CONTRARRELATO

Gonzalo Palermo

El pasado 8 de noviembre, con una mayoría de 94 votos contra 64, el Senado italiano autorizó la creación de una comisión parlamentaria compuesta por 15 senadores y 15 diputados dedicada a investigar la gestión gubernamental de la pandemia de Covid 19. “Vamos a echar luz sobre todo lo sucedido, en interés de los italianos que simplemente nos piden la verdad. ¿Y quién puede temer la verdad sino quien tiene algo que ocultar?”, sostuvo en un comunicado Alice Buonguerrieri, diputada de Fratelli d’Italia. En contraposición, Giuseppe Conte, presidente del Consejo de Ministros entre 2018 y 2021, declaró: “No tenemos nada que ocultar. Fui al tribunal con la cabeza en alto para responder a las hipótesis, incluso acusatorias, que se habían formulado, y salí con la cabeza en alto… así que imagínense si tenemos algo que ocultar”.

Si la comisión investigadora sobre la gestión de la emergencia sanitaria en Italia es una vendetta política de la facción que se encuentra actualmente en el poder en contra de quienes estuvieron al frente durante la pandemia –un “pelotón de fusilamiento” como lo definió Conte en plena sesión [1]–, o si es una búsqueda auténtica de la verdad y la justicia, como la definen sus impulsores, está aún por verse. Una tercera vía, más cercana cierta forma de omertà, puede leerse amargamente entre líneas tras conocerse las modificaciones, agregados y supresiones que el texto original del proyecto sufrió antes de ser aprobado definitivamente por el Senado [2].

En concreto, han sido revisados, con modificaciones más o menos significativas, los siguientes puntos:

Art. 3 – Deberes de la Comisión

En el texto original, el punto “t” establecía como competencia de la comisión investigadora el deber de “verificar y evaluar las medidas de contención adoptadas por el Gobierno en las fases iniciales y sucesivas de la pandemia, identificando eventuales obligaciones y restricciones carentes de justificación en base a los criterios de la sensatez, de la proporcionalidad y de la eficacia, contradictorios o contrastantes con los principios constitucionales, y evaluando si tales medidas fueron acompañadas de un adecuado fundamento científico, también eventualmente a través de una evaluación comparativa con la conducta seguida por otros Estados europeos y los resultados obtenidos por estos”.

El texto final, luego de las modificaciones, prevé “verificar y evaluar las medidas de contención adoptadas por el Gobierno en las fases iniciales y sucesivas de la pandemia, evaluando si tales medidas fueron acompañadas de un adecuado fundamento científico, también eventualmente a través de una evaluación comparativa con la conducta seguida por otros Estados europeos y los resultados obtenidos por estos”.

Es decir, se elimina todo lo referido a la identificación por parte de la comisión de “eventuales obligaciones y restricciones carentes de justificación en base a los criterios de la sensatez, de la proporcionalidad y de la eficacia, contradictorios o contrastantes con los principios constitucionales”.

Por su parte, el punto “v” de ese mismo artículo propone, en la versión original, “verificar y evaluar la legitimidad de la declaración del estado de emergencia y sus prórrogas, así como del uso del instrumento del decreto de emergencia”. En la revisión final se eliminó por completo este punto.

Art.5 – Adquisición de actas y documentos

El punto 1 de esta sección establecía, en el texto original: “La Comisión, en lo relacionado con los fines de esta ley, podrá obtener copias de actas y documentos relativos a procedimientos e investigaciones en curso ante la autoridad judicial u otros órganos de investigación, así como copias de actas y documentos relativos a investigaciones y averiguaciones parlamentarias, incluso si están cubiertos por secreto […]”.

El texto definitivo establece: “La Comisión […] podrá obtener copias de actas y documentos relativos a procedimientos e investigaciones en curso ante la autoridad judicial u otros órganos de investigación si no están cubiertos por el secreto de investigación, así como copias de actas y documentos relativos a investigaciones y averiguaciones parlamentarias, incluso si están cubiertos por secreto […]”.

Estas modificaciones limitan notablemente el alcance real de la comisión. El decreto, amparado en un estado de emergencia ad infinitum, fue el instrumento clave de los gobiernos para llevar adelante los verticalazos de la OMS. Al remover completamente el inciso “v” del Art. 3 se obtura toda posibilidad de indagar al respecto. Asimismo, la modificación del punto “t” del mismo artículo elude toda investigación sobre posibles violaciones constitucionales producidas por las medidas adoptadas en aquel período. Por último, en lo relativo a la documentación, se cubre expresamente todo bajo el manto del secreto de investigación.


NOTAS
[1] https://www.youtube.com/watch?v=UzkboCDDihI
[2] https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01388251.pdf