucionaria de las izquierdas políticas y culturales, llevaron al país a un proceso de violencia política que derivó en el quiebre de una larga tradición republicana, reformista y democrática del país. Estas fuerzas suelen llamarse a sí mismas, “democráticas”, y ser la fuerza protectora de la democracia era su eslogan en la dictadura (“los demócratas somos mas”).

La dictadura como desenlace de otro proceso

Cuando uno se acerca al fenómeno histórico, no puede dejar de señalar, en tono de análisis preliminar pasible de profundización, que en última instancia la dictadura se inscribe en una larga agonía del modelo de desarrollo que, con vaivenes, será protagonista de la primera mitad del siglo XX en Uruguay. A contramano de lo anteriormente señalado, el Uruguay de fines del siglo XIX era un país evidentemente próspero y abierto, con niveles de riqueza y desarrollo de las potencias europeas del momento. En un artículo anterior señalábamos que “…increíblemente, la etapa económicamente más próspera y pujante de nuestro país quedó huérfana de reivindicaciones partidarias y políticas, aunque allí se haya dado el mayor nivel de crecimiento económico del país a fuerza de una sociedad civil pujante, un país abierto, una economía libre y un respeto a la propiedad privada bastante amplio y consistente a pesar de las revueltas (…) El período al que me refiero -incluso puede ser más extenso- es catalogado en Historia económica del Uruguay de Ramón Díaz como “la gran expansión (1852-1875)”, donde expresa con claridad que el PBI per cápita del país en ese período era “muy semejante” al de países como Inglaterra, Francia y Alemania, “habiendo sido mayor o igual en prácticamente ocho de los diecisiete años”, apoyado en los estudios realizados por Luis Bértola en sus trabajos citados en la obra. El contraste con la mirada de la historiografía nacional más influyente es evidente: para Barrán y Nahum, por ejemplo, “…el Uruguay, independiente desde 1828, no pudo crear un poder central efectivo hasta 1876. La guerra civil, ambientada en la debilidad del Estado y la disputa por la posesión de la tierra, se enseñoreó de la nación. Cuando no era ella, los hombres, sueltos u organizados en gavillas, merodeaban por los campos, carneando aquí y robando allá un ganado cuyo valor venal era escaso al comercializarse fundamentalmente el cuero”. La idea representada por Barrán y Nahum de que los elementos importantes en la historia económica del país surgen con la aparición de un nuevo tipo de poder estatal en manos de Latorre (1875) y las primeras medidas proteccionistas, no es antojadizo, y representa una idea fuertemente consolidada en nuestro país, a nivel popular…”.

Esta teoría del “país bárbaro” para referirse a las características del siglo XIX, consolida la idea que los procesos políticos anteceden y predisponen los ciclos económicos y los fenómenos sociales. Entonces, el “Uruguay modelo” de la tradición republicana-reformista va a ser resultado de los eventos políticos, no manifestación de procesos culturales, económicos y sociales previos. Entendiendo este esquema interpretativo y advirtiendo su predominio hegemónico, no parece descabellado que las diferentes corrientes políticas del país compitan por alguna parcela de representación de ese Uruguay del siglo XX, ya que a nivel del ideario nacional es allí donde se inaugura la “Edad Dorada” del país. Más allá que esta tradición interpretativa del pasado que se muestra hegemónica y más que instalada, detrás de la “historia política” del siglo XIX, sus guerras civiles, sus conflictos, quedan soslayados el magnífico crecimiento demográfico, industrial, tecnológico, las leyes de libertad comercial, baja de aranceles, libertad bancaria, monetaria, expansión urbana, pujanza asociativa y ambiente cultural efervescente que caracterizó al país en la segunda mitad del siglo XIX.

¿Qué relación tiene todo esto con el tema abordado al principio? El modelo de desarrollo del país comenzó a cambiar a principios del siglo XX. Quizás sea la colosal serie de transformaciones que ese siglo traería consigo en las relaciones de poder a nivel mundial -con dos guerras mundiales mediando este proceso- lo que empujo la apacibilidad del modelo reformista a zonas más turbulentas, a partir de 1914 y especialmente complejas luego de la crisis global de fines de la década de 1920, pero es evidente que los perfiles del modelo “dirigista” y de las sucesivas oleadas de intervencionismo estatal no lograron torcer una tendencia económica que primero fue de estancamiento para transformarse en retroceso. Y fue también el sistema político de aquella época, erigido bajo la sombra del reformismo, el que ante este desafío enorme de realizar transformaciones profundas frente a un mundo que cambiaba económica y políticamente a pasos agigantados, se regocijo en sus propias recetas e incluso hundió su cabeza en la arena. La crisis del modelo republicano-reformista, ese mismo que representa la “edad de oro” unánime hoy, fue por encima de todo una larga agonía, donde escasas voces señalaron al iceberg que nos esperaba para atestar una profunda grieta en el barco. En general el sistema político se “ensimismó” en sus pequeñas luchas populistas por repartir los despojos empobrecidos de un aparato estatal sobredimensionado, una economía rígida, un prebendarismo político, económico y comercial asfixiante y una calidad de vida degradándose lentamente. La farsa del Modelo de sustitución de importaciones fue un espejismo costosísimo para mantener artificialmente a una clase media urbanista y la paz social. Después, toda una década de inestabilidad política coronó el declive de un modelo agotado.

Los síntomas de agotamiento y malestar se evidenciaron en las propuestas de salida al mismo, ya sean los proyectos revolucionarios de la izquierda o las propuestas de transformación en clave liberal -Azzini- que emergieron de forma tenue en aquellos años. Hasta la crisis del modelo en los sesenta, no resultaron mayormente atendidos, ni considerados. Ante las primeras señales de dificultades cuando se intentó cambiar, se volvió rápidamente a los esquemas anteriores de intervencionismo del Estado.

Más allá de las valoraciones que yo pueda realizar de forma preliminar, la cuestión es lo demasiado importante para soslayarla: la crisis del modelo reformista desde el Estado no desencadenó su muerte, sino una agonía larga y destructiva en cámara lenta, que derrumbó las bases económicas y sociales del país -y con ellas la paz y la convivencia- para proteger su propio mito, su legado memorístico como “edad dorada”, para salvarse como tradición política-estatal. La agonía de la Democracia fue quizás, antes, la agonía del modelo nacional que hoy representa un recuerdo que todos anhelan apropiarse políticamente: ¿en qué medida el quiebre institucional no es el colofón de la larga y lenta crisis del modelo Republicano-reformista? El peso cualitativo y cuantitativo de esta dimensión, el real peso de su responsabilidad en la debacle económica, y posteriormente social y política del país, podrá finalmente arrojar un poco más de luz sobre aquellos años, matizar posturas, atemperar posiciones y especialmente, reflexionar sobre varios mitos nacionales y “vacas sagradas”; y la verdadera dimensión de su legado.

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