ENSAYO

Por Jacques Fauquex

La sentencia del juez Recarey abre un corto instante de silencio para reflexionar. ¿Qué tal evaluar una perspectiva que tome en cuenta la sabiduría  jurídica en su capacidad a forjar principios fundamentales que ayudan a tomar decisiones basadas en los principio de precaución y constitución de garantías y principio de derecho a acceso a toda la información relevante antes de tomar propias decisiones de salud ?

La logorrea repetitiva mediática que vivimos nos hizo creer a una urgencia de la vacuna, a no cuestionar el secretismo del comercio de la misma y la falta de garantías a cargo del fabricante Pfizer.

Muere alguien por culpa de la vacuna, o se vuelve ciego, o tiene infarto, o no menstrúa normalmente luego de la misma, y la responsabilidad es de la persona misma, porque fue voluntaria su decisión de vacunarse. Es el nivel cero de la lógica de protección del consumidor. De garantías escritas, firmadas, accionables en justicia: ninguna. 

La vacunación COVID 19 Pfizer conllevó nuevas reglas obligatorias del juego comercial. 

Tomemos el ejemplo de India. El 5 de febrero 2021 Pfizer retiró su aplicación para obtener una autorizactión de venta bajo el concepto de “emergency-use”, luego de no querer cumplir con el pedido del regulador indio de realizar en India un estudio de seguridad y de “immunogenicity”. Este último tiene que ver con el efecto sobre el aparato reproductivo y de los hijos s a nacer. En los Estados Unidos, no se realizó tal estudio antes de obtener la autorización de venta bajo concepto de “emergency-use”. Estos antecedentes nos permiten pensar que tal estudio no se pudo hacer tampoco en el Uruguay. De hecho, durante la audiencia de Recarey, fue admitido que el laboratorio responsable de verificar la calidad de la vacuna no pudo controlar nada, más allá de la logistica.

En la región, según “The bureau of investigative journalism“, oficiales de Argentina, Brasil y otro país no mencionado, que firmaron un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, dijeron que los negociadores de la compañía pedían indemnización adicional contra cualquier demanda que plantearan ciudadanos sobre efectos adversos padecidos luego de la inoculación. Oficiales del tercer país describieron las exigencias de Pfizer de “bullying de alto vuelo” y confesaron que el gobierno se sentía arrinconado a pagar un rescate para poder acceder a vacunas salva vida.

Sépanlo, madres y padres que apoyan la apelación del gobierno al fallo del juez Recarey: ustedes están de acuerdo con estas nuevas reglas. Están de acuerdo que si todo sale mal para su hijo, no podrán exigir que Pfizer se haga cargo. 

Y tampoco podrán acudir a la responsabilidad del estado uruguayo. Para cumplir con Pfizer, el gobierno eligió la voluntariedad como principio fundamental en el diseño su campaña de vacunación:

– la vacunación es voluntaria y gratuita

– ningun médico se hace responsable en recetar la vacuna por escrito con firma propia

– el consentimiento del paciente se registra mediante un texto que no es el consentimiento informado médico con sus párrafos reglementarios (precisión sobre el procedimiento y sus riesgos)

– de hecho, a este texto se le tituló “Texto del Acuerdo”:

– el Texto de Acuerdo tiene dos párrafos, el primero para explicar la voluntariedad y el segundo para limitar la juridisdicción de cualquier demanda.

Recarey dictaminó en favor de una mayor protección del candidato a la vacuna. Apoyo a Recarey.

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