Los grandes bultos pasan sin peaje, y la controversia seria se va desplazando tenuemente hacia la nada

La Educación consume en el sector público ya el 5,16% del PBI. Los resultados son cada vez peores

ECONOMÍA

Segunda de una serie de notas que analiza el Presupuesto Nacional, actualmente en discusión parlamentaria. 

Por Luis Muxi

La totalidad del gasto

El primer aspecto a considerar del proyecto de Presupuesto, es el análisis de la distribución de la totalidad de los créditos presupuestales, en el conjunto de las áreas programáticas. Estas son 16 conforme a la transparencia presupuestaria que enseña la Oficina de P. y Presupuesto. La misma establece el monto total en pesos, y su división por sectores, con la salvedad de que solo agrega valores en forma expresa para cinco casos, los cuales por su orden de importancia relativa son: transferencias a la Seguridad Social, Educación, Gestion Financiera, Servicios Públicos y Salud. Son los mayores y mas significativos centros de costos del presupuesto nacional. Todo desde una perspectiva global y considerando el gasto por la calidad y tipo del mismo. Es decir tomando en cuenta la existencia de gastos asociados a funciones ministeriales pero que se tramitan por distintas unidades programáticas. Es decir agrupa todos los gastos generales y no refiere a Incisos o programas especificos. 

A su vez, sin referencia a valores pero destacando su importancia relativa le siguen: Seguridad Publica, Fomento al Desarrollo, Transferencias  a Gobiernos Departamentales, Protección Social, Infrestructura, Transporte y Comunicaciones, Defensa, Vivienda, Justicia, Asuntos Legislativos y política Exterior. 

Vamos a destacar la importancia de las mismas y los porcentajes que llevan del Presupuesto. En otro esquema, con mayor nivel de detalle y división, usamos los datos que surgen de la unidad de Presupuesto remitida a consideración de las Cámaras con origen en el Ministerio de Economia, la cual ofrece otra versión. La misma fija el resumen de los gastos por Incisos, los que son en total 33. Y a su vez ellos en tres grandes grupos: La Administración Central, los organismos del 220 y otros gastos generales conforme se describe mas adelante. Contiene a su vez la descripción del gasto para todo el periodo de gobierno. Ambas visiones, serán estudiadas  a la vez que intentaremos su debida compatibilidad. Cuando corresponda  a efectos de mayor precisión o aclaración, remitiremos al articulado del Presupuesto. 

El costo total de los créditos

El crédito total del presupuesto que regirá a partir de 2021, es de $ 664.776.4 millones. Redondeamos 665.000 millones de estar a información de la OPP. Y seria de 657.000 millones conforme surge de las Asignaciones referidas en el Análisis Presupuestal incluido con el Proyecto de Ley (pág. 7).  Que con un dólar a $ 42 representa la suma de US 15.642 millones de dólares. Lo que significa que el valor del Presupuesto representaría, asumiendo un PBI del año 2020 del orden de 49.213 millones de dólares (a valores del segundo semestre del año, conforme indica el Mensaje y Exposición de Motivos del Presupuesto, pág. 50),  una participación del orden del 31,78 % en el PBI nacional. 

Para medir la influencia del conjunto del Estado en el PBI, debemos reparar en que en el Presupuesto se excluye el valor del orden presupuestal de los gobiernos departamentales, de los entes Autónomos del art. 221,  y de los demás órganos, sociedades o centros de gastos cuyo sistema presupuestal es ajeno al documento que estamos estudiando, y cuyo valor aumenta el peso del Estado en el conjunto de la economía del país. Situando la presión del Estado y su participación, en valores que están alrededor del 35% del PBI y eventualmente uno o varios puntos más. 

Aún con matices de importancia, existe acuerdo entre los especialistas en que se va a registrar una caída del PBI de entre el 4 y el 5% en 2020 (que podría ser mayor dependiendo de la evolución real de diversos factores), variable que entendemos se encuentra dentro de las previsiones esperadas. A su vez, el deficit del PBI se situará en una franja que oscilará entre el 5% y el 7% del producto -hay previsiones mayores de algunos analistas. Todo ello representa a los efectos de este análisis un 6% minimo como punto de partida,  o sea un valor cercano a los US 3000 millones, que puede ser mayor según sea el tipo de cambio, y cómo este afecte el valor esperado en dólares del PBI. 

Este presupuesto requerirá, en cualquier caso, ahorro o endeudamiento, o una combinación de ambas. Estimamos que los ahorros proyectados, con esfuerzo, en la propuesta del PE, naufragaran en cierta medida y en forma inevitable en la discusión parlamentaria (que castigará  hasta el límite de lo tolerable para incremento de fondos), y a posteriori dependerán de la mejor y más razonable gestión, de la evolución de la recaudación y de la tasa de inflación. Asumimos buena gestión, tendencia difícil de pronosticar con la recaudación, y  puede que existan indicios que determinen  aumento del indice de precios. 

Todo ello sin que todo este esfuerzo y alea y despilfarro de tiempo y de recursos pueda determinar que el presupuesto involucre un cambio de entidad positivo para la sociedad, en el sentido de su crecimiento, o de lograr mejoras en el nivel de ingresos de las familias, o de disparar una inversión de mayor peso y valor que derrame crecimiento económico genuino. Apenas tendremos (pese a la voluntad manifiesta del presidente) un Presupuesto cuya función mas visible de corto y mediano plazo sea ponerle media suela y taco a los zapatos, en el nivel y medida que ello sea funcional para mantener al menos un manejo, con menguada esperanzas, de las finanzas del Estado. 

El endeudamiento por su parte, será necesario e inevitable en el contexto actual, en especial por causa de la pandemia, la cual amenaza el actual equilibrio inestable que podría, de mantenerse en regla, asegurar posibilidades reales para que el motor del desarrollo se mantenga vivo.

En ese sentido (El Pais del día 19/10/2020) Javier de Haedo maneja una deuda pública neta a la fecha equivalente al 46,9% del PBI. Es decir es sensiblemente mayor al total del porcentaje publico en el PBI, sea el 35% o el 38%, lo que determina que la deuda consume largamente  mas que el costo total de un año de todo el sistema publico de participación en el producto. 

 A su vez, entiende que el deficit fiscal (a valores de agosto) ronda el 6,7%. La deuda total en cualquier caso, en la medida que se acuda a la misma para sobrellevar el deficit, aumentará en una magnitud significativa (alrededor del 8 o 10% según existan otras formas alternativas de financiar)  todo lo que no contribuye a generar inversión y desarrollo. El gasto real será, al fin, aquel necesario para mantener en estado de fragilidad inercial el giro del Estado, endeudando a la sociedad toda en una espiral de crecimiento de la deuda y  su servicio. Y digamos también que no se perciben posibilidades de crecimiento firme de la inversión pública a la luz de los datos presupuestales. Esta terminará seguramente resentida en cualquier caso por el crecimiento de los gastos, en salarios o transferencias de cualquier tipo. Zonas estas de las finanzas públicas asumidas por el sector político, en general y sin mayores distinciones, con una rigidez de alto porte. 

De un análisis critico sin grandes pretensiones, puede augurarse conforme a los propios documentos propuestos, que al cabo de cinco años podremos recuperar el PBI del 2018. Y esto sobre la base de una congelación de los ingresos y egresos durante el periodo. Sin aumento de tributos, y con la esperanza de lograr ahorros.

El Presupuesto parte del hecho del registro real del gasto publico total existente. Sin mayores cuestionamientos y sin cambios sustantivos en su estructura y función, y con la noble y compartible posición de no aumentar la carga de tributos, igual soporta en la espalda la carga de un elefante alimentado con fruición estos 15 años, razón por la cual es muy difícil crear mágicamente un horizonte de mayores perspectivas para el futuro.

 El presente y la posibilidad real y concreta de realizar cambios en un campo restringido de acción, condiciona y encierra el futuro en recintos carcelarios de cientos de artículos, con sus páginas ilustrativas y explicativas. Es preciso una reforma de corte radical para enfrentar el camino del crecimiento. Mientras ello no ocurra, solo se tratará de administrar la crisis permanente mediante la dilapidación de recursos. 

Sabemos además lo que esto va a significar y el costo que tiene, para determinar la actitud que asumirá la oposición, los sectores gremiales y todos aquellos que entienden que el Estado es ilimitado e infinito para cobijar propuestas y aumentos permanentes. A lo que en los últimos años se han agregado miles de novedosas formas de gastos, todo lo que  resulta en un magro resultado, en tanto se mantiene en plena vigencia la estructura de un gasto rígido y sin mayores perspectivas. Ello con el agravante de tener a la gente en posición de cuestionar, adjetivar y hacer pequeños dramas de cuestiones que no lo ameritan. Quienes crearon el deficit y lo alimentaron son ahora los jueces estrictos del nuevo gobierno, y a la vez la milicia organizada para retener beneficios y mejoras variopintas, todo al margen de las diferencias apreciables en todos los sentidos que existen entre las épocas de vacas gordas del  2011/2016 y la desgraciada situación social y sanitaria de hoy. Para lo cual las herramientas que serán usadas serán el cuestionamiento de todo, sin perjuicio de mantener una posición de controversia contra el gobierno a través de una gimnasia para tener activo el músculo. Eso y no otra cosa es el plebiscito contra la LUC, muestrario claro y expreso de la falta absoluta de ideas propias del Frente Amplio, que no parece tener claro un camino, en el cual arrastran el pecado mortal de haberla votado parcialmente, ademas de acreditar la fuerte subordinación de la política a lo gremial. No es preciso comentarios al respecto. Aquellos que pregonan independencia han dado una muestra clara de genuflexión.  

Algunas cifras generales 

Para el ejercicio 2020, las cifras señalan que la Administración central,  consume $ 124.730 millones de pesos, los organismos del art. 220, $ 164.098 millones, en tanto Intereses y gastos de la deuda ascienden a $ 61.068 millones, Subsidios $ 12.952 millones, Transferencias a la seguridad social  $ 129.505 millones, Partidas a replicar $ 16.699, y créditos diversos, $ 148.546 millones. 

De donde deriva que la Administración central es el 18,9% del Presupuesto, los organismos del art 220 de la Constitución es el 24,9%, los Intereses de la Deuda el 9,3%, las trasferencias a la seguridad social el 19,6% del presupuesto, en tanto los créditos diversos ascienden a un porcentaje del 22,5%. 

El orden de importancia en la magnitud total revela por montos afectados la siguiente escala: 1) Art 220  2) créditos diversos, 3) Trasferencias a la seguridad social, 4) administración central 5) Intereses de la deuda. Todo lo cual representa el 95,2% del presupuesto. Valdrá la pena igualmente referir a Subsidios y partidas a replicar para tener una visión total del conjunto. 

El art 220 de la Constitución 

El articulo referido, que significa el mayor gasto relativo del Presupuesto, abarca los que corresponden al Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, (salvo los incluidos en el art. 221) todos los cuales proyectan su Presupuesto y lo remiten al PE para su incorporación al nacional. Son los incisos 16 a 19, 25 a 27, 29 y 31 a 35. Los entes y servicios incluyen Anep, Udelar, Inau, Asse, Utec, Inumet, Fiscalía general, Jutep e Inisa (ver pág. 7, Unidad de Presupuesto Nacional). 

De los referidos, Educación representa el 58% de los recursos del 220, Salud que corresponde a Asse el 24,1%, e Inau el 8,8% por tomar los mas representativos. Es decir, explican el 90% del gasto de ese vasto sector. El presupuesto total de Educación desde la perspectiva de OPP es de $ 106.860 millones, vale decir mayor al señalado en los Presupuestos de Anep, Utec y Udelar, que representan 95.603 millones. La diferencia surge del presupuesto que tiene el Ministerio de Educación (4.800 millones), y de otras eventuales partidas que se afectan a esos objetivos en particular. 

Créditos diversos 

El segundo rubro, que representa un costo mayor a toda la Administración central, se forma con un conjunto de unidades de costos no relacionados, pero de gran importancia en el conjunto del Presupuesto. Estos son 34 rubros, que van desde certificados de crédito de DGI (valor 90.795 millones, y el 61% del porcentaje del grupo) siguiendo por insuficiencia financiera de Fonasa (21.825 millones y el 14,6% ), transferencias a las Intendencias Municipales, incluido Sucive, alumbrado publico, y área metropolitana, (19.595 millones y el 13%). Los principales rubros representan el 89% del costo de este rubro general. El resto involucra pagos por actos de usuarios de ASSE del fondo nacional de recursos, Salto grande, comisiones y gastos bancarios, indemnizaciones, sentencias judiciales, aportes a partidos políticos, Pluna, subsidios a empresas lácteas (35 millones) víctimas de la actuación ilegitima del Estado (28 millones) FDI, caminería en el interior, Focem etc. 

Puede apreciarse que los certificados de créditos de DGI representan US 2.161.000.000. La insuficiencia de Fonasa US 519.000.000. Las transferencias a Gobiernos Departamentales US 466.000.000. Veremos mas adelante el verdadero costo de los departamentos cuando se sume estas transferencias a los presupuestos que manejan los Municipios por sus propios recursos. El total del rubro significa US 3,546 millones. Ya explicaremos que contiene ese apartado de “créditos a la DGI”. Su importancia parece mitigada por su aparición entre gastos varios, cuando su valor equivale a varios Ministerios. 

Transferencias a la seguridad social 

El valor que surge de la pagina de OPP es de $ 130.548 millones. El que surge a su vez de la página resumen del Analisis Presupuestal remitido al Parlamento es de $ 12.9505 millones. Diferencias seguramente de ultima hora, o resultados de diversos estadios en el desarrollo de las cifras para su presentación. En cualquier caso, tomando la segunda, representa un valor de US 3.083 millones de dólares. Y una participación (la mayor entre todas las 16 áreas programáticas) del orden del 19,6% del valor total del Presupuesto. Sobre este significa el equivalente al 6,22% del PBI. Lo que es decir que a pesar del gasto y de su nula o menguada eficiencia, de no existir estas transferencias no habría deficit público alguno. Y que éste ítem, que contribuye al pago de las jubilaciones, es mayor al total del gasto de la Administracion central.

Mayor aún que el gasto exclusivamente destinado a Educación o a salud. Razón por la cual es obvia la necesidad de una reforma de la seguridad. De otra forma llegara el día en que sea imposible su financiamiento o su crecimiento perfore toda capacidad de endeudamiento posible. El énfasis puesto por el Gobierno en el tema es esencial. Sin perjuicio de que no tendrá efectos instantáneos, es claro que empieza a sembrar para liquidar el endeudamiento y facilitar la vida y el aire de las nuevas generaciones.  

Administración Central 

Bajo este rubro se ubica el costo de la Presidencia y de todos sus Ministerios. Los centros mayores de costos (en un monto total de $ 124.738 millones) son los Ministerios del Interior (36.479 millones) Defensa (21.568 millones) Transporte y Obras (15.246 millones) Mides (9.954) y Ministerio de Vivienda (9.147 millones). Su incidencia en el Presupuesto es igual al 18,9% como hemos señalado. Una rápida mirada a las cifras del art. 220 de la Constitución, o  los otros créditos o transferencias, manifiestan claramente cual es el uso que hace la sociedad de los recursos públicos. 

Intereses de la deuda

Otro rubro que analizamos es el de los intereses de la deuda. Son 61.068 millones, y un 9,3% del presupuesto -o sea, la suma de US 1.454 millones de dólares, lo que significa el pago de un interés sobre la deuda neta (y sus gastos) del orden de 6,2% promedio aproximado.  Al aumentar la deuda en próximos años, aumentará asimismo el valor a pagar por los intereses. 

Puede verse que los intereses representan tres veces el valor de las inversiones del presupuesto para un año. Estas son igual a 22.228 millones. O sea las inversiones reproductivas podrían crecer de manera sustancial en caso de no generar ni transferencias, ni costo de intereses, ni de otros subsidios -que los hay en el Presupuesto. 

Otro rubro importante y cuestionable. Los denominados subsidios y subvenciones 

Los subsidios y subvenciones, son tratados con orden en el presupuesto. Lucen en la pág. 175 del Análisis presupuestal. Y luce, reiteramos su orden, pues están catalogados por Inciso del Presupuesto. Desde aquellos que afectan a Presidencia  pasando uno a uno por 12 Ministerios. En ese sector los mismos abarcan un universo de 37 rubros, que en lugar de ser identificados en cada Inciso, forman parte de este selecto espacio presupuestal. En la segunda parte, y fuera de la estructura del gobierno central, figuran 22 casos de subsidios. En total la suma arroja como resultado un conjunto de 59 ítems que merecen el calificativo del titulo. El total del conjunto de los 59 casos que se describen en el Presupuesto, determina un gasto de $ 12.952 millones de pesos, equivalentes a US 308 millones de dólares. Los mismos representan un valor igual al 2% del Presupuesto. Citaremos los que superan los 1000 millones, tales como Correos 1.465 millones, Colonización 1.047 millones, Inia 1.284 millones, Inefop 1927 millones, Plan Ceibal 1076 millones, y plan Ceibal 2 por inversiones 1302 millones. Cerca de 10000 millones. No distinguimos aquí si son subsidios para gastos corrientes o de inversiones. Pero si señalamos que también esta AFE, ANV, Centro de Estudios Fiscales, INALE; Antártico, Juventud Agraria, Parque tecnológico de Pando, INALOG, Lucha Antituberculosa, CUDIM; Patronato del Sicopata, y hasta el instituto Cuesta Duarte (del PIT) que tambien es acreedor del Presupuesto. Y que sirve a intereses gremiales. Son tantos, de diversos y variados orígenes, que responden a circunstancias que tuvieron importancia y hoy son fallecidos institucionales, que incluso su nombre no determina claramente su objeto, como (Fondo de solidaridad, Sector Agrícola etc). 

El particular caso de la Educación

Si existen planteos, esperanzas, lamentos, expectativas e ilusiones varias desde hace muchos años, es en especial en esta área. La pretensión de lograr un nivel de afectación de fondos de significativa importancia para la educación, es un claro exponente de un debate político y social perpetuo, nunca resuelto, ni convenido, ni aceptado de forma explicita y bajo conformidad de mayorías significativas. Todos, con buena intención o sin ella, perciben que todo es poco. Y a esa carencia le atribuyen muchos males.

 En algún momento habrá que analizar y comparar los recursos de la educación de otras épocas en nuestro país, en las cuales ésta y la cultura nacional tenían mayor reconocimiento interno y externo. Debate y discusión en la cual se juntan las certezas de que es el camino inevitable del desarrollo y de la mejoría en las condiciones de vida de la sociedad, con la certeza también de que constituye muchas veces un campo para uso abusivo del poder de los sindicatos, y para el uso de una pretenda superioridad moral de los intelectuales, que se arrogan capacidades y legitimidades inexistentes. Todo ello ha resultado muy afectado por una clara merma en los resultados objetivos de la calidad educativa, la que se hace más pronunciada conforme pasan los años. Hay también una caída singular en la determinación de los objetivos. 

En algún momento se hablaba, como de una meta largamente insatisfecha, de la intención expresa de lograr el objetivo de que los fondos para la Educación llegara a ser equivalente al 4% del PBI. Pues bien, a la fecha, y a las referencias del presupuesto en tramite, la Educación consume en el sector publico la suma de US 2.544 millones de dólares anuales, lo cual representa, con un PBI de 49.213 millones de dólares para este año, el 5,16% de la corriente anual de producción. Superada la meta, que fue mayor en los últimos años, no se logran los resultados esperados. De lo cual deberíamos asumir que los dineros públicos no han mejorado las alternativas de desarrollo de gestión para lograr la excelencia, sino que han sido solamente herramientas funcionales a las expectativas de los funcionarios. O simplemente útiles a determinadas formas de entender la cultura o de imponer una suerte de hegemonía, la que no es cultural sino simplemente ideológica, pero que existe desde al menos la década del 60 del siglo pasado. En ella, un conjunto de iluminados estableció nuevas formas de interpretar la historia, la cultura, la sociología, la literatura y en general todas las disciplinas. En su camino marcado por fuertes sesgos ideológicos, sembró todas las tempestades posibles, lo que resultó en definitiva en todos los males acumulados en las últimas décadas, que la época de la dictadura y sus persecuciones insanas legitimaron para la reinstalación de la hegemonía cultural en nuevas épocas democráticas. Se olvidó lo pasado y no hubo recuerdo razonable de lo que vendría. 

La educación en el contexto del Presupuesto

Algunas referencias. El presupuesto en educación es igual a todo el presupuesto de la Administración Publica exceptuando el Ministerio de Defensa y los gastos de salud (que son también de gran importancia y de diversas fuentes). Es decir que la apuesta económica a educar en grande dentro de las posibilidades reales (aun en el contexto de un Estado barrigón e ineficiente) es equivalente a la totalidad del gasto en policía, economía, relaciones exteriores, Ganadería, Industria, Turismo, Transporte y Obras, Trabajo y seguridad social, Vivienda, Mides y Medio Ambiente. 

Representa en términos de Justicia (cuya función es preservar los principios que animan el objeto final de la Republica, y que constituye el ultimo baluarte en la defensa de la libertad y los derechos) un valor equivalente a 11 veces y media. Respecto de la Justicia reiteramos (incluido el TCA y las Fiscalías), el gasto en educación es un 1.100% mayor respecto de la Justicia, en rigor un poder del Estado huérfano de recursos para su desarrollo. 

El total de gasto en salud, representa por su parte un 67% del gasto en educación, aclarando que es el mayor costo de funciones estatales después de Educación.

La totalidad de la obra pública que afecta la infraestructura y las obras de construcción es el 14% del gasto en educación. El gasto en Vivienda en una sociedad afectada por la existencia de 200.000 personas que viven en la pobreza y sin soluciones habitacionales, es el 8,6% de lo que se dedica a Educación. 

Se podrían hacer muchas más comparaciones. De todas ellas resulta que el gasto en educación no reconoce razonabilidad cierta y genuina en el contexto del resto del gasto publico, y que más allá de la presunta pobreza serena del estado uruguayo, el monto destinado con los recursos públicos resulta desproporcionado a los efectos del cumplimiento de otros sagrados deberes públicos. 

Una ocurrencia rápida muy recomendada para legisladores, a los artículos 40, 44, 45, 46, 49, 53, 70, 72 de la Constitución. Existe preocupación de la Carta Magna en la educación, pero es cierto también que tiene el mismo rango constitucional la protección de la familia, la obligación de los padres para que los hijos alcancen plena capacidad intelectual y corporal, la importancia  del combate a la delincuencia, la obligación estatal de brindar salud. El derecho a la vivienda decorosa, el asilo a los indigentes, el bien de familia, la protección especial del trabajo.

A todo lo que corresponde agregar que siendo un ámbito donde puede desarrollarse la actividad privada esta también consume recursos en todos los ámbitos de la enseñanza, volviendo inoperantes tanto la igualdad, como la duplicación de los impuestos, como la manifiesta violación del art. 58 de la constitución. 

Más allá de las discusiones, del poder manifiesto y relevante de los gremios de la enseñanza, de los recursos utilizados, y de todos los programas en curso, el país se debe un análisis igualmente profundo en esta temática, al menos para determinar la eficiencia del gasto y la forma de encarar a quien privilegiar. En especial si la educación no está creando productos de interés social y útiles al crecimiento económico. 

Lo que va pasando con el devenir presupuestal 

El presupuesto ha sido aprobado con modificaciones en Diputados. Los temas que llegan a la prensa son aquellos que en rigor se van convirtiendo en mascarones de proa, útiles para fácilongas interpretaciones y magras reflexiones intelectuales. Difícil sabe lo que los diputados pueden o pudieron dar, en razón de los elementos disponibles. 

Para simplificar, cuales han sido los temas discutidos:

A) El tema de la UAM, aprobado en diputados. El interés nace de ser fuente de controversia entre la coalición y la IMM. Tengo dudas sobre la oportunidad y legitimidad de la pretensión, y no se alcanza a percibir la utilidad practica de la discusión. El tema es en general materia municipal clara. 

B) Régimen de licencias de funcionarios públicos. El ausentismo laboral es parte de las vergüenzas contemporáneas de este país. Hoy es accesible a toda desviación, cuando no se tienen dolencias físicas manifiestas las gentes ocurren a causales como estrés laboral, depresión, angustia, tristeza familiar o cualquier otra dolencia no especifica, que por otra parte no debería ser objeto de validación por parte de médicos no especialistas en temas psiquiátricos. Ello no debería perjudicar a quienes tienen realmente un problema de esa naturaleza. El gremio esta enojado por su derogación.


C) ¿Quién comanda el operativo de viviendas en los barrios? Es tema de interés político, y de menguados recursos. La diferencia es entre el gobierno y Cabildo Abierto. Otra fisura que no era aconsejable. En estos tires y aflojes la tendencia es a debilitar al gobierno. Artículo retirado.

D) Liberación de combustibles. Política central del Partido Nacional. El logro es menor. Habrá mercado para la compra de combustibles para los barcos. El gremio de Ancap irá por su retiro. Es parte especialmente significativa en la ruta de mantener los monopolios públicos. No tiene valor en el conjunto pero representa algún avance. 

D) Se quedó por el camino, como se podía suponer, la propuesta de aumento salarial para los sueldos del los Presidentes de los entes públicos. 

E) El tope al uso debido de los créditos presupuestales. Establece una línea de pretensión de ahorro. La forma de detenerla es insistir en recortes, motosierras y similares.

F) Pruebas para el uso de viáticos. Lo que parece de perogrullo (explicar el uso de fondos públicos), como por ejemplo los gastos del Dr. Toma en sus viajes al exterior, fue eliminado. 

G) El tema de mayor centralidad fue el de los salarios públicos. La letra de la ley es de verdad confusa, y se presta a varias interpretaciones. Esperemos que sea el objeto de especial dedicación en Senadores. Allí irá el gremio detrás de alguna aclaración que seguramente resulte en mayor gasto público. Y al final nadie entenderá bien. Todos estos temas fueron recordados por El País, página 6, el día 17/10/2020. 

A ello agregamos, aumentos para Utec, Udelar y el Clemente Estable. Regularización de deudas con los funcionarios del Poder Judicial (capricho consentido de anteriores gobiernos del Frente).  Creación de tres Juzgados de genero en el interior. 

Pero en realidad poca cosa. El centro de la discusión es política. El total del gasto publico sigue como antes, es decir como siempre, salvo por la voluntad del Poder Ejecutivo de lograr rebajas e incentivar el ahorro. Ocurre que, para hacer algo serio y que pueda superar las barreras de las viejas trampas, se requieren más cañones. Más certezas. Más reformas sustantivas. Los temas en discusión, más allá de su propia banalidad, no tienen relación con el objeto del presupuesto, sino con pequeñas peleas de aldea chica. Seguramente nadie se cuestiona el tema de las 34 partidas de los gastos generales y las 59 partidas de Subsidios. Vale decir, 93 rubros. Nadie discutió el tema de las trasferencias a la seguridad social. Están parapetados en la creación de una Comisión futura que va logrando su instalación. 

A todo ello se agregan todas las sociedades anónimas de los entes Autónomos (decenas de ellas), la impunidad de las ONG, y la dispersión absurda en la multitud de incisos y programas que solo habilitan a gastar. 

Lamentablemente la discusión, no genera credibilidad. Los grandes bultos pasan sin peaje y la controversia seria  se va desplazando tenuemente hacia la nada. 

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