Por DIEGO ANDRÉS DÍAZ. Ofrecemos en exclusividad el Capítulo 1 del libro homónimo, a publicarse próximamente
«Durante seis años, en las páginas de esta revista, fui desarrollando una intuición que se fue conformando en algo más que artículos sueltos: que la verdadera batalla de la historia política occidental no es la que se da dentro del Estado —entre poderes que se dividen y controlan mutuamente— sino la que se da fuera de él, contra instituciones con jurisdicción, recursos y lealtades propias que el poder central nunca termina de someter. Ese hilo, que atravesó sin que yo lo planeara temas tan distintos como la Iglesia, las ciudades libres, los microestados o el secesionismo, se ha convertido ahora en un ensayo de largo aliento: una historia de los contrapoderes en Occidente, contada no a través de quienes gobiernan sino de quienes resisten desde afuera. Quienes hayan seguido eXtramuros reconocerán muchas de las piezas; lo que sigue es intentar armar el mapa completo». – D. A. D.
CAPÍTULO 1
La lógica del poder y sus límites.
Uno de los problemas recurrentes en el análisis del poder es la tendencia a moralizarlo, es decir, a explicar su crecimiento por la maldad de quienes lo ejercen o por un pesimismo antropológico general. Pero la tesis sobre la expansión inevitable del poder no descansa en ninguno de esos supuestos. Lo que describe es algo de orden estructural, en una lógica institucional que opera con independencia de la virtud o el vicio de los gobernantes, y que se manifiesta de manera similar bajo regímenes y en épocas muy distintas.
Cuando las tendencias políticas a la centralización y acumulación de poder comienzan a hacerse más notorias y protagonistas, suelen referenciar la necesidad de sus políticas -es decir, de su expansión- en una serie de ideas que en general no cambian: como forma de enfrentar una crisis, ya sea por guerras, problemas fiscales, ambientales, sanitarios, políticos, o como método de llevar valores y principios deseables como la igualdad, la libertad, la democracia, la justicia.
En su análisis, Jouvenel no atribuye el crecimiento del poder a la maldad de los gobernantes ni a ninguna forma de pesimismo sobre la naturaleza humana. Lo que describe son dos mecanismos que operan de manera combinada. Por un lado, el Poder tiene intereses propios que tienden a expandirse: más territorio, más recursos, más jurisdicción, más lealtades. Por el otro, tiene la capacidad de presentar esa expansión como un servicio a los gobernados: más seguridad, más bienestar, más igualdad. Es esa combinación —interés propio revestido de apariencia altruista— lo que explica, según Jouvenel, la persistencia y la profundidad del proceso centralizador a lo largo de la historia moderna.
Un segundo factor es igualmente determinante. El poder no solo acumula funciones cuando crece: también debilita activamente los poderes que podrían resistirlo. Esa lógica de suma cero -lo que gana el Estado lo pierde alguna otra institución- no opera solo en el plano económico o fiscal sino en el plano institucional más amplio. Y ese proceso de debilitamiento progresivo de los contrapoderes es, quizás, el fenómeno más importante para comprender la historia política de los últimos siglos.
A esta dimensión estructural del problema se añade una dimensión técnica que conviene precisar. El poder sin límites no se manifiesta únicamente en las formas obvias de la dictadura o el autoritarismo. Se manifiesta también, y quizás de manera más persistente, en los regímenes democráticos que han abandonado una distinción fundamental: la que existe entre la ley en sentido propio —general, abstracta, aplicable por igual a todos, establecida de antemano— y el mandato específico —particular, discrecional, dirigido a personas o situaciones concretas, modificable según las conveniencias del momento. La erosión de la primera en favor del segundo es el mecanismo técnico por el que el poder se expande aún dentro de marcos formalmente democráticos.
La libertad, en este sentido técnico pero decisivo, no depende de quién manda sino de cómo manda. Un poder que gobierna mediante leyes generales —sin importar cuán extensas sean sus atribuciones— es fundamentalmente diferente de un poder que gobierna mediante decretos discrecionales. En el primero, el ciudadano puede planificar su vida dentro del marco legal sin depender de la benevolencia del gobernante. En el segundo, su vida entera está a disposición de la voluntad de otro. Para Hayek, la tendencia histórica del poder moderno ha sido precisamente la sustitución progresiva del primero por el segundo: la proliferación de agencias administrativas con poderes discrecionales, la multiplicación de regulaciones específicas, el reemplazo del derecho por la política.
Esta observación conecta con algo que el pensamiento jurídico medieval sostuvo durante siglos y que la modernidad tendió a abandonar: la ley no es una creación del poder sino su límite. La doctrina jurídica medieval afirmó que los reyes podían declarar o descubrir las leyes existentes, pero no crearlas arbitrariamente. La ley era algo dado -por la costumbre, por la razón, por la voluntad divina- que el gobernante debía respetar. Hayek recoge esta tradición citando el punto de vista que considera decisivo: «…el Estado no puede crear o hacer la ley, y desde luego menos aún abolirla o derogarla, porque ello significaría abolir la justicia misma; sería un absurdo, un pecado y una rebelión contra Dios, que es quien crea dicha ley…»
El abordaje de este proceso no representa en absoluto una reformulación invertida del mito progresista, o una defensa del conservadurismo. La tesis de Jouvenel no es que el poder antiguo fuera benévolo y el moderno no. Un ejemplo histórico frecuentemente referido de esto es la Revolución Francesa. La tradición historiográfica mayoritaria ha señalado que este proceso es nacido del rechazo al absolutismo borbónico, y fue animada por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Sin entrar en este debate, se puede afirmar con certeza que la Revolución produjo en el espacio de poco tiempo el Estado más centralizado y omnipotente que Francia había conocido. Los jacobinos, que comenzaron combatiendo al rey, terminaron construyendo un aparato de poder ante el cual el poder real parecía modesto. Jouvenel cita al político Odilon Barrot al respecto:
«…La monarquía francesa había empleado siglos en disolver todas las fuerzas resistentes de la sociedad… había dejado, sin embargo, subsistir aún algunos restos de las instituciones de la Edad Media. Pues bien, la Asamblea constituyente hizo tabla rasa de estos últimos obstáculos: independencia del clero, tradición de la nobleza, cuerpos sociales urbanos, estados provinciales, corporaciones, parlamentos, oficios hereditarios, todo desapareció un día, no para ser reformado en un sentido de libertad, sino para enriquecer con sus despojos y acrecentar aún más el poder central….»
Lo que Barrot describe en términos institucionales -la demolición de los cuerpos intermedios- tuvo su correlato territorial inmediato. La destrucción de las corporaciones, los parlamentos y las órdenes no fue un fenómeno separado de la reorganización del espacio político francés: fue parte del mismo movimiento. Suprimir las instituciones que mediaban entre el individuo y el poder central equivalía a suprimir también las unidades territoriales que les daban sustento y continuidad histórica. Tocqueville lo observó con una precisión que no ha perdido vigencia: «Llama la atención la asombrosa facilidad con que la Asamblea Constituyente pudo destruir de un solo golpe todas las antiguas provincias de Francia, algunas de las cuales eran más antiguas que la Monarquía, y dividir metódicamente la nación en ochenta y tres partes distintas, como si se hubiese tratado del suelo virgen del Nuevo Mundo…». Las provincias no eran solo divisiones administrativas: eran comunidades con historia, con derecho propio, con identidades que preexistían al Estado, y borrarlas suponía eliminar los cuerpos que representaban contrapoderes al centralismo. Lo que siguió fue la concentración que Tocqueville describió con detalle: «…acababan de desaparecer las libertades locales, cesaban los síntomas de vida independiente, se hacían confusos los rasgos de la fisonomía de las diferentes provincias, y se borraban las últimas huellas de la antigua vida pública. No significaba esto, sin embargo, que la nación perdiese energía: al contrario, el movimiento era general, solamente que el único motor era París. París había concluido por devorar a las provincias.»
Jouvenel extrae la consecuencia directa de ese proceso: «…Tan completa fue la labor de destrucción de los contrapoderes que los energúmenos de la Revolución llevaron a cabo, que la nación francesa, al no ver otra cosa que el Estado, se acostumbrará durante generaciones a esperarlo y temerlo todo de él, y a desear su incesante cambio de manos…». Lo que este diagnóstico describe en términos institucionales, Tocqueville lo formula en términos políticos, donde la Revolución no destruyó solo al rey, destruyó también los poderes que lo limitaban. Y esa doble destrucción es precisamente lo que la convierte en el momento fundacional del centralismo moderno: «…La revolución se pronunció al mismo tiempo contra la realeza y contra las instituciones provinciales. Confundió en un odio común todo lo que la había precedido, lo mismo el poder absoluto que el provincial, que podía templar el rigor del absoluto; ella fue a la vez republicana y centralizadora.»
El capítulo X de Sobre el poder, titulado «El poder y la plebe», desarrolla una lógica que Jouvenel rastrea a lo largo de toda la historia moderna: «…Si el poder tiende naturalmente a crecer, y si no puede extender su autoridad e incrementar sus recursos sino a expensas de los poderosos, es natural que la plebe sea su eterna aliada. La pasión por el absolutismo tiene que conspirar forzosamente con la pasión por la igualdad…» La alianza entre el poder central y los sectores y clases partícipes del proceso revolucionario, y los cuerpos intermedios no es, en esta lectura, una anomalía histórica sino una constante estructural que señala el mecanismo por el que el poder crece mientras se presenta como liberación.
El debilitamiento de los contrapoderes tiene, entonces, una dimensión institucional —la absorción de funciones por el Estado— y una dimensión social —el desarraigo de los individuos de las comunidades que les daban identidad y pertenencia. Nisbet articuló esa doble consecuencia en The Quest for Community: «…El conflicto entre el poder central del Estado político y el conjunto de funciones y autoridades contenidas en la Iglesia, la familia, el gremio y la comunidad local ha sido, creo, la principal fuente de las dislocaciones de la estructura social y los desarraigos de estatus que están detrás del problema de la comunidad en nuestra época…».
Los contrapoderes
Si el problema es el poder sin límites, la pregunta práctica es: ¿qué lo limita? ¿Qué mecanismos han funcionado históricamente para frenar la tendencia expansiva del poder político?
La respuesta que este ensayo desarrollará en los apartados siguientes no apunta ni a la virtud de los gobernantes -variable e inconstante- ni a los instrumentos formales como las declaraciones de derechos o las constituciones escritas, que pueden ser suspendidos o reinterpretados sin que el poder que los viola encuentre resistencia real. Lo que parece emerger de la Historia, con cierta regularidad que atraviesa épocas y regímenes muy distintos, es que el poder político encuentra límites efectivos cuando coexiste con otras fuentes de autoridad que no dependen de él: instituciones con jurisdicción propia, recursos propios y lealtades propias, capaces de resistir la absorción y de ofrecer al individuo espacios de vida y de decisión que el Estado no controla. Esas instituciones son los contrapoderes.
Una idea inicial de aproximación a esto es la siguiente: las sociedades donde no existen o pierden la capacidad de contar con contrapoderes tienen menores posibilidades de escapar por mucho tiempo a un gobierno absoluto. En la medida que perviven contrapoderes, el poder absoluto del Estado encuentra dificultades para avanzar.
Jouvenel define el concepto en Sobre el poder: «…¿Qué es un contrapoder? Evidentemente, un poder social, un interés parcial constituido, como lo era en tiempos de Montesquieu la alta nobleza inglesa, que él admiraba, o la clase parlamentaria francesa, a la que pertenecía. Como lo son en nuestro tiempo los sindicatos obreros o las organizaciones patronales. En fin, como lo son en todo tiempo esos conglomerados de intereses y lealtades que se forman espontáneamente en la sociedad y que el instinto autoritario quiere disolver…»
La enumeración de Jouvenel es deliberadamente heterogénea: nobleza, parlamentos, sindicatos, organizaciones patronales. Lo que importa no es la naturaleza específica de cada uno de esos cuerpos sino la función que cumplen: interponer entre el individuo y el poder central una instancia con vida propia, con recursos propios, con lealtades que no dependen del Estado. Esa función no pertenece a ninguna época ni a ninguna forma política particular. Se reformula históricamente según las condiciones de cada sociedad, pero su lógica permanece constante.
El caso estadounidense que analiza Tocqueville permite profundizar en la naturaleza de los contrapoderes. Los que encontró en los Estados Unidos no eran los cuerpos medievales ni las corporaciones del Antiguo Régimen: eran municipios, asociaciones voluntarias, comunidades religiosas, instituciones locales de nuevo cuño. Lo que los hacía funcionar no era su antigüedad sino su autonomía real frente al poder central. Tocqueville lo formuló en términos que van más allá del contexto americano: «…Es en la comunidad donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones comunales son a la libertad lo que las escuelas primarias son a la ciencia: la ponen al alcance del pueblo. Sin instituciones comunales podrá una nación darse un gobierno libre, pero ella carecerá de libertad. Pasiones pasajeras, interés de un momento, mil accidentales circunstancias podrán darle las formas exteriores de la independencia; pero el despotismo, refugiado en el interior del cuerpo social, reaparecerá tarde o temprano en la superficie…»
En otro pasaje Tocqueville formula la misma idea como pregunta: «…¿Cómo hacer que use de la libertad en grandes cosas, a una sociedad que no ha aprendido a servirse de ella en las pequeñas? ¿Cómo se resistirá a la tiranía, en un país donde los individuos son débiles y no están unidos entre ellos por ningún interés común?…» La pregunta no es retórica sino diagnóstica: señala una condición de posibilidad. La libertad política no se sostiene en el vacío social; requiere instituciones intermedias donde los individuos adquieran el hábito del autogobierno antes de pretender ejercerlo en escalas mayores.
Tocqueville observa también una diferencia estructural entre las sociedades aristocráticas y las democráticas en lo que respecta a los cuerpos intermedios. En las primeras, esos cuerpos existían de manera natural y cumplían su función por el solo hecho de tener jurisdicción propia, más allá de la valoración de esos actores específicos. En las segundas, esa función no desaparece pero tampoco se produce espontáneamente, y debe construirse de manera deliberada, a través de asociaciones voluntarias que ocupen el lugar que los antiguos cuerpos intermedios dejaron vacante, y además deben lidiar con la tendencia constante de ser absorbidas por la lógica centralizadora. Jouvenel refería a este mecanismo, como «…este bien común tan fascinante sólo él -el Poder- parece ser capaz de realizarlo.» La apelación al bien común es, en esta lectura, uno de los instrumentos más eficaces de expansión del poder sobre las instituciones intermedias. «…En las naciones aristocráticas los cuerpos secundarios o subalternos constituyen asociaciones naturales que contienen los abusos de la autoridad. En los países donde no existen tales asociaciones, si los particulares no pueden fundar artificial y transitoriamente algo que se las parezca, no veo dique alguno que pueda ser opuesto a ninguna tiranía…».
Nisbet desarrolla esa consecuencia en términos que conectan directamente con el argumento de Jouvenel sobre la destrucción de los contrapoderes. El atractivo de los movimientos totalitarios no reside únicamente en su promesa de orden o eficiencia administrativa: reside, más profundamente, en su capacidad de ofrecer comunidad a individuos que han quedado privados de ella. Es el vacío dejado por los cuerpos intermedios destruidos lo que estos movimientos vienen a llenar. «…La mayor atracción del partido totalitario, marxista o de otro tipo, reside en su capacidad de proporcionar un sentido de coherencia moral y pertenencia comunitaria a aquellos que se han convertido, en mayor o menor medida, en víctimas del sentido de exclusión de los canales ordinarios de pertenencia en la sociedad.» El mismo Nisbet cita a Bertrand Russell para ilustrar hasta qué punto el totalitarismo opera como sustituto de la comunidad religiosa: «…el materialismo dialéctico es Dios; Marx el Mesías; Lenin y Stalin los apóstoles; el proletariado los elegidos; el partido comunista la Iglesia; Moscú la sede de la Iglesia; la Revolución la segunda venida….»
La naturaleza del poder político, su tendencia a centralizarse y extenderse en el contexto antes señalado -atribuciones, personas, jurisdicciones- ha enfrentado históricamente la existencia de contrapoderes tanto por fuera de su lógica, como intentos de control y moderación desde adentro de ella. Desentrañar esa relación en su contexto histórico -los actores que la protagonizaron, los medios materiales y culturales que la condicionaron- es uno de los propósitos centrales de este trabajo.