POLÍTICA
Por Ramón Paravís
1.
El jueves pasado, en una humorada burocrática, los diputados nacionales votaron la conformación de dos comisiones preinvestigadoras; su disparador: las denuncias del exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, contra el hoy exministro Germán Cardoso. Una de ellas la impulsó el propio denunciado a su regreso a la cámara y supone que hay que hurgar desde 2010 en adelante; la otra, propulsada por la oposición, limita el examen al período referido por Pérez Banchero. Este último atribuyó a Cardoso la realización de compras directas, con gastos excesivos y por montos no habituales, así como ejecutar parte de un pago meses antes de iniciarse el trámite administrativo, sin atender observaciones contrarias del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Economía. Se ha mencionado, además, la contratación de una empresa ubicada en Estonia, respecto de la cual dijo el exministro que le fue sugerida por una agencia de publicidad, la que a su vez niega haber dado tal recomendación. Si bien el tema no es menor y constituye una piedra grande en el zapato del gobierno, el gobierno se desmarcó y fue procesado, casi, como asunto doméstico de tienda partidaria.
Podría, sí, pensarse que fue un lío entre colorados, otro episodio de amputación de brazos. Que Batllistas Unidos, que la Lista 15, que yo qué sé, hasta que vino Julio María Sanguinetti y dijo. Idas y venidas, enroques y jaques al descubierto en la correlación de fuerzas legislativas del partido demoraron unos días la propuesta de designación. Fruto de un acuerdo electoral entre Batllistas Unidos y la Lista 15, una banca senatorial podría cambiar de un sector a otro, en circunstancias en las cuales estos no disfrutan de la mejor relación. En lo medular, se esperaba determinar si el quincista Raúl Batlle Lamuraglia estaba dispuesto a declinar su ingreso al senado para el caso de que Tabaré Viera asumiera la secretaría acéfala.
Pues bien, acaso también sea eso, una disputa doméstica entre facciones del mismo partido. Pero la riña es lo que importa menos. Tales movimientos de hombres, liderazgos y representaciones grupales no pueden neblinar lo sustantivo: un jerarca de muy alto rango acusó en la prensa a un ministro de usar indebidamente los dineros públicos y de hacerlo reiteradamente; el ministro fue cesado.
No es válido considerarlo como uno más en la lista de ministros sustituidos desde que asumió esta administración. Eso implicaría soslayar que el motivo de su sustitución es de verdadera relevancia: mucha pirotecnia verbal para eludir que se lo acusó de corrupción. De eso lo acusa, palabras más, palabras menos, uno de sus colaboradores inmediatos, del mismo partido político, aunque no del mismo grupo; elementos estos que algo dicen, aunque uno no sepa precisamente qué.
El director que acusó al ministro fue oportunamente cesado; el ministro acusado ya no está en el ministerio. Eso es fácil de entender. El apego a las buenas maneras y la instrumentalidad de las formas, indican que el cuestionado renunció: él mismo lo comunicó a la prensa, en el domicilio del doctor Sanguinetti.
El martes 24 de agosto, el presidente Lacalle agradeció los servicios y dijo que valoraba el gesto de Cardoso al renunciar. En fin, una caballerosidad que a nadie puede convencer: en la mañana del viernes se había reunido con el jefe del coloradismo y ambos acordaron la salida de Cardoso. Políticamente incorrecta, y para que se entienda cómo la sangre llegó al río, la senadora Graciela Bianchi (siempre le dice Luis al presidente; ella es luisista fervorosa) dijo que “Con Luis no se juega”. Sus palabras traen un poco de tranquilidad, es cierto. Sin embargo, desde algún sitio también sugieren una posibilidad inquietante: resultados distintos si el primer mandatario fuese otro.
2.
La remoción de Cardoso (su renuncia, si se quiere llamarlo así), es un hecho político de importancia superlativa, en tanto fue promovida por la atribución de conductas que no se compadecen con el correcto desempeño de la función pública; conductas irregulares, cuando menos; ilícitas, cuando más.
Hay acusaciones y hay acusaciones contra el acusador, y réplicas y contrarréplicas en todos los micrófonos, pero ningún magistrado fiscal manifestó preocupación ante esta circunstancia que digo ahora, último sábado de agosto en la mañana: funcionarios públicos en conocimiento de comportamientos presuntamente delictivos que no cumplen con el deber de denunciarlos penalmente, ya que tal omisión es delito. Consigno, nada más; no estoy propugnando locuritas.
Quede bien claro que el exministro no es culpable de ningún delito, y de ningún delito o falta será culpable salvo que una sentencia judicial, pasada en autoridad de cosa juzgada, así lo determine. Como el que aquí escribe y el que aquí lee, goza el ciudadano Cardoso de la presunción de inocencia; por cierto, él además tiene fueros.
Ahora bien, presumiendo que el denunciado es tan ajeno como postula a las conductas que se le atribuyen y/o que estas no revisten las aristas de ilegalidad que se le imputan, el propio Germán Cardoso es el más urgido interesado en que todo esto se esclarezca lo antes posible, su partido de inmediato y el gobierno después. O debiera ser interés primero del gobierno, luego de la colectividad partidaria afectada y del implicado por último. Sin embargo, se ha elegido de las vías lentas, la más lenta de todas y por partida doble; no da la impresión de quererse llegar en serio a ninguna parte. Porque más allá de lo que diga el informe de la investigadora que surgirá del informe de las dos preinvestigadoras, luego de que todo se encause en una sola carpeta y después sea sometido a la consideración de la cámara, etcétera, largo etcétera, hay que esperar todavía al pronunciamiento judicial, su apelación y publicación, su discusión en el ágora. La primer señal inequívoca de una voluntad orientada a esclarecer el asunto es movilizar el sistema de administración de justicia; lo demás, es lo de menos. Ese impulso debió darse hace días y publicitarse hasta donde es publicitable; pero nada se supo al respecto.
3.
Desde hace décadas, nos hemos habituado a candidatos y funcionarios que comparan el manejo de las finanzas públicas con la administración de la economía familiar y establecen, como términos de ecuación, situaciones extraordinariamente disímiles: una familia puede hacer con su dinero lo que le venga en gana y del modo que en gana le venga; con el dinero de esas familias a él volcado, el estado solamente está facultado para hacer lo que la ley le autoriza expresamente, del modo que se lo indica y en las circunstancias y con los objetivos que le fija ella. Y no es argumento para abandonar esos parámetros el desempeño censurable de las administraciones progresistas. Al contrario, al deterioro aquél y sus abusos ha de responderse con el mayor calado ético, con un escrúpulo subrayado en el tránsito de la plata ajena.
Por donde se lo mire, es muy diferente al familiar el ámbito en que se relacionan gobernantes y gobernados; situación en la que corresponde a estos el ejercicio de la sospecha y el control permanentes sobre aquellos. Una cosa es la sociedad civil y el gobierno es otra cosa. El gobierno lo sabe y la ciudadanía -ebria de pertenencias partidarias, aturdida por consignas emocionales y trapos de colores- a cada rato lo olvida.
La república parece resignada a que la corrupción sea un ingrediente inevitable de esa olla podrida de la política, un evento que está en el aire y se posesiona de los electos y los maneja en el gobierno, como un traje marioneteando un cuerpo. Hay excusas de todo tipo y, gobierno tras gobierno, cada uno desfila con sus corruptos muertos; fallecimientos que duran poco, porque en Uruguay no hay muertos políticos, repite el doctor Sanguinetti, apenas heridos de consideración.
El suceso, que sacudió a todo el gobierno, terminó siendo tan colorado que hasta lo decidió el secretario general de ese partido. Cardoso (Batllistas) volvió al parlamento y pidió una investigadora de la dos gestiones anteriores a la suya, y de la suya también. Asumió Tabaré Viera (Batllistas) en la cartera de Turismo. En su lugar, al senado ingresó Raúl Batlle (Lista 15) y un correligionario le cedió el despacho; el mismo que usó su abuelo, que usó su padre.