COLECTIF STopMICRO / ¿Es posible imaginar una inteligencia artificial local, responsable, ecológica y bajo control? El colectivo STopMicro, que lucha contra la expansión de las fábricas de semiconductores (y todo el modelo de sociedad que conllevan), analiza aquí la cuestión de la «soberanía digital», es decir, la capacidad de un Estado para contener y regular una tecnología que, por definición, no conoce fronteras.
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A principios de junio, ante la preocupación por la potencia de cálculo desarrollada por dos IA de la empresa Anthropic, el Gobierno estadounidense obligó a esta última a bloquear el acceso a algunos de sus programas a los usuarios que no fueran ciudadanos de los Estados Unidos. Así fue como el viernes 12 de junio, Anthropic interrumpió el acceso a sus dos IA, Mythos 5 y Fable 5, en todo el mundo.
Preocupados a su vez por esta nueva situación, en la cual el país de origen de una IA puede decidir en cualquier momento cortar su acceso, los periodistas y políticos europeos llegan todos a la misma conclusión. Frente a la dependencia de los europeos de las tecnologías estadounidenses, sostienen que sería necesario desarrollar una «soberanía digital», es-decir, una industria digital local (semiconductores, software y alojamiento de datos). Sin embargo, esta propuesta de «soberanía digital», que goza de un consenso general, nos parece tanto irrealista —debido a la naturaleza globalizada de la industria digital— como políticamente intrascendente —ya que no cuestiona el modelo de desarrollo tecnológico que es, precisamente, la causa de nuestra dependencia—. Más aún: fomenta la huida hacia adelante tecnológica y sus múltiples perjuicios. Por lo tanto, rechazamos esta consigna ilusoria.
CONSTATACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Comencemos por el diagnóstico. Es un hecho que Francia y Europa dependen del resto del mundo para su acceso al entorno digital. Dependen de los Estados Unidos, por supuesto, ya que son los líderes en el ámbito del software. Pero la dependencia va más allá. En efecto, el mundo digital se divide en varios mercados: el software, del que forman parte las IA como las de Anthropic; el alojamiento de datos, es decir, esos servidores en los que se almacenan los datos y que están ubicados físicamente por todas partes (los datos de Google se almacenan en los Estados Unidos, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Brasil, Chile, Japón, China…); y la producción material de chips electrónicos, el componente básico de la tecnología digital. Para estos semiconductores, la investigación y desarrollo (I+D) se realiza principalmente en los Estados Unidos, mientras que la producción se concentra en el Sudeste Asiático (especialmente en Taiwán, donde se centraliza el 75 % de la producción mundial). A esto habría que añadir la fabricación de las máquinas de litografía (en los Países Bajos, con la empresa monopolística ASML) y el ámbito del empaquetado de chips (esencialmente en Asia). Todo ello se fundamenta en el indigno suplicio de la extracción minera diseminada por los cuatro rincones del planeta (América, África, Asia…) y que resulta necesaria para la fabricación de los chips y de las baterías que alimentan los pequeños, medianos y grandes objetos digitales.
De todo esto se deduce que Francia y Europa no son independientes en el ámbito digital. La interrupción del servicio por parte de Anthropic, al igual que ocurrió en 2021 con la escasez de chips electrónicos para la industria europea, no hace más que revelar una situación instalada desde hace mucho tiempo.
FRENTE A LA DEPENDENCIA DIGITAL: ¿«RELOCALIZAR»?
La respuesta supuestamente se resumiría en una palabra: «relocalizar». Es así como la mayoría de los políticos apelan a implementar la «soberanía digital», dicho de otro modo, a favorecer los centros de datos alojados localmente (como los proyectados en el norte de Francia o en Isère), el software y las IA francesas (siendo la más conocida MistralAI), y a producir semiconductores en Francia (en particular en Crolles, con el proyecto Liberty de una «mega-fab» de STMicroelectronics).
Esta propuesta en torno a la «soberanía digital» genera un consenso político total. La cadena BFMTV describía la situación como «una especie de momento de gracia política, donde todo el mundo estaba de acuerdo». Anne Le Hénanff, ministra delegada para la IA, afirmaba del mismo modo que «la soberanía digital europea es una necesidad». Manifestaciones similares han sido formuladas por la práctica totalidad de los líderes políticos, entre ellos Bruno Retailleau, Jordan Bardella, Édouard Philippe, Gabriel Attal u Olivier Faure. Incluso entre los opositores declarados al capitalismo se jactan de la «soberanía digital»: el partido Francia Insumisa defiende en su programa que, dado que «Francia no debe depender de otros países ni de multinacionales como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (GAFAM)» y «debe poder tomar sus propias decisiones», resulta necesario «crear una fundición francesa de microprocesadores». El periódico Le Monde diplomatique no se queda atrás, reclamando la «soberanía digital» e instando a «los gobiernos europeos a construir su propia industria copiando el modelo estadounidense». Por su parte, el sindicato CGT pide «una política de inversión nacional y europea» dirigida en particular a «los fundamentos [de la tecnología digital]» y específicamente a STMicroelectronics (ya que «el problema es que hoy en día nuestros fabricantes están rezagados»).
Y todos estos llamamientos políticos, mediáticos y sindicales de los últimos años parecen traducirse —al menos en parte— en hechos. Mientras el Estado francés prometió en 2022 un apoyo de 2900 millones de euros a la «mega-fab» de STMicroelectronics (la famosa «fundición francesa de microprocesadores» reclamada por Francia Insumisa), la Comisión Europea acaba de anunciar un paquete legislativo para «reducir su dependencia frente a los Estados Unidos y China», al tiempo que Emmanuel Macron ha añadido 1550 millones de dinero público «para el sector cuántico y los semiconductores» durante la cumbre Choose France a principios de junio de 2026.
Ante este panorama, el entorno de la «izquierda soberanista», antiliberal, sindicalista y ecologista no puede sino congratularse. Unos porque consideran que si se hace en nuestra casa es mejor que en otros lugares; otros porque se supone que todo esto permitirá combatir a las empresas privadas de la tecnología y al fascista Trump; y otros tantos se ilusionan con el hecho de que los perjuicios generados aquí no se producirán en otra parte, en un conmovedor ejercicio de ingenuidad.
Porque esta propuesta de «relocalización», que parece dictada por el sentido común, es en realidad un callejón sin salida por dos razones: una práctica y otra política.
LA SOBERANÍA DIGITAL: UNA PROPUESTA IRREALISTA
La razón práctica radica en la naturaleza misma de la industria de los semiconductores. Es necesario comprender que no se trata aquí de relocalizar la producción de tomates, ropa o calzado, sino una tecnología industrial de una complejidad extrema. «La fabricación de semiconductores es la actividad de fabricación más compleja que se conoce en la actualidad», explica la Asociación Europea de Industrias de Semiconductores (ESIA). Cuando la CGT afirma que «es necesario controlar la cadena de producción de principio a fin», se hace indispensable recordar que los chips electrónicos son un producto puro de la globalización capitalista. A diferencia de los tomates, por ejemplo, los chips requieren una división del trabajo extremadamente avanzada: extracción de minerales, purificación, diseño de maquinaria, investigación de software, fundición, ensamblaje, pruebas… En la actualidad, un chip electrónico con el sello «made in France» da 2,5 veces la vuelta al mundo y cruza 80 fronteras.
Imaginemos una toma de control autogestionaria, socialista y ecologista del sector, una «programación» o una «planificación» como la que reclama la CGT: tal vez se podría reducir ese número de vueltas al mundo a 1,5 (?), pero, en cualquier caso, bajo ninguna circunstancia un chip electrónico puede ser un bien local, procedente de recursos cercanos, procesado en un circuito corto, cuya cadena de producción se controle de principio a fin y que se comercialice únicamente a escala nacional o europea.
Por una parte, porque los recursos necesarios para fabricar estos materiales con propiedades eléctricas particulares que son los semiconductores no están distribuidos de manera uniforme en el planeta. Para hacer chips no solo se necesita silicio, sino un número incalculable de minerales y metales (cobre, aluminio, oro, estaño, germanio, cobalto, mica, wolframio, indio…). Los recursos indispensables para la fabricación de chips no se limitan únicamente a los minerales; se puede pensar también en el caso del helio, un gas esencial para la industria microelectrónica que ha cobrado un gran protagonismo tras el cierre del estrecho de Ormuz. La lista es casi infinita, pero cabe precisar que estos recursos proceden muy a menudo de los países del Sur (es obligatorio citar el caso paradigmático del Congo, documentado por Fabien Lebrun en Barbarie numérique). Hablar de «relocalización» es ocultar las relaciones de explotación coloniales necesarias para la producción del mundo conectado. Aunque el grabado de los chips se realice en Crolles o en Taiwán, el coltán procederá siempre del Congo —que posee las dos terceras partes de las reservas mundiales— y no de una cantera autogestionada del Macizo Central francés.
La segunda razón por la que un chip electrónico no puede ser un bien local reside en las necesidades de capital de las industrias digitales. Frente al mito propagado por Silicon Valley de dos o tres pequeños genios que realizan arreglos en su garaje, las empresas que fabrican semiconductores requieren alianzas globales para reunir el capital suficiente. Multitud de ejemplos demuestran este punto. Cuando STMicroelectronics anuncia su ampliación en Crolles en 2022 en aras de la «soberanía digital europea», el proyecto se estructura en asociación con la empresa estadounidense GlobalFoundries, la cual debe aportar cerca del 60 % de los fondos privados. Conviene precisar que GlobalFoundries, domiciliada en las Islas Caimán, está controlada en un 82 % por los Emiratos Árabes Unidos.
Del mismo modo, cuando el Comisariado para la Energía Atómica (CEA) de Grenoble inaugura su línea de producción piloto Fames para la innovación en semiconductores en marzo de 2025, con el fin de «reforzar el ecosistema de los semiconductores en Europa y reducir las dependencias», el proyecto cuenta con el respaldo de actores globales como Intel, Meta, GlobalFoundries o Nokia; y la directora de investigación tecnológica del CEA, Julie Galland, recuerda que «la microelectrónica se construye con actores mundiales». Asimismo, cuando se invierten 75 000 millones para centros de datos en el norte de Francia, es una empresa japonesa la que lidera la operación. Lo mismo ocurre en Isère, donde el proyecto del «mayor superordenador de Europa» surge a iniciativa de una empresa con sede en Dubái y con capitales emiratíes. Y así sucesivamente.
Estos capitales gigantescos no son opcionales. Para la industria de los chips electrónicos, que exige las máquinas-herramienta más costosas de la historia industrial y centros de investigación avanzada que dominen una tecnología en permanente complejización, estos capitales han sido siempre una necesidad vital. Sus montos han superado desde hace tiempo lo que una sola nación puede invertir: es indispensable alcanzar una masa crítica. Y dado que también es necesario rentabilizarlos, una producción a gran escala orientada a un mercado de exportación ha sido siempre una condición de existencia para esta industria. Las inversiones masivas y regulares son tanto más necesarias en un mercado de evolución sumamente rápida que exige mantenerse a la vanguardia para no ser eliminado.
Por esta razón, la escala multinacional, la escala de la producción planetaria y de la competición por acumular los mayores capitales del mundo es la verdadera escala de la industria digital, y la única posible. De este modo, si por «soberanía» se entiende la capacidad de controlar la cadena de producción de principio a fin, entonces «soberanía digital» es un oxímoron. La tecnología digital es, en efecto, una tecnología imperial íntimamente ligada al capitalismo globalizado.
En los ejemplos citados anteriormente —y en particular en el de la ampliación de STMicro en Crolles— no se trata de una supuesta «relocalización», sino, a lo sumo, de una modificación en las relaciones de fuerza desiguales debido al control de ciertos segmentos estratégicos de la producción. Adornar proyectos industriales de este tipo con tintes anticapitalistas o elogiar los avances de la electrónica europea como una vía de emancipación frente a los Estados Unidos o Taiwán, mientras se copia exactamente su modelo, equivale a propagar una ilusión y a ocultar el verdadero problema: nuestra dependencia creciente de esa tecnología imperial que es la informática.
COMBATIR LA HUIDA HACIA ADELANTE DIGITAL
Para no depender de los chips producidos por otras regiones del mundo y evitar una situación de vasallaje, la vía más sencilla no consiste en producir nuestros propios chips —algo que ya se ha demostrado imposible—, sino en salir de la dependencia de la infraestructura digital; en tomar otras decisiones políticas que rompan radicalmente con la huida hacia adelante tecnológica en curso.
Los chips electrónicos son calificados hoy en día como el «petróleo del siglo XXI» por el papel central que desempeñan en la economía mundial, y la dependencia digital de nuestras sociedades no hace más que aumentar. Frente a una adicción cada vez más arraigada y mantenida por decisiones políticas, lo esencial no es cambiar de proveedor, sino desintoxicarse. No se trata de producir más chips en nuestra casa, sino de utilizar menos chips. No se trata de «desmaterializar» cada vez más (especialmente los servicios públicos), sino de negarse a colaborar en esta aceleración. No se trata de copiar a la industria estadounidense, sino de desarrollar otro modelo. La reivindicación de una «soberanía digital» perpetúa la adicción al negarse a nombrarla y a combatirla, limitándose a plantear la cuestión de quién suministra la mercancía.
La carrera por la innovación no es inexorable, ni tampoco el fruto de una pretendida evolución naturaleza o de una «ley de la Historia». Se trata de una decisión política y de un modelo de sociedad promovido por actores institucionales. Los miles de millones que se invierten en este ámbito son recursos detraídos de otros sectores: la producción de tomates, por ejemplo, o de ropa, calzado u otras actividades agrícolas, artesanales o de los servicios públicos. He aquí ámbitos donde una autonomía territorial es posible, a diferencia de la electrónica.
Como venimos sosteniendo desde hace tres años, el colectivo STopMicro no defiende una «soberanía» ilusoria, sino la autonomía. El primer término perpetúa la fantasía de poder propia del capitalismo industrial, remitiendo a la conquista, la depredación, el imperialismo y el choque de titanes; en suma, a la dominación que requiere todo poder para mantenerse. No es casualidad que los apóstoles de la «soberanía digital» no parezcan tener problema alguno con el colonialismo implícito en la tecnología digital: la soberanía es el otro nombre del nacionalismo en la era de la globalización.
La autonomía, por su parte, nos parece trazar una vía de salida para afrontar los desafíos que se nos presentan en la era de la catástrofe ambiental. Autonomía no significa autarquía, sino el hecho de elegir las propias dependencias y alianzas, y de dictar las propias normas. Tampoco implica la sumisión a una autoridad superior o la conquista, es decir, no conlleva relaciones de dominación. Equivale a asumir el límite de lo que nos rodea, a pensar en la autorregulación de nuestras necesidades y deseos, y a asumir la finitud de los recursos.
Es por ello que defendemos una economía de subsistencia que otorgue mayor espacio a las actividades esenciales como la agricultura campesina y la artesanía, las cuales incrementan la autonomía y la resiliencia de los territorios. No se trata de una utopía idealista, sino de una necesidad vital. Es algo muy concreto y actual: los ejemplos recientes y locales de empresas como Vencorex o Teisseire demuestran que no es sensato concentrar cientos de empleos en corporaciones a merced de la menor fluctuación del mercado mundial o de las decisiones de los accionistas. De la misma manera, no resulta sensato desarrollar y mantener industrias que socavan nuestras condiciones de existencia al contaminar los suelos y los ríos; también en este caso el ejemplo de la empresa Vencorex —calificada en la actualidad como una «bomba de relojería química» por los representantes electos— resulta elocuente.
¿SOBRIEDAD DIGITAL DICEN? ¡LUCHA CONTRA LA «LIFE.AUGMENTED» RESPONDEMOS!
Si se comparte este diagnóstico, entonces se debe luchar contra los proyectos de conexión generalizada, contra la utopía de la «life.augmented» (el eslogan de STMicroelectronics) y contra las ampliaciones de las fábricas de chips en Isère; y no defender una ilusoria «relocalización» de esa vida supuestamente «aumentada». Frente a esta utopía distópica, queremos establecer una relación de fuerza política.
En efecto, rechazar la aceleración digital no puede ser un acto individual. Si bien es loable prescindir del teléfono inteligente, boicotear las redes sociales, utilizar lo menos posible internet o rechazar la desmaterialización de los servicios públicos, conviene recordar que son las decisiones políticas las que modifican las relaciones sociales y nos obligan a utilizar todas estas nuevas tecnologías. La tecnología no es una herramienta que se añade al mundo existente: es el mundo mismo el que se vuelve tecnológico, manifestándose en la desaparición de las ventanillas de atención al público, las formaciones escolares sobre IA o la imposición de los contadores Linky y los códigos QR. Los más agudos de nuestros lectores advertirán —para criticarnos por ello— que este texto, por ejemplo, a pesar de ser una crítica de la tecnología digital, ha sido redactado en un programa informático y puesto en circulación a través de internet. ¡Pues sí, agudos lectores! Nosotros también vivimos en el mundo digital, cuyos márgenes exteriores no dejan de reducirse. Participamos en esta sociedad a nuestro pesar. Y es con las herramientas que conocemos y que son las de la mayoría con las que buscamos romper el consenso social. Más allá de la ética individual, lo que queremos como colectivo es influir en las decisiones de la sociedad, en una toma de conciencia colectiva y abogar por un cambio en las relaciones sociales. ¡Un vasto programa!
En efecto, rechazar la aceleración digital no puede conformarse con una «sobriedad digital», ni siquiera colectiva. Tras su nacimiento militar e industrial, la industria moderna de la informática fue construida por el capitalismo avanzado, y ante todo para dotarlo de los medios para su propio progreso. El capitalismo desarrolla permanentemente los instrumentos de producción para reproducirse y crecer, no puede quedarse estancado: debe, por definición, innovar, desarrollarse, destruir y reconstruir, construir y volver a destruir. Es un sistema económico y político patológico basado en la innovación permanente, la creación de nuevos mercados y de nuevos instrumentos de producción, así como en la subyugación, gestión y control de la población. El capitalismo no puede detenerse: debe, por esencia, crecer, innovar, desarrollarse, destruir y reconstruir, construir, destruir de nuevo y volver a reconstruir.
Ahora bien, la forma en que el capitalismo innova hoy en día es mediante el desarrollo de la electrónica y todos los proyectos futuristas de «ampliación» asistida digitalmente, envueltos en un vocabulario publicitario ecológico, social y ético: desmaterialización, transición, relocalización, soberanía, responsabilidad, etc. La realidad es, por desgracia, más cruda: aceleración, refuerzo, concentración, explotación y dominación. Como se comprende, la innovación forma parte del capitalismo. No existe ni puede existir un capitalismo inmóvil, sobrio o decreciente, desvinculado de su impacto material. Por lo tanto, imaginar que se puede prescindir de la electrónica, depender menos de ella, mostrar «sobriedad digital» o emprender una «desescalada digital» o incluso un «desmantelamiento digital», todo ello sin derribar el capitalismo, constituye una aberración.
Es desde esta perspectiva que luchamos contra las ampliaciones de las fábricas de semiconductores del Grésivaudan: la cuestión de una Europa soberana en chips electrónicos es una aporía. La tecnología digital es una tecnología imperial íntimamente ligada al capitalismo globalizado y a las relaciones coloniales. Salir del capitalismo exige cuestionar el desarrollo de la tecnología digital, del mismo modo que combatir la «life.augmented» exige cuestionar el capitalismo. No hay medias tintas.
La lucha contra la industria digital no conoce fronteras. ¡No nos dejemos engañar por las consignas de los políticos reformistas e idólatras del Progreso! ¡Beban agua!
Colectif STopMicro, bajo la canícula, julio de 2026
Publicado originalmente aquí