Dr. ALEJANDRO RECAREY / «…es precisamente la verdad de una prueba acabada, completa, lo que da garantías a los más débiles frente a las narraciones de los más fuertes (para el caso, las de un gobierno y una de las corporaciones multinacionales más poderosas del orbe). De hecho, en todos
1os amparos que se tramitan en Uruguay se hace prueba. Incluso pericial. No se ve la razón por la cual no debería de habérselo hecho en la causa que da lugar a este sumario. En cualquier caso, bastó una simple serie de intimaciones, y el testimonio de dos médicos, para veriflcar algo que ni la Corte ni el Tribunal Civil de 6″ tumo controvirtieron (porque no se pudo o no se quiso): que las vacunas no habían superado la fase experimental; que no se quería aclarar a la población el contenido de los viales; que el Estado no los analizaba; que se habían reportado efectos adversos que no se informaban debidamente; y que tampoco se le aclaraba a las personas que estaban recibiendo dosis lanzadas al mercado sin las verificaciones de seguridad habituales. Esto resuitó suficiente, sin necesidad de ingresar en polémica científica alguna (se trata de omisiones puntuales, visibles aún a los ojos de un lego en medicina), para sustentar la ilegitimidad manifiesta de la operativa vacunatoria»

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