PORTADA

Por Ramón Paravís

-I-

Si este pedazo de tierra fuera un estado soberano (o si decidiera parecerlo por un momento apenas, y a los solos efectos de hacer rabiar a los vecinos y a los mandamases del mundo y disculparnos, enseguida, claro), nos concentraríamos en amparar a los sectores más vulnerables ante el Covid, habilitaríamos un contagio lo más controlado posible del resto, extremaríamos la seguridad en los pasos de frontera y no nos daría por cerrar escuelas. Pero el virus de la corona -a la realidad le fascinan las simetrías- tiene, desde luego, doble cuerpo, como el que al monarca se asignaba en la teología política del medioevo.

La santa alianza de organizaciones internaciones variopintas, laboratorios y corporaciones, gobiernos y cuanta forma hoy existe de comunicación entre los hombres ha ido adoptando, modificando, repitiendo, defendiendo y perpetuando una “verdad”: estamos en una situación de riesgo mortal como nunca antes y sólo la autodisciplina, la obediencia, la sanción de los díscolos, de los inconscientes, de los defensores del virus (o de su inexistencia, que paradójicamente da lo mismo) son los comportamientos que se deben implementar, apoyar, naturalizar, vigilar, delatar y castigar si es preciso, para no salir de ese paraguas protector de políticos, técnicos multidisciplinarios, desinformados y obsecuentes periodistas y hombres y mujeres ataviados de miedo y de ignorancia, pero con megáfonos.

Si usted adhiere sin dudas religiosas a la liturgia del Leviatán -la duda mata, la duda exilia, la duda es ahora irracional- el Leviatán promete cuidarlo, del virus y del miedo al virus.

-II-

No falta quien crea sinceramente que una situación excepcional habilita medidas excepcionales y eso es cierto, siempre y cuando  el poder (especialmente el estatal) no se aproveche del insuceso para violentar la Constitución y autoatribuirse superpoderes, cosa que ocurre once de cada diez veces en el mundo. La situaciones de extraordinarias no habilitan apartamiento ni abolición parcial de las pautas normativas que nos rigen; cuando esto se produce, se llama golpe de estado, sin importar las buenas (o no tanto) intenciones del gobernante de turno. Es en todos los mapas, rutinarios o apocalípticos, que las normas regulan y limitan los poderes gubernamentales, así como establecen y protegen los derechos de los ciudadanos. Cada vez que un funcionario público da un paso más allá de lo que la ley le autoriza, la integridad de los ciudadanos da un paso atrás y su confianza en las bondades del republicanismo, naturalmente, empieza a cuestionarse. Cuando ese funcionario es el presidente, multiplíquese el desorden por un número alto.

¿Será que después de tanto alegre abuso progresista, de tanto manoseo, se ha instalado la superstición de que las normas, las constitucionales muy particularmente, han de cumplirse únicamente en escenarios amables?

Es cierto que en ese marco procederá el ejecutivo -procedió- a la expropiación de un porcentaje de los sueldos de un sector de los funcionarios públicos (y en términos bastante más gravosos que los anunciados a la población; si no mintió, se equivocó por mucho). ¿Qué fue eso? Una suerte de solidaridad manu militari de una inconstitucionalidad tan galopante que hasta los frenteamplistas fueron capaces de percibirla. La medida era razonable, simpática, demagógica e ilegal: un abuso de poder, en fin, con muy nobles propósitos; un microgolpe de estado, pero con secuelas altruístas. 

Por lo demás, pudo y debió el presidente no hacer tanta gentileza con sombrero ajeno y, llegado el caso, que la medida confiscatoria recayera únicamente sobre los cargos de particular confianza. Igualmente, debe recordar usted que si el poder -del cual es una pequeña parte el gobierno-, si el poder se desborda de modo tal y da por tierra el gobierno con la matriz del orden jurídico, es -siempre, siempre, siempre- por su bien (el suyo de usted).  

Pero no hay caso, da la impresión de que fue tal el desprestigio, o el prestigio tan menor que tuvo la observancia de la Constitución en los últimos tres lustros, que el desapego ese ya se normalizó en nuestra clase política. Tampoco el nuevo gobierno da muestra de tenerla en mucha mayor estima que sus contrincantes partidarios.

El apego a lo constitucional ya ha dejado de ser para los uruguayos un valor innegociable y -luego de los sustantivos aportes de Vázquez y Mujica en tal sentido- casi que podría compilarse un voluminoso tratado con la multiplicidad de argumentos -de todo tipo, tamaño, color y calaña- que habilitan su inobservancia según los caballeros mencionados recién y sus secuaces.

Aparte y seguido. Dos líneas para la ley 18.889. Esta granada cuya espoleta ya había sido retirada en diciembre del año pasado, se promulgó entre gritos y tapabocas, tramitada como preceptiva de urgente consideración: la LUC probablemente tenga algún mérito; la constitucionalidad no es uno de ellos. Pero será, sin duda, uno de los ejemplos más esclarecedores y frecuentados por los docentes, a fin de que un estudiante de preparatorios de derecho comprenda, bien claramente, qué cosa no es una ley de urgente consideración.

Para muestra basta un botón y van dos. El tercero se ha ganado el privilegio de ser reproducido sin comentarios: “No sé si no va a tener que haber otra dictadura para que estos sabandijas se terminen”; la expresión es del presidente blanco de la Junta Departamental de Tacuarembó, Felipe Bruno, y la profirió al ser consultado por una publicación de la intendencia local que establece que el político tiene una deuda de 460 mil dólares por concepto de contribución inmobiliaria (08/VIII/20). Un carta de arrepentimiento y un tironcito de orejas satisfizo a las autoridades partidarias: estamos en tiempo de elecciones y vale todo (allí anda Carlos Moreira, juntando votos, para su regreso, en Colonia). 

Vibrando en la misma cuerda que Bruno, el aspirante a la Intendencia de Soriano por Cabildo Abierto, el militar retirado Alberto Loitey, que fue oficial del Batallón de Infantería Nº 9, en Fray Bentos  -donde el 16/IV/84 fue torturado y asesinado el Dr. Vladimir Roslik- declaró hace unos días que el Dr. Roslik: “… murió por un paro cardíaco, como muere cualquiera”. 

Queda bien claro: el cinismo, el desprecio por la verdad y las agachadas éticas no son patrimonio exclusivo de la izquierda.

Visto los hechos, el celoso apego a la Constitución no es una preocupación de primer orden (tampoco) de esta administración y la pandemia luce, de golpe y porrazo, entreverada con temas tales como el allanamiento nocturno, que viene a colarse en medio de estas nieblas, como si nunca hubiera sido discutido. La maniobra política es burda y -costumbre que se ha vuelto nuestra- desconoce un pronunciamiento popular desaprobatorio a fin del año pasado. Se reedita sin variantes el añejo procedimiento por el cual el estado, consciente de su ineficacia, se la achaca a las ropitas legales que lo encorsetan o a la falta de recursos, o a las dos cosas, y pide que autoricemos su desnudez y su omnipotencia. Por su bien, el de usted.

-III-

Asumir el mando personalmente, desde lo político, desde el sitio que se le asignó y con las facultades que fue votado, ha sido el mérito mayor del Luis Lacalle Pou. Un presidente, en definitiva, que se hace cargo; habíamos, también, perdido eso. Además, el hecho cobra especial destaque cuando se advierte que, en otro lugares, los mensajes y comunicación de medidas estuvieron en manos de equipos técnicos de los servicios de salud: asistimos al retorno de los brujos. 

Aún así, el primer mandatario no cedió a la presión de decretar una cuarentena obligatoria. La pedía nada menos que el Dr. Tabaré Vázquez desde la vereda de enfrente y muchos de sus asesores más cercanos, desde la propia. Dos razones, según sus propios dichos, militaron en esa orientación: no se dan órdenes cuyo cumplimiento compulsivo no se puede asegurar ni su incumpliendo reprimir y, además, primaron sus convicciones (aplausos) sobre el valor de la libertad individual. 

Esto último está hoy exiliado del patrimonio ético de los gobernantes de la región. Allí están Alberto Fernández y Lula (¡cómo vendrá la mano!) que no me dejan mentir: para ellos, y así se lo predicaron a sus seguidores y también a sus adversarios en plena pandemia, no hay desgracia más grande que no contar con la asistencia y el auxilio del estado. La desgracia, la cara verdadera de la desgracia es que el estado te abandone, dijo Alberto.

Supo Lacalle rodearse de gente experta, confiable y criteriosa pero -como ya se ha señalado por ahí- el equipo no se distingue demasiado de una sucursal local de la multicuestionada Organización Mundial de Salud.

Veamos. ¿Se habilitó entre nosotros un debate que considere desde perspectivas diferentes a la oficial (bueno, desde una, cualquiera, mirada distinta) el manejo del asunto?¿Nos hemos apartado en algún aspecto de las muy cambiantes opiniones de la OMS en estos meses o nos limitamos a mudar de criterio con ella y sus sinuosidades? 

Lo sustantivo, entre nosotros: ¿es posible esa discusión?, ¿por qué el gobierno nacional la ningunea y los medios de comunicación a su servicio la ignoran olímpicamente?

Es factible que uno, algunos o todos, de los que se enriquecen con esto, argumenten ante los disidentes que no hay razones para cambiar las medidas tomadas, ya que los resultados no han sido del todo malos. Es cierto, los resultados no han sido del todo malos, pero no se ha probado que esa consecuencia (nexo causal) sea fruto de las decisiones adoptadas. Hay, además -y la Inquisición izquierdista y sus altoparlantes es la más silenciosa- episodios de censura en las redes sociales que se han vuelto de una naturalidad más que peligrosa. 

La disidencia debe ser silenciada; por su bien, por mi bien, por el de todos.

Igualmente, el virus de la corona no podrá con el ogro filantrópico, ya que se alimenta de él. Y él nos cuidará del bicho coronado y de las otras  personas -enemigos todos- y, muy especialmente,  me cuidará de mi propia, ingenua, libertad. Y de la suya, claro, que para eso le pagamos.

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