POLÍTICA
Por Gonzalo Palermo | desde Italia
El número de inmigrantes ilegales desembarcados en las costas italianas en lo que va del año sobrepasa ya los 141.500. En igual período del 2022 se habían registrado 79.013, mientras que en 2021 habían sido 52.667 [1]. Un aumento exponencial que va a contrapelo de las medidas llevadas a cabo por la flamante presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, quien asumió el cargo en octubre de 2022 teniendo como principal objetivo justamente frenar las olas migratorias ilegales provenientes de África con destino al puerto de Lampedusa.
El caballo de batalla de Meloni, que entró en vigor en enero de este año, fue un decreto de ley [2] destinado a limitar el accionar de las ONG humanitarias cuyas embarcaciones socorren a los inmigrantes en alta mar transportándolos de urgencia al puerto más cercano –que en la inmensa mayoría de los casos, al tratarse de barcos que parten desde el norte de África, suele ser el de Lampedusa, en Sicilia. En concreto, la ley prevé que dichas embarcaciones puedan arribar a los puertos italianos como emergencia pero limitando estas operaciones a una sola por vez: “en el caso de las operaciones de socorro múltiples, las operaciones sucesivas a la primera deben ser efectuadas en conformidad a la obligación de notificación y no deben comprometer la obligación de alcanzar sin demora el puerto de desembarco”. En caso de incumplimientos, se fijan sanciones administrativas de hasta 500 mil euros y en algunos casos la requisa de las embarcaciones.
La izquierda global –más sinistra que nunca– se alineó de inmediato contra el decreto por ellos rebautizado como “decreto anti ONG” argumentando que viola el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar [3], donde se establece la obligación por parte del Estado de prestar auxilio a “toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar” y de hacerlo “a toda la velocidad posible”, además de comunicar a la embarcación en cuestión “el puerto más próximo en que hará escala”. Sin embargo, cualquiera dispuesto a pensar un poco –costumbre en peligro extinción– entenderá que el texto, elaborado por las Naciones Unidas hace más de 30 años, está completamente desfasado con respecto al contexto migratorio actual. El acuerdo parece referirse ante todo a una situación extraordinaria ocurrida de tanto en tanto y busca establecer coordenadas generales de acción ante siniestros marinos. Esta no es para nada la situación actual, donde un promedio de 600 personas al día pretende alcanzar las costas italianas a bordo de embarcaciones improvisadas sin tripulación reglamentada con la asistencia de diversas ONG especializadas en el tema.
Es paradójico que los desembarcos en Lampedusa aumenten de manera inversamente proporcional a la intensidad de las medidas de Meloni para tratar de frenarlos. Hay dos posibilidades: a) la Meloni es otro títere sistémico que fa finta con el objetivo de captar el hastío de cierto electorado pero en los hechos se pliega a los mandatos globales o b) una invisible fuerza centrípeta colabora para generar estas olas de embarcaciones hacia Italia provocando una crisis migratoria de laboratorio –es decir, que parte de un hecho innegable para manipularlo con fines político-ideológicos–, como son también de laboratorio la crisis sanitaria, la crisis climática y tantas crisis económicas de nuestro tiempo siempre fragmentado en crisis episódicas. Es posible que, otra vez, la verdad esté a mitad de camino entre ambos puntos: seguramente Meloni no es del todo una oposición real al globalismo más allá de una tibia declaración de principios y algunas pocas medidas obstaculizadas, pero también parece determinante el papel de ciertos actores que resultan ser en muchos casos los viejos sospechosos de siempre.
Terminal Open Society Foundations
A fines de septiembre, SOS Humanity, una ONG que opera en el mar Mediterráneo transportando inmigrantes hacia las costas italianas, declaró haber recibido 790 mil euros por parte del gobierno alemán para poder continuar con sus misiones de rescate [4]. Unos días después, Sea Eye, otra ONG alemana dedicada a los inmigrantes varados en el Mediterráneo, admitió haber recibido 350 mil euros por parte del gobierno de ese país para mantener sus operaciones [5]. A estos se suma otro financiamiento por parte de Berlín a la Comunidad de Sant’Egidio [6], con sede en Roma, dedicada a labores humanitarias en África, Ucrania y, por supuesto, el mar Mediterráneo, dotado de 420 mil euros [7].
Es de por sí llamativo que el gobierno alemán destine más de 1 millón y medio de euros para financiar la actividad de una serie de organizaciones privadas que actúan en territorio italiano, pero también se abre otra discusión sobre qué país debería hacerse cargo en última instancia de los inmigrantes varados en el mar que son asistidos por las embarcaciones de las ONG y conducidos por estas hasta Lampedusa.
La primera cuestión a determinar es si se trata de inmigrantes ilegales o náufragos. Si son considerados inmigrantes ilegales, deben ser ante todo identificados y, en aquellos casos en los que aplique, presentar una solicitud de asilo ante el Estado en cuestión. Si, en cambio, son náufragos, deberán ser llevados a tierra firme lo más pronto posible con independencia de su estatus. Es sobre esta cuestión de nomenclatura jurídica que se discute por estos días en Italia. Para las ONG socorristas, así como buena parte de la izquierda, los inmigrantes que pretenden cruzar el Mediterráneo desde las costas del norte de África en dirección a Europa son náufragos per se desde el momento en que se encuentran a bordo de una embarcación que no cumple con las garantías mínimas de seguridad incluso si esta no está aún zozobrando. Esto obligaría al Estado italiano a socorrerlos en virtud de lo establecido por el ya citado artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es sobre este principio que las ONG del Mediterráneo conducen en general sus embarcaciones con inmigrantes al sur de Italia. El Convenio de Dublín [8], en tanto, establece que el país en el que los inmigrantes ponen sus pies por primera vez será el encargado de recibir la solicitud de asilo y de llevar adelante todo lo relativo al recibimiento y asistencia de los mismos hasta que venga tomada una decisión definitiva.
Las ONG y el progresismo europeo cimentan su argumentación sobre estos dos textos –lo establecido en el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio de Dublín. Sin embargo, existen ciertos puntos que deciden ignorar. En primer lugar cabe analizar con detenimiento el estatus de los pasajeros de las embarcaciones de las ONG. No son técnicamente náufragos desde el momento en que, aún en aguas internacionales, son trasbordados desde las barcas improvisadas que parten del norte de África hacia las embarcaciones debidamente acondicionadas de las ONG que se dedican a trasladarlos hasta las costas de Europa y que cuentan con fondos estatales suficientes para garantizar la seguridad mínima en el mar. Es decir, en aquellos casos donde no existan accidentes, los inmigrantes ilegales siguen siendo inmigrantes ilegales y no náufragos –para que existan náufragos debe primero ocurrir al menos un naufragio. En este sentido, nada impediría la aplicación de la Convención de Dublín a bordo de estas embarcaciones de las ONG de bandera alemana en el entendido de que los inmigrantes estarían pisando suelo alemán antes que suelo italiano, según lo establece el Artículo 91 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: “los buques poseerán la nacionalidad del Estado cuyo pabellón estén autorizados a enarbolar” debiendo existir una “relación auténtica entre el Estado y el buque” [9].
Pero ¿de dónde viene el dinero que mantiene activas a las ONG?
La Open Society Foundations de George Soros es la terminal hacia la que conduce el flujo económico de la trama mediterránea actual. Open Migrations [10], brazo ejecutor de la Open Society especializado en inmigración y refugiados, fue creado con el apoyo de la Coalición Italiana de Libertad y Derechos Civiles (CILD, por sus siglas en italiano), fundada en 2014 para combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación basada en género, según explican en su manifiesto [11]. Asimismo, la CILD cuenta con el patrocinio de la Cooperación para el Desarrollo de los Países Emergentes (COSPE, por sus siglas en italiano). Creada en 1983, en Florencia, Italia, COSPE trabaja “para construir un mundo en el que la diversidad sea considerada un valor, donde nos enriquezcamos a través del encuentro y donde la equidad social pase ante todo por el acceso de todos a la igualdad de derechos y oportunidades” [12]. (Uruguay es uno de los 25 países en los que actualmente COSPE desarrolla sus planes [13]). Desde 1998, COSPE conforma la Red Europea Contra el Racismo (ENAR, por sus siglas en inglés), financiada también por Open Society Foundations [14].
En 2015, COSPE se convirtió en uno de los miembros fundadores de SOS Mediterranèe [15], la ONG que más tarde, en enero de 2022, será rebautizada como SOS Humanity [16], la misma que en septiembre pasado admitió haber recibido una gran parte de su financiación por parte del gobierno alemán para operar en aguas italianas.
Open Society Foundations y COSPE son a su vez los principales impulsores de la Associazione Nazionale Stampa Interculturale, unidad de periodismo intercultural que funciona bajo la tutela de la Federazione Nazionale Stampa Italiana, el sindicato único de periodistas de ese país [17]. Además, tanto COSPE como la Open Society están detrás de la redacción de la Carta de Roma y la creación de la Asociación Carta de Roma [18], un “protocolo ético para una información correcta sobre temas de inmigración”; en otras palabras, un manual de lo políticamente correcto aplicado a la inmigración ilegal. La Carta de Roma sugiere, entre otras joyas de su glosario, el uso del término “inmigrante irregular” en lugar de “inmigrante clandestino”. La Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione [19], la Associazione 21 Luglio [20] y la organización A Boun Diritto [21], todas ellas respaldadas por la Open Society, también integran la Asociación Carta de Roma.
La Open Society está detrás de muchas otras iniciativas que buscan favorecer el flujo de migrantes hacia Italia e incidir en la opinión pública respecto de este asunto. En 2011 la fundación de Soros financió LasciateCIEntrare (DéjennosEntrar, en español) [22], una campaña que se opone a los centros de detención preventiva para inmigrantes ilegales en Italia. Desde 2012 también financia diversos proyectos de Dataninja, un emprendimiento que busca educar a los jóvenes a partir de los datos y prevenirlos contra lo que ellos denominan desinformación [23]. En esta misma línea, la Open Society está también detrás de Openpolis, una fundación que recolecta, analiza y divulga datos, a la cual otorgó el año pasado casi 150 mil euros [24]. Otra de las jóvenes fundaciones italianas tomadas por Soros es The Good Lobby, una suerte de escuela que instruye en técnicas de lobbying para que las personas puedan difundir sus campañas e intereses influyendo en los demás [25]. Siempre dentro del ámbito de la información, la Open Society invirtió al menos 2 mil euros entre 2019 y 2020 (mil euros es la cifra mínima anual para figurar en el reporte, por lo que es lógico pensar que invirtió cientos de miles) en el Investigative Reporting Project Italy, que busca promover el periodismo valiéndose de “instrumentos útiles para abatir las barreras lingüísticas, tecnológicas y culturales” [26]. A Soros le apasiona tanto pero tanto el periodismo que incluso sponsorea el Festival Internazionale del Giornalismo, realizado cada año en Perugia [27].
Los tentáculos de Soros en Italia pasan del periodismo a la política. En 2014, la Open Society publicó un documento titulado “Aliados fiables en el Parlamento Europeo (2014 – 2019)” donde se realizaba un mapeo sobre los eurodiputados que podrían apoyar las ideas de la fundación durante dicha legislatura. “La presencia de un eurodiputado en este mapeo indica que podría apoyar el trabajo de la Open Society. Se les debe abordar con una mente abierta: aunque probablemente quieran trabajar en áreas en las que ya están interesados, podrían estar dispuestos a escuchar sobre nuevos asuntos”, se puede leer en la introducción [28]. No es casualidad que uno de los nombres elegidos por la fundación de Soros haya sido el de Elena Schlein: nacida en Suiza, de madre italiana y padre estadounidense de origen judío, voluntaria en las campañas presidenciales de Obama, quien tras ser incluida en la lista de buena fe de la Open Society escalaría posiciones hasta convertirse actualmente en Diputada de la República Italiana y Secretaria General del Partido Democrático con gran revuelo mediático por sus adhesiones a toda causa globalista que ande cerca, especialmente en lo referido a la migración. La Schlein viene a ser la versión joven de Emma Bonino, histórica representante de la izquierda radical italiana cuyos movimientos Radicali Italiani y Più Europa reciben financiamiento de parte de la Open Society al menos desde 1994. Otro documento interesante viene publicado por la fundación More in Common en 2018 bajo el título “Actitudes hacia la identidad nacional, inmigración y refugiados en Italia” donde se pretende “hacer frente a las crecientes amenazas hacia las sociedades abiertas e inclusivas” [29]. Esta investigación también contó con el apoyo de la CILD y la Open Society [30].
Carolina Cosse, la Agenda 2030 y la Carta de Lampedusa
La Asociación Carta de Roma fue uno de los eslabones clave para la confección de otro documento determinante en el control de las políticas migratorias europeas: la Carta de Lampedusa [31], creada en este caso por la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG, por sus siglas en inglés), siempre con el apoyo de COSPE [32] y la Open Society. La UCLG es una organización dedicada a “representar, defender y amplificar las voces de los gobiernos locales y regionales para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás” cuyos integrantes se autoproclaman los “guardianes de las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de cada uno de los individuos de las comunidades de todo el mundo, en busca de una vida en la que se respiren los ideales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” [33]. En octubre del año pasado, el Congreso Mundial de la UCLG, celebrado en Daejeon, Corea del Sur, eligió a Carolina Cosse como su Presidenta hasta fines de 2023 [34]. La UCLG cuenta además con una sección latinoamericana denominada Mercociudades, también presidida por Cosse, con Yamandú Orsi como vicepresidente y Fabiana Goyeneche como secretaria ejecutiva [35].
“La Carta de Lampedusa es un hito más en un largo camino de esfuerzos locales y de incidencia global para superar los planteamientos sobre migración y desplazamiento forzado que se centran en las fronteras. Al poner el foco en las personas, la Carta de Lampedusa establece una noción de ciudadanía que reconoce a todas las comunidades como vecinas, como titulares de derechos y desarrolladoras de la comunidad”, expresa el documento [36]. En palabras más simples, la Carta de Lampedusa pretende barrer la idea de fronteras, ciudadanías y soberanías que ordena el mundo moderno no solo geográfica sino también culturalmente en favor de una libre migración a cualquier costo, centrándose en los derechos de los inmigrantes clandestinos irregulares pero ignorando los de las poblaciones locales ya establecidas, sus costumbres y marcas de identidad. Poco y nada se habla, por ejemplo, del impacto que tiene en Lampedusa, un pueblo de 6 mil habitantes, el desembarco de miles de inmigrantes ilegales en unas playas cuyo turismo supone la principal fuente de subsistencia local. No respetan, como dicen, las diferencias; todo lo contrario, buscan licuarlas. Este movimiento acompaña otros que vienen a desintegrar Europa cultural, social y económicamente. Si un gobierno se atreve a poner un pero ante esta tendencia será irremediablemente tachado de fascista, ultraderechista y violador de los derechos humanos. No tendrás patria, religión ni soberanía… y serás feliz. Más adelante en la Carta de Lampedusa se asegura el respaldo a “la Agenda 2030 para un futuro más igualitario y sostenible, que nos comprometemos a aplicar en consonancia con los principios y las recomendaciones de los Pactos sobre Migración y Refugiados, junto con la Agenda de Acción de las Naciones Unidas sobre Desplazamiento Interno, como marcos tangibles y concretos para mejorar la cooperación multinivel y de múltiples partes interesadas en la gobernanza de la movilidad humana” [37].
La Carta de Lampedusa cierra con una sección de agradecimientos donde, además de mencionar a Montevideo como una de las ciudades cuyas “experiencias” han servido de “apoyo” para la creación de la carta, Open Society Foundations figura como el principal socio y aliado del proyecto [38].
Y, para cerrar, un documento del Comune di Lampedusa de agosto de 2014 firmado por el entonces alcalde Giusi Nicolini donde confirma un acuerdo con Open Society Foundations Initiative for Europe para la “prestación de un servicio útil para la implementación de proyectos e iniciativas encaminadas al desarrollo del territorio”… sea lo que sea que este “servicio útil” quiera significar.
Notas:
[1] Esta cifra corresponde al 20 de octubre de 2023. El conteo diario llevado adelante por el Ministero dell’Interno se puede seguir en https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati
[2] Decreto legge 2 gennaio 2023, n. 1: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/02/23G00001/sg
[3] p. 37. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201833/volume-1834-A-31363-Spanish.pdf
[4] https://www.ansa.it/english/news/politics/2023/09/23/german-ngo-sos-humanity-to-receive-790k-from-berlin_cb18a98c-d602-4be4-be37-1f3d5d0bd947.html
[6] https://www.santegidio.org/pageID/1/langID/es/INICIO.html
[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:41997A0819(01)
[9] Art. 91 y 94 de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
[10] https://openmigration.org/en/about/
[11] https://cild.eu/chi-siamo/
[12] Ibid.
[13] http://developer.cospe.org/cospe_new/chi-siamo/
[14] http://developer.cospe.org/cospe_new/paesi/uruguay/
[16] https://www.cospe.org/chi-siamo/la-storia/
[17] https://sos-humanity.org/en/about-us/
[18] http://ansi-intercultura.over-blog.it/
[19] https://www.cartadiroma.org/chi-siamo/
[20] https://www.asgi.it/
[21] https://www.21luglio.org/chi-siamo/rete-e-partners/
[22] https://old.abuondiritto.it/it/sostienici.html
[23] https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf
[24] https://www.dataninja.it/
[25] https://fondazione.openpolis.it/web/content/3566?unique=ebfaadbea123f3629f9fff63580dad64816f24ce
[26] https://www.thegoodlobby.it/tool/come-ci-finanziamo/
[27] https://irpi.eu/trasparenza/
[28] https://www.festivaldelgiornalismo.com/sostenitori/
[29] https://www.moreincommon.com/media/3hnhssh5/italy-en-final_digital_2b.pdf
[32] https://www.cospe.org/wp-content/uploads/2018/07/bilancio_sociale_2017.pdf (p.27)
[33] https://uclg.org/es/sobre-nosotras/
[34] Ibid.
[35] https://mercociudades.org/estructura-y-autoridades/autoridades/
[36] https://www.uclg.org/sites/default/files/lampedusa-_carta-sp.pdf (p.3)
[37] op. cit. p. 19.
[38] op. cit. p. 21.