POLÍTICA

Por Ramón Paravís

1.

Tres sonrisas consecutivas y una carcajada larga. Eso fue Mujica cuando escuchó al senador Penadés emitir la frase por vez primera, y cuando un minuto después la repitió un diputado oficialista, y cuando el informativo del 4 la subrayó con gesto aprobatorio y carita feliz: para el gobierno, lo científico está por encima de lo político. Puso el agua hirviendo en el termo, cebó el primero, chupó, escupió. Cuando él dijo que lo político estaba por encima de lo jurídico, establecía exactamente lo contrario: postulaba la supremacía total del poder político, desembarazado de toda limitación, despojado de cualquier freno. Al explicitarlo, enunció -otra vez, en ese entonces ya desde el gobierno- su desprecio por los obstáculos legales: el poder estatal con libertad para desplegarse, aliviado de ropitas jurídicas, danzando en ese escenario donde el que manda desconoce prohibiciones y se saltea formas en pos de un objetivo que se supone acertado y noble, aunque menosprecie garantías y se luzca la arbitrariedad, aunque naufrague en el voluntarismo y  la corrupción eche vientre. El poder es el poder y punto. No entienden nada, Manuela, no entienden nada- dijo. Luego empezó a reír cada vez más fuerte, hasta atorarse. Dejó el televisor encendido para nadie y se fue a buscar un poco de agua, un poco de pasto, unos zapatos decentes. 

Lo jurídico es el único límite externo de lo político, es la arquitectura en que se encapsula el poder estatal. El funcionamiento de ese dispositivo complejo, su estructura, sus funciones, atribuciones y potestades, el modo en que habrá de ejercerlas, dentro de qué encuadre, en qué oportunidades, a través de qué agentes, seleccionados de qué forma, a qué fines, todo ello ha de ser predeterminado legalmente; ese es el palo que Mujica sentía en la rueda de su voluntad gobernante. Entonces, como si fuera una elección posible, con la naturalidad de quien dice un disparate gigante que pasará por bueno, lanzó aquella declaración de principios que bien lo pinta.

Ya pasó cierto tiempo y, sin embargo, sus adversarios lo citan todavía de manera indirecta. 

La formulación “X está por encima de lo político” ( o por debajo) remite a Mujica inequívocamente y allí radica buena parte de la confusión. 

2.

Hacer uso de dicha estructura y concluir otra fórmula es, de alguna manera, sugerir que ante aquella construcción (lo político está por encima de lo jurídico), se  esgrime esta (lo científico está por encima de lo político); en este estado de cosas, la regla es esta. Y eso es, por todos lados, una tontería y un peligro.

Cuando el senador Penadés dice en nombre del gobierno lo que dijo, se lo repite, etc., no parece que se advierta el alcance ni la gravedad de lo enunciado, al menos no con esa calma un tanto triunfalista. Porque, palabras más, palabras menos, se está diciendo que hay consideraciones (lo científico) que se imponen a lo político (valoración de conveniencia, oportunidad y mérito), lo que equivale a trasladar el poder de un estamento al otro. 

El político -es tan obvio que se soslaya en ocasiones- ha sido elegido popularmente para desempeñar equis cargo y tomar  las decisiones correlativas; el científico no, y está bien que así sea, sus roles no son intercambiables.

Por lo demás, nada menos científico que el discurrir de lo científico en estos días. Para su desarrollo, la ciencia requiere la discusión, la verificación, la confrontación, el debate permanente, la permanente curiosidad, la duda metódica, el más completo desinterés, la libertad más absoluta. La secta dominante -en este presente de censuras y cancelaciones, con teología y clero incuestionable- no permitiría herejía semejante.

El político va en pos de una transferencia de autoridad y termina declinando la suya. Es como si se hubiera ensayado un truco mujiquista y hubiera salido todo mal, muy mal, o al revés. Porque hay mucho de mujiquismo invertido en esa frase, en esa mirada. Acaso es eso lo que rechina tanto, lo que de traspaso de decisión respiran los dichos del vocero oficial, ese ampararse en un afuera determinante, esa huida al momento de hacerse cargo. 

Esta renuncia o abdicación -al menos conceptual, aunque se verá que es bastante más- anunciada ahora como una bondad, se contradice a dos niveles con la práctica exhibida por el oficialismo. 

Desde marzo de 2020 a la fecha, quedó claro que lo corporativo no es bien visto por este gobierno, que ha tratado de minimizar la incidencia legal de las asociaciones de todo tipo cada vez que ha podido. (Igualmente, anótese que hay al respecto visiones diferentes en el seno oficialista: recuérdese el escandalito protagonizado por el sindicato de fiscales -secundado por el fiscal de corte y por el ministro del interior- al no ser incluido en un consejo honorario consultivo en el articulado de la ley de presupuesto que votó el senado. La postura de presidencia era muy clara, aunque no compartida, en este caso, por Jorge Larrañaga). 

Además, la responsabilidad política de las decisiones ha sido reclamada personalmente y para sí por el presidente en forma sostenida. Lacalle Pou supo leer la demanda cívica y basó toda la publicidad electoral de la segunda vuelta sobre la idea de reclamar el privilegio y el deber, la facultad y la responsabilidad de conducir, fincando el énfasis en hacerse cargo. Ya presidente, ha mantenido esa postura en todo momento, especialmente en los ingratos; no hay razón para pensar que cambie.

No obstante, parece tal la necesidad de aventar toda idea de que con el asunto de las vacunas el gobierno “hará política” (la confusión entre política e interés partidario o sectorial ya deja el asunto mal planteado) que este renuncia retóricamente a gobernar y traslada ese poder-deber al estamento científico, lo que desde alguna perspectiva es trasladarle también la responsabilidad o desligarse parcialmente de ella. El político vestido de civil se suicida y entrega el poder a los políticos de estetoscopio. 

¿Cómo se llegó a decir algo así? Se confunde lo científico con la administración de la salud pública y esto con las corporaciones médicas y los laboratorios. Desde allí, todo lo que viene después es un gran zafarrancho, una gran mujicanización conceptual.

Esta clase de sancocho del pensamiento tiene casi siempre algo de culto por las innovaciones, por la espontaneidad de las demandas asistidas de un supuesto sentido común que enseguida se revela delirante. El presidente del colegio médico, Blauco Rodríguez, anunció el día 11 que presentaría un proyecto a la suprema corte de justicia. Vale la pena detenerse aquí, con prescindencia de cuál fue el planteo puntual. 

Por un instante, piénsese en las funciones de la suprema corte como órgano vértice de un poder del estado; seguidamente, téngase presente que el colegio médico es una persona pública no estatal que regula el ejercicio de la medicina en sus aspectos éticos, deóntológicos y deceológicos. ¿Qué temas pueden vincular al colegio con la corte? Los relativos a jueces y médicos, para decirlo claramente. Pero no. El proyecto médico consiste en que, para el caso de infracción a medidas sanitarias -mencionan la organización de fiestas clandestinas y  las aglomeraciones en especial- se condene a un tipo específico de medidas sustitutivas.

«En uno de los lugares que podrían ayudar es en los hospitales. Hay un sinfín de actividades que hacen a lo peri asistencial, como el mantenimiento, limpieza, conserjería, movilidad de expedientes, movilidad fuera en cuanto a transportar productos, ayudar a las familias que vienen de interior», enumera Blauco y da a entender que la lista no se termina allí. El doctor Rodríguez, médico titulado en 2007, experto en medicina de emergencia, explica que esta clase de sanción persigue una función educativa respecto del infractor y una intimidatoria (habló de gesto “comunicacional”) respecto del resto de la sociedad. En suma, el colegio desea plantear a la suprema corte de justicia sus aspiraciones punitivas y la finalidad didáctica y precautoria de las penas sugeridas.

3. 

Tres trajes azules, en la misma línea, de espaldas. Cruzaron el Paseo de los Derechos Humanos , se detuvieron un minuto en la puerta con blandengues ausentes, e ingresaron al Palacio Piria en orden que se diría jerárquico: el ya mentado doctor Rodríguez, el doctor Federico Machado de la regional este del colegio y el abogado Pablo Schiavi. Media hora después, entusiasmados, hablaron en vivo para los informativos de las 12.30; a las 19 y a las 24 repetidos.  Además de insistir en las medidas  (llegaron a 11 los ejemplos peri asistenciales, el 10 era cortar el pasto y el 11 lavar las ambulancias), manifestaron que lo suyo era “nada más que una sugerencia” y que su aplicación suponía “un acuerdo entre jueces y fiscales”, destacaron la receptividad del órgano judicial y anunciaron que el martes harían el mismo planteo a la fiscalía general de la nación

¿Desde cuándo el ámbito de lo médico se desbordó al punto de pretenderse en condiciones de plantear aspiraciones relativas a condenas o asesorar a la administración de justicia sobre el más deseable sistema punitivo respecto a ciertos delitos? 

El mismo lunes, horas antes de la reunión, la prensa informó que la primera quincena de enero cerró con 1.388 intervenciones policiales por razones vinculadas a lo sanitario y unas 300 de prefectura naval e infantería del ejército; solamente el sábado pasado hubo unos cincuenta operativos en el este, algunos con incidentes y 13 detenidos por presuntos desacatos y atentados. De seguirse el temperamento del colegio, los sancionados irían a parar a los hospitales, pero -se aclara- no se trata de que el condenado sea “un problema” para el servicio y eso se evita asignándole tareas como las señaladas.

Ahora bien, la propuesta de los médicos castigadores alarma por su incapacidad de percibir el riesgo que supondría para la salud del condenado ponerlo en ese escenario, afectarlo a servicios hospitalarios en tiempo de pandemia, alojarlo en el hogar del virus. Esta clase de razonamientos (una especie de “para que aprenda y aprendan todos que eso no se hace”) son los que terminan, pasos más, pasos menos, preconizando soluciones extremas: la ineficacia de ciertas medidas se atribuye a una falta de énfasis o a una severidad insuficiente en la represión, por lo que hay que aumentar siempre, en un espiral interminable, los grados de severidad. 

Puntualmente, Rodriguez se encargó de aclarar que no se asignaría al condenado tareas en las que moleste o perturbe el servicio asistencial, pero atendiendo siempre la eficacia del servicio y olvidando la salud del sancionado. Tal vez ello se deba a que los derechos humanos no son una variable que los médicos estén habituados a manejar en el contexto natural de sus decisiones, por eso no la manejan; y por eso su actuación no debe exorbitar el territorio que le es conocido.

Detrás de este acné punitivo y didáctico de los hombres de estetoscopio, unos días detrás, está la frase de Penadés abriéndoles el camino, luego repetida por muchos; Álvaro Delgado incluido, para su más clara identificación con el gobierno, gobierno que presume de tener “espalda científica”. 

Se lo han tomado en serio los médicos que, por otra parte, sienten que las fiestas clandestinas y las aglomeraciones son una falta de consideración a su trabajo y no a la salud pública, al menos comprendida esta como algo separable de la tarea personal de aquellos. Los galenos pretenden ser el sinónimo exacto de la salud pública y lo serán si el político no les pone freno. 

Por encima de lo político solo está lo jurídico y cualquier otro elemento que implique declinación del poder de decisión y responsabilidad conspira contra la política y contra la república.

Esta insólita iniciativa del colegio médico, este plantarse a sugerir actitudes judiciales deseables al máximo órgano de la administración de justicia, por risible que parezca ahora, no anuncia cosas buenas.

Primum non nocere, dice el aforismo más citado del juramento hipocrático: lo primero es no dañar al paciente. Este juramento forma parte de las obras del médico griego Hipócrates y sus discípulos, escritas en el siglo V a. C. El padre de la medicina occidental hacía que sus seguidores recitasen solemnemente este juramento, costumbre que se extiende hasta nuestros días, cuando los estudiantes se gradúan. Se ha observado, con razonable alarma, que sería absurdo que los cocineros tuvieran que comprometerse a no envenenar a sus comensales.

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