La Corte indica en su breve resolución lo siguiente: “La moción del Estado de Texas para presentar una demanda se deniega por falta de legitimación en virtud del artículo III de la Constitución. Texas no ha demostrado un interés judicial propio respecto de la forma en que otro Estado lleva a cabo sus elecciones.”
El Fiscal General del Estado de Texas había denunciado a cuatro Estados (GA, MI, PA, WI) el 8 de diciembre, debido a lo que consideró graves irregularidades ocurridas en la elección en esos Estados.
ACTUALIDAD GLOBAL
Por Aldo Mazzucchelli
El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, había presentado una denuncia formal ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos (SCOTUS) contra los Estados de Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, alegando que han violado la Cláusula de Electores de la Constitución, o en su defecto, la Enmienda 14.
El escrito, de 154 folios, argumentó que, al permitir que acciones no legislativas modificasen las reglas electorales que rigen, en las elecciones generales, el nombramiento de los electores presidenciales, todos estos estados han incurrido en cambios a varias reglas de votación, sin pasar por la requerida instancia legislativa, lo que Texas alega que está prohibido por la Constitución. En la petición se pide que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordene nuevas elecciones en los estados demandados, o que se ordene que las legislaturas estatales pertinentes elijan directamente a los electores.
En la denuncia se enumeran los casos en cada uno de los cuatro estados demandados en los que las leyes electorales fueron ignoradas o modificadas por funcionarios o tribunales, y no por las legislaturas. De acuerdo con Paxton, esas acciones y cambios hicieron que las elecciones realizadas por los demandados fueran inconstitucionales, principalmente porque violan la Cláusula de Electores del Artículo II, Sección 1, de la Constitución y la Cláusula de Elecciones del Artículo 1, Sección 4.
En su planteamiento inicial, la presentación dice: “Como se expone en el escrito y la denuncia adjuntos, la elección de 2020 adoleció de irregularidades importantes e inconstitucionales en los Estados demandados:
*Supuestas enmiendas de los agentes no legislativos a las leyes electorales debidamente promulgadas de los Estados, en violación de la Cláusula de los Electores, que confiere a las legislaturas estatales autoridad plenaria en relación con el nombramiento de los electores presidenciales.
* Diferencias intraestatales en el tratamiento de los votantes, con disposiciones más favorables a los votantes -ya sea legales o ilegales- en áreas administradas por el gobierno local bajo control demócrata, y en áreas que tienen poblaciones con mayor proporción de votantes demócratas que otras áreas de los Estados demandados.
*Aparición de irregularidades en la votación en los Estados demandados, las que serían compatibles con una relajación inconstitucional de las protecciones a la integridad de la votación en las leyes electorales de esos Estados.
Todos estos defectos – incluyendo las violaciones de la ley electoral estatal – violan uno o más de los requisitos federales para las elecciones […] El Estado demandante sostiene, respetuosamente, que los tipos de irregularidades electorales mencionadas superan los eventos de las elecciones de 2000 en su grado de desviación de la legislación estatal y federal. Además, estas fallas impiden acumulativamente saber quién ganó legítimamente las elecciones de 2020, y amenazan con enturbiar todas las elecciones futuras.
Tomadas en conjunto, estas irregularidades afectan un número de votos populares que resulta determinante para los resultados, en un conjunto de Estados que emiten un número también determinante de votos electorales. Esta Corte debe conceder autorización para presentar la denuncia y, en última instancia, prohibir el uso de los resultados electorales ilegales sin la revisión y ratificación de las asambleas legislativas de los Estados demandados, regresando a las legislaturas de los respectivos Estados demandados para que nombren a los Electores Presidenciales de manera consistente con la Cláusula de Electores y de acuerdo con el 3 U.S.C. § 2.”
La demanda es peculiar, por cuanto apela a un aspecto raras veces usado, aunque está presente en la Constitución. En efecto, en principio la Suprema Corte es un juzgado de apelación, con lo que no puede intervenir en juicios directos, sino que examina argumentos jurídicos establecidos en cortes de nivel inferior. Sin embargo, existe una excepción a la regla que es la llamada “Jurisdicción Original”. El Artículo III Sección 2 de la Constitución dice:
“En todos los casos que afecten a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, y aquellos en los que un Estado sea parte, la Corte Suprema tendrá la jurisdicción original.”
Como en este caso se trata precisamente de un Estado demandando a otros, esa demanda debe hacerse directamente ante la Suprema Corte. Algunos jueces creen que el Tribunal Supremo está obligado a atender cualquier caso presentado por un estado contra otro, porque la Constitución lo exige, y otros no están de acuerdo. Los jueces que pensaban que la concesión de una audiencia es obligatoria eran minoría la última vez que se planteó la cuestión, pero la composición de la Suprema Corte ha cambiado desde entonces, por lo que no se sabe cómo se pronunciaría el tribunal sobre la cuestión en este caso.
En un giro posterior, el día 9 de diciembre los Fiscales Generales de los Estados de Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, y West Virginia, declararon que respaldan el petitorio de su colega de Texas.
You Tube decide censurar toda referencia a este asunto
YouTube anunció que, a partir del 9 de diciembre, bloqueará y eliminará el contenido que contenga declaraciones “que aleguen que el fraude generalizado o los errores cambiaron el resultado de una histórica elección presidencial en los Estados Unidos“.
Según el periódico The Epoch Times, YouTube ha afirmado: “Empezaremos a eliminar cualquier contenido subido hoy (o en cualquier momento después) que engañe a la gente alegando que el fraude o los errores generalizados cambiaron el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2020, en línea con nuestro enfoque de las históricas elecciones presidenciales de EE.UU.“.
“Por ejemplo, eliminaremos los videos que afirman que un candidato presidencial ganó las elecciones debido a errores generalizados de software o errores de conteo. Empezaremos a aplicar esta política hoy, y se intensificará en las próximas semanas“, escribió la empresa.
La compañía agregó que “guiará” a la gente a la “información autorizada” proporcionada por los medios de comunicación corporativos como ABC, CBS, NBC, o CNN.