A propósito de la pandemia: cambio corbatas por túnicas blancas. La ciencia de los políticos y la política de los científicos

(1)

Las relaciones estrechas entre poder y saber se materializan en figuras variadas: Platón consejero de los tiranos de Siracusa, Arquímedes ingeniero del régimen de esta ciudad, Sócrates condenado a beber la cicuta por la ciudad de Atenas, Aristóteles preceptor de Alejandro, Abelardo perseguido y castrado por fuerzas eclesiástico-universitarias rivales, Étienne Dolet quemado en una pira en place Maubert en París, Giordano Bruno en Campo dei Fiori en Roma, Galileo Galilei obligado a desmentirse, Michel Servet condenado, él y su libro, por la ciudad de Ginebra a morir en la pira, François Rabelais, monje, médico y novelista extraordinario que, periódicamente obligado a huir a Italia para ponerse a salvo de los doctores de la Sorbona, escribirá con gracia “je le maintiendrai jusqu’au feu, exclusivement”: “mantendré (mi tesitura) hasta la pira, exclusivamente”. 

De manera menos anecdótica, Michel Foucault hace ver la conjunción de los regímenes de saber y poder en las prácticas de producción de verdad, en las prácticas que regulan lo pensable en tanto que  verdad.

La declaración de pandemia que se produjo en marzo de 2020 luce como un caso de manual, en cuanto a la ilustración de la conjunción de prácticas de gobernabilidad y de prácticas de saber. Asistimos así a sucesivas y a menudo contradictorias decisiones tomadas por un organismo internacional especializado en asuntos sanitarios e integrado por técnicos o profesionales -la Organización Mundial de la Salud- sin fuerza de imposición legal pero cuyos criterios y dictámenes suelen ser seguidos por los gobiernos electos. Como puede verse crecientemente, organismos internacionales carentes de una particular legalidad o legitimidad se erigen como expertos en salud, desarrollo, educación, alimentación, infancia, economía, etc., imponiéndose por la fuerza de la globalidad en las políticas locales, en principio, bajo responsabilidad de políticos electos que supuestamente responden a sus electores.  

Así como las políticas educativas vienen quedando uncidas desde hace decenios a los dictámenes y expectativas de los expertos del Banco Mundial y de la European Round Table for Industry, en 2020 las decisiones sanitarias resultaron subordinadas a la OMS o, en caso contrario, expuestas a un tratamiento mediático global demonizador. De esta manera, las decisiones políticas de muchos países quedaron supeditadas a lo que la OMS fuera estipulando en materia de lucha contra la declarada pandemia.

Sin duda esto contribuyó con el sueño (o la pesadilla) de una política sin políticos, por definición corruptos e incapaces, una política por fin sustituida por una gestión de técnicos provistos de la pulcritud que da el aprendizaje de la eficiencia, desapasionada como el funcionamiento de una máquina (ver a continuación el apartado (2)).

En las líneas que siguen, querría mostrar cómo a raíz de la declaración de pandemia en marzo de 2020, se produjo una imbricación de poder y saber: ya no se trató del sabio/científico que aconseja/asesora al gobernante, sino que el gobernante quedó atrapado en una obligación de cientificidad y la ciencia en un deber de partidización política. Si la política debió vestirse de túnica blanca como prenda de su pureza aséptica y desinteresada, la ciencia debió ponerse corbata como prenda de su serio interés   desinteresado por la humanidad. A modo ilustrativo, daré una serie de ejemplos (1).

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Este desliz y esta imbricación de ciencia y política partidaria por cierto existían desde antes, véase por ejemplo el discurso del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la inauguración de las sesiones del Congreso, el 1ero de marzo de 2020, una de cuyas afirmaciones más citada fue: “Somos un gobierno de científicos, no de CEOs”. Esta curiosa declaración, en su contexto inmediato, se justifica en el “orgullo” que Alberto Fernández declara sentir al “haber convocado al  gobierno  a  numerosos  científicos  y  científicas de  Argentina”, por lo que se trata de un “gobierno con la convicción de que el conocimiento es clave para las políticas públicas y para el desarrollo”.

La razón dada por Alberto Fernández -el conocimiento es tan importante que nada mejor que un científico para gobernar- es bastante insensata: si la importancia del conocimiento es tanta, no parece conveniente que “numerosos científicos y científicas de Argentina” dejen de ser científicos y científicas y pasen a ser políticos.

De igual modo es llamativa la oposición entre “científicos” y “Ceos”, ya que no son términos que suelan aparecer como opuestos. Por cierto, Alberto Fernández pugna por distinguirse del anterior gobierno del empresario y presidente argentino Mauricio Macri, pero elige, como figura contrapuesta al mundo de la empresa, a los científicos, y no elige a antagonistas más tradicionales de la figura del empresario, como pueden ser, por ejemplo, los trabajadores. Plantear el supuesto antagonismo entre “científicos” y “Ceos” impone silenciar el altísimo número de científicos que trabajan en las empresas, que investigan y producen por cuenta de las empresas -son sus empleados- sometiéndose a la lógica del capital, sin más.

No obstante, estas pequeñas incongruencias pueden pasar inadvertidas porque desde el inicio Alberto Fernández eligió presentarse en este discurso como un político que no es político, o como un político que aborrece a los políticos y está decidido a romper con ellos: “En   la   Argentina   de   hoy   la   palabra   se   ha   devaluado peligrosamente.  Parte  de  nuestra  política  se  ha  valido  de  ella para ocultar la verdad o tergiversarla. Muchos creyeron que el discurso es una herramienta idónea para instalar en el imaginario  público   una   realidad   que   no   existe.   Nunca midieron  el  daño  que  con  la  mentira  le  causaban  al  sistema democrático” (2).  

En estas circunstancias en que un político se iza hasta la presidencia de Argentina haciendo política que declara no ser política porque no oculta la verdad ni la tergiversa ni instala una realidad que no existe, es comprensible que los científicos hagan política y dejen de ser científicos puesto que, de todos modos, conservarán de su anterior estado una suerte de privilegio conferido por el ser científicos, una privilegiada relación con la verdad y la realidad, relación que, cabe imaginar, prescinde de la palabra que se “ha devaluado peligrosamente”. Tenemos entonces un político que puede no ser político aunque sea presidente del país y unos científicos que pueden no ser políticos aunque integren un gobierno nacional; este doble milagro se debe a que ninguno hace un uso político de la palabra. En todos los casos, se trata de una manera de hacer política desde su aversión, desde su abominación. 

Pocas semanas más tarde, Alberto Fernández y gran parte del mundo estaban bajo la férula de las directivas de la OMS, organismo que asumió sin timidez un carácter de gobierno mundial asentado en las supuestas idoneidad e independencia de juicio ostentadas por quienes se reclaman de la ciencia. No me detendré aquí, por considerarlos conocidos, en los vínculos financieros estrechos que se consolidaron entre la OMS y Bill Gates, el hombre de mayor fortuna en el planeta, propulsado por esta condición plutocrática a especialista en covid19. Paradójicamente, el anuncio de Alberto Fernández -“somos un gobierno de científicos, no de CEOs”- sufre una nueva torsión al adoptarse la política de lo científicos de la OMS, al mando del CEO de los CEOs del mundo, el mismísimo Bill Gates.

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En el caso de Uruguay, caso sobre el que nos centraremos en las próximas páginas, el derrotero que siguieron y siguen la declaración de pandemia y su tratamiento se diferencia nítidamente de los  de Brasil y Argentina.

En el transcurso de 2020, puede decirse que el virus sarscov2 no circuló por el territorio nacional, y el año concluyó con un número muy bajo de personas cuya muerte fue atribuida al covid19(3). A partir de marzo de 2021, cuando ya había empezado la vacunación con las vacunas de Pfizer y de Sinovac, aumentó dramáticamente el número de personas cuya muerte se atribuyó al virus. Ahora, avanzado el mes de julio de 2021, los números vuelven a descender rápidamente, tanto en los contagios como en las personas internadas en reanimación o fallecidas(4). En todos los casos, la identificación de la enfermedad covid19, tanto en las personas caracterizadas como “asintomáticas”, como en los enfermos con síntomas, como en las personas fallecidas, se hizo mediante el test pcr; siguiendo las indicaciones de la OMS, nunca se practicaron autopsias. Las discusiones sobre la diferencia entre morir “de/por” covid19, o morir “con” covid19, así como sobre los tests pcr y su umbral de confiabilidad de acuerdo con los ciclos empleados para detectar la presencia del virus, así como sobre la aceptación de los criterios propugnados por la OMS estuvieron y siguen estando ausentes de los grandes medios de comunicación; en cambio fueron tema siempre presente en la revista digital eXtramuros(5), que dedicó la mayoría de los textos de sus treinta números a traducir, difundir y analizar diverso material que la publicación denomina “contrarrelato”, es decir un relato que diverge de la “ortodoxia covid” difundida planetariamente por la OMS y los grandes medios de comunicación.

No nos adentraremos aquí en los aspectos técnicos que hacen a la confiabilidad de los tests, de las vacunas o de las medidas de distanciamiento. Sí nos interesará detenernos en los términos y en el modo en los que se armaron ciertas controversias.  

No obstante, cabe consignar que en Uruguay, al igual que en Argentina, la declaración de pandemia por parte de la OMS ocurrió coincidiendo con sendos gobiernos que estaban entrando en funciones. En Argentina, un gobierno de corte peronista (¿?) o kirchnerista (¿?) acababa de ganar las elecciones al gobierno del empresario liberal Mauricio Macri; en Uruguay, una coalición de derecha tradicional ganaba el gobierno nacional a la coalición progresista del Frente Amplio que había gobernado durante tres períodos consecutivos (quince años).

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Desde el inicio mismo de la declaración de pandemia, las discusiones en torno a la respuesta sanitaria quedaron atrapadas en un debate post y pre electoral: el partido gobernante (Frente Amplio) experimentó la sorpresa de verse desplazado por una coalición de derecha y para muchos votantes esto significó una decepción inesperada, por la fe depositada en una especie de bondad intrínseca del partido progresista, bondad inherente a un supuesto ser “de izquierda”, claramente oponible a un ser “de derecha” fundamentalmente malvado. Estos votantes se encontraban anímicamente dispuestos, cuando se declara la pandemia a pocos días de asumir el gobierno de derecha, a achacar a este nuevo gobierno todos los males; por otra parte, la dirigencia del partido perdedor comprendió rápidamente que ante la dificultad de diferenciarse nítidamente del partido ganador en asuntos de políticas económicas o de organización de la sociedad, quedaban como caballitos de batalla contra el nuevo gobierno las exigencias con respecto al manejo de la pandemia.

Así, rápidamente, desde el 20 de marzo de 2020, la oposición frenteamplista, en la voz del ex presidente Tabaré Vázquez y con todo el peso de su condición de médico, empezó a exigir al gobierno medidas sanitarias extremas (confinamiento general completo y obligatorio)(6), a pesar de que los contagios o internaciones por covid19 no justificaban tal radicalismo(7). Cabe señalar que las exigencias, por parte de la oposición al gobierno, de confinamiento drástico no solo obedecían al juego electoral perenne que hay en Uruguay, sino que también los muchos años en el gobierno del Frente Amplio, a la sazón pasado a la oposición, habían permitido una gran afinidad de criterios con los organismos internacionales y las instancias de gobierno global. Más allá de la constatable aplicación en Uruguay de las políticas pergeñadas por estos organismos durante los tres gobiernos del Frente Amplio, anotaré los casos del dos veces presidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) quien en el interregno integró una “comisión asesora del Fondo Monetario Internacional”(8), organismo que en el pasado no lejano supo encarnar, para la izquierda latinoamericana, la sujeción imperial más indeseada. De igual modo, quien fue el artífice de la política económica de los tres gobiernos frentistas, ya como ministro de Economía (2005-2010 y 2015-2020) ya como vicepresidente de la República (2010-2015), es decir, quien aplicó las políticas económicas durante quince años, me refiero al contador Danilo Astori, recibió premios y reconocimientos internacionales como el recibido en 2018 y otorgado por la revista Global Markets, publicación que lo eligió “el ministro del año en América Latina” (añado que el año siguiente, en 2019, Global Markets entregó ese mismo premio a Paulo Guesde, ministro de Jair Bolsonaro (9)).

De este modo, ya fuera por razones de insondable fe frenteamplista en su propia bondad, o por razones electorales, o por razones de afinidades profundas desarrolladas por el Frente Amplio con los organismos internacionales durante los quince años que gobernaron, lo cierto es que desde marzo de 2020 la discusión de las medidas sanitarias quedó atrapada en un mar de fondo partidario, en el que la oposición frenteamplista exigía al gobierno que se atendiera la gravedad del caso y se adoptaran las medidas estipuladas por la OMS. Esta exigencia se hacía en nombre de “la vida”, supuestamente desdeñada por el gobierno, solamente interesado en preservar “la economía”; esta exigencia reposaba en una especie de lugar común que estipularía que “la izquierda” es naturalmente humana y bondadosa, mientras que “la derecha” es naturalmente inhumana y feroz. En este marco, en marzo de 2020 se tomaron tres decisiones: 

(a) El gobierno nacional descartó el confinamiento obligatorio, pero suspendió la enseñanza primaria y secundaria por un plazo breve, suspendiendo también los espectáculos públicos y la atención en oficinas estatales. La atención médica pasó a ser telefónica y muchos médicos dejaron de atender pacientes de manera presencial, suspendiéndose cirugías y estudios programados. Aunque nunca hubo confinamiento obligatorio, parte de la población se confinó voluntariamente, en especial en los barrios costeros montevideanos en donde vive la clase media y media alta; sin que hubiera confinamiento obligatorio, un helicóptero del ministerio del Interior sobrevolaba la zona costera de la capital, llamando a las personas a no aglomerarse; en algunos edificios de viviendas en zonas residenciales, se impuso el uso del tapaboca, obligatorio y controlado por los porteros en ascensores y espacios compartidos. 

(b) El gobierno nacional convocó un Grupo Asesor Científico Honorario, compuesto por casi ciento cincuenta científicos cuya misión era aconsejar al gobierno en lo relativo a las medidas sanitarias. Iniciada la asesoría con gran satisfacción de ambas partes, la relación se fue deteriorando, al punto de concluir oficialmente en junio de 2021, con una andanada de críticas dirigidas por el Grupo Asesor al gobierno, acusado de no aplicar  todas las medidas restrictivas que el grupo de científicos aconsejaba tomar desde febrero de 2021, si bien el GACH, desde sus inicios en abril de 2020, fue partidario de confinamientos y controles de la población, en coincidencia con el partido opositor Frente Amplio y con los sindicatos, en particular, docentes. 

(c) El gobierno autónomo de la Universidad de la República (única universidad uruguaya pública autónoma y cogobernada por los tres órdenes) decidió tempranamente, el 15 de marzo de 2020, pasar la totalidad de la enseñanza al teletrabajo, contratándose de inmediato las licencias de plataformas proveedoras de este servicio. Esto significó que los dos semestres de 2020 -año en el cual el virus no circuló en Uruguay- fueron cursados de manera obligatoriamente a distancia. En julio de 2020 ya se advertía que el año 2021 seguiría el mismo patrón y, a comienzos de febrero de 2021, cuando todavía no había empezado a circular el virus, el Rector de la Universidad ofreció todos los edificios universitarios para que fueran usados por el sistema de enseñanza primaria y secundaria (escuela y liceos) que habían de comenzar en marzo(10).  

Como dije, estas medidas se concibieron y se aplicaron en un clima de disputa interpartidaria (oposición versus oficialismo) y, sobre todo, en una suerte de deslizamiento que llevó a “la ciencia” a vestir corbata de político serio, y a los políticos a ponerse la túnica del científico concienzudo.

En esta disputa, “la ciencia” quedó invocada cada vez que se deseó denunciar la ausencia de control sanitario del gobierno nacional; la invocaron así los colegios médicos que llamaban a mayor control, los sindicatos que pedían mayor protección para sus trabajadores, el Frente Amplio y la propia Universidad de la República, todos embanderados en las medidas estipuladas por “la ciencia”. Cabe señalar que estas medidas podían incluir el número de tapabocas que era posible acumular superpuestos o la distancia social que correspondía mantener si uno circulaba a pie, o en bicicleta, o si uno estaba sentado en un lugar público, o si iba corriendo (haciendo jogging), etc. En nombre de “la ciencia”, una camioneta con altoparlante recorría los lugares públicos recordando a la población la distancia que debía mediar en cada una de estas actividades (2 metros, 1 metro 50, 2 metros 50, etc.). 

A través de algunos ejemplos, ilustraré esta especie de intercambio de máscaras, por el que la ciencia presta a los políticos su asepsia y los políticos prestan a la ciencia su amor al bien público.

(5)  

El cariz claramente partidario de lo que se jugó en la lucha contra el covid19 queda patente en un preprint  -“An effective COVID-19 response in South America: the Uruguayan Conundrum”-que en julio de 2020 se dio a conocer y que, hasta la fecha, un año después, sigue figurando como preprint, es decir que no recibió todavía el aval requerido para su edición efectiva como artículo arbitrado positivamente por pares. En el momento de su publicación como preprint, modalidad de difusión de resultados científicos que ganó auge a partir de la declaración de pandemia, este trabajo tuvo amplia repercusión en las redes sociales (Facebook, Twitter) y en la prensa, aunque hasta la fecha no fue retomado por otros estudios científicos, lo que en sí mismo no constituye un demérito(11).

Lo sorprendente de este preprint es el contraste entre la índole relativamente modesta del trabajo científico difundido y el número y el renombre de quienes aparecen firmándolo. En efecto, entre los firmantes, se encuentra lo que puede considerarse parte de lo más granado de los científicos uruguayos en el campo de la biología y la medicina, pero también más allá de estas disciplinas. Con respecto al número, puede calcularse que asciende a una centena de autores; se trata de una estimación, ya que si bien aparece individualizada una cincuentena, se suma otra cincuentena que integra el COVID-19 Working Group,  que también aparece firmando con ese nombre institucional. Hay que conjeturar que dada la índole modesta de la investigación difundida no todos los firmantes participaron en su confección, aunque adhieran a los resultados presentados. Esto parece confirmarse por la presencia, entre los firmantes, del rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, de profesión economista.

Este preprint que difunde una módica investigación que tuvo una difusión mediática inusual en estos casos, configura, a mi modo de ver, una curiosidad genérica, un tipo de texto poco frecuente, sumatoria del paper universitario con sus requisitos genéricos característicos y del manifiesto político, texto abierto a una adhesión que, por definición, ultrapasa las distinciones profesionales o disciplinares, al convocar firmantes exclusivamente por su condición de ciudadanos. Los manifiestos políticos convocan ciudadanos, o interpelan al individuo en tanto que ciudadano, lo que por cierto no obsta que prefieran recoger, como en este caso, ciudadanos de renombre por los puestos que ocupan, como en el caso del rector de la Universidad de la República, de profesión, como dije, economista.

Entonces, si esta modesta investigación, que permanece como preprint a más de un año de difundida, y que concitó un plantel casi olímpico de

firmantes uruguayos, es una suerte de híbrido entre paper científico y manifiesto político, ¿qué manifiesta este paper científico, de qué política es manifiesto este paper científico?  

Cabe interpretar que este paper científico es, en primer lugar, un manifiesto político a favor de “la ciencia”, entendiendo por esto una manera de reforzar una posición enunciativa (auto)postulada para gobernar la población en pandemia, posición enunciativa en franca rivalidad con el gobierno votado para gobernar. Entre el grupo de científicos llamado a asesorar -desde siempre partidario de aplicar las medidas que la OMS promovía: confinamientos, distanciamiento social, búsqueda de vacunas antes que tratamiento de los enfermos)- y el gobierno asesorado -desde siempre poco entusiasta seguidor de las medidas de la OMS- ¿quién había de tener la razón? ¿a cuál autoridad debía atenerse la población? 

Como se vio, desde el inicio en 2020, el ex presidente frenteamplista había planteado el asunto en términos de vida versus economía: se trataba de poner a salvo la vida de la población, obligando al confinamiento y al cese de las actividades “no esenciales”.  Como se verá más adelante, un año más tarde, los sindicatos y el propio Frente Amplio seguían insistiendo con el pedido de “reducción de la movilidad”, eufemismo que designa el confinamiento. El preprint con su cúmulo de firmantes de renombre y su amplia difusión en las redes significó tomar partido político en esa querella que se iba armando, al asumir un carácter de paper/manifiesto político ampliamente difundido por lo prensa. Esto no obsta, claro está, que entre los firmantes se encuentren  científicos que no sean votantes del Frente Amplio sino del partido gobernante, aunque cabe suponer que en escasa proporción, por la índole de la universidad pública uruguaya, principal formadora de científicos.

(6)

El siguiente caso, simétricamente opuesto al anterior, ilustra al político que realiza el sueño del presidente argentino Alberto Fernández, a saber, un gobierno de científicos. Lo protagoniza la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse,  perteneciente al Frente Amplio, partido que gobierna sin interrupción la capital uruguaya desde 1990. Carolina Cosse es profesional universitaria pero no es abogada, profesión típica de los políticos tradicionales en Uruguay, sino que es ingeniera, como fueron médico, arquitecto, biólogo o docente los anteriores intendentes frenteamplistas de Montevideo.

La actual intendenta Cosse no oculta sus ambiciones presidenciales  para 2024 y, en ese sentido, tiene una prédica anti covid claramente diferenciada del gobierno nacional, sistemáticamente acusado de ser laxista ante el virus y de no haber evitado en 2021 un número considerable de muertes, al no imponer el confinamiento obligatorio. En ese juego, la intendenta juega la carta de la ciencia y de un gobernar “científico”, por lo que recurrentemente pueden leerse en la prensa titulares como el siguiente: “Cosse anunció un sistema basado en el Índice de Harvard para extender el horario de bares”. Este titular presenta el sueño tecnocrático más fantástico: la hora de cierre de los bares de una pequeña capital del sur de América queda determinado por un Índice (con mayúscula, sí señor …) de una universidad estadounidense famosa por ser cuna de científicos de punta. 

Como en un colmo exacerbado de la fantasía tecnócrata, de esa máquina que funciona por igual en cualquier contexto y en cualquier momento porque ella misma es su propio contexto y su propio momento, esto es presentado en una nota de prensa internética. La máquina misma es y proporciona su propia inteligibilidad -el Índice de Harvard- ofreciendo un remedo de significación a los miles de lectores que, dóciles, esperan que el Índice de Harvard los ampare.

El efecto cuasi mágico del recurso a la fórmula enigmática se repite, reforzado, en el subtítulo: “Cuando Montevideo mantenga durante tres días un P7 del Índice de Harvard inferior a 20, los bares podrán abrir hasta las 2”(12). Un criterio técnico expresado en una jerga numérica deviene una especie de hechizo mágico, de acertijo resistente a los profanos. Esto ilustra el juego que la política politiquera juega cuando viste la túnica blanca de “la ciencia”, provocando un efecto comparable al de la fórmula del hechizo mágico. (“Cuando el reloj dé las doce campanadas la carroza volverá a ser calabaza”.)

(7) 

El ejemplo siguiente del juego de intercambio de máscaras (corbata por túnica blanca) proviene de la organización gremial que reúne a los profesores universitarios, Asociación de Docentes de la Universidad de la República (Adur), de la cual formo parte. Esta asociación en el mes de julio de 2021 difundió un comunicado en el que anunciaba su decisión de no participar en el homenaje que el gobierno uruguayo hizo a los miembros del Grupo Asesor Científico Honorario (Gach), una vez que este grupo decidió dar por terminadas sus funciones, por considerar que el gobierno no seguía con la suficiente enjundia sus consejos. 

El comunicado de la Asociación de Docentes universitarios es por demás elocuente del uso partidario de la pandemia, porque no solo señala su “preocupación con la situación sanitaria actual en el país” sino que reivindica el desmantelamiento que, de hecho, sufre la Universidad, al haber pasado a funcionar exclusivamente a través del trabajo virtual, independientemente de la situación sanitaria real, en 2020 y en 2021. 

Este comunicado presenta como un “importante esfuerzo de sus docentes y funcionarios” el llevado adelante por “una de las primeras instituciones del país en adaptarse al trabajo virtual, contribuyendo a la reducción de la movilidad en la sociedad, factor clave para enfrentar la pandemia”. Esto significa que Adur afirma como si supiera a ciencia cierta que el trabajo a distancia de la Universidad permitió “enfrentar la pandemia”, cuando puede también conjeturarse lo opuesto, es decir, que fue una medida perfectamente inútil, que en 2020 no contribuyó a detener la circulación del virus porque en 2020 el virus no circulaba y que, cuando el virus circuló en el primer semestre de 2021, con trabajo universitario a distancia, es decir sin trabajo presencial, el virus circuló como quiso, cobrándose las vidas que quiso, a pesar de que la Universidad estaba tan cerrada a cal y canto como en 2020.

Abundan los trabajos que justamente muestran la dificultad de correlacionar tipos de medidas sanitarias adoptadas y resultados obtenidos(13); sin embargo, el gremio docente elige desconocerlos y adoptar una política que, coincidiendo con los organismos internacionales (OMS, Banco Mundial, Bid), le permite hacer política partidaria, criticando al gobierno y postulando a la Universidad y a “los Científicos y las Científicas” (así nombrados, con mayúscula y sintaxis inclusiva) como intrínsecamente inocentes y bondadosos, porque amparados en el saber científico.

De igual modo, el comunicado de la Asociación Docente universitaria elige ignorar las reflexiones de pensadores como, por ejemplo Giorgio Agamben, quien en su “Requiem por la Universidad” advierte sobre el sentido mortífero de una universidad físicamente desmantelada, sin estudiantes, reducidos estos a ser consumidores de “cursos” grabados y difundidos por youtube. Este sueño tecnológico pertenece al Banco Mundial y al Bid desde hace varios decenios (la enseñanza a distancia, las Tic´s, el proyecto One Laptop per Child del tecnócrata Nicholas Negroponte vendido a Uruguay como “revolución pedagógica” bajo el nombre indígena de “Plan Ceibal”) y concomitantemente significa un ahorro financiero considerable, al “solucionar” los problemas edilicios y de infraestructura surgidos por el crecimiento de la matrícula universitaria y el descenso proporcional del presupuesto universitario. La enseñanza a distancia permite disolver la presencia siempre potencialmente amenazante que representan los estudiantes universitarios físicamente reunidos en aulas, pasillos, cafeterías y cantinas universitarias así como permite ahorrar presupuesto; amargamente, esto es presentado por el Banco Mundial y las autoridades universitarias como un avance en la “democratización” de la enseñanza, puesto que cualquier persona podrá concluir sus estudios “cursando” las materias desde su cama, sin la molestia de trasladarse hasta su Facultad. El comunicado de la Asociación de Docentes universitarios nada dice sobre este punto crucial en el que está jugándose el futuro de las universidades. 

Por el contrario, la Asociación de Docentes concluye que no asistirá al homenaje al Gach, ya que estima que esto pondría en peligro la salud pública, porque “la grave situación actual requiere, sin más demoras, medidas que permitan una reducción importante de la movilidad social, siguiendo las recomendaciones de la comunidad científica y el ejemplo de países en todo el mundo, actuando con responsabilidad histórica y conciencia”.

En la conclusión, además del eufemismo “reducción importante de la movilidad social” para evitar el más devaluado término “confinamiento”, la Asociación de Docentes recurre a esa figura insoslayable de la política, me refiero a la prosopopeya. Por ésta, uno, ejerciendo de ventrílocuo, hace decir a quién quiera lo que uno quiere que diga; en este caso, recae en “la comunidad científica” y en “el ejemplo de países en todo el mundo, actuando con responsabilidad histórica y conciencia” decir lo que el ventrílocuo quiere que digan, a saber, que no se asista al homenaje al Gach organizado por el gobierno nacional.

Finalmente, el comunicado termina con un sermón recordatorio del lado en el que está el bien y el lado en el que está el mal: “Ninguna especulación económica debe estar por encima de la vida de las personas, el cuidado de la salud, y la protección de nuestra sociedad ante la pandemia”.

Esta declaración plantea como equivalentes la objeción al confinamiento obligatorio y la “especulación económica (…) por encima de la vida de las personas”, equivalencia que coincide con la planteada catorce meses antes por el ex presidente frenteamplista Tabaré Vázquez, al exigir una cuarentena total (cf. nota 6); al mismo tiempo, la declaración de la Asociación de Docentes no puede más que reconocer que el número de enfermos y muertos se encuentra en franco retroceso. Cerrando el círculo de la Ciencia que habla y la política que acata, la Intendenta de Montevideo declaró que no asistiría, luego de leer la declaración del gremio universitario, al homenaje al Gach organizado por el gobierno nacional.

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El siguiente ejemplo recoge una declaración de Rafael Radi, quien fue el coordinador y la cara más visible del Grupo Asesor Científico Honorario (Gach), declaración precisamente realizada en oportunidad del homenaje que el gobierno nacional brindó a los catorces meses de asesoramiento de los científicos, y al que la Asociación de Docentes universitarios y la Intendenta de Montevideo decidieron no asistir, como se expuso en los apartados anteriores.

En esa oportunidad,  Rafael Radi afirmó, y este fue el pasaje de su discurso retomado como titular por la prensa, que “la ciencia es un derecho humano que como sociedad ejercíamos escasamente”; esta cita es completada por el subtítulo “El coordinador del GACH dijo que la pandemia alertó sobre la necesidad de considerar esa rama de conocimiento como un derecho universal”. En el cuerpo de la nota se retoma el mismo punto: “La pandemia nos alertó sobre un derecho humano que como sociedad estábamos ejerciendo escasamente. Este es el derecho a la ciencia y tiene origen en la declaración universal de derechos humanos de 1948″(14). 

Fuera de su estatuto legal, consagrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la asimilación de “la ciencia” como un derecho humano es inesperada. Es conocido que algunas agendas políticas propiciadas por organismos internacionales tienden a plantearse e implementarse como agendas de derechos, en una suerte de multiplicación ilimitada de los sujetos u objetos de derecho y en un consiguiente desperdigamiento del principio de igualdad jurídica, con la  consiguiente trivialización del concepto de “derecho”. 

Esto es particularmente notorio en Uruguay, en donde el discurso de “los derechos” se expande de manera sorprendente; a modo de ejemplo, citaré una publicidad de la Intendencia de Montevideo, que durante la pandemia promovía el uso de la bicicleta, en lugar de los transportes colectivos que podían presentar mayores riesgos de contagio. La publicidad consiste en una figura compuesta por el pegado de media rueda de ómnibus y media rueda de bicicleta, acompañada por el texto: “Dale lugar a la bici. Tiene los mismos derechos”. En la trivialización a ultranza del discurso de “los derechos”, la Intendencia montevideana no dudó en incluir las bicicletas como sujetos de derecho. Tiempo atrás, una Ong que trabaja con niños intentaba promover la alimentación sana diciendo que la espinaca también tenía derecho a que los niños la comieran. 

A pesar de esta expansión trivializadora del concepto de “derecho”, igual es llamativo que un científico conciba la ciencia bajo el aspecto de una categorización  jurídica relativamente nueva. Cabe suponer que este científico, coordinador del grupo de científicos contra el covid19 y presidente de la Academia de Ciencias de Uruguay, aunque ignore el momento exacto a fines del siglo XIX en que se instituye “científico” como sustantivo y ya no solo como adjetivo, igual no ignora que su condición de “científico” que practica “la ciencia” se enraíza en una tradición milenaria, muy anterior a 1948. 

Cabe entonces suponer que ese científico que necesariamente tiene que saberse heredero de una particular relación con el saber y con los conocimientos, será prudente en el momento de catalogarla, sin más, como derecho humano, dando así lugar a la embarazosa pregunta acerca de qué era la ciencia antes de 1948, es decir antes de ser declarada un derecho humano.   

Cabe también conjeturar que el científico que, aprovechando las circunstancias favorables -el protagonismo otorgado por la pandemia- resume la ciencia en “derecho humano” es decir, en motivo de reivindicación (esencialmente presupuestal), no solo adhiere sin distancia al discurso jurídico preponderante, sino que actúa como una especie de delegado de la humanidad que tiene cercenado el ejercicio del derecho de la ciencia. El conjunto suena disparatado, puesto que en esa composición de lugar no queda claro cómo se ejerce ese derecho: ¿estudiando todos los seres humanos materias científicas? ¿estudiando materias científicas solo algunos seres humanos que así lo deseen? ¿recibiendo más financiación? ¿interviniendo regularmente en el asesoramiento del gobierno? Y si la ciencia es un “derecho humano” ¿qué cosa, con exclusión de los delitos, no lo es? ¿El arte no lo es? ¿La pintura y la música también son derechos humanos? ¿Y el teatro? ¿Y la gimnasia? ¿Y la natación?  

Por supuesto que no hay respuesta para estas preguntas que solo procuran revelar el desfondamiento de una frase que solo responde a un molde discursivo hegemónico en los ámbitos que gobernaron la nación en los tres anteriores períodos.

(9) 

Cerraré este repaso de ejemplos de intercambio de posiciones enunciativas que, en principio, responden a regímenes diferentes -al discurso de la ciencia y al discurso de la política-, refiriendo el caso de un libro de homenaje al Grupo Asesor Científico Honorario, libro publicado en julio de 2021, en los mismos días en los que este grupo cesaba su misión oficial encargada por el gobierno nacional catorce meses antes.

El libro reúne varias particularidades, la primera y más notoria es que constituyó un éxito editorial fulminante, al agotarse el día mismo de su salida un tiraje de 10 000 ejemplares, lo que para Uruguay es una cifra astronómica. Distribuido junto con un periódico cotidiano –El País– tradicionalmente muy cercano a los partidos de derecha y, en consecuencia, a la actual coalición gobernante, el libro fue inmediatamente reeditado.

Otra particularidad del libro es su autoría, que corresponde al hijo de uno de los tres miembros prominentes del Grupo Asesor Científico Honorario. Esto agrega un  componente familiero, doméstico, de entrecasa, a esta empresa encomiástica de la cruzada de la ciencia uruguaya en la lucha contra el sarscov2. Este ingrediente que hace del relato uruguayo de la gesta planetaria  -la lucha contra el covid19- un asunto de familia no es simplemente un agregado que facilita la difusión y venta.

Por supuesto que, en las entrevistas y notas de prensa, recurrentemente se destaca el hecho de que al autor, Pablo Cohen, “el tema lo emociona, por la estrecha y muy cercana relación con su padre. Al mismo tiempo tiene claro que el rigor profesional debe ser respetado”(15). Esto significa que para nada se trata de ocultar o de disimular el lazo familiar que sustenta el libro, sino de ostentarlo, desde el propio título de la nota periodística de difusión: “El desafío del periodista Pablo Cohen al escribir sobre el GACH”, y el subtítulo: “Este nuevo trabajo de Pablo Cohen tiene una gran singularidad: uno de los tres coordinadores del GACH es su padre, el Profesor Henry Cohen”.

Por otra parte, este libro de homenaje a los científicos uruguayos que estuvieron asesorando al gobierno y que concluyeron su labor en forma un poco abrupta al declarar su desacuerdo con el gobierno que no seguía sus asesoramientos debía aparecer en diciembre de 2021 (cf nota 15), cabe presumir que coincidiendo con la zafra editorial findeañera y, también, cabe conjeturar que su edición se adelantó por la conclusión repentina del asesoramiento brindado al gobierno por este Grupo.

El componente familiero y sentimental constante coincide con el título de la obra -“Todo un país detrás”-, título tomado de una canción de Jaime Ross, uno de los músicos uruguayos más populares desde hace varios decenios. Así, desde el título y desde la autoría se pone en escena la analogía, frecuente en Uruguay, entre el país y la familia, o la metaforización de la nación a través de la familia. La expresión “la gran familia uruguaya” es frecuente; pondré el ejemplo del ex presidente Tabaré Vázquez que, habiendo organizado un consejo de ministros en un paraje apartado del palacio de gobierno capitalino, aprovechó para emplearla, en esa especie de celebración familiar que es la visita a parientes que viven apartados: “Vázquez exaltó los valores de la gran familia uruguaya. El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, exaltó hoy en Villa del Carmen –población del departamento de Durazno- los valores de esa gran familia que es la sociedad uruguaya. En un clima de distensión y cordialidad, Vázquez abrió el Consejo de Ministros que tuvo lugar este jueves en dicho poblado”, explica la página electrónica de Presidencia de la República(16).

Lo anunciado por el título y por la autoría, es decir, la analogía sociedad/familia es corroborado por la obra que en su detalle insiste en dar a conocer aspectos de la vida familiar y personal de los científicos entrevistados. De igual manera, esto es corroborado por su criterio de composición, que reúne textos y entrevistas de una variada serie de personajes públicos: desde los tres científicos estrellas del homenajeado Grupo Asesor Científico Honorario hasta ex presidentes de la República, incluido el actual presidente e incluido Julio María Sanguinetti, ex presidente de oscuro recuerdo del otrora poderoso Partido Colorado. Además de entrevistas a científicos y políticos, también fueron entrevistadas figuras destacadas del ballet uruguayo, o figuras del carnaval y de la politología o ciencias políticas.  

Bajo la metáfora de la familia reunida tras “la ciencia”, se consolida el encuentro entre políticos y científicos, ante la mirada celebratoria de la sociedad/familia, metonimizada por sus figuras destacadas.

Esta gran celebración ecuménica -todos los partidos que gobernaron el país, todos los científicos que lucharon contra el covid19, todas las profesiones mediatizadas (ballet, carnaval, politólogos, etc.)- se inscribe de cabo a rabo en ese juego político partidario al que dio lugar la declaración de pandemia en Uruguay, aunque no esté del todo claro, esto queda pendiente, qué partido político sale ganador.