POLÍTICA

Por Alma Bolón

A partir de la declaraciόn de pandemia que realizό la OMS, se intensificaron las reflexiones sobre los márgenes de soberanía que quedan en los diferentes Estados, sometidos a la aplanadora de los organismos internacionales concertados con las empresas y las fundaciones que los sostienen y de los que se benefician, de consuno con los grandes grupos mediáticos y con los gobiernos nacionales (y sus correspondientes oposiciones), siempre con el ojo puesto en el votόmetro.

Muchos de los artículos publicados estos meses procuran examinar la masa de datos escalofriantes que empezó a penetrar vía pantalla en los hogares, así como las consiguientes medidas (contradictorias, incumplibles, descabelladas) siempre atemorizantes y siempre regimentadoras que se impusieron o se quieren imponer.

Sin embargo, desde mucho antes del covid19, personas, organizaciones sociales, agrupaciones gremiales o grupos políticos señalaban los obvios y abundantes casos de resignación de soberanía que venían produciéndose en Uruguay. Así el Movimiento Ciudadano UMP2 NO, que se opone a que una empresa finlandesa implante una tercera fábrica de celulosa que solo dejará daños y perjuicios al país (daños y perjuicios cuantificables, entre otros, en términos de deuda contraída, de riqueza natural extraída sin miramientos y de injerencia educativa autorizada), o las agrupaciones de maestros y de profesores que desde hace años denuncian la aplicación, en Uruguay, de políticas educativas decididas por el Banco Mundial o por el Bid.    

En este marco, se ha sostenido a veces que, ante la gravedad de esta formidable renuncia a la soberanía, los cambios legales que instalό la Ley de Urgente Consideraciόn son desdeñables, y que enfocarse en ellos desvía la atención. Compartiendo en parte esta afirmación, voy a referirme a la parte que no me resulta del todo convincente, si bien antes me detendré en lo que sí encuentro acertado de esa postura

1 La vida después del patrimonio

Como en el castillo de Jacques le fataliste («Ils s’acheminèrent vers… Oui, pourquoi pas ?… vers un château immense au frontispice duquel on lisait : Je n’appartiens à personne et j’appartiens à tout le monde. Vous y étiez avant que d’y entrer, et vous y serez encore quand vous en sortirez”»), o como en el desierto de Borges («Si hemos de entrar en el desierto, // Ya estoy en el desierto. // Si la sed va a abrasarme, // que ya me abrase.»), con la Luc, ya estábamos antes de estar.  

La Luc ordena, institucionaliza y profundiza lo que ya venía ocurriendo: esto es afirmado por muchos lectores atentos de esta ley recién aprobada, y lo suscribo. 

Tomaré algunos ejemplos. El Artículo 1 de la Luc, nόtese la jerarquía que otorga esa posición en el articulado general, modifica lo relativo a la legítima defensa (Art. 26 del Cόdigo Penal). En su Art. 1,  en el punto B) Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño”, la ley ahora aprobada sostiene: Cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende”. La añosa novedad que introduce la Luc consiste en reconocer, explícitamente, que la legítima defensa no lo es exclusivamente de la integridad física propia o de los allegados, sino que es tan legítimo defenderse -llegando a matar- ante una agresión física como ante un intento de sustracción de patrimonio, “con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende”. 

Al mismo tiempo, la ley extiende el ámbito dentro del que puede alegarse “legítima defensa”: “se considerarán dependencias de la casa, en las zonas urbanas: los balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas, jardines, garajes y cocheras o similares, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Además, se considerarán dependencias de la casa en zonas suburbanas o rurales: los galpones, instalaciones o similares que formen parte del establecimiento, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda”.

En buen romance esto significa que en lo sucesivo podrá exitosamente alegar “legítima defensa” un vecino que encerrado en su casa dispare, tal vez solo con ánimo de espantar pero con tan mala puntería que lo mate, a quien en el jardín de su casa pretende hurtarle las sábanas colgadas en la cuerda o una bicicleta que quedό a la intemperie.  

Más allá del debate filosófico-político-religioso (en Uruguay no hay pena de muerte, aunque algunas posturas anti abortos suelan asimilar esta práctica a un crimen) que no existió en la sociedad a propósito de esta drástica modificación del Cόdigo Penal, es de temer un incremento -un espiral- en la violencia social, al aumentar la capacidad de fuego legalmente autorizada. Naturalmente, los policías son también beneficiados por la extensión de la benevolencia, lo que también hace temer un aumento de los acribillados por la espalda, pero en defensa propia. (Esta previsión sangrienta deberían considerarla quienes sostienen que el endurecimiento de las penas tiene efectos disuasivos…)

 En el debate parlamentario, los senadores frenteamplistas se opusieron a esta modificación anteponiendo el derecho a la vida, relegado por el derecho a la propiedad;  también, anticiparon un eventual acrecentamiento de la violencia por parte de los candidatos a delinquir. 

 El problema es que anteriormente, en 2019, mientras se suponía que el FA realizaba campaña en contra de la reforma propuesta por Larrañaga para atribuir mayores potestades represivas a la policía, ocurría que su anunciado ministro del Interior, Gustavo Leal, a la sazόn director de Convivencia de este ministerio, ocupaba los titulares de la prensa con estas palabras: “Soy antichorro, y qué” (mayo de 2019), y ““Usted hizo lo que tenía que hacer”, dijo Gustavo Leal a un hombre que había matado en legítima defensa” (agosto de 2019). Si un director de Convivencia del ministerio del Interior y candidato a futuro ministro, se declara “antichorro” (como un medicamento se declara “antidiarreico” o “antihistamínico”) antes de, en juicio sumario vía prensa, juzgar y absolver a una persona que matό a otra, esto significa que en la Luc, como en el castillo de Diderot y en el desierto de Borges, ya estábamos.

Menos cruda pero más insidiosa fue la máxima encontrada para la campaña electoral por otro candidato del FA, hoy senador, hablo de Ȯscar Andrade: “Votar al Frente Amplio es hacer un voto en defensa propia”. 

En 2019, durante la campaña electoral, saltaba a la vista el diálogo, diálogo en el sentido de Bajtín, que esta consigna -“Votar al Frente Amplio es hacer un voto en defensa propia”- entablaba con el pronóstico según el cual de perder el FA las elecciones siguientes, se perderían las cosas buenas que el FA había hecho. En ese sentido, Andrade estaba diciendo que defenderse a uno mismo -la autodefensa- era defender lo hecho por el FA, era defender el voto por el FA. Instalaba así una reciprocidad entre el FA y el votante, lo que era bueno para el votante era bueno para el FA, y viceversa. 

Pero también rápidamente saltaba a la vista el diálogo que el eslogan entablaba con el discurso de la seguridad/inseguridad, en el que es recurrente “actuar/disparar/matar en defensa propia”. En este sentido, Andrade estaba diciendo, para la seguridad, mejor que “disparar/matar en defensa propia” es “votar en defensa propia”. 

Solo que, ya aquí, el juego entre “disparar/matar/votar en defensa propia” tomaba un cariz más incómodo: ¿Andrade estaba diciendo “mejor vote (al FA) en defensa propia, en lugar de disparar en defensa propia” o estaba diciendo que “si uno no vota al FA en defensa propia, podría suceder que debiera disparar en defensa propia, porque la miseria y la delincuencia crecerán sin el FA”? 

Esta última posibilidad resulta muy incómoda, porque la máxima parecía estar hablándole ya no al votante que quería defender los avances sociales del FA, sino al votante que se arma para defender su propio, su propiedad o su cuerpo propio. Dicho de otro modo, al votante tradicionalmente asociado con la derecha, o al votante que, para su defensa propia, estaba dudando entre votar el retorno de los militares a las calles (reforma de Larrañaga) o votar a quien pudiera contener la delincuencia dentro de los límites que permitieran prometer que no sería necesario “disparar/matar en defensa propia”, si se “vota en defensa propia”.

Por cierto, es imposible afirmar que Andrade, al decir lo que dijo, tuvo la intención de dirigirse sola y exclusivamente al votante frenteamplista que un poco desanimado dudaba, y al que por lo tanto convenía recordarle la amenaza de que si no ganaba el FA, se perdía lo ganado. Porque es imposible eliminar el diálogo capcioso que la máxima de Andrade entabla con el discurso de la seguridad/inseguridad, discurso también presente en las pasadas elecciones de octubre y que, justamente, recurre a las armas y a los armados, para defender “lo propio”, y no solo en la iniciativa de Larrañaga. (1)

Como dije, estábamos explícita o insidiosamente en la Luc antes de estarlo.

2 El patrimonio antes que la vida

En el debate parlamentario a propósito del Artículo 1 de la Luc, el Frente Amplio defendiό criterios humanistas, contrapuestos a los económicos (plasmados en la defensa de la propiedad que la ley aprobada profundiza). La continuidad de Danilo Astori a lo largo de los tres gobiernos del FA ilustra con bastante claridad qué fue lo jerarquizado por el FA, qué fue lo asegurado y sustraído a cualquier peripecia interna. Dentro de esta permanencia, es posible detenerse en un episodio que pasό casi inadvertido.

A mediados de octubre de 2019, la ministra de Educación y Cultura premió con el máximo reconocimiento que se otorga en el campo de la cultura -la medalla Delmira Agustini-, a Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas y autor exclusivo, en consonancia con los organismos internacionales, de las políticas económicas llevadas adelante desde el primer gobierno del Frente Amplio. 

De hecho, este ministro en octubre de 2018 había recibido otro premio, éste más esperable, ya que la revista Global Markets lo eligió como “el ministro del año en América Latina”, por considerar que la “economía uruguaya ha[bía] logrado crecer de forma estable en el último año a pesar de la crisis que atraviesan los países vecinos, Argentina y Brasil, lo cual resalta[ba] la resiliencia del país”.  Igualmente, la revista Global Markets había considerado a este ministro como “una figura clave en los catorce años de gobierno de la coalición en los que Uruguay ha[bía] tenido éxito impulsando programas sociales y políticas progresistas allí donde otros países latinoamericanos ha[bía]n fracasado”. (Global Markets, en octubre de 2019, otorgó su premio de “ministro de economía del año” a Paulo Guedes, el ministro de Bolsonaro.) 

El premio “al mérito cultural” otorgado por la ministra de Educación y Cultura (una médica) a su colega de Economía y Finanzas (un contador) produjo un leve y olvidado desconcierto. Instaurado en 2013 por el gobierno del Frente Amplio, este galardón había sido entregado a poetas, escultores, bailarines, coreógrafos, actrices, actores, cantantes o escritores como, por ejemplo, Eduardo Galeano. Solo en una oportunidad fue entregado a otro economista, Enrique Iglesias, de trayectoria en la Cepal y en la presidencia del Bid;  persona de cultura, si por eso entendemos poseedor de ciertos conocimientos y sensibilidad ante ciertas formas del arte. 

En esas circunstancias, el premio al ministro de Economía y Finanzas, del cual se desconoce cualquier particular afinidad con el mundo de la cultura, pudo interpretarse como un gesto de compañerismo mal entendido entre viejos puntales del aparato frenteamplista, como un ejemplo de falta de pudor entre viejos políticos, como una oportunidad de hacer propaganda electoral (todo sucedió a dos semanas de la primera vuelta de las elecciones). Sin negar ninguna de estas interpretaciones, me gustaría rumbear para otra, a partir de la propia fundamentación esgrimida para otorgar ese premio y a partir del contexto discursivo que, en última instancia, le da su verosimilitud. 

Las razones invocadas por el MEC para atribuir la Medalla al Mérito Cultural Delmira Agustini al duradero ministro del MEF son de dos órdenes. Por una parte, se refiere “su trayectoria como intelectual y académico”, autor de una serie de libros sobre ciencias económicas. Por otra parte, se refiere su apoyo “a la implementación de muchos programas y proyectos culturales generados a partir de 2005”, entre los que se nombran diferentes programas de promoción de las artes, varios de ellos sospechosos de practicar notorias formas de clientelismo.

Por cierto, la trayectoria autoral del premiado Danilo Astori podía plantear inconvenientes al propio gobierno, ya que en sus libros más conocidos, escritos en los años 80, el economista sostiene posturas, por ejemplo contra el neoliberalismo, luego olvidadas en tanto que ministro. De igual modo, el argumento sobre la generosidad presupuestal que tuvo el ministro para con la cultura se contrarresta con el absoluto incumplimiento de las promesas electorales que su partido, el Frente Amplio, realizó en materia de presupuesto para la educación: muy lejos sigue estando este presupuesto del 6% prometido durante la campaña. Esto no impidiό a la ministra del MEC premiar al ministro del MEF por el dinero que dio a la cultura, sin importarle el que no dio a la educación.(2)

Con este galardón y la justificación blandida, la jerarquía de lo humano ante lo cuantificable (arista única del pensamiento MEF) claudica, por lo que, como ya fue dicho, ya estábamos en la Luc.

Esta jerarquía de lo presupuestal reluce también en las opciones que realiza el sistema educativo, sea Anep o Udelar, presentándolas como políticas animadas por criterios pedagógicos “modernizadores”, “democratizadores”, “inclusivos”, etc. De inmediata notoriedad es lo sucedido con la enseñanza remota, promovida desde hace años por los organismos internacionales (cf. por ejemplo, el Bid y el Banco Mundial) como requisitos “modernizadores” de la “obsoleta enseñanza”, y que hoy se revelan para las instituciones de enseñanza como salvíficos mecanismos de ahorro presupuestal (y de paso, de enriquecimiento de los grandes proveedores de comunicaciones electrónicas).

Así, en un falso segundo plano (provisoriamente relegadas por la atención que en estos meses concita la enseñanza remota) se ubican las “políticas educativas contra la repetición”, entendiendo por esto, las políticas que obligan a la promoción de los alumnos, hayan aprendido o no lo que debían aprender. Se trata de un falso segundo plano porque, en los hechos, la enseñanza remota está funcionando como una poderosísima máquina de legitimar y de acreditar, por la vía de los hechos consumados, conocimientos inexistentes, ya que nadie sensato puede suponer que las mímicas que los docentes realizan a través de las plataformas y que los alumnos reciben en sus teléfonos celulares tienen algo que ver con lo que se espera que suceda en una clase.

En 2016, un informe de la OCDE fue de franqueza apabullante, al vincular las altas tasas de repetición (“Uruguay presenta también tasas de repetición muy elevadas en comparación con la región y a nivel internacional, lo que se traduce en una gran cantidad de alumnos con extraedad”) y los problemas presupuestales: “Dadas las limitaciones en el aumento del gasto público en educación, resulta importante garantizar la eficiencia dentro del presupuesto existente. Esto podría traducirse en disminuir las tasas de abandono en educación media, reducir las tasas de repetición […].” Y también: “Entre las medidas que mejoran la efectividad del uso de recursos del sistema educativo uruguayo está la disminución de las tasas de abandono en educación media y la reducción de las tasas de repetición en todos los niveles de la educación.”  Y también: “Y los costos directos para los sistemas educativos son muy elevados, ya que incluyen impartir un año adicional de educación y retardar el ingreso al mercado laboral durante un año. Asimismo, las tasas de culminación educativa también son muy bajas y aumentan lentamente.”

Claro que el mismo informe, con igual sinceridad, indica que la medicina administrada y su éxito (el creciente descenso de la repetición) van acompañados del descenso en los conocimientos: “No obstante, la tasa de repetición de las escuelas públicas de educación primaria disminuyó desde 2002 y se redujo casi a la mitad para 2013. Por su parte, los logros de los estudiantes en las evaluaciones internacionales disminuyeron, pero se mantienen por encima del promedio regional. Una de las principales preocupaciones es la significativa proporción de alumnos con bajo rendimiento en educación media”. (3)

(Como surge de lo informado por la OCDE, los exitosos índices de aprobación de Primaria se diluyen en Secundaria; la doxa instituida achaca al sistema liceal (demasiado libresco) y al cuerpo docente (demasiado inservible) la súbita transformación de los exitosos escolares en fracasados liceales …)

Sin embargo, lo que para la crudeza conceptual de la OCDE -organismo internacional si los hay- es un problema económico (los niños que repiten gastan más presupuesto que los niños que no repiten) que se resuelve eliminando la repetición, para las ex autoridades de la Anep esto se explica por la resistencia clasemediera que busca perpetuar sus privilegios: «Antonio Romano, director de Planificación Educativa de ANEP, dijo a El País que «llegó el momento de que la clase media acepte que esos bancos liceales, que, históricamente, se reservó para sí misma, ahora los deberá compartir con recién llegados».

Para las actuales jerarquías de la enseñanza, la repetición es el obstáculo mayor de la inclusión educativa. «La educación no puede ser pura meritocracia», opinó Romano».(4)

Dicho con la lόgica helada de la Ocde (los niños repetidores encarecen el sistema) o dicho con la perspectiva culpabilizante y derechohumanista (no repetir y pasar de año es un derecho de los “recién llegados”, y solo un elitista recalcitrante puede oponerse a ese espíritu democrático), en todos los casos se trata de pensar la enseñanza desde la óptica de la economía: cόmo aumentar la matrícula y el egreso sin aumentar el presupuesto, acertijo del que ya sabemos cόmo se sale: aniquilar los conocimientos impartidos sin negar el derecho al certificado que acredita su posesión.

Diciendo de nuevo lo que ya fue dicho: en la Luc con su achacada jerarquización de lo económico ante la vida humana, ya estábamos, desde hace mucho. Ya lo sabíamos por las macro políticas económicas, educativas, de salud y de vivienda; el carácter incidental, casi casual y de poca monta de los ejemplos que ahora propuse solo pretenden ilustrar la coherencia de la máquina, cuando de resignar soberanía se trata. 

3 Inequívoca Luc

No obstante, la Luc asume con  inequivocidad sentidos que, aunque patentes en la práctica, eran negados en los discursos y los rituales en uso. En el ámbito de la enseñanza, tradicionalmente lo público se distinguió de lo privado entre otras cosas por el control del segundo sobre el  primero; exonerada de los altos impuestos que paga la enseñanza pública, la enseñanza privada se regía por las disposiciones y los planes de estudio de aquella. (Recuérdese, cόmo, en los 90, la enseñanza privada debió fundamentar su voluntad de no aplicar la reforma impuesta por Germán Rama, al considerarla perjudicial.) 

Los gobiernos del FA fueron cediendo funciones y espacios al mundo de la enseñanza privada, al tiempo que asumían sus lόgicas y sus prácticas, produciéndose así una privatización desde dentro; hoy, la presencia numerosa en el gobierno de Luis Lacalle de docentes provenientes de las universidades privadas exacerba esa tendencia. Por su parte, más gravemente, la Luc desdibuja inequívocamente la distinción entre lo público y lo privado, así como su jerarquía. Esto se percibe al menos en cuatro modificaciones que introdujo esta ley.

 Se pierde un adjetivo. La Luc modificό la denominación y la composición de la antes llamada “Comisiόn Coordinadora del Sistema Nacional de Educaciόn Pública” que pasa a ser “Comisiόn Coordinadora de la Educaciόn”; la caída del adjetivo “pública” formaliza la torsiόn impuesta a la concepciόn vareliana, es decir, a la enseñanza pública (gratuita y obligatoria) en tanto que modelo educativo de la República. En consonancia, la Luc modifica la composición de esta Comisiόn, en la que la Universidad de la República queda con un representante, a la par de la Utec, las universidades privadas, la escuela de policía, el liceo militar, el Codicen, las escuelas del Sodre y las autoridades del Mec. 

Dicho de otro modo, la única institución que goza de autonomía y de cogobierno, es decir, la única institución en la que estatutariamente perduran espacios en los que todavía es relativamente posible mantener criterios independientes de los partidos políticos (ya sea cuando estos gobiernan, ya sea cuando estos fungen de oposición electoral) y la principal institución en la producción de conocimientos en Uruguay (estoy hablando de la Udelar) queda a la par de instituciones universitarias, privadas o estatales pero con financiación extranjera (UPM y la China para la Utec), o de instituciones militares o policiales sometidas a  la estricta obediencia al gobierno.

A la hora de “emitir opinión sobre las políticas de educación” y de “velar por el cumplimiento de la ley” en materia de enseñanza, cometidos de esta Comisiόn, el parecer de la Universidad de la República tendrá el mismo peso que el de la Escuela Policial o que el del ministro y del director de Educaciόn, implicados laboral y funcionalmente, jueces y partes.     

Contra la reducción, por la ampliación. En consonancia con la caída del adjetivo “público”, se modifica indirectamente la caracterización de la enseñanza pública gratuita en el artículo en el que se especifican las instituciones con las que se suscribirán acuerdos o tratados, ya que se estipula que se rechazarán aquellas instituciones que “reduzcan la educación a la condición de servicio lucrativo”. Dicho de otro modo, las instituciones que se dedican a lucrar con la enseñanza, pero además realizan obras caritativas, quedan equiparadas a las instituciones de enseñanza a las que el lucro les es absolutamente ajeno, como es el caso de la enseñanza pública gratuita.

Compárese la modificación vigente con el texto anterior de la ley que, sin vueltas, disociaba la enseñanza y la venta de servicios: “No se suscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con Estados u organismos internacionales, que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización.»

Se dirá, con razόn, que hace rato que el Estado uruguayo había convertido en letra muerta la independencia de la enseñanza con respecto a las empresas de lucro; por ejemplo, al promover y apoyar enfáticamente las ex autoridades de Anep las “políticas educativas” de la Fundaciόn UPM en lo que esta empresa finlandesa llama “su zona de influencia”, y que se extiende a lo largo de catorce departamentos de Uruguay. Las actividades pedagógicas de una empresa con patentes fines de lucro (UPM) en el territorio uruguayo, de concierto con las universidades privadas (UM, Ucudal), siempre se desarrollaron con el beneplácito de las autoridades de la enseñanza pública (Anep). Hoy, la Luc borra los pruritos, al legalizar y formalizar, entre otras, estas prácticas. 

El adjetivo que ausente brilla.  La Luc sostiene que la educación formal que promueve el Estado tiene “el objetivo de garantizar el desarrollo de competencias para la vida”. Desde hace varios decenios, la crítica a Secundaria (recuérdese que es el lugar en donde los exitosos escolares se convierten en fracasados liceales, al comprobarse que no saben leer ni escribir) se centra, como dije, en su carácter “libresco”, “enciclopédico”, “teόrico”, por lo que las ciencias de la educación promueven la adquisición de “competencias” y “habilidades”, en lugar de “conocimientos disciplinares”. Estas pedagogías jerarquizan el “saber hacer” y el “aprender a aprender”, antes que el estudio y los conocimientos disciplinares, en el entendido de que los primeros sirven “para la vida”, mientras que los segundos son inútiles. Por cierto, la oposición es doblemente tramposa, porque la enseñanza (escuela, liceos, universidades, etc.) siempre formό “para la vida” y porque ahora lo que se pretende nombrar sin nombrar al decir “la vida” es “la vida laboral”. 

Dicho de otro modo, es tan obvio que la enseñanza siempre enseñό para las infinitas maneras de vivir la infinita “vida” que, cuando la Luc dice “garantizar el desarrollo de competencias para la vida”, debe entenderse “competencias para la vida laboral”. Porque ¿de qué otra “vida” podría estarse hablando? Si se ha repetido hasta el hartazgo que la desocupación se debe al carácter libresco de la enseñanza, la referencia a “la vida” solo puede ser entendida como “vida laboral”. (Y difícilmente alguien piense que la educación “deba garantizar competencias” para, por ejemplo, la vida amorosa o la vida familiar o la vida amistosa, o la vida ociosa o la vida política.) Por este medio, la Luc consagra legalmente la idea según la cual la educación tiene por meta “la vida”, y “la vida” es el nombre actual del mercado de trabajo.

  La libertad como promedio. En la medida en que el conocimiento es el resultado de los milenarios cuestionamientos que el pensamiento hace del pensamiento, pensándose a  sí mismo una y mil veces, la libertad es inherente al pensar, y asume esa forma de incesante objetar y volver a pensar. En este plano, bajo el título “libertad de cátedra”, la Luc sostiene que el docente debe proceder “con un criterio de amplitud, ecuanimidad y balance de puntos de vista que permita a los educandos ejercer su libertad y formarse su juicio propio”. 

Si “formarse su juicio propio” es el ideal de la Ilustraciόn, por ejemplo, explicitado mil veces en la Encyclopédie, ese ideal está directamente ligado a la calidad de las lecturas que se realizan y a la acuidad del pensamiento que las piensa. En la Ilustraciόn, el ideal de “formarse su juicio propio” está lejos de “la amplitud”, “la ecuanimidad” o “el balance de puntos de vista”, criterios todos estos bastante ajenos al mundo del conocimiento y más propios de un lenguaje empresarial, o de mercadeo, según el cual debe ofrecerse una amplia gama de productos que, presentados con ecuanimidad y equilibrio, permitirán al eventual cliente realizar su propia elección. El problema es que los conocimientos no responden a esta especie de ética empresarial (ofrecer opciones para que el cliente elija), sino que responden, como dije antes, a una dialéctica de la negación y de la crítica.

Porque ¿qué significa ser “ecuánime” y “balanceado” cuando se trata, por ejemplo, de enseñar Historia? Por ejemplo, con respecto a las cámaras de gas en los campos de exterminio de la Segunda Guerra, ¿habrá de enseñarse que hay quienes dicen que en éstas murieron seis millones de personas y hay quienes dicen que las cámaras no existieron, para que, así, ecuánime y balanceadamente, el alumno concluya que fueron tres millones los muertos?     

Cuando se enseñe la fundación de Israel, ¿acaso deberá decirse que hay quienes dicen que este Estado se fundό en un territorio vacío (“¿Cόmo podríamos nosotros devolver los territorios ocupados? No hay nadie a quien devolvérselos” es la conocida frase que pronunciό Golda Meir, en 1969) y que también hay quienes dicen que Palestina era una tierra habitada por cientos de miles de personas que cultivaban sus olivos, sus dátiles y su menta y se congregaban en ciudades de nombre bíblico, para que entonces así, de ese modo y con esa amplitud, el alumno uruguayo saque, ecuánime y balanceadamente, su conclusión de que seguramente había gente, pero poquita?

En resumen, concebir la “libertad de cátedra”, como lo hace la Luc, en términos de “amplitud” y “balance”, no solo evita nombrar el núcleo duro del conocimiento -la objeción y la crítica- sino que apela a un modelo marquetinero de los conocimientos.

4 Empresas transnacionales, Organismos Internacionales, Estados nacionales

A modo de conclusión. El avasallamiento de la soberanía nacional que realizan los organismos internacionales, por ejemplo, al condicionar sus préstamos a la adopción de políticas educativas que dinamizan a las grandes empresas proveedoras de Tics, o al condicionarlos a la ejecución de obras costosísimas destinadas al beneficio de una transnacional (tren para UPM) se complementa con una legislación que consagra y que celebra el triunfo del interés empresarial, en detrimento del interés común. En ese sentido, la Luc ordena, en todos los sentidos de este verbo, la resignación de soberanía nacional en beneficio del mundo (y las lógicas) de las empresas privadas, revelándose de este modo que el Estado es necesario para avalarlo. Lejos de ser un armatoste en vías de reducción y de arrumbamiento, el Estado vuelve a mostrarse, en la Luc, como una pieza necesaria para el libre y monótono juego de las empresas privadas: el acrecentamiento del capital.


Notas

1.  Expuse sobre ambos ejemplos en el III Congreso Internacional de la Sociedad de Profesores de Idioma Español, que tuvo lugar en el Salόn Azul de la IMM, a comienzos de setiembre de 2019. Los retomo tal como los planteé entonces, solo modifico los tiempos de los verbos.(volver)

2.  Expuse sobre este curioso premio, tomando otra vía interpretativa, en conferencia de noviembre de 2019, en la Universidad de Campinas (Brasil). (volver)

3.  Todas las citas provienen de: http://www.oecd.org/education/school/OECD%20Reviews%20of%20School%20Resources_Uruguay_Summary_ES.pdf (volver)

4. https://www.subrayado.com.uy/el-gobierno-sienta-bases-eliminar-la-repeticion-escolar-y-evitar-abandono-n533950 (volver)

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