POLÍTICA

Por Ramón Paravís

I.

El 21 de setiembre la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) comunicó a la presidencia de Antel la resolución tomada en su reunión extraordinaria del día 16. Puesta a pronunciarse sobre la la construcción y mantenimiento del Complejo Multifuncional Antel Arena (CMAA), basándose en la auditoría externa remitida por el ente consultante y en el informe elaborado por un abogado externo contratado especialmente por la Junta para ello, el máximo órgano de contralor anticorrupción concluyó, unánimemente, que se ha constatado la violación de principios y normas de conducta que configurarían faltas administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados en las acciones u omisiones del proyecto. El dictamen señala un apartamiento reiterado del principio de especialidad, una violentación sostenida del de legalidad, desidia en los contralores y manejo caprichoso de los dineros públicos. Desoídas sistemáticamente las observaciones del Tribunal de Cuentas y de la Unidad Reguladora del Acceso a la Información Pública, las actuaciones administrativas fueron declaradas reservadas por las autoridades de aquel momento y tramitadas en el mayor secreto. En puridad, todavía se desconocen algunos extremos. Se sabe, eso sí, que el CMAA tuvo un sobre costo escandaloso y que da muchas pérdidas un año y al otro más. Lo que inicialmente se estimó en 40 millones de dólares, nos costó al final cerca de 120, y nos ha dado cerca de 3:750 mil dólares de pérdidas desde noviembre de 2018 hasta la fecha.

La secuencia de este tsunami en una palangana, fue más o menos como sigue.

Antel contrató una empresa auditora (Ecovis Uruguay) para que revisara todo lo relativo a la construcción del CMAA. Recibido el informe final de la auditoría externa, el ente puso el asunto en conocimiento de la Fiscalía General, al tiempo que  solicitó un dictamen de la Jutep el día 14 de junio. La Jutep tomó toda la documentación que le enviaron y el 8 de julio contrató un abogado externo para que la analizara y expusiera su opinión. Luego, con todo a la vista y con el informe de ese abogado, el directorio de la Jutep se pronunció en forma unánime el día 16 y lo informó al requirente el 21. El 22, una delegación del organismo anticorrupción hizo un desesperado pedido en el senado.

Ese día, la presidente de la Jutep se presentó ante la comisión de Hacienda y Presupuesto de la cámara alta que analiza la Rendición de Cuentas y pidió una partida anual de $ 500.000  (sí, quinientos mil pesos) para contar con asesores en el área profesional y técnica, que no tiene. Ocurre que la Jutep es una de esas dependencias pobres del estado, de las más pobres. Deliberadamente pobre, sugiere el ejercicio natural de la sospecha ciudadana. Cuenta con once funcionarios administrativos, dos abogadas que están por la modalidad de pases en comisión (de un organismo a otro del estado) y tres directores (presidente, vice y vocal). Eso es todo. Podrían llenarse diez cargos más por pases en comisión, pero nadie quiere ir a trabajar a la Jutep; mucho menos los profesionales universitarios, ya que perderían todos los incentivos de la oficina de origen a cambio de nada, ni siquiera tendrán allí carrera funcional. La presidente del organismo, Susana Signorino, dijo luego a la prensa: “Sin recursos propios, sin poder contratar asesores externos, la Jutep no puede cumplir con sus cometidos en la forma en que este directorio quiere realizarlos. A veces me pregunto si el sistema político realmente quiere que la Jutep funcione como el órgano superior de control contra la corrupción”. 

II.

En las jornadas previas, la atención pública estaba en un tema relevante y aún por resolverse. 

De dónde obtener los fondos del fideicomiso de vivienda para la erradicación de los asentamientos es una discusión de primer orden y de la que conviene no distraerse con todo este circo y el circo promovido para continuar con este. 

La propuesta presidencial de transferir dinero del asignado al Instituto Nacional de Colonización (INC) es desaprobada por toda la oposición, por algún senador colorado (sector Ciudadanos), alguno blanco (Sergio Botana quiere acudir al

Fondo Coronavirus) y con la de Cabildo Abierto en bloque, que invita a transitar otra salida. Fue explicada con detalle por Kenneth Coates en su columna del semanario La Mañana de 17 de setiembre.

Básicamente, consiste en utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al país hace un mes. La iniciativa (que, según ha dicho el senador Manini Ríos, fue comunicada al Poder Ejecutivo apenas después del 24 de agosto, día en que se recibieron) consiste en hacer uso de los cerca de US$ 585 millones para retirar emisiones de bonos del mercado por el monto equivalente y con eso generar un ahorro en el pago de intereses. De acuerdo al cálculo de los cabildantes, eso implicaría un ahorro estimado en US$ 40 millones anuales; ese dinero se dirigiría íntegramente al fideicomiso de vivienda, sin tocar los recursos del INC. Todo lo atinente al rescate de tierras en propiedad y su reasignación en régimen de colonización es sustantivo para el afincamiento en el campo; constituye el primer y sustancial amparo para contrarrestar el éxodo masivo a la ciudad, la ruina de lo que se abandona y los jirones del desarraigo, la falta de trabajo y el consiguiente engorde de más asentamientos. 

Cuando el senador Manini Ríos se hizo presente en el campamento de los colonos en Toledo y allí confluyó con el expresidente José Mujica el día 14, la propuesta de su fuerza política ya estaba en conocimiento de Lacalle Pou. Cuando en la Expo Prado, el 15 de setiembre el primer mandatario emplazó públicamente al cabildante a permanecer en la misa o decidirse por la procesión y a decir de dónde pensaba sacar la plata sin afectar al INC, sabía perfectamente de dónde había que hacerlo según los cabildantes. Casi tres semanas hacía que esas respuestas estaban en su despacho de Torre Ejecutiva. ¿Reclamarle en público a sus socios lo que ya habían puesto a su disposición en privado?

En cuanto a la clase de seguimiento que reclamó Lacalle Pou, la cosa no es tan sencilla. 

El senador Raúl Lozano, desayunando el día 16 en canal 12, dijo que Cabildo Abierto ha sido el socio más leal del gobierno porque no se limitó a decirle que sí a todo, sino que marcó sus discrepancias cuando estimó que se equivocaba y planteó otras opciones.

Este partido parece sentirse ligado al gobierno en todo aquello que fue punto de compromiso, pero absolutamente libre en todo lo demás; la visita reciente del general Manini a Brasil incluida, aunque incomode a la cancillería.

III.

En el extranjero estaban el primer mandatario y el senador cabildante -en México y Estados Unidos y en el vecino del noreste, respectivamente- al momento del estallido del globo de chicle del Arena, Carolina Cosse y todo eso.

Cercada por cámaras, flashes y micrófonos, la intendente de Montevideo minimizó el pronunciamiento de la Jutep. Es “el informe de un militante herrerista”, dijo en referencia a la auditoría externa contratada por Antel y encuadró todo en un mapa general de enchastre político. 

El vocal frenteamplista en la Junta, el comunista Jorge Castro (firmante del pronunciamiento del 16 de setiembre) fue prontamente cesado por sus camaradas. Según el secretario general Juan Castillo, Castro no percibió correctamente el uso político que iba a darse al informe. Desde el oficialismo, el senador Jorge Gandini anunció que promoverá la comparecencia del presidente de Antel y del ministro del ramo al parlamento para ventilar un poco más la cuestión. 

Todo este despliegue no pasa de ser gimnasia ruidosa y estéril, especialmente si se considera que el expediente con las resultancias de la mentada auditoría reposa en la Fiscalía General de la Nación desde la primera quincena de junio, esto es,  hace más de tres meses. Acaso el tronar incesante de las matracas y el brillo chillón de los chirimbolos logren ahora excitar el celo de los funcionarios de  Fiscalía. Igualmente, anuncian las autoridades de Antel que efectuarán a principios de octubre la denuncia penal que debieron hacer hace tiempo.

Casi olvido un inciso. Más transparencia y legalidad en Ancap; eso reclamó, el jueves 23, Raúl Sendic.

Compartir