JOSÉ W. LEGASPI / Hay momentos históricos en que la realidad obliga a decirlo sin eufemismos: la OEA y la ONU no son lo que dicen ser. No funcionan como garantes de paz, ni como instrumentos universales de justicia, ni como árbitros del derecho internacional. Funcionan —cuando funcionan— como pantallas diplomáticas, como escenografías de legitimación, como máquinas de declaraciones destinadas a simular que existe una “comunidad internacional” capaz de ordenar el caos.
POLÍTICA
Pero Venezuela y Gaza exponen algo más grave: no se trata solamente de “limitaciones”, “dificultades” o “falta de consenso”. Se trata de una crisis de necesidad. La pregunta ya no es si estas organizaciones sirven poco. La pregunta es si sirven para algo distinto que no sea administrar la impotencia.
1) La OEA: un cadáver institucional que todavía firma comunicados
La OEA nació como un dispositivo hemisférico de coordinación, pero desde hace décadas se parece más a un instrumento de presión selectiva que a un organismo confiable para garantizar democracia y derechos.
En los papeles, es el gran foro regional. En los hechos, es un lugar donde los gobiernos se alinean, se bloquean, se abstienen, negocian impunidad o compran tiempo.
En el caso venezolano, la OEA ha sido una fábrica de condenas, informes y sesiones extraordinarias. Pero no resolvió nada. No protegió a la población. No garantizó transición. No detuvo la degradación institucional. No evitó la consolidación autoritaria. Y cuando intentó “apretar”, lo hizo de manera tan politizada que terminó reforzando el discurso del régimen: “nos atacan porque somos antiimperialistas”.
El resultado es grotesco: la OEA no evita crisis, no detiene represiones, no repara daños. Solo sirve para que ciertos actores puedan decir que “hicieron algo” sin haber hecho nada real.
Y en el fondo, el problema es estructural: la OEA no tiene poder, no tiene legitimidad homogénea. Es una institución regional atrapada en una contradicción: pretende ser garante democrático, pero depende de gobiernos que muchas veces no tienen interés alguno en garantizar nada.
2) La ONU: el gran mito del orden mundial… sostenido por el veto
La ONU es el símbolo máximo del ideal multilateral. Su bandera es la paz. Su discurso es la cooperación. Su retórica es el derecho internacional. Pero en la práctica, la ONU es el ejemplo más acabado de una organización diseñada para no poder actuar cuando los conflictos involucran a los verdaderos dueños del tablero.
El Consejo de Seguridad, con su sistema de veto, convierte a la ONU en una paradoja institucional: la organización creada para impedir guerras está estructurada para tolerarlas.
Gaza: resoluciones que no detienen bombas
En Gaza, la ONU ha demostrado una impotencia que ya no es accidental: es funcional. Se convoca, se debate, se redactan textos, se “llama a las partes”, se “urge” al cese de hostilidades, se multiplican los discursos humanitarios… y la guerra sigue.
El Consejo de Seguridad se vuelve un ring de vetos cruzados. La Asamblea General se convierte en un espacio de pronunciamientos sin fuerza vinculante. Y las agencias humanitarias quedan reducidas a administrar la catástrofe: repartir ayuda en un escenario donde la política internacional decidió no detener la destrucción.
En este punto, la ONU no es un actor de paz: es un actor de gestión del desastre. No evita el crimen: lo documenta. No lo detiene: lo lamenta. No lo sanciona: lo registra.
Ucrania: el absurdo total
En Ucrania, la ONU vuelve a mostrar su límite final: cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad es parte del conflicto, la ONU queda automáticamente anulada. Se vuelve un organismo incapaz de imponer soluciones, incapaz de hacer cumplir su propia carta fundacional.
Lo que queda es el simulacro: discursos, condenas, llamados al diálogo, informes, misiones, gestos. Todo eso puede ser valioso para la historia y “para una conciencia moral”, sí. Pero no cambia la realidad: la ONU no detuvo la guerra.
Y si no puede detener una guerra en Europa, con repercusión global, con millones de refugiados y con amenaza nuclear, entonces la pregunta no es “¿qué le falta?”, sino ¿para qué existe?
3) Doss escenarios, un patrón: instituciones que legitiman la impotencia
Venezuela, y Gaza muestran el mismo patrón:
- Se declara preocupación.
- Se convocan reuniones.
- Se redactan comunicados.
- Se discute semántica (“genocidio”, “invasión”, “crisis humanitaria”).
- Se bloquea la acción real.
- La tragedia sigue.
Las organizaciones internacionales operan como una especie de “religión laica” del mundo moderno: ofrecen lenguaje, símbolos, rituales, ceremonias y liturgia diplomática.
Pero cuando se necesita lo esencial —detener la violencia, sancionar al agresor, proteger civiles, imponer acuerdos— se revela el vacío: no pueden.
Y si no pueden, entonces su “utilidad” es otra: construir la ilusión de que el mundo está siendo gobernado por normas, cuando en realidad está gobernado por fuerzas.
Conclusión: no están fallando, están cumpliendo su función real
El error común es pensar que estas instituciones fracasan porque “no se modernizaron” o porque “falta voluntad política”. No. Eso es ingenuidad.
La verdad es más brutal: la OEA y la ONU no están diseñadas para garantizar justicia universal. Están diseñadas para administrar un mundo desigual.
- La OEA sirve para ordenar el continente bajo correlaciones de fuerza cambiantes, no para liberar pueblos.
- La ONU sirve para evitar que el conflicto entre potencias se vuelva total, no para evitar guerras en general.
4) América Latina y Uruguay: organismos que no protegen a los pueblos, sino que disciplinan gobiernos
En América Latina, la OEA y la ONU no operan como “garantes neutrales” de derechos o democracia. Operan, casi siempre, como mecanismos de validación o castigo, según el alineamiento internacional del gobierno de turno. No llegan para resolver conflictos: llegan para administrar obediencias.
La región conoce este libreto desde hace décadas. Cuando un gobierno es funcional al equilibrio continental, se lo tolera con paciencia institucional: se habla de “diálogo”, de “moderación”, de “salidas negociadas”. Pero cuando un gobierno se vuelve incómodo —no por autoritario, sino por desalineado— entonces aparecen con rapidez los lenguajes de “ruptura democrática”, “aislamiento” y “condena”, acompañados de sanciones diplomáticas y presión económica indirecta.
El problema es que este uso selectivo destruye el corazón moral de cualquier organismo: la coherencia. Y sin coherencia no hay legitimidad, solo hay poder vestido de norma.
La OEA como semáforo político
La OEA en particular funciona en América Latina como una especie de semáforo geopolítico: habilita, frena o condena según convenga a los actores más influyentes del hemisferio. Y como no tiene fuerza propia real, su principal “arma” es otra: la etiqueta. Nombrar a un gobierno como “ilegítimo” o “violador de derechos” no siempre cambia los hechos, pero sí busca cambiar el clima: habilitar aislamiento, justificar presiones, empujar fracturas internas.
Así, la OEA no evita tragedias: las certifica. No impide golpes blandos o crisis de gobernabilidad:los administra. No garantiza democracia: garantiza un tipo de democracia aceptable para el equilibrio regional.
La ONU como lavadero de reputaciones
La ONU, por su parte, es muchas veces el lugar donde los gobiernos latinoamericanos van a hacer lo que mejor aprendieron a hacer: decir lo correcto para no hacer nada. Se vota a favor de resoluciones humanitarias, se firman declaraciones solemnes, se condena “toda violencia venga de donde venga”… y después se vuelve a casa a practicar el mismo oportunismo.
En el plano interno, esto se transforma en política doméstica: la diplomacia sirve para “parecer decente” hacia afuera mientras se negocia el poder hacia adentro. La ONU queda entonces como un escenario de lavado de imagen, donde un gobierno puede presentarse como defensor de derechos humanos sin estar dispuesto a asumir costos reales por ellos.
Uruguay: el progresismo como consumidor de legitimidad internacional
Uruguay, especialmente en su ciclo progresista, mostró una forma sofisticada de esta lógica: el país se volvió experto en el discurso de los “principios”, pero también en el arte de la prudencia selectiva.
En vez de una política exterior guiada por una línea clara de soberanía y coherencia, muchas veces se optó por la fórmula más rentable: condenar poco, matizar mucho, y no incomodar a nadie demasiado.
La consecuencia es que la política exterior termina pareciéndose a un ejercicio de equilibrio moral: se denuncia lo que es barato denunciar y se relativiza lo que es caro relativizar.
En ese marco, la OEA y la ONU son útiles no por su capacidad de transformar la realidad, sino por su capacidad de ofrecer coartadas elegantes. Permiten decir: “estamos preocupados”, “seguimos de cerca la situación”, “apostamos al diálogo”, “condenamos toda escalada” y con eso se construye una apariencia de responsabilidad internacional, mientras se evita el punto central: tomar posición real cuando tomar posición implica costos.
En nuestra región, estos organismos no son la garantía de justicia, sino el mecanismo por el cual se normaliza la impotencia. Se los invoca para dar seriedad, pero terminan funcionando como excusa para no actuar. Se los cita como autoridad, pero en la práctica son la prueba de que la autoridad real no existe: existe la fuerza.
Conclusión
Venezuela y Gaza son dos nombres distintos para un mismo problema: un orden internacional que se presenta como sistema de normas, pero que funciona como sistema de poder. Y en América Latina —con Uruguay incluido— el drama es doble: no solo sufrimos las consecuencias, sino que muchas veces aceptamos el papel de comentaristas obedientes de nuestra propia irrelevancia.
La OEA y la ONU no son el escudo de los pueblos. Son, en el mejor de los casos, una burocracia del conflicto; y en el peor, una maquinaria de legitimación selectiva.
Por eso la pregunta final no es si “hay que fortalecerlas”. La pregunta es más incómoda: ¿Cuánta injusticia necesita el mundo para seguir creyendo en instituciones que nacieron para evitarla y hoy solo la administran?
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