ECONOMÍA
Miguel Anxo Bastos Boubeta
Las turbulencias en el mundo de la banca, tanto norteamericana como europea, han demostrado una vez más los privilegios de los que disfrutan estas peculiares empresas privadas, si es que realmente merecen este nombre y no el, a mi entender, más correcto nombre de concesiones públicas o el de empresas públicas de gestión privada.
¿Por qué rescatar a los bancos?
Una vez detectados problemas de solvencia o de liquidez o de descalce de plazos de estas peculiares entidades, los gobiernos corrieron a su rescate para garantizar la solvencia de sus respectivos sistemas financieros. Da igual la forma que se haya escogido para salvarlos, sean estos programas de liquidez LTRO, de compra “voluntaria” por uno o por un pool de bancos, o fusiones con otros más solventes o nacionalización pura y dura en los casos más extremos. Lo cierto es que los estados o sus apéndices, los bancos centrales, se han apresurado a garantizar su solvencia y la continuidad de sus contratos sin grandes pérdidas para sus depositantes o para los que han adquirido alguno de sus múltiples tipos de bonos.
La gran pregunta que nos podemos hacer es porque corren a salvar a este tipo de empresas, que en teoría deberían ser como las demás, mientras abandonan a su suerte a empresas de otros sectores, a veces de dimensiones muy considerables y muchas de ellas de dañadas previamente por decisiones políticas (estoy pensando en la industria electro intensiva). Se las usa cuando conviene y luego se las abandona o se les hace abandonar por regulaciones de todo tipo.
Dar tiempo a los inversores amigos
En primer lugar, en caso de haya problemas, los responsables económicos de los distintos ejecutivos y sus delegados en los bancos centrales realizan todo tipo de declaraciones en favor de la solvencia de las entidades afectadas, mintiendo deliberadamente en muchas ocasiones, pues muchas de ellas quiebran a los pocos días y es impensable que no tuviesen información al respecto en el momento de hacer las declaraciones, con la intención de mantener la confianza de depositantes e inversores.
Si esto es para intentar mantener la confianza en el sistema o para dar tiempo a deshacer inversiones a actores bien conectados, es muy difícil de saber. Puede ser por una u otra razón o por ambas a la vez. Es una vez constatada la mala situación del banco cuando comienzan las políticas efectivas de rescate. Esta mala situación causada casi siempre por falta de solvencia, aunque sé que existe debate al respecto, pues es difícil tener problemas de solvencia si nuestros activos descalzados en el tiempo siguen conservando su valor a juicio de los inversores.
Liquidez y solvencia
Podemos no tener dinero líquido, pero si contamos con activos solventes no creo que hubiese problema en contar con financiación con su respaldo, aún fuera del sistema bancario. La falta de liquidez viene dada casi siempre por la pérdida de valor de los activos. Ocurrió con la crisis de la vivienda y puede ocurrir ahora con la de deuda pública, que en sí misma no carece de solvencia, pero sólo si esperamos al vencimiento que en ocasiones puede tardar decenios en llegar, ambas severamente afectadas en su precio y que servían de colateral a muchos créditos lo que redundó en problemas de los bancos para atender sus obligaciones.
Una vez desatado el movimiento de corrida bancaria, primero mostrando los síntomas en las bolsas y luego de forma masiva en los depositantes, los gobernantes económicos comienzan a aplicar medidas, principalmente para que no se extienda el pánico a otros bancos, menos insolventes que los quebrados pero dado el actual sistema de reserva fraccionaria también dependientes de la confianza de depositantes e inversores, y como sabemos bien, todos los bancos en este sistema son potencialmente inestables.
Fusiones ¿voluntarias?
Estas medidas dependen de la habilidad y discreción de los reguladores, así como de su evaluación de la situación económica del momento. Históricamente, se encargaba a uno o varios bancos que comprasen al banco deteriorado para restaurar la confianza. En el caso hispano de cajas de ahorros, al ser entes de economía social no cotizados, lo que se ha recomendado es que se fusionen con otra más solvente, y así se hizo en la crisis de 2007. Habría que investigar sería si el banco o la caja sanos llevan a cabo la adquisición o la fusión voluntariamente o lo hacen más o menos “orientados” por los gobernantes, bien sea con mandatos, bien sea con algún otro tipo de incentivo, sea fiscal o regulatorio.
Históricamente, las quiebras de pequeñas o medianas entidades se han resuelto de este modo. Los gobernantes, de este modo, presumían de no haber desembolsado un sólo euro en la operación. También se recurría a esta medida en tiempos de estabilidad del sistema financiero. Ha afectado sólo a una o pocas entidades mal gestionadas.
Parte del aparato económico del Estado
Cuando la crisis financiera se generaliza y afecta a varias entidades incluidas las llamadas sistémicas por su gran tamaño, las medidas cambian sustancialmente y se recurre a artillería pesada como los programas de liquidez del estilo del europeo LTRO o a la compra por el banco central de activos deteriorados de los bancos, sea deuda pública o corporativa o incluso a veces papel comercial de difícil cobro. Si todo fallase, se recurriría a la nacionalización de la entidad bancaria o a la creación de un banco malo; esto es, la adquisición por parte del estado de activos bancarios dañados a precio superior al que establece el mercado para intentar sanear sus cuentas.
Esto se conoce bien, aunque conviene recordarlo de vez en cuando por si algún lector joven no tiene memoria de lo que ocurrió en los años posteriores a 2008. La cuestión es porque se muestra tanta diligencia y se exhibe tan rica variedad de medidas de intervención con este sector y no con otros, esto es que tienen de particular los bancos con respecto a cualquier otro sector del mercado. Creo que la respuesta no puede ser otra que la de que los bancos actuales no son un sector mercantil común, sino que forman parte del aparato económico de los estados modernos, esto es: son mercado, de la misma forma que lo son por ejemplo los ferrocarriles hispanos, o sea un agente más del poder político.
Rudolf Hilferding
El debate sobre el papel de la banca en el aparato de poder es una constante desde comienzos del siglo XX cuando Rudolf Hilferding escribe su célebre El capital financiero, considerado por muchos como una de las obras cumbre del pensamiento marxista; libro en el que se establece una suerte de mitología de la banca que desde entonces ha permeado no sólo a los marxistas sino a muchas otras ideologías y se ha constituido en uno de los muchos tópicos presentes en el imaginario popular con los que los seguidores de Marx han “enriquecido” la cultura económica de nuestras poblaciones.
Además de los consabidos lugares comunes sobre clases sociales o explotación, nuestro autor considera a la banca como a un sector económico distinto de los demás y caracterizado por un desmesurado poder, no sólo sobre el resto de los sectores económicos, sino incluso sobre los propios estados. Estos serían una suerte de títeres en sus manos y no serían, parafraseando a Marx, más que un comité ejecutivo de la gran banca. El muy extendido mito de la Banca Morgan decidiendo la entrada de los Estados Unidos en la primera guerra mundial es uno de ellos, mito que con otras formas sigue a repetirse cuando hay una guerra o intervención bélica a gran escala.
Rothbard y Hoppe
Quizás quien mejor lo ha elaborado desde posiciones próximas al marxismo es Charles Wright Mills en su magistral libro La élite del poder, que suscribiría si no fuese porque a mi entender el orden de la ecuación cambia. Esto es el estado quien domina a las finanzas, porque son parte sustancial de él, y no al revés, algo difícil de ver, pues ambos sectores están tan imbricados entre sí como esos bizcochos en los que el chocolate está tan entreverado con el resto de la masa que no se pueden distinguir claramente.
Los austrolibertarios no han sido del todo ajenos a esta idea de ella banca y autores como Murray Rothbard o Hans Hermann Hoppe han dedicado sendos ensayos a esta problemática. Eso sí, no se cuentan entre los trabajos más referenciados de sus respectivas obras, quizás por su carácter que además de antiestatista es ferozmente antiimperialista.
Ambos hacen referencia a la relación simbiótica entre banca y estado en el sentido de que mutuamente se refuerzan y ambos están interesados en la pervivencia de esta relación.
La banca, cómplice del Estado
La banca financia indirectamente a los estados y es cómplice en sus políticas inflacionarias y a cambio el estado la privilegia a través de la garantía de depósitos (es la forma usada para justificar los rescates), la reserva fraccionaria (considerado delito en cualquier otro bien) o el curso forzoso (el dinero creado a través de apuntes bancarios es a efectos legales equivalentes al creado por los bancos centrales y sirve para redimir cualquier deuda, pública o privada).
En principio, para una relación del estado como monopolista de la fuerza y un ente privilegiado, pero externo a su estructura. La cuestión es, pues, dilucidar si podemos englobar a la actual banca (repito lo de actual, porque la banca en sí misma es un negocio honrado como otro cualquiera) dentro del propio estado y no fuera de él.
Dentro de la teoría del Estado
Entiendo que, a día de hoy sí podemos asimilar a la banca comercial como un agente estatal. Formalmente, su propiedad es privada y sus acciones se pueden comprar y vender sus acciones en los mercados bursátiles. Pero su comportamiento y sus privilegios no son los de un ente privado cualquiera y, por tanto, debe analizarse dentro de la teoría del estado y no dentro del ámbito de la teoría monetaria o bancaria.
Creo que a los actuales responsables políticos les importa bien poco si es más conveniente la doctrina de las letras reales o la del coeficiente del cien por cien. Dispondrán de la banca a su conveniencia para financiar sus gastos, estimular la economía en periodos electorales o dar imagen de omnipotencia en caso de pandemias o catástrofes y las consecuencias en forma de inflación o depresiones las achacarán a Putin o a la ruptura de la cadena de suministros. Pero en el próximo artículo me detendré a analizar porque entiendo que es así.
Expusimos la idea de que los bancos comerciales en nuestro entorno económico no forman parte a día de hoy de lo que entendemos como mercados. Vimos cómo a pesar de ser formalmente de titularidad privada, buena parte de su actividad reside en financiar a los estados y servir de correa de transmisión de sus políticas económicas, y de servir como parapeto antes las críticas sociales que pudiesen despertar estas. También recordamos que la actividad bancaria tradicional podría ser, en otras circunstancias, una actividad comercial como cualquier otra. Y por consiguiente, con unos rendimientos y lucros obtenidos por su actividad, análogos a los de cualquier otra empresa comercial. En este artículo se quiere exponer cuáles son las razones que me llevan a justificar esta postura y para ello buscaré exponer cuáles son los privilegios otorgados por los gobernantes a este tipo de organizaciones, privilegios de los que carecen total o parcialmente el resto de las empresas privadas.
El privilegio de emitir la moneda de curso legal
El primero, y para mí el más importante, es que la banca comercial actual cuenta con el privilegio legal de crear “moneda legal” a la par con la moneda establecida como tal por los gobernantes. Es bien sabido por los que siguen estas páginas que, a través de los mecanismos de reserva fraccionaria, los bancos pueden crear más o menos moneda fiduciaria, reflejada en apuntes electrónicos en sus balances.
Esta moneda cuenta con el privilegio del curso forzoso; esto es, sirve para redimir todas las deudas públicas y privadas. O sea, opera exactamente igual que un billete de banco o cualquier otra forma de dinero y cumple sus mismas funciones. Es más, a efectos legales, cotiza a la par que el dinero físico emitido por los bancos centrales, que constituyen junto con los depósitos de los bancos en el banco central la denominada base monetaria. Los apuntes electrónicos fundados en esta base no son, pues, exactamente lo mismo que esta, por lo que podrían perfectamente cotizar con descuento o con aprecio en los mercados, al percibir el usuario esta diferencia.
Extraña banca privada
Por ejemplo, en tiempos de crisis bancarias, la ciudadanía puede preferir el dinero en papel ante el riesgo de que sus ahorros en forma de apuntes puedan quedar inmovilizados en medio de una crisis de este tipo e incluso perderlos total o parcialmente. Si cotizasen según el mercado nos serviría además de indicador de la solvencia o insolvencia de un determinado banco. Pero no es así. Legalmente, cotizan a la par por privilegio legal, como si un libro de papel estuviese obligado a costar por ley, lo mismo que uno electrónico.
De esta forma, los bancos, incluido claro está el central, pueden inflar sus balances sin que tengan que asumir costes de falta de confianza que pudieran devenir de tal diferente valoración. Este privilegio, que como acabamos de apuntar no está disponible para otros sectores de la economía, es necesario para que los gobiernos puedan financiarse indirectamente a través del sistema bancario, y servir de correa de transmisión de sus políticas monetarias, expansivas o restrictivas del crédito. Extraña banca privada es esta que cuenta con la capacidad de emitir dinero de curso forzoso con el respaldo del poder político y que ve limitada esta capacidad a las regulaciones que el propio gobierno les indica. Muy privado y de libre mercado no parece ser este sector.
Depósitos garantizados
Otro privilegio legal con el que cuenta la banca “privada” es el denominado como garantía de depósitos. Para evitar las corridas bancarias, esto es, cuando los depositantes deciden masivamente retirar sus depósitos electrónicos y redimirlos a dinero de papel, los estados garantizan, directa o indirectamente y en exclusiva, a través de los denominados fondos de garantía de depósitos, los depósitos a la vista o a plazo supuestamente custodiados por la banca comercial.
La cantidad garantizada variaría según el país, desde la totalidad del depósito hasta una suma concreta, más allá de la cual el fondo no se hace responsable, y en algún caso puede incluso no existir tal garantía. En España, a día de hoy, están garantizados los depósitos hasta la suma de cien mil euros. Esta garantía constituye otro claro privilegio si lo comparamos con lo que acontece con otros sectores de la economía.
Paso previo a los rescates
Por ejemplo, antes de la crisis de 2007 era común comprar viviendas sobre plano; esto es, anticipando el valor total o parcial de la compra antes de ser construida la vivienda. De esta forma el constructor se financiaba y el comprador la obtenía algo más barata. En el discurrir de la crisis aconteció que muchos constructores quebraron y no pudieron entregar las viviendas. El dinero entregado quedó embargado en el proceso concursal y de cobrar algo los perjudicados sólo cobrarían lo que les correspondiese en el proceso judicial. Esto es, sus adelantos no estaban garantizados por fondos estatales, como no lo están todos los desembolsos para cualquier otro tipo de inversión o tráfico mercantil.
Esta garantía excepcional a los depósitos bancarios se establece supuestamente para reforzar la confianza en el conjunto del sistema bancario y buscar evitar de esta forma las retiradas masivas de depósitos, objetivo que, como estamos constatando, no cumple del todo su objetivo. De hecho, para lo que sirve es para poder justificar los rescates bancarios con fondos estatales de ser necesario, pues los fondos de garantía españoles en la actualidad a duras penas podrían cubrir el rescate de uno o dos bancos de tamaño mediano.
La crisis financiera
Ya en la última crisis tuvimos que comprobar que tal fondo se gastó con el rescate de dos cajas y luego para casos como el de Bankia hubo que recurrir a fondos de rescate europeos, aunque no se denominasen así. Aparte de ser un privilegio gracioso concedido por los estados al sector bancario, la garantía de depósitos también subsidia a los bancos menos solventes o a los más arriesgados en sus inversiones a costa de los que pretendiesen llevar a cabo una gestión más conservadora. De esta forma se traslada al usuario de la banca la idea de que da igual depositar el dinero en uno u otro banco, pues el estado cubrirá en caso de problemas.
Esto, como es de suponer, genera riesgo moral y tuvo en su momento la consecuencia de que todos se involucrasen en mayor o menor medida en operaciones de alto riesgo al no temer la retirada de fondos por parte de los clientes, al no percibir estos, mayor problema en depositar en uno u otro banco y no dudar en aceptar sin miedo las mejores remuneraciones que los bancos arriesgados ofrecían para poder financiar sus actividades de riesgo.
Esta medida debilita también el control que los usuarios pudiesen ejercer sobre el desempeño de sus bancos o sobre su cartera de inversiones, debilitando, por tanto, los incentivos a mejorar la cultura financiera de la población, manteniéndola apartada del seguimiento de la información relevante sobre el discurrir del sistema bancario. Justo lo que a los gobiernos actuales les gusta. No hay nada como una población mal informada para poder seguir operando el sistema bancario a gusto del gobernante.
La reserva fraccionaria
El tercer gran privilegio es el de la reserva fraccionaria. Como bien apuntó el profesor Huerta de Soto en su libro sobre dinero y crédito bancario, es también un privilegio que sólo se les otorga a los bancos con licencia o ficha del regulador. Es ilegal en cualquier otro sector económico, como el comercio de granos o de aceite, por ejemplo, o en cualquier otra forma de depósito; un guardamuebles, por poner otro ejemplo.
El debate sobre la reserva fraccionaria es bien conocido por los lectores de estas páginas y es fuente aun de debate entre austríacos sobre su conveniencia o no. Nuestro interés aquí no radica en sus aspectos técnicos o morales, sino en su carácter de privilegio otorgado por los estados a los bancos bajo su jurisdicción. Su principal función actual, aparte de servir para financiar los gastos del estado con papel emitido por los bancos que para eso sirvieron en origen y aún siguen sirviendo, es servir como herramienta de política monetaria.
Manipulación del coeficiente de caja
Esto es, la manipulación del coeficiente de caja bajándolo cuando se quiere incrementar la cantidad de dinero en circulación y subiéndolo cuando lo que se pretende es restringirla, ha sido desde hace decenios una de las principales herramientas de los reguladores en su intento de controlar y manipular la actividad económica. Este coeficiente no es algo natural o que salga del libre flujo del mercado, sino que deriva del propio privilegio de coeficiente fraccionario, y la prueba está en que cada país cuenta con su propia política de encaje.
Curioso, cuando menos, que las reglas técnicas de manejo de un banco dependan tanto de quienes gobiernan, y, por tanto, de las políticas que establecen, como de dónde gobiernen. Con lo que cada estado contará con normas de funcionamiento distintas. No parecen formas de funcionamiento muy técnicas u orientadas a la mejor disposición de los depósitos, si no orientas al control estatal de la economía a través de sus agentes, los bancos comerciales.
Estos son usados para estos menesteres ya cambio obtienen protección y beneficios de plegarse a esta función. Peor para ser justos habría que decir que no podrían optar por otro sistema. Hay que matizar también que el papel del coeficiente de caja como herramienta ha perdido cierta importancia como herramienta.