ECONOMÍA > LA ECONOMÍA PENSADA

Tercera de una serie de notas que discuten la historia, y algunos efectos ideológicos, del antiquísimo fenómeno humano de la propiedad de la tierra. En esta entrega, la etapa de esplendor del latifundio, durante el siglo XVIII

Por Luis Muxí

La etapa de esplendor del latifundio discurre en el Uruguay durante el siglo XVIII y principios del XIX. Creció en forma simultánea con el desarrollo de la industria del cuero, y fue un fenómeno registrado en nuestra tierra, bajo mandato de la Corona Española, fruto  de decisiones de sus representantes, y en el marco de su normativa. Esa herencia colonial marcó fuertemente, la evolución posterior. Con algunas luces, derivadas del aporte de personalidades como Azara y Lastarria, de difícil aplicación; y con muchas sombras, amparadas en amiguismos, abusos y excesos de la Administración.  La normativa era en líneas generales razonable, pero tuvo siempre un mal uso sistémico en la aplicación. Por confusión de competencias en permanente conflicto, por haber sido larga y morosa, poco funcional, y excedida de expedientes, en un lúgubre fárrago de  discusiones sin final.

La época de oro del Latifundio. 

Como hemos dicho, mientras no se explotaba la riqueza, el interés por la tierra y el ganado fue relativo. En aquellas inmensas soledades había ganado creciendo, hasta que las vaquerías lo sacaron del olvido y legitimaron valor. A partir de la fundación de Montevideo, irrumpe la administración, y con ella el expediente, el trámite, la atribución de derechos y deberes, la reglamentación del uso de los bienes;  y con ellas, las inevitables consecuencias del  ejercicio del poder. En este caso muy alejado del poder central, y aún alejado de los poderes locales de mayor rango.  Como hemos señalado, se distribuyen solares, chacras y estancias, mediante donaciones a nombre de su Majestad. El Rey, en el carácter auto atribuido de propietario, otorga mercedes a los pobladores. 

Las primeras mercedes, a las cuales ya hicimos referencia, eran resultado de una gratificación a quienes asumían la difícil calidad de primeros pobladores. Igualmente, las 2.700 cuadras, o 1.875 hectáreas que involucraba cada suerte, fueron a partir de entonces una medida de valor que se utilizó de manera corrriente, a efectos de referencia, para contabilizar areas, para realizar donaciones de mayor valor (por ejemplo, 5 o 20 suertes de estancia) y aún, aumentando su superficie, fue el uso que hasta el mismo Artigas le dio en su Reglamento de 1815. En otros casos, cuando la cantidad era la que realmente calificaba la existencia de latifundios, se usaba como medida la legua cuadrada. Una legua cuadrada en aquella época era equivalente a una extensión de alrededor de 2.330 hectáreas. La distancia de una legua es hoy de 4.828 metros, o sea diversa de la castellana de la época, que era mayor en un 25 a 30 %, aproximadamente. 

Como se podrá apreciar, el latifundio nació y creció al amparo de decisiones oficiales de donaciones, las que en general no respondían a criterios objetivos, ni a usos programados, ni a legitimidades ostensibles. Las donaciones fueron erráticas (en su cantidad y forma de otorgarse), carentes de una política, y en rigor, solo constituyeron la fuente de fuertes desigualdades, generadoras de discusiones posteriores en la época artiguista, en la dominación lusobrasilera, y en la vida independiente del pais. 

Otra circunstancia que marca esta etapa es que el nacimiento y desarrollo del latifundio, coincide con un valor despreciable de la tierra en términos relativos, o sea medido en otros bienes de la época, o en comparaciones de monedas y capacidad de compra. 

Esa época, latifundista no provocó ni crecimiento sostenido, ni desarrollo, ni nuevas formas de encarar el trabajo rural. Al desarrollarse el latifundio, la cantidad de tierra excesiva y superabundante no generaba valor, por el simple hecho de que no determinaba una utilidad apreciable. Por lo que al no ser un bien escaso, sino de oferta amplia, su precio era bajo. 

El nacimiento de la época del cuero valoriza el ganado. Y éste determina tres cuestiones: a) el ganado había que cuidarlo en algún lugar; b) éste debía ser amplio, para poder satisfacer la demanda creciente de vacunos; c) ello, por arrastre, determinaba, en palabras de gente ilustrada, una extrema codicia por poseer vastas extensiones de campo. Pura codicia, anticipadora de beneficios económicos que vendrían inevitablemente a mediano o largo plazo. Que mucho más tarde pondrán en armonía (justa o injusta) los valores de la tierra, del ganado y del trabajo. Aún cuando este último, de estar a los datos verificables, tuvo oscilaciones significativas, derivadas de cambios profundos en el comercio internacional. 

Ya hemos dicho, que en las primeras etapas el salario era alto por escasez y especialidad, y que después cuando el coraje, la maestría y el riesgo se fueron achicando, dando lugar a cambios significativos en la producción, el valor trabajo se ajustó a la baja. Por la estructura de la demanda, por aumento de la oferta y por cambios suscitados, en la calidad de la relación de la gente con la tierra. 

En puridad, cuando el cuero encontró novisimas formas de uso, y mercados de significación,  despertó la conciencia de la importancia del ganado. A la etapa inicial de la vaquería, iba a seguir otra menos depredadora y más cuidadosa, aún cuando estaba lejos de un uso más atinado. Es el saladero, y después los frigoríficos, que asientan conceptos, cuidados, y formas de gestión. 

Las donaciones de la época colonial. Algunas líneas generales. 

La producción de los historiadores al respecto es desde hace tiempo grande, y fue pormenorizadamente estudiada y detallada. Todos los que estudiaron el tema señalan, desde diversas perspectivas y a partir de versiones ideológicas bien diferentes, el hecho de que fue bien temprano que las autoridades españolas otorgaron campos, con liviana laxitud y nula referencia a los valores sociales comprometidos en la tenencia y uso de la tierra. Se advierte además diferencias y matices relativamente importantes a la hora de determinar criterios de exigencias para su mejor aprovechamiento, y en cuanto a la valoración de la extensión que permite calificar a una propiedad como latifundio.  

Pivel Devoto (Colección de Documentos para la Historia Económica y Financiera de la República Oriental del Uruguay, “Tomo I,Tierras 1734-1810, Cap 3, pag 49 y siguientes, Montevideo, 1964 -realizado con la colaboración de Barran y Nahum) incluye 188 mercedes otorgadas en el lapso señalado. Se destaca  la primera otorgada en plena propiedad, por el Gobernador Salcedo a Francisco de Alzáibar, “por sus destacados méritos”, con fecha 20 de abril de 1738. La Merced consistía en un rincón situado entre el Río de la Plata, el río Santa Lucía, el de San José y el arroyo Luis Pereira. Se llamaba el Rincón de San José. Ya veremos su extensión y otras consideraciones que la autoridad tuvo con quien, básicamente, había organizado y fletado la incorporación de los primeros pobladores de Canarias. 

A los casos citados de Donaciones, incorporados al texto referido, se deben agregar las ventas y composiciones. Las primeras, “consistían en sacarlas a vela y pregón y rematarlas al mejor postor”(Pivel op.cit., pag 112 y siguientes). Se denunciaba un terreno, dando ubicación y detalles, se determinaba por Juez si ostentaba la calidad de realengo y se medía por agrimensor. Esta actividad explica la cantidad de agrimensores que había en la República ya entrado el siglo XIX. Había más que médicos y abogados, al menos en 1860.  

Después venían pregones por 30 días. Todo lo cual (aún cuando no forma parte del objeto de esta nota) generó conflictos entre las autoridades centrales y el Cabildo de Montevideo. La competencia había sido atribuida en primer lugar a Virreyes y miembros de las Reales Audiencias. Pero en 1754, por Real Instrucción, se autorizó a Jueces subdelegados, y en 1784 se agregaron los Intendentes de Real Hacienda. O sea que había conflictos permanentes por decisiones de varios centros de poder, a lo que es preciso también señalar que la jurisdicción rectora se ubicaba en Buenos Aires, lo que dificultaba a los menos pudientes la debida formalización de los planteos. También eso llevaba los pleitos y discusiones a un lugar alejado de la Provincia, de sus secretos e intimidades. Salvo la codicia de los porteños de aquella época en mantener propiedad de tierra en este suelo. No pocas dificultades se plantearon con ellos, a través de los años. 

Estas autoridades también tenían competencia atribuida en materia de “composiciones”. Que era en definitiva una forma de legalizar ocupaciones mediante el pago de un moderado derecho. Ambas, ventas y composiciones, ampararon el favor que las autoridades dispensaron, con amplitud y generosidad, en sus grupos de relaciones inmediatas e intereses básicamente económicos. No hubo una actitud derivada de criterios sólidos ni de objetivos claros. Era todo relativo. 

Por Real Acuerdo de 4 de abril de 1805, norma que es la que cierra el “arreglo de los campos”,  se limita el uso de este sistema de composiciones, siempre que el área de suertes a otorgar o componer no superara cuatro leguas de frente por 12 de fondo. Vale decir, en buen romance, una superficie de 48 leguas, equivalente a 111.840 ha. Área para nada despreciable para resultar agraciado, ni entonces ni ahora. Pero para ser límite, era bien amplio. 

Los casos de ventas y composiciones reseñados en el texto comentado, ascienden a 41 casos registrados. Por separado se establecen, en paralelo, las denuncias de tierras realengas, que llegan a 86 casos. En total, por estos sistemas, diversos y de alta complejidad, existen documentos que acreditan un total de 319 casos. Muchos de los cuales, a su vez, se multiplican por cruzamiento de donaciones con composiciones, ventas y herencias, y a la inversa. Casos todos de variada extensión, resueltos por diversas autoridades de distinto rango, y en muchos casos, con las complicaciones de los juicios que era menester llevar a cabo. Porque en ese contexto, se denunciaban o vendían tierras que ya tenían poseedores de hecho, y porque los beneficiarios, muchas veces, sólo iban al bulto del negocio del cuero. No eran paisanos de vida rural, ni plantaban, ni se radicaban. Eran como especie de simulación. La tierra despierta interés para ser morada para el uso posterior de la vaqueria. Razón por la cual ni avanzaba la cría, ni se construía, ni se asentaban las familias, ni si colonizaba de verdad. Lo que se imputa al latifundio per se, como si correspondiera atribuir la culpa, que solo es de responsabilidad de las instituciones y los hombres que las manejan, o de las ideologías que las sustentan. 

Lo cierto es que el latifundio fue resultado obvio de precios bajos, de nula utilidad económica de producción, de los peligros de indios de diferentes etnias, y en definitiva, de una población escasa, con autoridades exentas de grandes rigores en el control. El control iba y venía a lomo de expedientes, cruzando el Atlantico, y era de poca práctica en aquellas tierras agrestes.  Lo que sí había era un largo sistema de cabildeos y denuncias, que viajaba con los expedientes. No hubo tampoco, ni nada lo prueba, una concertación grupal para la adquisición de latifundios. Hubo, a partir de una fecha, un grupo de treinta hacendados que asumieron su rol y su calidad de grandes latifundistas. Pese, incluso, a que la codicia señalada, también los llevó muchas veces a pleitear entre ellos mismos. Por la razón del artillero: conocidas las mejores rinconadas, todos las querían. 

A estas situaciones es necesario agregar (Pivel op.cit., pag 323 y siguientes) la regularización de tierras de 1810, que determinó el despacho de 110 títulos, así como los pleitos por tierras, (desde pág. 394 a 597). La largura de los pleitos, los pleitos conexos, las sucesiones que aparecían en medio del litigio, las representaciones invocadas, las habilitadas y las cuestionadas, las impugnaciones y recursos, etcétera, ofrecen información de relevancia sobre las condiciones de vida en la campaña, y sobre la forma irregular de la tenencia de tierra.  Y alumbra, en relación a cuestiones que seguirán vivas y palpitantes, con importancia manifiesta en el periodo artiguista, en la dominación Portuguesa, y durante largo lapso a partir de la vida independiente. En cualquier caso, es fácil poder analizar y afirmar que según fue la forma de otorgar charcas y estancias (Pivel, op.cit., pag 394) así fue el conflicto que, derivado de la mala praxis, consumió años, energías y trabajo. Todo en manifiesto impedimento de poder enfocar las certezas necesarias para construir un país en paz.  Los juicios principales habrán llegado a 80 o 100. Con la salvedad, además, de que los mismos juicios se repitieron sobre las mismas áreas en diversas oportunidades, y que tuvieron su propia creación de juicios o juicios derivados. 

La mirada y el relato de los historiadores. 

Elegimos algunos casos, que por sus características, permiten un abordaje razonable a la temática. 

A) Carlos Real de Azúa (El Patriciado Uruguayo, cap III, pág. 34 y siguientes, Montevideo, Banda Oriental, 1981) describe los principales latifundistas. Desde el padre Barral, primer párroco de la ciudad, sigue con Zamora, propietario de 46 leguas cuadradas entre los ríos Negro y Tacuarembo. Manuel Durán con 8 estancias. Alzaibar (ya citado) que ocupaba 117 leguas, equivalentes a 272.610 has (el autor refiere a 423.000 cuadras). Y sucesivamente Miguel I de la Cuadra, Bruno Muñoz, Martinez de Haedo, Melchor de Viana, Cosme Álvarez, todos con extensiones de gran importancia.

Había otras propiedades privadas de adjudicación o posesión previas, como fueron el caso de Francisco de Medina y  de Juan de Narbona, otorgadas en 1635 y 1636. Los jesuitas, además de la estancia de los Desamparados, explotaron 42 leguas de tierra, con 20.000 cabezas de ganado. Azara, citado por Real (op.cit., pág. 35) refiere a la propiedad de Diego Arias, que cubría 200.000 ha. A esos nombres, Real agrega a Rivera (padre de Fructuoso), Suárez, José Ramírez, Tomás Garcia de Zúñiga y otros. El autor, a su vez, al referir a los repartos de las suertes de estancia, en aplicación de la normativa Indiana citada de media legua por legua y media, descarta, de manera inequívoca, que ello sea el origen del latifundio. “Las causas que provocaron el latifundio no se hallan en estos repartos” señala textualmente. Las suertes que distribuyó Millán en 1730 involucraban una donación de 1.875 has. Agrega, asimismo, datos de interés, que tienen que ver por un lado con el valor de la tierra: $ 23 la suerte en 1796 en Río Negro, llegando el valor a entre 300 y 400 pesos en el periodo de 1800 a 1825. El otro tema lo constituyen los valores de otros bienes de referencia, que determinaban que “la tierra estuvo al alcance del ahorro de un burócrata, de un pequeño comerciante y de un militar”. Queda claro, sin límites precisos de cantidad, que para el autor el latifundio implicaba la propiedad o la posesión de gran cantidad de hectáreas de campo. Los otros eran hacendados medianos o pequeños.  

B) Alfredo Castellanos (Breve historia de la ganadería en el Uruguay. Cap III, pág. 17 y ss. Montevideo, 1973) agrega a Joaquin de Viana, del Pino, aludiendo también a la adquisición de la Calera de los jesuitas, ubicada en el rincón del Santa Lucía Chico y el Casupá, en Florida, por parte de Juan F García de Zúñiga. Se trata de una operación por 500.000 has.

C)La preocupación por resolver el tema del arreglo de los campos provocó variadas intervenciones y meditados informes. En ese sentido Reyes Abadie, Bruschera y Melogno (La Banda Oriental, Pradera, Frontera Puerto., Cap VI, pág. 59 y siguientes. Montevideo, 1966) siguiendo a Pivel Devoto, refieren a la memoria de A. Pereira de 1786, a la noticia anónima presentada al virrey Melo en 1794 (que comentamos más adelante), al plan del Coronel Joaquin de Soria de 1800, a la memoria de Azara de 1801, al Plan de Regularización de Miguel de Lastarria, a principios de siglo en 1804, y al plan del General Pacheco de 1808. De allí deriva la existencia de 130 estancias individualizadas al norte del Río Negro, y de 450 en Montevideo, Maldonado y Soriano. Las opiniones mayoritarias de estos técnicos, formados en el Iluminismo y en criterios del valor social de la tierra, al reconocer el problema del latifundio, identificado con grandes y vastas extensiones, propenden a postular soluciones a los problemas entre propietarios y poseedores, a intentar poblar la campaña, y a erradicar las arreadas de contrabando de ganado. Se entendía entonces que una suerte de estancia podía razonablemente albergar 900 vacunos sobre la base de dos unidades ganaderas por animal, o sea 2 ha para cada vaca. Había además equinos y lanares, estos últimos en reducida dimensión en aquella época. 

D) Por su parte, citando los mismos casos, Agustin Beraza(La economía en la Banda Oriental, 1811/1820, capítulo I, pág. 9 y ss., Montevideo, 1969) señala que dichas grandes extensiones, generaron como resultado natural a la estancia feudal. “Fue la célula fundamental de la economía,estableciendo el tipo de explotación, autárquico, que constituyó la característica más destacada de su organización”. Señala asimismo la existencia, entre latifundistas y  desposeídos, de una clase de hacendados medianos que rechazaba a los latifundistas, a las autoridades que los cobijaban y a los violentos que trastornaban la paz. Vale decir, a medio camino, pidiendo evitar las andanzas de indios y los excesos de los más ricos. 

En igual sentido se pronuncian Sala de Touron y Rosa Alonso (El Uruguay pastoril y caudillesco, Tomo II, pág. 37 y ss., Montevideo, 1991) al diferenciar con claridad al propietario de una suerte de 1.875 ha. de los grandes hacendados, o sea, de los latifundistas. Unos contaban en cuadras, otros contaban en leguas. Las autoras destacan (pág. 54) que se consideraba hacendado a quien tenía una suerte de estancia. Donde, como señalamos, se podían cuidar 900 vacas. El rodeo creaba un valor de procreo entre el 10% y el 30% según las autoras. Señalan “de los colonos montevideanos surgió un tipo de gran hacendado, que denunció inmensas extensiones, trasformándose en latifundistas”. Las autoras vuelven a reflejar el criterio de que latifundistas eran aquellos que poseían inmensas tierras, de decenas o cientos de leguas cuadradas. 

E) Otra visión es la de Vivían Trías, (Las montoneras y el Imperio Británico, capítulo II, pág. 33 y ss., Montevideo, 1961) que refiere a una “reducida oligarquía de ricos terratenientes”, confundiendo o asimilando los conceptos de latifundistas, patricios, ricos y oligarcas. Porque es fácil deducir, más allá de coincidencias en la caracterización, la razonable existencia de matices. Hubo patricios que no fueron ricos, ni latifundistas. Hubo latifundistas que eran gente de pueblo en origen y que nunca fueron patricios. Hubo oligarcas que fueron latifundistas y otros que no. En la variedad está el gusto. Pero participa claramente este autor, de clara filiación ideológica, de que el latifundista es una clase reducida, propietaria de vastas extensiones. Cita en su apoyo el caso de Miguel I de la Cuadra, “con títulos de toda la sexta sección de Flores, de parte de la quinta, y sin título de una extensa faja de tierra al oeste del arroyo Porongos”. Era un latifundista de 12 estancias. O sea doce establecimientos. Por su parte Esteban Campal(Hombres, Tierras y Ganados. Hacendados ricos y estancieros pobres, pág. 56 y ss., Montevideo, 1962) citando las noticias publicadas por Brito Stefaní en la Revista Histórica, T. 28, quien establece las categorías de estancieros ricos y pobres. “Llamamos ricos a quienes poseen una estancia más o menos poblada de 80 a 100 leguas, y pobres a quienes tienen una suerte de estancia”. Insiste con los hacendados ricos, que no pagan tributos ni costos razonables de personal, de forma de poder afirmar que sigue el mismo criterio de los anteriores. El latifundio es un fenómeno que refiere a quienes tienen, por la forma o vía que sea, una extensión de al menos entre  80 y 100 leguas. Es decir de 

186.000 a 230.000 has. Esto ratifica el criterio rector de que se debe entender por latifundio. En este caso, en su gran expresión. Podríamos sugerir que se obtenía la mencionada calidad de latifundistas explotando al menos 50.000 has. En ningún caso con menor cantidad. 

F) En el mismo sentido Lucia Sala de Touron (“El mostrador montevideano”, Enciclopedia Uruguaya, Tomo 1, N. 8, pág. 156, Uruguay, 1968) que establece los dos extremos. El dueño de una suerte de estancia de 1.875 has, y un latifundista como J F García de Zúñiga, que deja a su muerte 201 leguas. Entre ambos se sitúan “los grupos de pequeños y medianos estancieros, que fueron beneficiarios de los repartos de tierras”, reiterando que los latifundistas no tienen ese origen. Y cita como latifundistas a los Viana-Achucarro, Alzáibar-Solsona, Uriarte, Ramírez, Julián de Gregorio Espinosa, Martinez de Haedo, Seco, Ana Quirós, Cuadra-Durán, Mila de la Roca, Almagro, Albín y Azcuénaga. 

G) Quienes realizaron el mayor esfuerzo en el análisis de esta temática en una obra de 4 volúmenes, son a nuestro juicio Lucía Sala de Touron, Julio C. Rodriguez y Nelson de la Torre (Evolución Económica de la Banda Oriental. Estructura Económico social de la Colonia, “Los diversos tipos de estancia”, pág. 70 del tomo 2, Montevideo, 1967) quienes discurren por largos periodos de la historia nacional llegando a un análisis puntual y puntilloso de cada movimiento, venta, composición de tierras, pleitos y demás alternativas del proceso de evolución de la tenencia y explotación de la tierra. Tamaño esfuerzo, también muy comprometido desde una mirada ideológica. Son historiadores convencidos, agregando prueba de aquellos elementos, que den sustentabilidad apropiada a sus convicciones. Así lo dice, con suavidad y elegancia, Petit Muñoz en algún prólogo. Es difícil que se pueda agregar algún hecho novedoso a todos los hechos que los autores registran. Entre los aspectos más destacables, en relación al objeto de este trabajo, es la mirada hacia los distintos tipos de personajes que dedicaron su vida a la explotación de tierras y ganados. En ese sentido, apuntan a que a) según Lastarria, una familia pobre se mantiene con moderación en una legua cuadrada. Pobre, en términos relativos, en relación al latifundista, apuntan los autores. b) El virrey Arredondo, que estimaba que alcanzaba, a un debido sustento familiar con  la suerte de estancia tradicional de 1875 ha. c) Soria, que entendía que con 1 legua cuadrada se podía cuidar 1500 cabezas, aspecto en que difiere de las opiniones de que la dotación razonable era de 900 vacunos, opinión que comparte Horacio Giberti. Citan a Azara, que propone una referencia de una estancia que maneja 10.000 vacunos, y que conforme a estimaciones de la época, requiere de 20.000 ha de tierra, con un procreo estimado del 30%. En ese contexto, los autores definen este caso como el de una gran estancia. Tendríamos entonces el ganadero pobre (los hubo de menor cantidad de tierras, en especial el agricultor), que se estima vivía con 1.875 ha. El ganadero dueño de una gran estancia, del tipo de la definida por Azara, requiere 20.000 ha. Obviamente quienes lo superan entran en zona de latifundio. Y los que están entre las 1.875 y las 20.000 serían medianos productores, con la mirada en los recursos y los costos de la época. La cuestión, destacan los autores, es que en rigor medianos y chicos, con animales en rodeo, soportando mayores costos relativos, debían enfrentar a un latifundio de mayor índice de renta. Utilizan los autores, como comparación, el caso de las estancias de Azcuénaga, en Colonia y Soriano, que administraba Antonio Villalba, con un stock de 68.000 cabezas de ganado, y 2.970 yeguarizos. Y agregan (pág. 116) “si nos atenemos a una clasificación cuantitativa debemos concluir que en la campaña oriental, se mantuvo un grupo reducido de latifundistas y grandes hacendados, que poseían la mayoría absoluta de las tierras”. De lo cual se desprende que latifundio era una extensión de tierra que en su enfoque más limitado rondaría las 30.000 ha. Pero que cuando vemos y analizamos, caso a caso, los números suben a 50.000 y más hectáreas en los casos más conocidos, más debatidos y más cuestionados. 

Al respecto vale la pena mirar el mapa, construido a través de la lectura de los documentos, que entendemos al menos aproximado en lo general, que integra los anexos del T. 1. En el mismo es fácil entender cómo se distribuía la tierra en aquellos años de 1811.

H) En los últimos tiempos, luego del fuerte impulso de estudiosos de las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, se destaca la labor de María Inés Moraes. Entre otros estudios, produce un excelente prólogo, con detallada e inteligente visión de conjunto, al tomo 199 de la Colección de Clásicos Uruguayos ( El arreglo de los campos, Investigación y Prólogo de Maria I. Moraes Montevideo, Colección de Clásicos Uruguayos, 2015). El mismo reúne toda las opiniones contenidas en los expedientes principales que tienen relación con el tema. Desde el expediente sobre el Arreglo y Resguardo de la Campaña, de 1787, a los expedientes relativos a la otra Banda, de 1794, culminando con las Resoluciones de 1804. 

Si bien no es objeto específico de este trabajo, igualmente vale referirse a algunos aspectos que analiza Moraes. Se introduce, con sagacidad en la temática del territorio. Desde una perspectiva más genuina de aquel tiempo, desecha la visión que encasilla a la Banda Oriental en territorio ajustado al actual estado de límites, y que trata con mayor detalle en otras obras de su autoría. Es decir en lugar de proyectar lo actual hacia atrás, analiza el entonces. Visualiza al contrabando, a partir de la gran importancia de la Orden de los Jesuitas. “Había un continuo territorial desde el sur brasileño hasta la orilla norte del Plata”..”en la porción norte de ese continuo las misiones jesuíticas habían definido una frontera de hecho y funcionaron como un cordón de contención de los avances portugueses”. Analiza los caminos del comercio con Brasil, el tratado de límites  de 1777, en un intento de alto recibo de replantearnos en círculos más pequeños o zonas más limitadas, la animación de la vida, las formas que asumieron los patrones culturales, y todas las verdades que afloran en el decurso de esos tiempos. Contribuye, además, con un análisis de alto valor, de todos los informes, resoluciones, conflictos y demás aspectos que dan forma a esta temática de la tierra. Recomendamos su lectura. 

Allí está, conjuntamente con los documentos que Pivel publica y al cual remitimos, la mayoría de las claves para empezar a conocer el tema. El resto, o sea lo que sé asumió como verdad, y se repitió, hasta hacerse ley y norma, requerirá de mayores y nuevos estudios. 

Finalmente, para tener una visión de aquella época, acudimos al citado informe anónimo, que fuera publicado por Rogelio Brito Stefani en la Revista Histórica, “Dos noticias sobre el estado de los campos de la Banda Oriental, al finalizar el siglo XVIII” Tomo 18, pág. 301 a 529. El informe referido es de 1794, y fue entregados al Virrey Pedro Melo de Portugal. El autor, claramente un conocedor o actor en los hechos que relata, previene en el mismo acerca de la desidia de las autoridades, y de la falta de conocimiento del valor de los campos. La falta de valoración de las tierras determinó a su juicio que se desprendieran de los mismos por valores ínfimos. “Esta facilidad, convidó a los particulares a hacerse dueños de la comarca, partiéndolo en trozos de 100, 200, 300 y hasta quinientas leguas”. Todo por un puñado de pesos. Para avalar su posición le bastan tres ejemplos: 1) Desde el Solís Chico hasta el Pan de Azúcar, posee Juan A. Haedo 150 leguas; 2) Don Fernando Martínez compró a su Majestad en $700 una extensión de 250 leguas; y 3) María G. de Alzáibar heredó de un tío las de San José, entre Santa Lucía y el Río Negro. Total 500 leguas. Es decir unas 115.000 has. 

Del mismo autor es la distinción, ya citada, de los hacendados ricos y pobres. O sea los que tienen una estancia bien montada de entre 80 y 100 leguas, a los pobres que viven en torno de una suerte de estancia. Hace un relato de alto interés sobre quién vive del campo, incluyendo gauchos y changadores (a quienes recrea con imparcialidad), la forma de salar la carne, y las precisas y grandes ganancias derivadas del cuero (pág. 351). 

Su pensamiento, en cuanto al reparto de tierras, lo induce a sugerir el mismo en fracciones de suertes de campo de 10 a 12 leguas cuadradas. O sea de 23.000 has a 27.000 has, con lo cual esperaba contener el contrabando brasileño y poblar mejor la campaña. Lo cierto es que también en la visión del latifundista el autor siempre refiere a vastas extensiones. Las que pone como ejemplo oscilan entre 150 y 500 leguas. 

Reflexiones para finalizar y para seguir. 

De todo lo señalado se deduce sin mayor esfuerzo la complejidad del tema, que habrá de acompañarnos, como veremos, para centrar la visión artiguista y verla en su despojada realidad, en especial en los años que van del 1814/16. La forma en la cual encaraba Lecor el tema, durante la Dominación luso brasileña, y cuáles fueron los acuerdos a que llegó con Rivera. Veremos también que fue central el tema después, afectando la guerra de divisas, las forma de relación del caudilismo, y todas las circunstancias que rodearon a la Guerra Grande, y muy en especialmente en la forma en que se definen los últimos levantamientos armados partidarios con los que cierra el siglo XIX. 

Los temas que ocupan esta nota fueron parteros de cuestiones que llegan hasta hoy y que definen esta vasta región, que tiene la particularidad de comprender, al sur del Brasil, a su dominio de la tierra misionera, a las provincias del litoral argentino, y como núcleo central al Uruguay de hoy. Profundizar en el tema, sin prejuicios de ninguna naturaleza, ayudará a despejar dudas, a entender la realidad actual, y a sentar bases de un análisis más real y genuino. En todo caso, y como vía a percibir y en entender en toda su globalidad la temática en estudio, haremos un análisis comparativos de valores, llevando los mismos a factores que permitan conocer de verdad qué era aquello de comprar una estancia de proporciones por cientos de pesos. Eso ayudará a la comprensión de la verdad que se oculta detrás de tantas y variadas interpretaciones, las que resultan al final meramente ideológicas.  

Compartir