“Every record has been destroyed or falsified, every book rewritten, every picture has been repainted, every statue & street building has been renamed, every date has been altered. And the process is continuing day by day and minute by minute. History has stopped” .
[Se ha destruído o falsificado cada dato de archivo, reescrito cada libro, pintado de nuevo cada cuadro, se ha rebautizado cada estatua y edificio, y alterado cada fecha. Y el proceso continúa día a día y minuto a minuto. La historia se ha detenido”.]
Orwell, 1984
PORTADA
Por Aldo Mazzucchelli
Hace tres semanas un grupo de manifestantes armados de cuerdas y palos ocupó la explanada del Shopping Tres Cruces al atardecer. Ante la inacción inicial de la policía, tiraron sus cuerdas y aseguraron el monumento ecuestre a Fructuoso Rivera que hasta ese día estaba allí. Accionando con un soplete y gritando “abajo el genocida de los pueblos originarios”, lograron derretir una de las patas del caballo, desestabilizando y derribando la estatua. Apenas había caído, se subieron encima y con palos y piedras comenzaron a golpear la figura caída y filmarse con sus celulares. La policía no intervino, debido a que Jorge Larrañaga, asombrado y sorprendido por la velocidad de la situación, decidió ser cauto y no arriesgar que ocurriese alguna desgracia a tan poco tiempo de comenzada su gestión.
El episodio, que se volvió instantáneamente viral en facebook y twitter, fue solo el comienzo de una serie interminable de actos de violencia contra tiendas, edificios, monumentos, placas, plazas conmemorativas, y ciudadanos de a pie. Desde ese atardecer, grupos de vecinos se reúnen espontáneamente en los barrios y avanzan contra comercios, supermercados o tiendas de todo tipo, las que saquean completamente. Así desapareció en una noche todo el stock de Tienda Inglesa de la avenida Batlle y Ordóñez y José Pedro Varela, por ejemplo. Toda un ala de Montevideo Shopping fue consumida por las llamas después que los manifestantes comenzaran una manifestación para eliminar las placas de la calle Pablo Galarza, que conmemora a un general de la “derecha colorada” que peleó en la guerra “de exterminio del pobrerío rural” en 1904, según explicaron en redes. Los manifestantes pasaron de allí al ingreso más cercano del centro comercial, donde saquearon todos los cajeros de la sucursal del Banco República ahí situada, y luego procedieron también a saquear, y enseguida a incendiar el casino, lo que terminó con una cuarta parte de todo el centro comercial.
Los manifestantes exigen que la sociedad tome conciencia de que está edificada encima de un genocidio a los pueblos originarios, y que el racismo, si bien fue abolido nominalmente por la Constitución de 1830, nunca desapareció en realidad. Usando estadísticas que muestran que hay una correlación entre raza declarada y nivel de ingresos, concluyen que todos somos culpables en el Uruguay de “racismo sistémico”, y que éste debe terminar ya.
Ante el caos, algunos sectores de la oposición local adoptaron una política de apoyo discursivo a las reivindicaciones, considerándolas “justas”. En lugar de apoyar al gobierno, la ley y la constitución vigentes, decidieron que era hora de conseguir beneficios electorales e imaginarios, dejando para más adelante la consideración de los costos.
Coincidentemente, y en una decisión autónoma, el intendente en funciones de Montevideo declaró que todos los edificios e instituciones que son propiedad de la ciudad y que tienen material histórico bajo custodia -Archivo Municipal, bibliotecas municipales, Teatro Solís, escuela de arte dramático, orquesta, etc.- están abiertos 24 horas y su acervo a disposición “de la ciudadanía”, para que sean revisadas y expurgadas de todo material cómplice de racismo sistémico y genocidio.
Los medios, viendo en todo esto una nueva oportunidad de sumar audiencia, se alinearon con la oposición. Cubren las manifestaciones de modo parcial, representándolas como pacíficas, y eliminando aquellas imágenes de saqueos o violencia directa -ya van 10 muertos entre comerciantes que intentaron defender sus locales, o gente de piel blanca y aspecto “europeo” que simplemente pasaba por el lugar, lo que apenas ha sido informado al pasar- y se cuidan bien de criticarlas, presentándolas más bien como actos espontáneos motivados por una ira justa ante “racismo sistémico” e “injusticias históricas que nunca fueron reparadas”.
A todo esto, se agregó en pocos días un movimiento de acción directa para exigir un aumento sustancial de las reparaciones por la dictadura de los años 1973-1984. Militantes de colectivos identitarios comenzaron a identificar y agredir con cocteles molotov las residencias no solo de viejos militares y represores, sino todas las sedes judiciales, más las casas de líderes políticos colorados y blancos, con actuación o no en aquellos años, por considerarlos cómplices de la dictadura, o sus promotores. La viuda de un ex-presidente fue asaltada en la calle y se encuentra en cuidados domiciliarios -al serle negados los cuidados intensivos, debido a que las mutualistas deben ser reservadas para cuando lleguen los enfermos covid.
Algunas iglesias protestantes y católicas están bajo protección permanente de guardias privados, pero la mayoría ha sido vandalizada por grupos no identificados que actuaban con tapabocas y pañuelos. Algunas han sido quemadas. Prácticamente no quedan en la ciudad vitrales o imágenes que representen al cristianismo, considerado un símbolo de la opresión europeísta.
El Cementerio Central está por ahora cerrado, pero la Intendencia de Montevideo está considerando reabrirlo en una colorida ceremonia, y declararlo Zona Abierta a la Revisión de la Memoria -al igual que ya lo hizo con otros edificios y dependencias del municipio-, dando libertad a los manifestantes para que elijan qué tumbas y monumentos saquear o tirar abajo, grafitear o cambiar de nombre.
La prensa cubre estas cosas siempre poniendo paños tibios a las manifestaciones, y en cambio creando piezas breves, de tono aparentemente histórico, que explican lo razonable de las reivindicaciones. Los dueños de canales y medios comprenden que poner fin al caos terminaría con el espectáculo, y con la nueva audiencia superaumentada, compuesta de centenares de miles de ciudadanos entre aterrorizados y entretenidos, que atrincherados en sus departamentos miran las hogueras, los linchamientos de estatuas y el renombrado general de la ciudad por parte de los militantes.
La Avenida Rivera fue rebautizada “Salsipuedes”, la avenida 18 de Julio se llama ahora “11 de abril”, la calle Lucas Obes en el Prado se llama Senaqué. La casa de Zorrilla de San Martín en la ex-calle Tabaré, hoy “zona liberada”, fue ocupada primero, y luego demolida -básicamente, a martillazos, aunque algunos testigos indican que se usaron pequeñas cantidades de dinamita-, y todos los objetos que allí se custodiaban fueron arrojados al río. Todas las ediciones de Tabaré, la Leyenda Patria y la Epopeya de Artigas que se guardaban en las bibliotecas públicas del país han sido quemados en una gran hoguera organizada frente a la Biblioteca Nacional. La calle Colón ha sido rebautizada Paraná Guazú. En la ex calle Solís una artista local instaló una obra escultórica, vigilada día y noche por una guardia popular, donde se exhibe el cuerpo del conquistador desnudo, con un micropene en exhibición, y dispuesto en un gigantesco plato, rodeado por figuras abstractas. La obra se llama “Almuerzo”. El Aeropuerto de Carrasco, por fin, se llama “Mario Benedetti y Eduardo Galeano”.
La Universidad de la República, e incluso algunas universidades privadas, la ANII-SNI, el LATU, y un sinnúmero de empresas, aterrorizadas por la presión ideológica y la suerte de extorsión moral creada por los medios y los manifestantes, han comenzado a cuidar su imagen y repetir la línea, emitiendo declaraciones que son verdaderos actos de contrición, en donde confiesan ser cómplices del “racismo sistémico” y del “genocidio de los pueblos y culturas originarias”, de haber sucumbido a un modelo “europeísta”, cuya base es la supremacía del hombre blanco, modelo que, explican, ha oprimido durante casi doscientos años a las mujeres, los negros, y los indios. La UdelaR ha declarado que suspende las actividades en todas sus facultades durante el segundo semestre del año, a fin de llevar a cabo una “cuidadosa revisión” de todos los programas que se dictan, con el fin de purificarlos de cualquier traza de “ideología opresora europeísta”. La Facultad de Ciencias revisará todos los contenidos que puedan corresponder a una aplicación de la “lógica del hombre blanco” y los eliminará.
El Plan Ceibal ha anunciado que retirará de su plataforma todos los materiales que puedan ser ligados a “racismo sistémico” y al “genocidio que está en la raíz de nuestra historia como comunidad”, y han hecho un compromiso público de producir materiales para los niños que expliquen con claridad por qué la cultura “europeísta” y la constitución vigente contienen elementos de discriminación y racismo.
Un grupo de historiadores de la UdelaR contribuyó el 19 de junio, publicando una declaración en donde exhiben todos los documentos que demuestran que Artigas, igual que toda su familia, tuvo esclavos y fue, por tanto, cómplice del esclavismo constitutivo de la sociedad uruguaya. No pasaron seis horas desde ello, que una manifestación espontánea se concentró en la Plaza Independencia y cubrió la estatua de Artigas con largos crespones negros con leyendas que rezan “Yo también”. Una guardia gremial custodia esa intervención y no permite que la policía se acerque. En unos días se celebrará en la Plaza Independencia un “Juicio Abierto” a Artigas, donde se discutirá su esclavismo y su racismo, y lo confuso o dudoso de su relación con los indios -algunos defienden ese vínculo, pero otros consideran que Artigas meramente usó a los indios como carne de cañón.- En el mencionado evento se decidirá si la estatua permanece, o si se “cancela” y tira abajo. Mientras tanto, incontables bustos y cuadros de Artigas han sido retirados por pequeños grupos de manifestantes, o por los empleados públicos mismos, y destruidos o incendiados en pequeñas ceremonias.
El gobierno, que no actuó al principio, no tiene ya demasiado margen de acción, debido a lo crecido de las manifestaciones, que se mezclan casi siempre con saqueos de oportunidad e incendios. Algunos advierten que faltaría poco para que ciudadanos cuya propiedad está siendo destruída en tales saqueos cotidianos comiencen a auto-organizarse a su vez para responder, barrio a barrio, de forma armada.
Aislado por la pinza creada entre oposición, militantes y prensa, el gobierno de Luis Lacalle Pou se comienza a resquebrajar. Parte de sus dirigentes buscan marcar un perfil que los aleje de los restos de un pasado ya cabalmente demonizado, y acercarlos y hacerlos más simpáticos a los militantes y a la nueva opinión. Bajo el comando de un par de altísimos dirigentes de la nueva camada, una del Partido Nacional, otro del Partido Colorado, una facción del oficialismo que incluye a varios senadores y diputados se reunió ayer en el Palacio Legislativo, y en el Salón de los Pasos Perdidos dispuso una copia de Los Últimos Charrúas. En una ceremonia simple, los miembros de la facción disidente del oficialismo se hincaron, luego de haberse puesto al cuello una especie de bufanda o estola colorida que, explicaron, representaba la “cultura charrúa destruída en el genocidio”.
Luego de ello, invitaron a Jorge Larrañaga a que de la orden institucional de que sus oficiales a cargo de operativos de contención de las manifestaciones -estos operativos, a veces, dan resultado, en la medida en que se cuente, eventualmente, con la aquiescencia de los líderes de los manifestantes en el lugar- se hincasen ante los manifestantes, en señal de respeto por su lucha. El Ministro se negó a responder hasta ahora. Espontáneamente, unos pocos comisarios y oficiales de la policía han resuelto hincarse ante los líderes de los grupos de manifestantes con los que se encontraron en la calle.
Patotas u hordas pequeñas de manifestantes circulan por la ciudad, y cuando cruzan a algún ciudadano blanco y de aspecto “europeo” le exigen que se hinque ante ellos, en señal de contrición por haber contribuido al “racismo sistémico”. Negarse implica normalmente enfrentarse a una paliza. Los grupos exigen esto por igual de mujeres y hombres, jóvenes y viejos.
En otro orden, todos los libros de historia de los programas oficiales han sido “cancelados” por la ANEP en una circular emitida luego de un par de semanas de iniciado este proceso, debido a que “está sobradamente demostrado por los hechos” dice la circular, que han sido siempre “difusores de la ideología supremacista del hombre blanco”.
El Museo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, están ocupados permanentemente desde el viernes 19 de junio por parte de sus empleados sindicalizados, los cuales han permitido además el ingreso de brigadas autoconvocadas de estudiantes secundarios, que están haciendo una lectura crítica de los archivos y libros con el fin de quemar todo lo que tenga alguna vinculación con el pasado vergonzoso de la “patria discriminadora”, como se la ha venido a conocer.
El clima político creado por esta combinación de eventos generó un efecto más, muy importante. Los medios han comenzado a censurar absolutamente a cualquiera que intente criticar el discurso impuesto sobre genocidio charrúa y racismo. Nada se puede cuestionar, matizar o relativizar históricamente. Los manifestantes han impuesto claramente la idea de que disculpar el esclavismo de Artigas o de Lavalleja debido a que era costumbre habitual en la época equivale a un crimen contra la humanidad, y que ese tipo de “contextualizaciones” (la palabra ha adquirido un tinte demoníaco entre los iluminados que llevan adelante las manifestaciones) es “colaborar con el enemigo, el hombre blanco europeo y su cultura hipócrita de libertad falsa”.
Como consecuencia de ello, la prensa cotidiana, la televisión, han dejado de “servir de plataforma” a “discursos de odio”, como por ejemplo los que han comenzado a argumentar que destruir estatuas o propiedad ajena es un delito penado por la ley. Presionado por las circunstancias, parte del gobierno cede ante la presión y permite que se introduzca censura sobre determinados contenidos en las redes sociales.
En ese sentido, cualquier intervención de un ciudadano que en YouTube, Facebook, Twitter o Instagram -por ahora, las cuatro redes sobre las que recae la medida- publique opiniones contrarias, no ya a la ortodoxia sobre Covid-19, sino a las manifestaciones y saqueos, pida la intervención de la policía para frenarlas, o en cualquier sentido diga algo distinto del discurso impuesto sobre “racismo sistémico”, será considerado “un discurso de odio”, y removido. La prensa tradicional insiste en presentar estos actos de censura como “remoción de discursos de odio de las redes sociales”, recuperando así parte del monopolio de direccionamiento de la opinión pública -y de los fondos de publicidad- que viene perdiendo aceleradamente, hace unos diez años, desde la aparición de las redes sociales.
Además, y coincidentemente con esto, debido a que una mayoría de los ejecutivos y empleados de las empresas locales son egresados universitarios y han recibido formación ideológica que los hace sensibles a percibir como naturales las visiones del mundo impulsadas ahora por los manifestantes, han comenzado a presionar desde dentro a las empresas en que trabajan para que éstas dejen de anunciar en las redes sociales que aun admitan opiniones disidentes. En efecto, en las redes sociales, a diferencia de lo que ocurre en la prensa mainstream -donde prácticamente solo existe una ideología global-, siguen existiendo distintas opiniones en conflicto. Por tanto, la oposición está presionando a las empresas a que denuncien a Facebook o YouTube como “propagadores de discursos de odio” -léase, lugares en donde opiniones críticas del dogma central de los manifestantes aun pueden ser emitidas- a fin de presionar a que YouTube y Facebook censuren aun más todos los contenidos diferentes a la ortodoxia. La prensa tradicional, desde luego, amplifica y fogonea este tipo de acciones.
En un giro final sorprendente, la prensa, que había venido advirtiendo a la población a que se encierre y no participe de ninguna actividad al aire libre, ni mucho menos participe en actividades que reúnan a mucha gente, ha estimulado sin embargo las manifestaciones, explicando que, en ese caso particular, no existe peligro alguno de contagiarse de covid-19.
LA ESPIRAL ANGLOSAJONA EN IMÁGENES
Quizá sea oportuno recordar que el edificio sede del New York Times en Manhattan (620 Eighth Avenue, NYC), por su parte, está edificado sobre tierras que pertenecieron a los indios Lenape, propietarios de la isla de Manhattan hasta el siglo XVII.
Tweet personal de Shawn King, uno de los líderes de Black Lives Matter. 22 de junio 2020.
“Reconocemos que Nature es una de las instituciones blancas que es responsable de haber sesgado su investigación y trabajo académico. La empresa de la ciencia ha sido -y sigue siendo- cómplice de racismo sistémico, y debe luchar más para corregir tales injusticias y amplificar las voces marginadas. En Nature, redoblaremos nuestros esfuerzos para hacerlo, y nos comprometemos a establecer un proceso que nos mantendrá conscientes de todos los cambios que tenemos que implementar. Además, nos comprometemos a producir un número especial de la revista, bajo la guía de un editor invitado, que explore el racismo sistémico en la investigación, la política de investigación y de publicación-incluyendo la parte de responsabilidad que le quepa a Nature en ello.
La revista Science publicó un “acto de contrición” similar firmada por su editor en jefe, el químico Holden Thorp:
“La empresa científica norteamericana es predominantemente blanca, como lo son las instituciones norteamericanas con las que los autores de Science están afiliados. La evidencia del racismo sistémico en ciencia permea toda esta nación. ¿Por qué tan pocos de los autores de Science vienen de colegios y universidades históricamente negras? ¿Por qué las áreas científicas que la gente de color más frecuentemente estudia han recibido continuamente menos presupuesto por parte del gobierno? ¿Por qué los estudiantes que son gente de color han tenido que recordarle a la sociedad que ellos casi nunca son enseñados por alguien que luzca como ellos? ¿Por qué han fracasado los Estados Unidos en actualizar sus sistemas de enseñanza de la ciencia, cuando los datos muestran que la gente de color aprende mejor con métodos más inclusivos?”
Arriba, el New York Times titulaba el 21 de abril: “Quienes protestan para que se abra la economía son idiotas”, y en el copete de la nota destacaba que tales manifestantes “han desafiado el distanciamiento social”.
En el centro, el mismo periódico, ahora el 7 de junio, decía en cambio que se trata de alcanzar “Un delicado equilibrio. Sopesando las protestas con los riesgos del coronavirus”.
Abajo, The Guardian explica el 18 de junio “por qué las protestas no son tan peligrosas de esparcir el coronavirus como usted piensa”. En el copete de la nota se dice que “Las demostraciones anti-racismo son el chivo expiatorio perfecto para un aumento de los casos de Covid-19, pero la ciencia sugiere que los riesgos pueden ser mitigados”. Y en el pie de foto: “Si es que vamos a confrontar con el racismo sistémico, en tales demostraciones de masas parece ser ‘esencial’ el uso de nuestro nuevo lexicon pandémico'”.