POLÍTICA

Enorme es el listado de noticias que se reciben en los últimos tiempos sobre el narcotráfico. Pero, aparte de numerosas, llama la atención que el narcotráfico, y otras formas de crimen organizado, abarcan ya de manera directa o indirecta a todos los países latinoamericanos. Además, ya se sabe que los afectados no sólo son los Estados, sino las sociedades mismas. Surgen entonces dos preguntas, ¿hacia dónde conduce esto y qué efectos de largo plazo puede tener? Hay elementos indiciarios suficientes como para pensar que el paciente menos llamativo en todo esto -pero no por eso menos importante- es la democracia. Por cierto, una tendencia muy lamentable.

Por Iván Witker

El narcotráfico, y otras formas de crimen organizado, abarcan ya de manera directa o indirecta a todos los países latinoamericanos.

Para poder examinar este problema, podríamos recurrir a los elementos indiciarios más escalofriantes. Es decir, al tipo de mutilaciones, de decapitaciones y tratos horrendos a que fueron sometidas las víctimas en sus horas finales (y muchas veces en su estado de cadáver al ser disueltos en ácido). Sin embargo, sobre eso ya se ha escrito bastante en ámbitos de la sociología, la sicología, la antropología y en los estudios de seguridad. Son carnicerías ante las cuales las naciones civilizadas no pueden sino conmoverse hasta sus cimientos.

Son carnicerías ante las cuales las naciones civilizadas no pueden sino conmoverse hasta sus cimientos.

Pero también hay otros datos que sirven mejor para una aproximación desde la politología. Son las tendencias estadísticas básicas. Y bastan tan sólo dos. El reconocimiento de parte de las autoridades mexicanas, el 15 de abril, de haber llegado a los 105 muertos diarios producto del narcotráfico. Y, segundo, que en el primer semestre de este año hubo 19 mil asesinados por el mismo motivo. Ambos datos nos permiten sostener, como altamente probable, un cambio de percepciones en cuanto a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Si estas tendencias se mantienen, ambos períodos presidenciales terminarán siendo pálidos puntos de comparación. Calderón finalizó su período con 60 mil asesinados, Peña Nieto con 80 mil y AMLO terminará con una cifra superior a los 220 mil.

Luego, tenemos elementos indiciarios de tipo cualitativo, formados por la secuencia de hechos ocurridos en muy pocos meses, desde octubre del año pasado a la fecha. El primero fue la liberación a sangre y fuego de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, en Culiacán, Sinaloa. El episodio dejó en evidencia, no la precariedad policial, sino la imposibilidad del Estado de igualar la capacidad de fuego y la convicción de combate de las milicias del vástago.

Dos meses más tarde, en diciembre de 2019, el cártel del Noreste atacó el poblado Villa La Unión, Coahuila, con vehículos blindados pesados y armas de grueso calibre. Nunca antes el narcotráfico había utilizado armas de estas características. Y un mes más tarde, el cártel de Sinaloa asesinó a mansalva a la familia Le Bron, perteneciente a una comunidad mormona residente en México. El hecho, ocurrido en la localidad de La Mora, Sonora, tironeó fuertemente las relaciones con EEUU.

Así llegamos al más significativo hecho de toda esta secuencia, cuando hace escasas semanas, el secretario de Seguridad del Distrito Federal, Omar García Harfuch fue salvajemente ametrallado en pleno Paseo de la Reforma. La dirección de las balas y el lugar seleccionado hablan de un ataque con claros indicios de no querer asesinarlo, sino de -algo usual en el crimen organizado- mandar un mensaje claro y no destinado al olvido. Esta vez fue el cártel Jalisco Nueva Generación.

el secretario de Seguridad del Distrito Federal, Omar García Harfuch fue salvajemente ametrallado en pleno Paseo de la Reforma.

Esta dramática secuencia invita a pensar que el Estado mexicano se encuentra sobrepasado y no reúne condiciones objetivas (ni legales, ni de seguridad ciudadana ni de inteligencia) para enfrentar a enemigos tan formidables. Por lo tanto, cabe preguntarse sobre lo que ocurrirá cuando el fracaso de AMLO sea asumido definitivamente por la sociedad entera, desde las elites empresariales hasta esos habitantes de la Oaxaca y el Tabasco profundos que apenas se enteran de lo que ocurre más allá de los montes. Hasta ahora, pareciera ser un regalo del cielo que los cárteles se mantengan rivalizando entre sí, enfrentándose y desgastándose, sin llegar a una alianza inter amicus, que sería fulminante.

Vistas así las cosas, ¿qué más podría ocurrir en México. Veamos.

El primer tema preponderante es la exasperación de la sociedad civil. Esta tomó una senda irrecuperable tras el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa en 2016. Irrecuperable porque marcó el límite. Quedó en evidencia la clara imposibilidad de las autoridades del Estado de ir más allá de los lamentos.

Un segundo tema es el acelerado desgaste del gobierno de AMLO. Manejo errático en lo político, intrascendente en lo económico y medidas que no se sabe muy bien cuál es el objetivo y el destinatario. Pareciera querer hacer de borracho y cantinero a la vez, como dice una de las más conocidas rancheras mexicanas. La mayoría de sus decisiones son percibidas como fracaso estrepitoso, cuando no directamente como un hazmerreír. La venta del avión presidencial (que al fracasar se le incluyó en una rifa ciudadana), la creación de una Guardia Nacional a la que nadie quiere entrar, la apertura al pueblo de la residencia de Los Pinos y tantas otras medidas, invitan a pensar que los brotes verdes que se vieron en AMLO no fueron más que capullos marchitos y que quizás todo sea cosa de tiempo.

Ahora bien, la situación mexicana, puesta en el contexto latinoamericano, pareciera ser algo excepcional. Y sí, de algún modo lo es. En pocos otros lugares se observa esa fatídica combinación de cárteles en plena ofensiva con inoperancia política de las autoridades. En otros países, lo que se divisa es más bien una concurrencia del crimen organizado -no necesariamente asociado al narcotráfico y, si lo está, lo es a menor escala y sin los niveles de brutalidad de los cárteles mexicanos- con un tipo de corrupción del todo abrasiva para la institucionalidad política.

Un buen ejemplo es Argentina. Allí conviven diversos tipos de criminalidad organizada que parecieran operar con lógica de geometría variable; es decir avanzando en la dirección y a la velocidad que ofrezcan las circunstancias. Por lo mismo, no podría sostenerse a priori que bandas del narcotráfico estén tras los conmovedores asesinatos de los últimos años. Hace algún tiempo fue el del fiscal en el caso AMIA, Alberto Nisman (jamás aclarado) y ahora de Fabián Gutiérrez, antiguo secretario privado de Cristina Fernández (y que estaba colaborando en el obsceno caso de corrupción llamado los Cuadernos). En principio, estos crímenes (selectivos y con mensajería incluida) parecen indicar que la criminalidad organizada argentina parece circunscribirse, por ahora, al sicariato incrustado en la esfera política.

Es la propia naturaleza del sicariato la que invita a asumir la citada lógica de la geometría variable en este país. Por ello sería erróneo como hipótesis descartar a priori que estos crímenes políticos estén del todo ajenos al narcotráfico, porque este flagelo también acosa a todo el país y nadie sabe realmente hasta dónde llegan sus tentáculos.

Desde hace algunos años son más que evidentes las muestras de impotencia de las autoridades ante la porosidad del Noroeste (NOA). Además, numerosos estudios dan cuenta de la proliferación de niños-soldados para custodiar depósitos clandestinos, vigilar santuarios o servir de emisarios. Especialistas creen que, por la alcalinidad de su hoja de coca, Argentina no es ni será productor, sino país de tránsito. Se puede asumir entonces que la penetración en las estructuras estatales es una prioridad de los grupos criminales que allí operan.

Además, numerosos estudios dan cuenta de la proliferación de niños-soldados para custodiar depósitos clandestinos, vigilar santuarios o servir de emisarios.

La prensa entrega a menudo informes sobre la presencia de tenebrosos cárteles brasileños, como el “Primeiro Comando da Capital”, el “Comando Vermelho”, el “Tercer Comando Puro y los “Amigos dos Amigos”. Unos más y otros menos, todos parecieran haber alcanzado niveles adecuados para operar desde grandes bases en Paraguay hacia esa terra nullius que es el NOA, y avanzar hacia el centro del país, con fuertes sospechas de entramados para el lavado de activos en el sur patagónico. También con cierta regularidad, la prensa local informa -aunque quizás no lo suficiente- que la otrora próspera urbe de Rosario es considerada un importante centro logístico por unir la ruta norte (que trae droga desde Paraguay hacia el conurbado bonaerense) con la del sur.

Como sea, la sociedad civil argentina también pareciera estar entrando a esa exasperación tan palpable en México. El desenlace del caso Fabián Gutiérrez entregará sin duda señales interesantes en tal sentido.

Luego, la lógica de la geometría variable sirve también para apreciar cómo más al norte –en Colombia y Venezuela– se socavan las instituciones estatales. Un fenómeno que, en Colombia más que evidente desde hace un par de décadas, y en Venezuela más reciente.  Hay indicios que la línea de mayor peligrosidad se observa en este último. La entrega del general venezolano Cliver Alcalá a autoridades estadounidenses, en marzo de este año, permitió tener una idea más acabada de cómo opera el cártel de los Soles, cuyo liderazgo es adjudicado a Diosdado Cabello. Un punto menos peligrosas que aquel son las bandas “Cota 905”, “Los Monki” y “Los Mejías de Antímano”, aunque los testimonios las vinculan reiteradamente con la policía y grupos de choque chavistas. Quizás el inminente juicio al colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, entregue antecedentes más fidedignos y acuciosos.

Ambos hechos dan una idea de lo enquistado que están estos cárteles en la periferia, al menos de Santiago y de Valparaíso.

Para nada ajena a este desolador panorama es la inquietud de los habitantes de Santiago ante los cada vez más frecuentes e inauditos narco-velorios, así como la aparición del sicariato en el escenario delictivo del país. Ambos hechos dan una idea de lo enquistado que están estos cárteles en la periferia, al menos de Santiago y de Valparaíso. Los narco-velorios, tan generosos con sus áreas colindantes, es donde se aprecia esa impronta robinhoodiana que caracterizó a los cárteles de Roberto Suárez en Bolivia, de Cali y Medellín en Colombia cuando el fenómeno recién despuntaba en América Latina. Muestran, además, las dificultades policiales para pesquisar este tipo de delito.

Muestran, además, las dificultades policiales para pesquisar este tipo de delito.

Por otra parte, no podría decirse que sea ajena a este panorama aquella sensación de estado fallido que viven millones de centroamericanos y que los mueve a formar dantescas caravanas de migrantes. Personas y familias tomando camino hacia un algo muy incierto, pero claramente superior al infierno en que han convertido a sus países las maras salvadoreñas y otras redes criminales, como la “Colonia 1 de Diciembre” y “Carrizal”; ambas de Tegucigalpa. ¿Qué puede pensar sobre la clase política de su país un hondureño, tras ver acusado de vínculos con el narcotráfico a un diputado, hermano, además, del Presidente de la República?

En suma, el panorama regional es ígneo y exhibe suficientes elementos como para sostener la idea de estado fallido. Es decir, países con estructuras formales, pero incapacitados para controlar el territorio, ejercer la autoridad y proveer servicios públicos en un ambiente de relativa tranquilidad.

Podría contra – argumentarse que aquello no es válido para todos los países de la región. Ciertamente. Incluso podría aceptarse la idea de una inestabilidad endémica, fundida en esa explosiva combinación de pobreza, protagonismo caudillista de sus políticos, carencia de marcos jurídicos en materia de seguridad, corrupción y crimen organizado. Es decir que el narcotráfico esté actuando sólo como acelerante. Si asumimos aquello, tendríamos entonces una variante afincada en la idea de únicamente porciones del territorio con bajo o nulo imperio de la ley (lawless areas). Una variante en todo caso que no elimina la pertinencia de preguntarse acerca de la incidencia del crimen organizado en la política latinoamericana.

Situados en cualquiera de las dos hipótesis, México está a la cabeza. La secuencia señalada, desde octubre a la fecha, apunta a que la presencia del piloto definitivamente no asegura la claridad del rumbo. Es la excepcionalidad mexicana que se mencionaba.

En tal sentido, Robert Kaplan apunta a que un fenómeno de anomia política tan profundo (y la latinoamericana lo es), bien puede provocar fracturas de enorme calado. En buen romance, eso significa cambios geopolíticos. Por lo tanto, un país grande en población y territorio, gravitante por su ubicación respecto a sus vecinos, sumido en la imposibilidad de mantener el orden y con una sociedad consumida por la exasperación, bien puede abrirse a la posibilidad de una balcanización. Es decir, a adoptar un camino donde cobren vida organizaciones políticas, si bien menores, dotadas de mayor cohesión y compromiso societal. Es decir, darles paso a estructuras políticas más acordes a los imperativos.

En buen romance, eso significa cambios geopolíticos.

El camino hacia una balcanización no debiera motivar escándalos. R. Levene ya hablaba del parto prematuro de muchos Estados latinoamericanos (porque, a fin de cuentas, estos territorios no eran colonias realmente, señalaba); por eso surgieron comunidades políticas más bien febles y dominadas por caudillos. Para Levene, esto explica las democracias sin ciudadanos (una idea desarrollada luego por Victoria Camps), tan predominantes en América Latina.

Mirado en esta línea, México exhibe demasiadas vulnerabilidades (internas y externas), las cuales, junto a una buena cantidad de reminiscencias históricas y carencia de unidad geográfica, se retroalimentan. Son características que recuerdan la noción de efecto fertilizante, como el gran historiador británico Hugh Trevor-Roper llamaba a las ideas que permanecen en lugares recónditos de la política.

Entre las vulnerabilidades internas más gravitantes, figuran la falta de liderazgo político a nivel federal, la polarización entre los Estados y al interior de cada uno de ellos, el síndrome catalán(existencia de Estados que más aportan al PIB y que no ven grandes ventajas en seguir manteniendo a los que menos aportan), fragmentación política y muchos otros. No debe, por lo tanto, asombrar que en círculos políticos mexicanos se esté empezando a hablar ya de una “disociación fiscal de los Estados del norte”.

Luego, la idea de una posible balcanización se apoya en ciertas reminiscencias históricas que pueden actuar como efecto fertilizante. Yucatán y Tabasco, por ejemplo, se escindieron del México federal a mediados del siglo 19 y se reintegraron años después, mientras que Chiapas fue parte de la República de Centroamérica, luego independiente y más tarde fue presa de disputas entre Guatemala y México, siendo anexado por este último recién en 1882. Muy interesante es también el caso de la Nueva Vizcaya, una entidad que se mantuvo alejada de las contiendas independentistas y sólo en 1824 fue integrada al resto del país siendo dividida en las provincias de Chihuahua y Durango. A su vez, en 1840, existió la efímera República del Río Grande (capital Laredo) en lo que hoy se conoce como Estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Esta república no prosperó por el auge de Texas, pero con cierta frecuencia se vuelve la atención sobre su significado y sobre lo que pudo haber sido.

Por último, México carece de unidad geográfica. Dos cordilleras que cruzan de norte a sur, más otras regionales y con mesetas y valles accidentados, dejan en claro que el territorio es desunido, por decir lo menos.

Que Mendoza reúne todas las condiciones para avanzar hacia la independencia.

En tanto, otro país que tiene la eventualidad de una balcanización en el horizonte -aunque mucho menor que México, desde luego- es Argentina. Hace escasas semanas, Alfredo Cornejo, exgobernador de Mendoza y actual diputado federal por la UCR, señaló algo que nadie quiere reproducir. Que Mendoza reúne todas las condiciones para avanzar hacia la independencia. De paso, criticó al gobierno federal por obstaculizar el avance de determinadas obras. Cornejo pudo haber profundizado en varias líneas. Que los golpes más certeros recibidos por el narcotráfico en Argentina han ocurrido en esa provincia. O que una particularidad observada en todo el país es la diferencia abismal entre las realidades andinas y las atlánticas, o las del norte y las del centro y ambas respecto a las del extremo sur. Cornejo pudo haber recordado también que el gran empleador en las provincias del norte son las débiles estructuras gubernativas provinciales y de la Nación, y, lo que es peor, con el nuevo default, la clase política del país ya ha empezado a jugar sus últimos cartuchos.

En síntesis, el crimen organizado está teniendo una incidencia política mayor de la que se sospecha.

En síntesis, el crimen organizado está teniendo una incidencia política mayor de la que se sospecha. Ha hundido a prácticamente todos los países de la región en una crisis que quizás sea la más grave de su historia, con numerosos damnificados. El narcotráfico -unido a las secuelas de Covid19- está permitiendo constatar que los latinoamericanos se están acercando finalmente al abismo. En tal contexto, las preocupaciones por la calidad de la democracia parecieran casi una discusión bizantina.

El narcotráfico -unido a las secuelas de Covid19- está permitiendo constatar que los latinoamericanos se están acercando finalmente al abismo.

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