POLÍTICA

Por Ramón Paravís

I.

Por menos de esto, por bastante menos, anduvimos a los tiros en este país. 

Eso fue lo que dijo el escritor y cineasta Luis Nieto, extupamaro, cuando le preguntaron en mayo de 2019 por los avatares judiciales del exministro de Economía y del ex presidente del BROU, Fernando Lorenzo y Fernando Calloia (condenado este último por abuso innominado de funciones en el caso PLUNA). Vinieron a sumarse, en junio pasado, el pedido de formalización de Nicolás Cendoya (exdirector de la Ursec)y la sentencia de condena de Raúl Sendic por los delitos de abuso de funciones y peculado. Ahora algo huele muy mal en la construcción del Antel Arena, según la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Sin embargo, es el propio cadáver de la Jutep el que empieza a despedir olores feos.

Antes de que se apagara por falta de recursos, a la Jutep la pasó a cuchillo el Frente Amplio; el Partido Comunista del Uruguay, más precisamente. La coalición opositora era hasta ese momento cuestionada por mantener entre sus filas a unos cuantos corruptos; se le ha sumado, desde entonces, el hecho de retirar de un cargo de gobierno a un militante, por honesto. El delegado progresista en el directorio de la Jutep suscribió que en la construcción del Complejo Multipropósito Antel Arena el desempeño de sus compañeros fue muy reprochable; por falta de transparencia para empezar, por eventuales faltas administrativas y delitos también eventuales para continuar.  

Fue explicitar las cosas lo que hizo el PCU al pedirle la renuncia: los representantes en cargos de gobierno deben responder al interés político de su partido y punto. Desde ese momento, ya no es posible creer en la Jutep: es una oficina donde los partidos políticos, a través de sus delegados, ajustan cuentas según sus conveniencias. Para sus propios directores será difícil, en lo que viene, creer en la Jutep.

El episodio anterior fue previo, unos días, a la esperada autocrítica del izquierdismo, a la que colaboró con su presencia en el plenario Raúl Sendic. Lo sustantivo es que el izquierdismo salió hermanado en el combate contra el Monstruo Verdadero, que no es la corrupción ni la desidia, que no es el nepotismo ni la ilegalidad, que no es el secretismo y la componenda, ni nada de todo eso que repugna tanto. De eso, nada. El número de la bestia es 19.889 y está disfrazada de Ley de Urgente Consideración (LUC). Esa es la ballena blanca hacia donde apuntan todos los arpones del progresismo doméstico. Es relevante -eso sí- que eviten tan prolijamente el sustantivo corrupción, como si les produjera todavía alguna urticaria u hormigueo en el cuerpo, pero no la comezón necesaria para actuar. 

La corrupción no es lo que importa, ni la transparencia ni la ética pública. Lo  esencial, hoy , es torpedear la LUC,  jaquear al gobierno y afligirle una derrota política seria. Lo demás, especialmente la revisión de prácticas corruptas por parte de funcionarios progresistas, puede esperar y esperará hasta que todos se olviden.

¿Y con los corruptos, qué? Como si de una iglesia y no de un partido político se tratara (aunque es cierto que  sus dirigentes y militantes parecen más proclives a lo primero que a lo segundo), se ampara al pecador arrepentido y se le asiste para que no peque más, si puede.

II.

Por menos de esto, por bastante menos, anduvieron a los tiros en este país. 

Y como dijo y escribió Luis nieto, fue ese un error gravísimo y por muchos motivos; muy especialmente, porque fue innecesario. No obstante, remiten esas expresiones a uno de los principales combustibles de aquellos ánimos levantiscos: su intolerancia radical hacia la corrupción, el malestar casi físico que les provocaba la existencia de estas prácticas, la convicción -sin más fundamento que la fe y la confianza en sí mismos- de que ellos serían falibles, pero jamás iban a ser corruptos.

El aforismo del presidente Vázquez (podremos meter la pata, pero no la mano en la lata) terminó siendo una broma macabra.

La superioridad moral de la izquierda se sustentó siempre en la fantasía de su propia incorruptibilidad. Ahora bien, esto es significativo: no pueden ya negar que la corrupción engorda con ellos, entonces (sin abjurar de sus altisonantes declaraciones de principios) encuentran objetivos más urgentes por los cuales pugnar. La corrupción está en el pasado y el objetivo a conquistar está en el futuro. Quedarse mirando la corrupción pretérita (la de antes de ayer, digamos, la de hace cinco minutos) es renunciar o desenfocarse de lo que está por venir: nadie quiere ser la mujer de Lot. Así, la corrupción y la lucha contra ella se van disolviendo hasta ser únicamente tinta en sus papeles viejos o jabalina política contra el enemigo; más nada. 

Venimos de tres presidencias en las que no fue importante la observancia de la Constitución y de la ley, no fueron oídas las observaciones de los organismos de constitucionales de contralor, no se atendieron los fallos judiciales en contrario, ni se estimó que la reserva y el secreto administrativo eran excepciones y no regla de actuación oficial. Todas estas distorsiones y las secuelas de sus secuelas repercuten sobre gobernantes y gobernados de manera distinta, pero nunca benéfica. 

El progresismo dinamitó, un día sí y al otro más, los cimientos del sistema republicano en el que se sintió muy incómodo a la hora de gobernar. Sin embargo, hoy no tiene pudores en el uso abusivo de sus instrumentos desde la oposición. La promoción deportiva de interpelaciones a la que asistimos constituye una chicana política que solo aplaudirán los que ya estaban convencidos, los cruzados que nos rescatarán de las garras del gobierno, un gobierno solo querido por la mayoría equivocada de la población que lo votó. Y lo harán derogando la LUC, dicen. O de otra manera, si fracasan; ya se les ocurrirá.

Mientras tanto, anótese que la situación preelectoral del intendente de Colonia (Carlos Moreira) y la renuncia al partido, no fueron luego obstáculo para su presentación y victoria electoral por la misma colectividad. La condena y prisión del alcalde blanco de Dolores (Juan Andrés Oronoz) por acoso sexual de un menor de edad en marzo pasado, ayuda poco a la restitución ética desde el oficialismo. La condena y prisión, a fines de este setiembre último, del alcalde de Florencio Sánchez (Alfredo Sánchez), también la de su hijo que era edil,  la de su hija y de su nuera que eran concejales (blancos ellos, todos) por fraude y asociación para delinquir, tampoco permite apostar por un calado ético creíble. Desde la cárcel, la asociación de delincuentes familiares renunció al partido del presidente. Parece más burla que melodrama.

Los dichos del cabildante Enrique Montaño, vocal en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) hasta mediados de marzo pasado, aunque vertidos en audios privados, al publicitarse dejaron al descubierto un sistema impresentable de repartija de cargos. Cabildo Abierto manifestó el “reconocimiento profesional a un servidor del país”, pero el general Manini Ríos le pidió la renuncia.

Tampoco alimenta la transparencia en la función pública el comportamiento de Germán Cardozo que llevó a su destitución/renuncia en la cartera de Turismo -el intercambio colorado de acusaciones fue particularmente grave.  No apuntala la construcción de una ética pública seria que el diputado asista en calidad de denunciante a las investigadora parlamentaria que lo investiga a él. 

Cosa patética es el político que proclama con bombos y platillos que cumplirá o cumplió la ley, como si hubiera tenido que descartar, dolorosamente, otros posibles escenarios; y, más patético aún, el distraído que lo aplaude. Los dos ignoran, o juegan a ignorar que la ley -el dispositivo obligatorio que una sociedad conviene-, no es el techo ético al que ese pueblo aspira, sino el piso. 

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